El desfinanciamiento del PAMI: Caputo recortó $1,2 billones y los jubilados pagan la crisis con su salud
El PAMI está al borde del colapso y los números confirman lo que los pasillos del organismo ya gritan: existe un agujero financiero de 1,2 billones de pesos que está desmantelando la obra social de los jubilados. Mientras las prestaciones se caen a pedazos y las clínicas cierran sus puertas, el Ministerio de Economía, a cargo de Luis Caputo, recortó a la mitad los recursos que la institución necesitaba para funcionar. No se trata de un simple ajuste técnico; es un desfinanciamiento que ya tiene nombre, apellido y consecuencias directas sobre la salud de millones de argentinos.
La cuenta es fría y demoledora. A finales de 2024, el Gobierno eliminó el Impuesto País, un mecanismo que hasta ese momento inyectaba el grueso de su recaudación directamente al PAMI. La promesa oficial fue que el Tesoro Nacional cubriría ese bache sin afectar la calidad del servicio. La realidad, sin embargo, fue un incumplimiento sistemático. De los 2,8 billones de pesos que hubieran ingresado este año por esa vía, la compensación presupuestaria efectiva se limita a apenas 1,6 billones. Según el análisis de la Oficina de Presupuesto del Congreso, hasta julio la asistencia financiera real del Tesoro fue de solo 0,9 billones de pesos, lo que representa una caída del 28,7% en términos reales respecto al mismo periodo de 2025. Solo en el mes de julio, esa asistencia se redujo a 0,1 billones, un desplome del 16,8%.
Esta sangría no ocurre en el vacío. Ya en junio, se había revelado que la estrategia de Caputo incluía pagar a proveedores con bonos, una medida parche que, lejos de cicatrizar la herida, aceleró el cierre de prestadores y la falta de medicamentos. El desfinanciamiento ha generado una grieta incluso dentro del propio oficialismo. Mientras el ala política advierte que este descalabro pone en riesgo los votos de los jubilados —históricos electores del PRO que respaldaron a Milei en 2023— de cara a las elecciones de 2027, el Ministerio de Salud observa la crisis con una pasividad que roza el abandono. Fuentes del sector aseguran que el ministro Mario Lugones, pese a su origen radical y su vinculación con el entorno de Coti Nosiglia, atraviesa una "fase libertaria extrema" y se autoexcluye de los reclamos diarios. La frase que le atribuyen en los pasillos resume la postura: "Si se tiene que romper el sistema, que se rompa; si tienen que quebrar clínicas, que quiebren".
¿Y cómo se traduce esto en la vida real? En el cierre de puertas. Este mismo lunes, el Sanatorio Concordia, en Entre Ríos, anunció que deja de prestar servicios, dejando a 15.000 beneficiarios a la deriva. La misma escena se repite en la Patagonia y en la provincia de Buenos Aires. Silvia D'Agostino, titular de la Asociación de Clínicas y Sanatorios de Entre Ríos, fue clara: la eliminación del impuesto sin una compensación real impidió actualizar los aranceles, y el sector necesita una suba superior al 100% solo para volver a funcionar. Mientras tanto, en Neuquén, los diputados Darío Martínez y Darío Peralta denunciaron una deuda de 1.500 millones de pesos a las clínicas de esa provincia, presentando un proyecto para exigir al Gobierno nacional que garantice la continuidad de las prestaciones.
Lo que hoy sucede en el PAMI no es solo un problema contable; es el termómetro de un sistema de salud que se desmorona cuando se lo priva de su oxígeno financiero. Los cuadros técnicos del organismo y del Ministerio de Salud ya alertan que la crisis es inédita y dibuja un panorama incierto. La encrucijada es clara: o se encuentra una fuente de financiamiento genuina que tape este hueco de 1,2 billones, o el deterioro de las prestaciones profundizará una emergencia sanitaria que, tarde o temprano, terminará cobrándose una factura política y social imposible de ignorar.
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Fuente: La Política Online, 2 de septiembre de 2026
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