Nos mandaron a hacer caja": la denuncia penal que salpica a Sebastián Pareja y a operadores de LLA por 20.000 lotes en el conurbano
Una denuncia penal que lee como una declaración de guerra acaba de aterrizar en los escritorios de la justicia bonaerense. El 12 de diciembre de 2024, Héctor Daniel De Olivera presentó un escrito frontal en la Fiscalía General de Quilmes acusando a una red de funcionarios, operadores políticos y agentes del Estado de orquestar el robo y la venta fraudulenta de más de 20.000 lotes de su propiedad. Lo que comenzó como un intento de donación de tierras al Estado para cancelar deudas fiscales se transformó en una acusación que nombra, sin rodeos, a Javier y Karina Milei, al diputado Sebastián Pareja y a una estructura local en Florencio Varela.
El documento, al que tuvimos acceso, revela la magnitud de la operación denunciada. No se trata solo de un conflicto con un político. De Olivera señala a una nómina precisa que incluye al concejal y presidente del bloque de La Libertad Avanza en Florencio Varela, Diego Vallejos; a su asesor jurídico e inmobiliario, Antonio Insaurralde; a la martillera Mónica Petrino; a la escribana Sandra Morosin; e incluso a fiscales descentralizados de Berazategui, Florencio Varela y San Vicente. Según el querellante, estos actores actúan en connivencia para "disfrazar a los usurpadores de compradores de buena fe, con los papeles que ellos mismos fabrican".
La desesperación del denunciante queda plasmada en advertencias explícitas dentro del mismo expediente. De Olivera hace "penalmente responsables solidarios" al Fiscal General y a la Presidenta de la Cámara de Garantías de Quilmes de cualquier agresión o "hecho de sangre" en su contra, especialmente durante la feria judicial. Además, arremete contra la Fiscalía de Amenazas local, calificándola de inoperante por exigirle una "selfie, ADN o análisis de orina" de sus presuntos agresores armados, en lugar de actuar sobre las escrituras y los domicilios que él ya había aportado.
Este conflicto no surge en el vacío. De Olivera sostiene que estos terrenos acumulan usurpaciones y deudas con el fisco provincial desde la gestión de María Eugenia Vidal. Tras no lograr acuerdos para regularizar la situación ni con Vidal ni con Axel Kicillof, buscó la vía de la donación a través de operadores de La Libertad Avanza. La denuncia incluye además una nota paralela dirigida a Gustavo Reante, presidente del Concejo Deliberante de Florencio Varela, exigiendo que detengan la verificación ilegal de sus lotes y advirtiendo que no sean "encubridores de los delitos que esta banda organizada quiera cometer". Hacia el final, el escrito deriva en alertas extremas y acusaciones graves sin sustento probatorio inmediato sobre el RENAPER, reflejando el nivel de confrontación y la narrativa de persecución que maneja el querellante.
Más allá de la batalla legal entre un propietario y una estructura de poder, el impacto real recae sobre la comunidad. Cuando 20.000 lotes quedan atrapados en una telaraña de escrituras presuntamente falsificadas y protección política, las verdaderas víctimas son las familias vulnerables que habitan esos predios. Quedan expuestas a desalojos abruptos o a ser utilizadas como moneda de cambio en negociaciones inmobiliarias opacas, erosionando cualquier posibilidad de seguridad jurídica para quienes buscan una tenencia digna en el conurbano sur.
Por ahora, el expediente permanece estancado por el receso judicial y los acusados mantienen un silencio absoluto. La justicia enfrenta una prueba de fuego: determinar si esto es un conflicto patrimonial aislado o si existe una maquinaria de apropiación de tierras operando con complicidad institucional. El desenlace de esta investigación marcará un precedente sobre hasta dónde llega la impunidad cuando el negocio inmobiliario se cruza con la influencia política.
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