Denuncian que Milei desvió 7 millones de dólares a un exespía, nexo clave entre Caputo y Donald Trump.
Una investigación periodística puso en el centro del debate una contradicción frontal con el discurso de austeridad del Gobierno nacional. Según reveló Manuel Román en Diagonales, la administración de Javier Milei canalizó cerca de 7 millones de dólares y más de 1.400 millones de pesos hacia Leonardo Scatturice, un exespía de la SIDE con vínculos directos con el asesor presidencial Santiago Caputo y actual dueño de la aerolínea Flybondi. Lejos de ser una contratación aislada, se trata de un mecanismo que opera al margen de los controles democráticos tradicionales.
La operatoria se sostiene sobre un paquete de 23 adjudicaciones millonarias, gestionadas desde áreas estratégicas como la Secretaría General, a cargo de Karina Milei. Estos contratos, combinados en dólares y pesos, acumulan un impacto fiscal cercano a los 10.000 millones de pesos. Las firmas tecnológicas vinculadas al operador recibieron adjudicaciones individuales que alcanzan los 1.800.000 dólares, configurando un flujo de dinero que elude la mirada del Congreso.
Este entramado cobra una dimensión particular tras el rechazo legislativo al decreto que buscaba asignar 100.000 millones de pesos a fondos reservados de inteligencia. Ante ese freno institucional, la estructura paralela diseñada por el entorno de Caputo y Scatturice habría funcionado como una suerte de cancillería clandestina en Estados Unidos. De este modo, se superponen partidas de origen oscuro sobre las funciones formales del Ministerio de Relaciones Exteriores, financiando negocios privados bajo el paraguas del poder libertario.
Para el ciudadano de a pie, esta revelación golpea donde más duele: el bolsillo y la confianza en las instituciones. Mientras se justifican ajustes severos en jubilaciones, salarios y programas sociales en nombre de la eficiencia fiscal, millones de pesos de recursos públicos se derivan hacia circuitos opacos. La austeridad deja de ser una regla general para convertirse en una herramienta selectiva, donde el rigor se aplica hacia abajo y las excepciones millonarias se gestionan en la sombra.
Lo que queda en juego no es solo el destino de esos 7 millones de dólares, sino la integridad de los mecanismos de control del Estado. Si las adjudicaciones se utilizan para sortear la voluntad del Congreso y financiar agendas externas, el debate inevitable se traslada a la justicia y a los organismos de auditoría. El próximo paso será determinar si estas prácticas derivarán en investigaciones formales o si quedarán absorbidas por la rutina de la impunidad.
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Fuente: Diagonales, 7 de noviembre de 2026
Enlace: https://diagonales.com https://x.com/diagonalesweb/status/2118757243290079721?a=wRl-Ewhhoj1m3iUtw_c&s=19
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