Le dispararon tres veces por destapar la estafa: así vendieron "basura tóxica" de Argentina para enriquecer a la élite de Santa Cruz
La denuncia apunta directamente al alcalde de Santa Cruz de la Sierra, Rodrigo Paz Pereira, a su esposa, Vivi Urquidi, y a su entorno familiar, quienes habrían articulado una red de corrupción con el asesor político argentino Fernando Cerimedo para transformar la necesidad de combustible en una fortuna ilícita.
El mecanismo técnico de la estafa es tan cínico como devastador. Según revelan investigaciones del sector energético y el testimonio de Beller, la empresa Futura Energy —gestionada en Argentina por Natalia Basil, ingeniera química y esposa de Cerimedo— se dedicó a comprar residuos químicos, lodos y suciedad acumulada en el fondo de los tanques de refinerías y surtidores argentinos. Este material, técnicamente inservible y altamente contaminante, fue cruzado la frontera y vendido al Estado boliviano con la etiqueta de "combustible premium". El resultado a la vista: más de diez mil motores de vehículos y maquinaria pesada fundidos, dejando al transporte y a la economía local al borde del colapso.
Pero la adulteración del combustible era solo la punta del iceberg. La operatoria incluía un sobreprecio millonario en las licitaciones públicas y una coima fija de un boliviano en efectivo por cada litro distribuido a empresas y acaparadores. Este dinero negro nunca ingresó a las arcas públicas. La recaudación diaria se desviaba hacia un búnker secreto ubicado en una casa de cambios de la exclusiva zona de Calacoto. Allí, el exmilitar Fritz Junior Gironda se encargaba de custodiar bolsos repletos de billetes y, lo que resulta aún más grave, lingotes de oro puro. Este metal precioso funcionaba como la moneda de cambio preferida para asegurar contratos mineros que, presuntamente, eran facilitados desde el entorno de la primera dama cruceña.
Cerimedo, cabe aclarar, no figuraba en ninguna nómina estatal. Operaba como un consultor externo, recibiendo pagos millonarios por fuera del Estado a través de su red de empresas fantasma, a cambio de blindar políticamente el negocio en Bolivia y en otros países de la región. Beller aseguró haber entregado al periodista John Arandia fotografías de cajones repletos de efectivo y pruebas del manejo de oro, material que le fue sustraído junto a su teléfono durante el atentado que casi le cuesta la vida.
¿Quién paga el costo real de este negociado? No son los funcionarios ni los operadores financieros. El impacto lo absorbe el ciudadano de a pie: el transportista que duerme en su camión bajo la lluvia esperando un cupo, el comerciante que ve su mercancía pudrirse por la falta de transporte, y las familias que ven cómo el parque automotor se destruye por la nafta adulterada. Mientras el pueblo boliviano enfrenta la ruina económica, la élite política y sus socios extranjeros consolidan un patrimonio blindado en oro y efectivo.
El escenario judicial que se abre es complejo. La justicia deberá determinar si podrá desmantelar una red que operó con total impunidad durante nueve meses, especialmente cuando las pruebas físicas fueron robadas en medio de un ataque violento. Lo que está en juego no es solo la responsabilidad penal de un asesor extranjero, sino la capacidad de las instituciones para auditar el origen de los recursos que mueven la economía de un país.
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Fuente: Bolpress, Lenergy Group y registro audiovisual de denuncia pública, 18 de agosto de 2026.
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