Marcos Galperin rindió cuentas ante la SEC, el organismo que controla los mercados en Estados Unidos, y los números que presentó su empresa para el primer semestre de 2026 dejaron al descubierto una realidad que mezcla ahorro impositivo millonario, créditos con intereses que rozan la usura y un modelo de cobranza que ya genera denuncias públicas.

La cifra central es contundente: entre enero y junio de este año, Mercado Libre evitó desembolsar en la Argentina 43.500 millones de pesos por Impuesto a las Ganancias y 19.500 millones más en contribuciones a la seguridad social. Puestos en dólares, son 42 millones que la compañía no giró al fisco gracias a los beneficios que le otorga la Ley de Economía del Conocimiento. Solo por ese régimen, el ahorro en Ganancias fue de 29 millones de dólares.

El balance también trajo un dato que marca un cambio de época: el 64,3% de lo que la empresa factura en el país ya no viene de vender productos por internet, sino de su brazo financiero. Es casi el doble de lo que genera el comercio electrónico. Ese salto tiene dos explicaciones: el consumo viene en picada y, al mismo tiempo, se multiplicaron los préstamos que otorgan entidades no bancarias con requisitos mucho más flexibles que un banco tradicional.

El costo de ese crecimiento

La contracara de ese negocio financiero apareció esta semana en forma de denuncia. Mercado Pago, la billetera virtual de la compañía, cobra en algunos casos tasas que alcanzan el 765% anual por el dinero que presta. El periodista Tenembaum no anduvo con vueltas y calificó esos intereses como "el colmo del abuso".

Pero la tasa no es el único frente de conflicto. Un usuario llamado Agustín contó públicamente que Mercado Pago se comunicó de manera insistente con su ex jefa laboral para reclamarle una deuda que él había tomado. El caso se viralizó y obligó a la empresa a dar explicaciones.

Según reveló Maximiliano Firtman, la compañía le dijo al damnificado que sus términos y condiciones la habilitan a leer los contactos del teléfono, aunque atribuyó el episodio a un "error de mala interpretación del agente de soporte". De manera oficial, Mercado Libre sostuvo que el número de la ex jefa lo habían obtenido de un pedido de delivery que Agustín hizo años atrás y que no tenía relación con el préstamo.

La mora como parte del modelo

Casi un cuarto de todos los préstamos que Mercado Libre otorgó en Latinoamérica está en mora. Lejos de frenar el negocio, esa mora está contemplada en la estrategia.

"Hay un modelo de tasa muy alta contra pérdida muy alta, donde un cuarto de la cartera está en atraso y el precio del crédito es lo que hace que el negocio cierre igual", explicó el economista y consultor Emiliano Estrada.

Ese circuito se completa con la venta de carteras de deuda a terceros. El balance detalla que, durante este trimestre, la compañía colocó en Argentina préstamos ya otorgados por 66 millones de dólares y obtuvo una ganancia de 8 millones, un margen del 12,1%. En México hizo lo mismo con 53 millones de dólares y ganó 2 millones, un 3,8%. "El comprador paga más cuanto más alta es la tasa del crédito que se lleva", agregó Estrada.

Wall Street castigó los números

A pesar del récord de facturación global —más de 10.000 millones de dólares en ingresos netos—, el margen de ganancias quedó por debajo de lo que esperaban los analistas. La reacción fue inmediata: las acciones se desplomaron más de un 7% al conocerse el balance. Un día después lograron un leve repunte, pero cerraron con una caída cercana al 5%.

Los datos fueron analizados por Gustavo García Zanotti, investigador del CONICET, a partir de la presentación que la empresa hizo ante la SEC.

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Fuente original: La Política Online, 07/08/2026

Enlace: https://lapoliticaonline.info/4zcdOfQ

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#MercadoLibre #MarcosGalperin #EconomiaDelConocimiento #ArgentinaDesigual

La noticia que sacude al mundo político y judicial acaba de confirmarse. La Dirección de Asistencia Técnica en la Investigación Penal, la DATIP, presentó un peritaje lapidario sobre los videos que mostraban un supuesto vestidor repleto de fajos de dólares vinculado al ex intendente de Lomas de Zamora, Martín Insaurralde, y a la conductora Jésica Cirio. El resultado: las imágenes no pueden ser utilizadas como prueba porque es imposible verificar su autenticidad.

Los técnicos forenses analizaron los archivos y encontraron lo que cualquier investigador teme. Los videos carecen de metadatos. Sin esa huella digital que indica cuándo, cómo y con qué dispositivo fueron grabados, no hay forma de saber si son originales, si fueron editados o si alguien los armó para perjudicar a los involucrados. El dictamen de la DATIP fue contundente: no se puede determinar la fecha real de producción de las imágenes ni garantizar que no hayan sido manipuladas.

Este revés judicial le pega de lleno a la fiscalía que investiga a Insaurralde y Cirio por enriquecimiento ilícito y lavado de dinero. Los videos habían entrado al expediente como un misil. Eran la prueba más gráfica, la que cualquier vecino podía entender sin necesidad de ser abogado. Fajos y más fajos de cien dólares apilados en una repisa de madera, lo que parecía ser un vestidor de lujo, la ostentación filmada en crudo. Pero ahora, sin cadena de custodia, sin metadatos y con un origen que sigue siendo un misterio, esa prueba se convierte en humo.

• Las defensas de Insaurralde y Cirio lo venían anticipando. Apenas las imágenes aparecieron en el expediente, plantearon la nulidad. Argumentaban que nadie podía certificar de dónde habían salido, quién las filmó, en qué fecha, ni cómo llegaron hasta el juzgado. El peritaje les acaba de dar la razón.

El problema de fondo no es menor. Los videos fueron aportados por un denunciante anónimo. Una figura que siempre despierta sospechas en cualquier investigación seria. La fiscalía los recibió, los sumó al legajo y bancó su validez. Ahora, con el informe de la DATIP sobre la mesa, se queda sin una de sus cartas más fuertes. La causa no se archiva, pero el golpe es durísimo.

En Lomas de Zamora, el lugar donde Insaurralde manejó la caja municipal durante casi dos décadas, la noticia cayó como un baldazo de realidad. La gente no necesita pericias técnicas para sospechar. Ve los barrios sin cloacas, las calles rotas, los hospitales que no dan abasto y escucha hablar de viajes a Punta del Este, yates y un nivel de gasto imposible. Pero una cosa es la calle y otra muy distinta el expediente judicial. La justicia necesita pruebas. Y esta prueba, la más mediática de todas, se acaba de desintegrar.

Para entender el contexto hay que retroceder unas semanas. Todo estalló con una investigación periodística que expuso los lujos con los que vivían el ex intendente y su entonces esposa. Después aparecieron los videos del vestidor. Las imágenes le dieron una vuelta de tuerca al escándalo y generaron una presión pública enorme. Pero el camino judicial es otro. Sin evidencias sólidas, el castillo de naipes puede venirse abajo.

Lo que queda ahora es pura incertidumbre. La fiscalía deberá reconstruir su estrategia con otras pruebas: movimientos financieros, cruces telefónicos, declaraciones juradas y todo aquello que tenga sustento verificable. Las defensas, en cambio, están a la ofensiva y ya pidieron la exclusión definitiva del material. Saben que si se confirma la nulidad, el impacto sobre el resto de la acusación puede ser devastador.

El caso Insaurralde-Cirio se había transformado en un símbolo de la grieta entre el poder político y la realidad cotidiana. Pero sin la prueba reina, el símbolo empieza a desdibujarse. Y cada paso procesal que da la justicia refuerza una sensación amarga: que en la Argentina, cuando se investiga a los poderosos, las pruebas tienen patas cortas y los anónimos, demasiadas preguntas sin respuesta.

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Fuente original: Ámbito Financiero, 8 de agosto de 2026

Enlace: https://www.ambito.com/politica/caso-martin-insaurralde-la-justicia-no-pudo-probar-la-autenticidad-los-videos-del-presunto-vestidor-jesica-cirio-n6308424

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#Insaurralde #JésicaCirio #CasoInsaurralde #JusticiaArgentina #Corrupción #LomasDeZamora

La protesta contra la Ley de Inviolabilidad a la Propiedad Privada terminó el miércoles con un tendal de heridos que la Comisión Provincial por la Memoria no duda en calificar como uno de los operativos más feroces de los últimos años. Fueron más de cuatro horas de un avance sin pausa de la Policía Federal, Prefectura y Gendarmería, que pasaron por encima del vallado que ellas mismas habían montado en el Congreso y corrieron a manifestantes, fotógrafos, vecinos y cualquier persona que estuviera en un radio de diez cuadras a la redonda. El saldo que denuncia la CPM es estremecedor: más de 1500 personas heridas por gases lacrimógenos, gas pimienta, postas de goma, postas de byrna, palazos y escudazos. Al menos 18 personas terminaron detenidas.

El motivo de la movilización era concreto: el Senado debatía un paquete de modificaciones legales impulsado por el oficialismo que, aunque perdió el capítulo que tocaba la Ley de Tierras, mantenía cambios profundos en la Ley de Manejo del Fuego y habilitaba desalojos exprés para inquilinos. Las organizaciones de vivienda, los movimientos sociales y la oposición política intentaron hacer visible un reclamo que consideran un punto de inflexión para millones de familias. La respuesta del Estado fue un despliegue de fuerza que empezó antes de las cinco de la tarde y se prolongó hasta bien entrada la noche.

A las 16.30, los cuerpos de la Federal, Prefectura y Gendarmería que custodiaban el vallado de la Plaza del Congreso empezaron a lanzar gases químicos, bombas de gas lacrimógeno y agua a presión con los camiones hidrantes de manera indiscriminada. No hubo una provocación puntual que desatara la primera carga. La CPM lo describe con precisión quirúrgica: las fuerzas sobrepasaron el perímetro de contención que ellas mismas habían fijado como límite y avanzaron sobre la gente con todo el armamento disponible. El objetivo era uno solo: dispersar una protesta que hasta ese momento no había salido de los cauces pacíficos.

Con el correr de los minutos, la represión se corrió del Congreso hacia las calles laterales. En la intersección de Callao y Bartolomé Mitre, efectivos de Gendarmería salieron detrás de las vallas para buscar cuerpo a cuerpo a los manifestantes con disparos de balas de goma. Lo mismo hicieron en las inmediaciones de la plaza. Las postas de byrna, esas municiones de plástico compacto que se presentan como "no letales", impactaron sobre torsos, brazos y piernas de quienes intentaban cubrirse entre los autos estacionados. Los gritos de auxilio se mezclaban con el ruido seco de los cartuchos y el zumbido de los drones que sobrevolaban la zona.

Cuando cayó la noche, la apuesta del operativo subió un escalón más. La policía motorizada apareció por un flanco para cortar cualquier vía de escape, mientras un camión hidrante bloqueaba el otro costado. La maniobra dejó atrapadas a decenas de personas que no encontraban por dónde salir. Los uniformados dispararon contra todo lo que se movía, sin discriminar si se trataba de manifestantes, de trabajadores que volvían a sus casas o de familias que paseaban por la zona. La imagen de una mujer resguardándose junto a su hija en un local de comida quedó grabada en decenas de celulares. "Este no es el país que quiero para mis hijos", alcanzó a decir, mientras afuera el estruendo de los hidrantes y los gases convertía la Avenida 9 de Julio en un paisaje de guerra.

Los puntos de tensión se multiplicaron en cuestión de minutos. Sobre Avenida de Mayo, las corridas no daban tregua. En el cruce de Corrientes y Uruguay, los efectivos avanzaron a los balazos de goma entre los autos y los colectivos, con el tránsito todavía en movimiento. Las escenas de pánico quedaron registradas en videos que hoy circulan en redes y que la CPM ya incorporó a su presentación formal.

Las cifras oficiales intentaron bajarle el tono a la magnitud del operativo. Fuentes de la Policía Federal hablaron de tres detenidos por "atentado y resistencia a la autoridad". La Policía de la Ciudad sumó otros nueve apresados en el avance por Avenida Plaza de Mayo. Pero el conteo de los organismos de derechos humanos es más alto y más crudo: la CPM denuncia 18 detenciones en total, varias de ellas con personas que presentaban lesiones visibles al momento de ser fichadas.

• Entre las víctimas hay una fotógrafa que recibió un golpe en la cabeza. No se supo con qué, porque el caos era tal que la ambulancia tardó varios minutos en llegar por los mismos cortes que las fuerzas de seguridad mantenían activos. La mujer fue asistida en Lima y Avenida de Mayo, rodeada de compañeros que improvisaban paños fríos mientras el sonido de las cargas seguía de fondo.

• Las fuerzas también reportaron heridos propios. Una oficial de la Policía de la Ciudad sufrió un traumatismo en un codo por el impacto de una piedra. Un prefecto fue atendido en el lugar y un gendarme debió ser trasladado al Hospital Churruca por un piedrazo en la cabeza. Las autoridades señalaron que "grupos violentos incendiaron contenedores de basura, rompieron veredas y dañaron un patrullero al destrozar sus vidrios". Nada de eso justifica la escala de la respuesta, pero los datos están ahí y contrastan con la imagen de una protesta pacífica que la CPM insiste en defender.

La propia Comisión calificó el operativo como "uno de los más violentos y extendidos en tiempo y distancia" de los últimos años. La definición no es una exageración militante. Es el resultado de relevar cuatro horas de avance sin pausa, con armamento de distinto calibre y una metodología que encerró a la gente para después golpearla.

El contexto en el que se inscribe esta represión tiene nombre y apellido: la Ley de Inviolabilidad a la Propiedad Privada. La iniciativa original tocaba la Ley de Tierras, pero ese capítulo fue retirado tras una negociación política que buscaba moderar la convocatoria a la marcha. Sin embargo, el texto que finalmente llegó al recinto mantuvo modificaciones sensibles. La más comentada es la que elimina la mayoría de las restricciones a la venta y manejo de tierras rurales, pastizales y zonas agrícolas tras los incendios. En la práctica, la derogación flexibiliza el destino de los campos arrasados por el fuego, un tema que en la Patagonia y en el centro del país genera resistencia desde hace años.

El otro punto caliente es la modificación del Código Civil que habilita los desalojos exprés. El presidente de la Federación Nacional de Inquilinos, Gervasio Muñoz, lo explicó con palabras tan claras que cualquiera puede entender la desprotección que se viene: "Lo que hace esta ley es quitar garantías para que los inquilinos puedan defenderse en un juicio por desalojo. El dueño de la vivienda, solo con ir a la Justicia y decir 'esta persona nunca me pagó, no tiene contrato, es un intruso', logra que el juez, sin importar que la familia pueda defenderse, en 72 horas tenga que mandar el desalojo". Millones de familias que alquilan en la Argentina quedan, si la norma avanza, a merced de un trámite que no les da margen para probar que viven ahí, que pagan o que simplemente necesitan tiempo para conseguir un techo alternativo.

La tormenta que azotó el Área Metropolitana de Buenos Aires durante todo el jueves moderó la concurrencia que se esperaba al inicio de la semana. Las organizaciones reconocen que la lluvia y el retiro del capítulo de Tierras le restaron presión a la convocatoria, pero también admiten que el miedo al operativo que finalmente ocurrió ya se palpaba en las asambleas previas. La secuencia del miércoles confirmó los peores pronósticos.

El impacto real de esta jornada no se mide solo en heridos y detenidos. Se mide en el mensaje que queda flotando para cualquier persona que quiera salir a la calle a reclamar por sus derechos. Cuando los gases alcanzan a una madre con su hija metida en un local de comida, cuando una fotógrafa recibe un golpe en la cabeza mientras trabaja, cuando los balazos de goma pasan entre los autos y los colectivos sin que importe quién está del otro lado, lo que el Estado está diciendo es que la protesta se paga con el cuerpo. La CPM detectó un salto cualitativo en la violencia del operativo: más tiempo, más distancia recorrida, más armamento desplegado y una decisión consciente de no distinguir entre manifestantes y transeúntes.

El Senado tiene ahora la llave para convertir en ley un paquete de normas que, para los sectores movilizados, empeora la vida de los que menos tienen. Las imágenes de la represión que dejó 1500 heridos son, al mismo tiempo, la prueba de que el costo de oponerse puede ser cada vez más alto. Lo que queda en juego es la posibilidad misma de manifestarse sin terminar gaseado, golpeado o detenido en una ratonera que arrancó en el Congreso y se estiró hasta el Obelisco.

La crónica de este miércoles deja una certeza que ya circulaba en las asambleas: el debate sobre las leyes no se va a dar solo en el recinto. Se va a dar en las calles, con un gobierno que decidió mostrar los dientes antes de la discusión, y con movimientos sociales que ahora saben que la próxima marcha puede empezar igual, pero terminar peor.

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Fuente original: El Destape Web, 6 de agosto de 2026

Enlace: https://www.eldestapeweb.com/politica/represion-en-el-congreso/represion-descontrolada-1500-heridos-por-una-policia-que-llego-a-disparar-entre-autos-en-el-obelisco-20258618470

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#RepresiónCongreso #1500Heridos #LeyInviolabilidad #DerechosHumanos #ComisiónProvincialPorLaMemoria #ArgentinaDesigual

El Gobierno sufrió este jueves un traspié legislativo que va a dejar marcas. En el Senado, el oficialismo tuvo que retirar el capítulo sobre manejo del fuego de su proyecto de inviolabilidad de la propiedad privada, la iniciativa que Federico Sturzenegger diseñó como una reforma estructural y que terminó reducida a menos de un tercio de su contenido original. La falta de respaldo de los aliados dialoguistas no fue un accidente: fue la consecuencia de un texto que, según advirtieron los propios senadores que suelen acompañar al Ejecutivo, retrocedía en materia ambiental de un modo incompatible con la Constitución.

Las críticas no apuntaban a un detalle menor. Los cambios propuestos eliminaban o debilitaban las sanciones y limitaciones que hoy pesan sobre los dueños de tierras incendiadas. En concreto, la ley actual impide que un campo quemado se venda o enajene durante un período determinado, una restricción que nació para desalentar a quienes provocan o toleran el fuego con la expectativa de un negocio inmobiliario posterior. El texto que Sturzenegger llevó al Congreso levantaba esas trabas y abría la puerta para que el daño ambiental se transformara en una oportunidad de lucro inmediato.

Los senadores que hicieron fracasar el capítulo no responden a un solo bloque. Maximiliano Abad, de la UCR, puso sobre la mesa un argumento jurídico que pesó en el recinto: la modificación vulneraba el principio de no regresión ambiental, un criterio consolidado por la doctrina constitucional y por la propia jurisprudencia de la Corte Suprema. No era una opinión personal; era una advertencia con respaldo técnico. Otros legisladores señalaron errores conceptuales y deficiencias en la redacción que los intentos de negociación previos no habían logrado corregir. El rechazo fue generalizado y obligó al oficialismo a retirar el capítulo por completo.

• Lo que quedó en evidencia no fue solo un problema de votos. La sesión mostró a un oficialismo que apostó a una mayoría que no tenía asegurada y que subestimó las objeciones de sectores que, en teoría, comparten parte de su agenda. Patricia Bullrich, que condujo la negociación en nombre del Ejecutivo, apenas logró retener el respaldo para la votación en general de los capítulos referidos a desalojos, recorte de facultades estatales en expropiaciones y registro de la propiedad inmueble. Pero cuando llegó el turno del manejo del fuego, senadores como Flavia Royón, Beatriz Ávila, Edith Terenzi y el propio Abad se alinearon con la oposición y retiraron su apoyo.

La fractura no fue silenciosa. Joaquín Benegas Lynch, que habló en el recinto con la vehemencia que lo caracteriza, calificó de “ignorantes” y “tibios” a los aliados que cedieron ante lo que consideró un “show mediático”. El discurso, lejos de sumar voluntades, terminó de dinamitar los puentes que Bullrich había construido con dificultad. Lo que había sido presentado como una defensa férrea de la propiedad privada se diluyó ante críticas técnicas y ambientales que el oficialismo no supo ni quiso responder.

• Las cifras de la votación reflejan la fragilidad de la posición oficialista. Los capítulos que lograron media sanción pasaron con márgenes de 37 a 33 y 36 a 33 votos, números que hablan de un oficialismo que no puede dar por sentado ningún acompañamiento. El resto del proyecto, incluido el capítulo que ahora deberá discutirse por separado, quedó en un limbo legislativo que el Ejecutivo prometió resolver con una “mirada más federal”, según declaró el vocero Manuel Adorni tras la sesión. La oposición ya anticipó que no aceptará ninguna norma que implique un retroceso en la protección de los bosques y las áreas naturales.

Para cualquier persona que viva en zonas de riesgo, lo que se discutió en el Senado tiene consecuencias directas. Si las restricciones a la venta de tierras quemadas desaparecen, el incentivo para que un propietario inescrupuloso mire para otro lado cuando se inicia un foco ígneo deja de ser una hipótesis para convertirse en una posibilidad concreta. En la Patagonia, en las sierras de Córdoba, en los humedales del Litoral, donde el fuego ya devastó millones de hectáreas en los últimos tres años, la ley actual funciona como un freno, por imperfecto que sea, contra la especulación inmobiliaria que se alimenta de la tragedia ambiental.

• La retirada forzosa del capítulo de incendios se suma a una secuencia de reveses que exponen los límites del estilo confrontativo del Gobierno. La Ley Ómnibus tuvo que ser reescrita dos veces. El Presupuesto sigue sin aprobación. Y ahora un proyecto que Milei anunció en marzo como una de las columnas de su gestión llega al recinto mutilado y con costuras a la vista. La oposición y los bloques dialoguistas demostraron que pueden condicionar el avance de iniciativas oficiales cuando perciben que el costo social y ambiental es demasiado alto.

Lo que queda en juego ahora es la capacidad del Ejecutivo para reconstruir los consensos que él mismo rompió. Porque el capítulo de incendios no fue rechazado por una oposición cerril, sino por legisladores que en otras ocasiones votaron con el Gobierno y que esta vez dijeron basta. La pregunta que sobrevuela el Senado es cuántas veces más puede el oficialismo intentar avanzar sin construir mayorías sólidas antes de que el costo lo paguen las provincias que arden cada verano.

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Fuente original: KontraInfo, 7 de agosto de 2026

Enlace: https://noticiasholisticas.com.ar/nueva-derrota-de-milei-tuvo-que-bajar-el-capitulo-del-manejo-de-incendios-de-su-ley-de-propiedad-privada/

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#Milei #Senado #LeyDePropiedadPrivada #IncendiosForestales #ArgentinaDesigual #EspeculaciónInmobiliaria

Un dato que empezó a correr por los pasillos del Senado en la previa del debate por la Ley de Tierras dejó al oficialismo contra las cuerdas. Joaquín Benegas Lynch, senador nacional de La Libertad Avanza, fundó una empresa que se dedica justamente a lo que está en discusión: asesorar inversores extranjeros para comprar, vender y administrar campos en la Argentina.

La firma se llama Glocal Terra SRL. Benegas Lynch la creó en 2020 junto a su esposa, Eloisa Perea Muñoz, con domicilio legal en la avenida Santa Fe al 700, en pleno centro porteño. La sociedad ofrece servicios de intermediación para operaciones con tierras en América Latina y, según su propia presentación institucional, ya acumula experiencia en transacciones por más de tres millones de hectáreas.

Compren sus hectáreas, si tienen millones y saben inglés acá: https://www.glocalterra.com/#land_investment

La revelación no cayó en cualquier momento. El Senado se preparaba para tratar el proyecto oficialista que modifica los límites a la compra de campos por parte de capitales extranjeros, una iniciativa que despierta un rechazo social creciente. Que el legislador encargado de votar esa reforma tenga un negocio armado para beneficiarse si la ley se flexibiliza dejó expuesto un conflicto de intereses difícil de disimular.

• Benegas Lynch no es un senador de bajo perfil. Es hermano del diputado Alberto “Bertie” Benegas Lynch, presidente de la Comisión de Educación y uno de los dirigentes más rígidos del mileísmo. Y además integra la banda de rock que acompaña a Javier Milei en actos políticos. Ese entramado familiar y artístico con el poder le da al hallazgo un peso que va más allá del dato societario.

La información sobre Glocal Terra circuló rápido entre los bloques y encendió las alarmas incluso dentro del oficialismo. Según pudo reconstruir este medio, en la Unión Cívica Radical —donde el Gobierno busca votos para aprobar la iniciativa— varios legisladores mencionaron la existencia de la empresa como un argumento concreto para rechazar la reforma. La sospecha que empezó a instalarse es lineal: flexibilizar los controles sobre la venta de tierras podría beneficiar directamente a actores económicos especializados en ese mercado, entre ellos, el propio senador libertario.

El sitio web de la compañía no deja margen para las interpretaciones. Glocal Terra ofrece una cartera que incluye campos agrícolas exclusivos, tierras forestales, grandes extensiones de áreas protegidas y fincas de lujo. También presta servicios de administración de propiedades de dueños extranjeros, actuando en su representación y bajo sus instrucciones.

Pero hay un detalle que potencia la incomodidad. La página de la empresa expone una definición ideológica que calca el discurso económico de Javier Milei y Federico Sturzenegger. Dice textual: “Es un hecho que las empresas rentables del sector privado, sobre todo cuando operan en un contexto de libre mercado y sistemas no regulados, generan beneficios sostenibles a largo plazo, directos e indirectos para la comunidad local y global”. Y remata con una crítica frontal a la intervención estatal: “Las políticas, regulaciones e intervenciones de los gobiernos locales en el sector privado tienen un impacto negativo en la economía, lo que se traduce en un aumento de la pobreza y, como consecuencia directa, en problemas de nutrición infantil”.

La defensa del libre mercado sin regulaciones funciona como un argumento de campaña. Pero cuando el que la escribe tiene una empresa que lucra con la desregulación y además vota en el Senado, el discurso se convierte en otra cosa.

El historial de Benegas Lynch en el negocio de la tierra viene de antes. Antes de fundar Glocal Terra, estuvo al frente de Pampa Partners, una empresa vinculada al fallecido magnate estadounidense Douglas Tompkins. Esa firma se especializaba en la compraventa de grandes extensiones rurales y Tompkins construyó parte de su fortuna adquiriendo miles de hectáreas bajo el paraguas de la conservación ambiental, una estrategia que durante años generó fuertes debates sobre la extranjerización de tierras estratégicas en el país.

Ahora, con la reforma en el Senado, el círculo se cierra. Mientras el Gobierno argumenta que liberar el mercado de suelos atraerá inversiones, la oposición y una parte del propio radicalismo empiezan a preguntarse si detrás del proyecto no hay intereses comerciales mucho más concretos. La existencia de Glocal Terra convirtió esa pregunta en un hecho.

El dato estalló a horas del debate. Las miradas en el recinto no apuntaban solo al proyecto de ley. Apuntaban al senador que, guitarra en mano, toca con el Presidente y, empresa mediante, hace negocios con el mismo bien que sus colegas estaban por habilitar sin restricciones.

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Fuente original: Datadiario, 5 de agosto de 2026

Enlace: https://www.datadiario.com/politica/escandalo-en-el-senado-a-horas-del-debate-se-supo-que-el-legislador-libertario-benegas-lynch-tiene-una-empresa-dedicada-a-gestionar-la-venta-de-tierras-a-extranjeros-20268515500

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#SenadoArgentina #BenegasLynch #VentaDeTierras #ConflictoDeIntereses #GlocalTerra #ArgentinaDesigual

El oficialismo no logró reunir los votos en el Senado. Ni siquiera para subir el tope del 15 al 25 por ciento. Entonces, la Casa Rosada activó el plan B: firmar un decreto de necesidad y urgencia que flexibilice los límites a la compra de tierras por extranjeros. La decisión no está tomada del todo, pero sí en análisis avanzado. Y los antecedentes judiciales no juegan a favor del Gobierno.

La ley 26.737, vigente desde 2011, establece que los extranjeros no pueden ser dueños de más del 15 por ciento de las tierras rurales en el país. También fija un tope del 30 por ciento para una misma nacionalidad y limita a 1.000 hectáreas por titular en la zona núcleo agrícola, la más productiva de la Argentina. Esa norma fue pensada para frenar la compra masiva de campos por parte de fondos de inversión internacionales y empresas extranjeras, algo que venía creciendo con el aumento del precio de los granos.

Ahora, el Gobierno quiere desarmar esos techos. El argumento oficial es que las restricciones espantan la inversión extranjera directa y limitan el desarrollo del agro. Pero sus críticos advierten que, sin esos límites, los pequeños y medianos productores locales quedarían en una posición de desventaja para competir con grandes capitales. Y no es una especulación: en países vecinos como Uruguay o Brasil, donde las restricciones son menores, la concentración de la tierra en manos foráneas es un fenómeno documentado que desplazó a familias enteras del campo.

El episodio más reciente en el Congreso fue elocuente. El proyecto de Propiedad Privada, que el oficialismo quería tratar en el Senado, incluía un capítulo para modificar la ley de tierras. Pero ni siquiera la propuesta de elevar el porcentaje al 25 por ciento convenció a los bloques aliados ni a varios gobernadores dialoguistas. Ante la falta de votos, Patricia Bullrich, jefa del bloque de La Libertad Avanza en el Senado, decidió retirar ese capítulo del proyecto. La estrategia fue intentar asegurar el tratamiento del resto de la iniciativa, que incluye cambios en desalojos, expropiaciones y la Ley de Manejo del Fuego. Pero ese resto también tiene un panorama incierto: las votaciones siguen sin estar garantizadas.

El Gobierno ya había intentado modificar esta ley por decreto antes. En diciembre de 2023, el megadecreto 70/23 incluyó la derogación completa de la Ley de Tierras. Pero una jueza federal de Santa Fe, María Clara Poggi, frenó esa medida con una cautelar. El expediente quedó en la Corte Suprema y todavía no hay definición. Ahora, la Casa Rosada evalúa firmar un nuevo DNU, más acotado, pero con el mismo objetivo: eliminar o flexibilizar los límites actuales. La pregunta es si esta vez la Justicia lo permitirá.

Los constitucionalistas advierten que avanzar por decreto después de que el Congreso ya se pronunció sobre el tema —aunque sea con un rechazo parcial— expone al Gobierno a una declaración de inconstitucionalidad. La vía del DNU está prevista para casos de necesidad y urgencia, no para sortear debates parlamentarios. Y el hecho de que el oficialismo haya tenido que retirar el capítulo del proyecto por falta de votos debilita aún más el argumento de urgencia.

¿Y esto a vos qué te importa? Si el Gobierno habilita la compra de tierras sin límites, el precio de los campos puede dispararse. Eso significa que un productor argentino que quiera ampliar su superficie o un joven que herede un campo y quiera venderlo podría encontrar un mercado distorsionado, donde los grandes capitales extranjeros pagan en dólares y los locales no pueden competir. Además, el encarecimiento del suelo agrícola impacta directamente en el precio de los alimentos: si la tierra se concentra en pocas manos y se destina a la exportación, la oferta para el mercado interno puede reducirse.

Pero también hay una dimensión que suele quedar fuera del debate técnico: la tierra no es solo un insumo productivo. Para comunidades rurales, pueblos originarios y familias que viven del campo hace generaciones, el suelo es identidad, arraigo y soberanía. La Ley de Tierras fue pensada no solo como una norma económica, sino como un mecanismo de protección cultural y territorial. Flexibilizarla por decreto, sin debate parlamentario, es una forma de decir que esas voces no importan.

El escenario que viene es incierto. Por un lado, el Gobierno podría firmar el DNU en cualquier momento y abrir un nuevo frente judicial. Los abogados de las organizaciones que ya frenaron el intento anterior están preparando recursos. Por otro lado, el resto del proyecto de Propiedad Privada sigue en el Senado, y su suerte es incierta. Pero el capítulo de tierras ya quedó afuera del debate legislativo, y el Gobierno ya mostró que no está dispuesto a esperar.

Lo que está en juego es la definición de si las reglas del juego en el agro se discuten en el Parlamento o se imponen desde el escritorio presidencial. Es decidir si el suelo argentino sigue siendo un recurso estratégico con límites claros, o si se abre a la lógica del mercado sin filtros. Y es, en el fondo, una pregunta incómoda: ¿para quién queremos que sea la tierra que comemos y que exportamos?

Por ahora, el decreto no está firmado. Pero la advertencia ya está hecha. Y mientras la Corte Suprema sigue sin expedirse sobre el DNU 70/23, el Gobierno ya habla de un nuevo intento. La pelota está en el tejado de la Justicia, del Senado y de la ciudadanía que, quizás sin saberlo, tiene más que ver con esta historia de lo que imagina.

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Fuente original: Argentina Desigual – 5 de agosto de 2026

Enlace: www.argentinadesigual.com.ar/noticia/milei-ley-tierras-decreto

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#LeyDeTierras #Milei #DNU #SoberaníaAlimentaria #CampoArgentino #Desigualdad #Justicia

El comprador tiene nombre y apellido: Eduardo Costantini, el dueño de Nordelta. El vendedor es el Estado argentino. El producto era un terreno de cuatro hectáreas frente al Hipódromo de Palermo que durante décadas perteneció al Ejército. El precio fue de 127 millones de dólares. La operación ya está cerrada y la plata ingresó, pero el destino de esos fondos sigue siendo una incógnita para el Congreso, para los organismos que perdieron las tierras y para cualquier ciudadano que pregunte.

No es la única venta. En los últimos dos años y medio, la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE) subastó 32 inmuebles públicos y recaudó más de 351 millones de dólares. La cifra surge de información que el propio Gobierno acercó a Página/12, pero el detalle de qué se hizo con ese dinero brilla por su ausencia. La administración de Javier Milei convirtió el remate del patrimonio público en una política de Estado, pero sin el Estado como garante de la transparencia.

El plan es ambicioso y no se detiene. La AABE, manejada por funcionarios que reportan al dueño de IRSA, Eduardo Elsztain, proyecta liquidar más de 400 propiedades antes de 2028. El listado abarca desde Tierra del Fuego hasta Jujuy y no discrimina: hay terrenos militares, estaciones experimentales del INTA, playas ferroviarias, predios del desaparecido Procrear y hasta las unidades turísticas de Chapadmalal y Embalse. Todo puede ser entregado si hay un privado con la billetera lista.

Los que compran y los que miran

Costantini no fue el único que se sentó a la mesa. El empresario también se quedó con un edificio que pertenecía a la Policía Federal en el Bajo Belgrano, por el que pagó 46,5 millones de dólares, y con el estacionamiento del Barrio Militar Malvinas Argentinas, también en Palermo, por otros 15,3 millones. En total, desembolsó casi 190 millones de dólares en tres operaciones.

El otro gran ganador fue el Fideicomiso Inmobiliario Madero 6, al que en el ambiente inmobiliario vinculan con la familia Brito. Este grupo compró la emblemática sede del INTA en la calle Cerviño, en pleno Palermo, por 81 millones de dólares. También se quedó con el edificio del Comando Conjunto de Ciberdefensa, en Puerto Madero, por 34 millones de dólares. Esa última operación ya tiene una denuncia en la Procuraduría de Investigaciones Administrativas por presuntas irregularidades y vicios en el procedimiento.

Las cifras alcanzan para desmentir el argumento oficial. El Gobierno insiste en que los terrenos son "ociosos" y que generan "costos y gastos que deben evitarse". Pero un predio que el mercado paga 127 millones de dólares no es un bien ocioso: es un bien estratégico. La ociosidad, en realidad, es una construcción administrativa. Primero se desafecta el inmueble del organismo que lo usaba, después se declara prescindible y finalmente se remata.

El INTA: 81 millones de dólares y apenas le dejaron monedas

El caso del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria es quizás el más gráfico de cómo funciona la maquinaria. La sede de Cerviño se vendió el 23 de diciembre de 2024, a horas de la Navidad. La constructora Brukman Mansilla pagó 18,5 millones de dólares por los 3.143 metros cuadrados y planea destinarlos a proyectos residenciales y oficinas. Pero el dato que indignó a los trabajadores del organismo fue otro.

El propio jefe de Gabinete, Manuel Adorni, tuvo que reconocer en un informe al Congreso que de los 81 millones de dólares ingresados por esa venta, al INTA le transfirieron solo 11 mil millones de pesos. Al tipo de cambio de ese momento, eso representaba menos del 10 por ciento del total. El resto fue a parar a las arcas del Tesoro. La promesa de que los fondos volverían a los organismos de origen para paliar sus crisis financieras quedó desmentida por los propios números oficiales.

Y el desguace continúa. El presidente del INTA, Nicolás Bronzovich, confirmó semanas atrás que quieren poner en venta 50 mil hectáreas. Ya se desprendieron de 15 mil. Su argumento fue que solo la mitad de las tierras del instituto tienen "un real uso científico o tecnológico" y que el resto puede ser vendido sin problemas. Mientras tanto, los gremios Apinta y ATE denuncian que la entrega de tierras paraliza investigaciones en curso y atenta contra la soberanía tecnológica y alimentaria.

El listado de propiedades desafectadas abarca cientos de hectáreas en Chaco, Formosa, Río Negro, Santiago del Estero, La Pampa, Balcarce, Tucumán, Misiones, San Luis, Córdoba, Santa Fe, Entre Ríos y la estación experimental de Morón. En Salta, el Gobierno directamente le cedió 41 hectáreas de la estación experimental de Cerrillos al gobernador Gustavo Sáenz, aliado clave de la Rosada en el Congreso. La provincia anunció que las destinará a viviendas sociales.

Defensa Nacional en liquidación

El desmantelamiento de las Fuerzas Armadas merece un capítulo aparte. Solo en los primeros seis meses de 2026, el Ministerio de Defensa desafectó más de 12.000 hectáreas del Ejército y la Armada en Neuquén, provincia de Buenos Aires, Ciudad de Buenos Aires, Corrientes y Tierra del Fuego. La justificación es el DNU 314/2026, que habilita la venta de inmuebles militares para financiar la modernización del equipo castrense. El mismo Gobierno que mantiene congelados los sueldos de los oficiales y reduce horarios en las unidades para ahorrar en comida dice que necesita plata para evitar la degradación de la capacidad de defensa.

Pero el caso más delicado está en el sur. Un terreno de casi 3.000 metros cuadrados de la Armada en Ushuaia, ubicado dentro de la Base Naval cercana a la Antártida, está en la mira. El predio se encuentra en las calles Yaganes, 44 Héroes del ARA San Juan y Horeb, en una zona estratégica para el acceso al Atlántico Sur, la Antártida y el pasaje bioceánico entre los océanos Atlántico y Pacífico. El exministro de Defensa y actual diputado de Unión por la Patria, Agustín Rossi, fue contundente: "Son tierras que significan soberanía".

Rossi también explicó que muchos de los predios considerados en desuso cumplen funciones operativas como lugares de adiestramiento de las Fuerzas Armadas. Desde el Estado Mayor Conjunto reconocen que no tienen acceso al listado total de inmuebles desafectados ni conocen el destino del dinero recaudado.

La oposición intentó mover el tablero. Los diputados y diputadas de Unión por la Patria pidieron la interpelación del ministro de Defensa, Carlos Presti, y presentaron un proyecto para prohibir la venta o cesión de inmuebles de las Fuerzas Armadas sin autorización del Congreso. También salió a la luz un memorándum de la obra social IOSFA que revela más de 40 propiedades en riesgo: hoteles en Mar del Plata, centros recreativos en San Clemente y Zárate, residencias sociales en Cosquín y Villa General Belgrano, delegaciones en Bahía Blanca, La Plata, Tandil, Rosario, Santa Fe, Corrientes, Salta y Tierra del Fuego, además de farmacias en Rosario y Santa Fe.

Un plan por decreto y sin control

Todo el proceso se sostiene sobre dos decretos de necesidad y urgencia que, para muchos constitucionalistas, son directamente ilegales. El 950/2024 recuperó 157 terrenos que Mauricio Macri no había podido rematar al final de su mandato e incorporó otros 300. El 322/2026 sumó 21 más. Jonatan Baldiviezo, abogado del Observatorio del Derecho a la Ciudad, lo explica con claridad: el artículo 75, inciso 5 de la Constitución Nacional establece que solo el Congreso puede disponer de las tierras públicas. "El Poder Ejecutivo está sustituyendo por decreto al Congreso en una competencia que la Constitución le reservó expresamente", sostuvo.

Un informe del colectivo Argentina Humana puso números concretos al proceso. Casi el 30 por ciento de los predios tiene origen ferroviario y casi el 25 por ciento, militar. Sin embargo, los terrenos castrenses representan el 98,7 por ciento de la superficie total. La mayoría de los inmuebles está en entornos urbanos, pero las superficies rurales concentran el 97,2 por ciento de las tierras. Y otro dato demoledor: solo el 29,9 por ciento de los predios está sin uso. El resto tiene actividades agropecuarias, recreativas, deportivas, portuarias, ferroviarias, comerciales o de vivienda.

Lo que no se pudo vender

No todo salió según los planes. Las tierras del Procrear que el Gobierno puso en venta todavía no encontraron comprador. La subasta del predio "Estación Buenos Aires" fue declarada fracasada porque no hubo oferentes que alcanzaran el precio mínimo. Algo similar ocurrió con el predio "Parque Federal" en Santa Fe y con el predio "Paraná" en Entre Ríos. Baldiviezo advierte que esto puede ser parte de una estrategia para luego vender los terrenos más baratos.

En Chapadmalal, la intención de la Rosada es concesionar las unidades turísticas mientras la provincia de Buenos Aires reclama el traspaso. En Embalse, Córdoba, un predio de tres hectáreas con bosques y ríos ya fue puesto en subasta: la AABE pide unos 40 millones de dólares. Mientras tanto, los complejos que en 2023 recibieron a más de 116 mil turistas entre ambos, en 2025 y 2026 no registraron huéspedes. Primero vaciarlos, después venderlos.

Lo que está en juego

El remate del patrimonio público no es una discusión técnica ni un tema de especialistas. Es la definición concreta de qué país se está construyendo. Cada hectárea del INTA que pasa a manos privadas es capacidad científica que se pierde. Cada predio ferroviario que se convierte en un desarrollo inmobiliario es una oportunidad menos de recuperar el tren. Cada terreno militar que se vende sin debate estratégico es una renuncia silenciosa en materia de soberanía.

Los 351 millones de dólares ingresaron. Lo que no ingresó es la explicación de hacia dónde fueron. El Congreso pregunta y no le responden. Los organismos entregan sus inmuebles y reciben migajas. La ciudadanía mira por la ventanilla mientras las joyas de la abuela cambian de dueño en subastas que se anuncian a último momento, sin control legislativo y sin transparencia. El plan es vender todo lo que esté entre Ushuaia y La Quiaca. Y lo que no se pueda vender, se vacía para venderlo más tarde.

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Fuente original: Resumen Latinoamericano, 2 de agosto de 2026

Enlace: https://www.resumenlatinoamericano.org/2026/08/02/argentina-para-milei-todo-lo-que-este-entre-ushuaia-y-la-quiaca-se-debe-vender/

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#Milei #VentaDeInmuebles #INTA #DefensaNacional #Soberanía #ArgentinaDesigual

El comprador tiene nombre y apellido: Eduardo Costantini, el dueño de Nordelta. El vendedor es el Estado argentino. El producto era un terreno de cuatro hectáreas frente al Hipódromo de Palermo que durante décadas perteneció al Ejército. El precio fue de 127 millones de dólares. La operación ya está cerrada y la plata ingresó, pero el destino de esos fondos sigue siendo una incógnita para el Congreso, para los organismos que perdieron las tierras y para cualquier ciudadano que pregunte.

No es la única venta. En los últimos dos años y medio, la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE) subastó 32 inmuebles públicos y recaudó más de 351 millones de dólares. La cifra surge de información que el propio Gobierno acercó a Página/12, pero el detalle de qué se hizo con ese dinero brilla por su ausencia. La administración de Javier Milei convirtió el remate del patrimonio público en una política de Estado, pero sin el Estado como garante de la transparencia.

El plan es ambicioso y no se detiene. La AABE, manejada por funcionarios que reportan al dueño de IRSA, Eduardo Elsztain, proyecta liquidar más de 400 propiedades antes de 2028. El listado abarca desde Tierra del Fuego hasta Jujuy y no discrimina: hay terrenos militares, estaciones experimentales del INTA, playas ferroviarias, predios del desaparecido Procrear y hasta las unidades turísticas de Chapadmalal y Embalse. Todo puede ser entregado si hay un privado con la billetera lista.

Los que compran y los que miran

Costantini no fue el único que se sentó a la mesa. El empresario también se quedó con un edificio que pertenecía a la Policía Federal en el Bajo Belgrano, por el que pagó 46,5 millones de dólares, y con el estacionamiento del Barrio Militar Malvinas Argentinas, también en Palermo, por otros 15,3 millones. En total, desembolsó casi 190 millones de dólares en tres operaciones.

El otro gran ganador fue el Fideicomiso Inmobiliario Madero 6, al que en el ambiente inmobiliario vinculan con la familia Brito. Este grupo compró la emblemática sede del INTA en la calle Cerviño, en pleno Palermo, por 81 millones de dólares. También se quedó con el edificio del Comando Conjunto de Ciberdefensa, en Puerto Madero, por 34 millones de dólares. Esa última operación ya tiene una denuncia en la Procuraduría de Investigaciones Administrativas por presuntas irregularidades y vicios en el procedimiento.

Las cifras alcanzan para desmentir el argumento oficial. El Gobierno insiste en que los terrenos son "ociosos" y que generan "costos y gastos que deben evitarse". Pero un predio que el mercado paga 127 millones de dólares no es un bien ocioso: es un bien estratégico. La ociosidad, en realidad, es una construcción administrativa. Primero se desafecta el inmueble del organismo que lo usaba, después se declara prescindible y finalmente se remata.

El INTA: 81 millones de dólares y apenas le dejaron monedas

El caso del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria es quizás el más gráfico de cómo funciona la maquinaria. La sede de Cerviño se vendió el 23 de diciembre de 2024, a horas de la Navidad. La constructora Brukman Mansilla pagó 18,5 millones de dólares por los 3.143 metros cuadrados y planea destinarlos a proyectos residenciales y oficinas. Pero el dato que indignó a los trabajadores del organismo fue otro.

El propio jefe de Gabinete, Manuel Adorni, tuvo que reconocer en un informe al Congreso que de los 81 millones de dólares ingresados por esa venta, al INTA le transfirieron solo 11 mil millones de pesos. Al tipo de cambio de ese momento, eso representaba menos del 10 por ciento del total. El resto fue a parar a las arcas del Tesoro. La promesa de que los fondos volverían a los organismos de origen para paliar sus crisis financieras quedó desmentida por los propios números oficiales.

Y el desguace continúa. El presidente del INTA, Nicolás Bronzovich, confirmó semanas atrás que quieren poner en venta 50 mil hectáreas. Ya se desprendieron de 15 mil. Su argumento fue que solo la mitad de las tierras del instituto tienen "un real uso científico o tecnológico" y que el resto puede ser vendido sin problemas. Mientras tanto, los gremios Apinta y ATE denuncian que la entrega de tierras paraliza investigaciones en curso y atenta contra la soberanía tecnológica y alimentaria.

El listado de propiedades desafectadas abarca cientos de hectáreas en Chaco, Formosa, Río Negro, Santiago del Estero, La Pampa, Balcarce, Tucumán, Misiones, San Luis, Córdoba, Santa Fe, Entre Ríos y la estación experimental de Morón. En Salta, el Gobierno directamente le cedió 41 hectáreas de la estación experimental de Cerrillos al gobernador Gustavo Sáenz, aliado clave de la Rosada en el Congreso. La provincia anunció que las destinará a viviendas sociales.

Defensa Nacional en liquidación

El desmantelamiento de las Fuerzas Armadas merece un capítulo aparte. Solo en los primeros seis meses de 2026, el Ministerio de Defensa desafectó más de 12.000 hectáreas del Ejército y la Armada en Neuquén, provincia de Buenos Aires, Ciudad de Buenos Aires, Corrientes y Tierra del Fuego. La justificación es el DNU 314/2026, que habilita la venta de inmuebles militares para financiar la modernización del equipo castrense. El mismo Gobierno que mantiene congelados los sueldos de los oficiales y reduce horarios en las unidades para ahorrar en comida dice que necesita plata para evitar la degradación de la capacidad de defensa.

Pero el caso más delicado está en el sur. Un terreno de casi 3.000 metros cuadrados de la Armada en Ushuaia, ubicado dentro de la Base Naval cercana a la Antártida, está en la mira. El predio se encuentra en las calles Yaganes, 44 Héroes del ARA San Juan y Horeb, en una zona estratégica para el acceso al Atlántico Sur, la Antártida y el pasaje bioceánico entre los océanos Atlántico y Pacífico. El exministro de Defensa y actual diputado de Unión por la Patria, Agustín Rossi, fue contundente: "Son tierras que significan soberanía".

Rossi también explicó que muchos de los predios considerados en desuso cumplen funciones operativas como lugares de adiestramiento de las Fuerzas Armadas. Desde el Estado Mayor Conjunto reconocen que no tienen acceso al listado total de inmuebles desafectados ni conocen el destino del dinero recaudado.

La oposición intentó mover el tablero. Los diputados y diputadas de Unión por la Patria pidieron la interpelación del ministro de Defensa, Carlos Presti, y presentaron un proyecto para prohibir la venta o cesión de inmuebles de las Fuerzas Armadas sin autorización del Congreso. También salió a la luz un memorándum de la obra social IOSFA que revela más de 40 propiedades en riesgo: hoteles en Mar del Plata, centros recreativos en San Clemente y Zárate, residencias sociales en Cosquín y Villa General Belgrano, delegaciones en Bahía Blanca, La Plata, Tandil, Rosario, Santa Fe, Corrientes, Salta y Tierra del Fuego, además de farmacias en Rosario y Santa Fe.

Un plan por decreto y sin control

Todo el proceso se sostiene sobre dos decretos de necesidad y urgencia que, para muchos constitucionalistas, son directamente ilegales. El 950/2024 recuperó 157 terrenos que Mauricio Macri no había podido rematar al final de su mandato e incorporó otros 300. El 322/2026 sumó 21 más. Jonatan Baldiviezo, abogado del Observatorio del Derecho a la Ciudad, lo explica con claridad: el artículo 75, inciso 5 de la Constitución Nacional establece que solo el Congreso puede disponer de las tierras públicas. "El Poder Ejecutivo está sustituyendo por decreto al Congreso en una competencia que la Constitución le reservó expresamente", sostuvo.

Un informe del colectivo Argentina Humana puso números concretos al proceso. Casi el 30 por ciento de los predios tiene origen ferroviario y casi el 25 por ciento, militar. Sin embargo, los terrenos castrenses representan el 98,7 por ciento de la superficie total. La mayoría de los inmuebles está en entornos urbanos, pero las superficies rurales concentran el 97,2 por ciento de las tierras. Y otro dato demoledor: solo el 29,9 por ciento de los predios está sin uso. El resto tiene actividades agropecuarias, recreativas, deportivas, portuarias, ferroviarias, comerciales o de vivienda.

Lo que no se pudo vender

No todo salió según los planes. Las tierras del Procrear que el Gobierno puso en venta todavía no encontraron comprador. La subasta del predio "Estación Buenos Aires" fue declarada fracasada porque no hubo oferentes que alcanzaran el precio mínimo. Algo similar ocurrió con el predio "Parque Federal" en Santa Fe y con el predio "Paraná" en Entre Ríos. Baldiviezo advierte que esto puede ser parte de una estrategia para luego vender los terrenos más baratos.

En Chapadmalal, la intención de la Rosada es concesionar las unidades turísticas mientras la provincia de Buenos Aires reclama el traspaso. En Embalse, Córdoba, un predio de tres hectáreas con bosques y ríos ya fue puesto en subasta: la AABE pide unos 40 millones de dólares. Mientras tanto, los complejos que en 2023 recibieron a más de 116 mil turistas entre ambos, en 2025 y 2026 no registraron huéspedes. Primero vaciarlos, después venderlos.

Lo que está en juego

El remate del patrimonio público no es una discusión técnica ni un tema de especialistas. Es la definición concreta de qué país se está construyendo. Cada hectárea del INTA que pasa a manos privadas es capacidad científica que se pierde. Cada predio ferroviario que se convierte en un desarrollo inmobiliario es una oportunidad menos de recuperar el tren. Cada terreno militar que se vende sin debate estratégico es una renuncia silenciosa en materia de soberanía.

Los 351 millones de dólares ingresaron. Lo que no ingresó es la explicación de hacia dónde fueron. El Congreso pregunta y no le responden. Los organismos entregan sus inmuebles y reciben migajas. La ciudadanía mira por la ventanilla mientras las joyas de la abuela cambian de dueño en subastas que se anuncian a último momento, sin control legislativo y sin transparencia. El plan es vender todo lo que esté entre Ushuaia y La Quiaca. Y lo que no se pueda vender, se vacía para venderlo más tarde.

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Fuente original: Resumen Latinoamericano, 2 de agosto de 2026

Enlace: https://www.resumenlatinoamericano.org/2026/08/02/argentina-para-milei-todo-lo-que-este-entre-ushuaia-y-la-quiaca-se-debe-vender/

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#Milei #VentaDeInmuebles #INTA #DefensaNacional #Soberanía #ArgentinaDesigual

“Es una decisión unilateral de Brasil que lamentamos”, arrancó Quirno, con un tono que mezclaba fastidio y convencimiento de que el quiebre ya era inevitable. “En estos últimos años ha habido expresiones de ambos lados que transparentan la diferencia política e ideológica. Argentina decidió no llevar esto a una instancia diplomática. Brasil tiene todo el derecho de hacer lo que hizo”, concedió. Pero enseguida mostró los dientes: “Es lamentable que se quejen de injerencias en procesos electorales cuando el propio Lula visitó, antes de las elecciones del año pasado, a la presidenta Cristina Fernández de Kirchner en su prisión domiciliaria y no hubo, de nuestra parte, ningún tipo de problema. Son las reglas del juego”.

La acusación brasileña de “injerencismo” no cayó del cielo. A fines de julio, Javier Milei participó en la nominación de Flávio Bolsonaro como candidato presidencial para las elecciones de octubre en Brasil. En ese viaje, y luego en una entrevista con LN+, el presidente argentino trató a Lula de “chorro” y “presidiario”. “Lo liberaron por una falla en el procedimiento. No es inocente”, remató. El Supremo Tribunal Federal brasileño había anulado las condenas contra Lula en 2021 porque el juez Sergio Moro no respetó las garantías del proceso. Pero para Milei, la inocencia del mandatario vecino sigue en duda y lo repite cada vez que tiene un micrófono adelante.

Brasil primero llamó a consultas a Bitelli. La semana pasada, el gesto ya olía a represalia. Pero este miércoles fue por más: el Palacio del Planalto le comunicó a la Casa Rosada que el embajador no vuelve más. La relación queda congelada en un escalón técnico, sin representación política de máximo nivel.

Quirno, en conferencia de prensa, dejó claro que Argentina no va a devolver el golpe con la misma moneda. “De nuestro lado no va a haber ninguna acción diplomática en respuesta. Seguiremos manteniendo las relaciones al nivel que decidan ellos. No cuenten con Argentina para pelear”. La frase parece un intento de mostrar moderación después de que el propio canciller soltara munición gruesa con el recuerdo de la visita de Lula a Cristina.

Para entender lo que viene, hay que mirar la calle, no los despachos. Brasil es el principal socio comercial del país. Casi el 20% de las exportaciones argentinas van para allá. Cuando un embajador se va sin reemplazo, se traban las gestiones diarias: permisos sanitarios, cupos de importación, certificaciones técnicas que necesitan las pymes para no perder sus contratos. El sector automotriz, el agroindustrial, los lácteos, las economías regionales que dependen del mercado brasileño quedan con el freno de mano puesto sin saber cuánto va a durar la tormenta. No es un problema de orgullo geopolítico: es laburo argentino que se frena en la frontera.

La crisis no es nueva. Milei llamó “comunista” a Lula antes de asumir, no fue a su ceremonia de jura, nunca aceptó un encuentro bilateral formal y cada cruce en redes o foros internacionales sumó nafta al fuego. La diferencia ahora es que Brasil decidió cortar el hilo más fino que quedaba. Quirno lo explicó con crudeza: “Las diferencias ideológicas son muy profundas, la región está cambiando de dirección y eso lo celebramos. Esperamos que eso también suceda en Brasil”.

El canciller también recordó que Brasil escaló conflictos con otros países. A Paraguay y a Estados Unidos los acusó de entrometerse en sus elecciones. A la embajadora brasileña en Washington, María Luiza Viotti, el Departamento de Estado directamente le canceló la visa. “Es una decisión de Brasil de escalar temas que para nosotros no tienen esa escala y que deberían permanecer en el ámbito ideológico de una contienda electoral”, remató Quirno.

Lo que queda es un vínculo herido de muerte en su capa política. Sin embajador argentino en Brasilia, sin embajador brasileño en Buenos Aires, la comunicación entre dos países que comparten 1.200 kilómetros de frontera y millones de intereses cruzados dependerá de funcionarios de segunda línea que no tienen margen para tomar decisiones de fondo. El costo de esa distancia se va a medir en dólares de exportación, en días de espera en los pasos fronterizos y en inversiones que, ante la incertidumbre, buscarán otros destinos.

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Fuente original: Clarín, 5 de agosto de 2026

Enlace: clar.in/4q0iLEa

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#CrisisDiplomática #Brasil #Quirno #Milei #Lula #RelacionesExteriores

No fue un anuncio, no hubo conferencia. Fue un papel, una firma y una bomba de tiempo que estalló en el oficialismo. La vicepresidenta Victoria Villarruel autorizó que la senadora de Unión por la Patria, Anabel Fernández Sagasti, vote de manera remota en la sesión donde se discutirá la Ley de Tierras. El motivo es difícil de discutir: la legisladora está embarazada de 32 semanas y su médico le prohibió viajar a Buenos Aires.

¿Por qué importa ahora? Porque esa sesión va a ser un campo minado. El Gobierno de Javier Milei necesita los votos para sacar la ley y los números están tan parejos que un solo sufragio puede definir todo. Y el sufragio de Sagasti, que se queda en Mendoza por recomendación médica, ya tiene dueño: será en contra del proyecto oficialista.

La autorización que concedió Villarruel tiene una trampa reglamentaria que mantiene la incertidumbre hasta último momento. Se otorgó ad referéndum del cuerpo, es decir que el pleno del Senado deberá ratificarla cuando arranque la sesión. Los senadores van a votar, entonces, si le permiten a su colega participar desde la distancia. Una suerte de antesala cargada de tensión.

• En el oficialismo cayó mal. Muy mal. No porque desconozcan el estado de la senadora, sino porque entienden que esa decisión administrativa puede voltearles el proyecto más ambicioso que discute el Congreso en esta segunda mitad del año. “Rechazábamos el voto virtual porque en una votación ajustada resulta determinante”, repiten cerca de la Casa Rosada, sin ocultar que el malestar con la vicepresidenta vuelve a quedar expuesto.

La relación entre Villarruel y el Ejecutivo viene agrietada desde hace meses. Ahora la grieta se ensanchó un poco más.

• La Ley de Tierras que se debate en el Senado es una iniciativa que despierta pasiones encontradas. El oficialismo la presenta como la herramienta para atraer inversiones y movilizar economías regionales. La oposición, en cambio, advierte sobre las consecuencias de aflojar los controles a la compra de tierras por parte de extranjeros.

Lo concreto es que la votación se anticipa tan ajustada que cada voluntad vale oro. Y la voluntad de Anabel Fernández Sagasti, con 32 semanas de gestación y sin poder moverse de su casa, quedó habilitada por Villarruel con el reglamento en una mano y una lapicera en la otra.

El mecanismo es sencillo de explicar pero complejo de resolver. Si el pleno del Senado ratifica el voto remoto, la mendocina se conectará por videoconferencia y votará en contra del proyecto oficialista. Si, en cambio, los bloques que responden a la Casa Rosada logran imponer su rechazo a la autorización, Sagasti no podrá participar y su ausencia pesará como un voto menos para el espacio opositor.

Las imágenes de una senadora embarazada a la que se le impide votar porque no puede viajar recorrerán los portales y las redes sociales. Ese costo político lo conoce cualquiera que esté sentado en una banca. El Gobierno también lo sabe.

Para la población que mira de lejos, lo que se juega en esa votación no es solamente un artículo del reglamento interno del Senado. Es la posibilidad de que se modifiquen las reglas sobre quién puede comprar campos en el país, cuánta tierra puede acumular una empresa extranjera y con qué controles. Los productores chicos miran con atención. Las economías regionales también.

Lo que queda en juego es cómo se resuelve la tensión entre una decisión que parece lógica desde lo humano pero inconveniente desde lo político. Villarruel optó por lo primero y dejó que el cuerpo resuelva lo segundo. La sesión, entonces, tendrá dos votaciones clave: una para definir si Fernández Sagasti vota, y otra para aprobar o rechazar la ley.

Los antecedentes en el Senado son escasos. Durante la pandemia la virtualidad fue moneda corriente, pero para casos individuales de fuerza mayor no hay un camino escrito. El reglamento no lo contempla explícitamente y los precedentes se construyen sesión a sesión.

La decisión de la vicepresidenta abre un camino que puede tener consecuencias futuras para otros legisladores que, por razones médicas o personales, no puedan trasladarse al Congreso. Lo que hoy se decide para una senadora embarazada mañana puede reclamarse para cualquier otro caso.

En Mendoza, mientras tanto, Anabel Fernández Sagasti espera. Su obstetra fue claro: 32 semanas no son para hacer un vuelo ni para aguantar horas de recinto. La política, esta vez, le puso el cuerpo a una discusión que la trasciende. Lo que ocurra el día de la sesión va a marcar no solo el destino de una ley, sino también el modo en que la dirigencia resuelve las tensiones entre lo reglamentario, lo político y lo humano.

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