De la mano de Posse al astillero: investigan por presuntas coimas a la funcionaria que lideró Tandanor en los primeros meses del gobierno de Milei.
El dinero en efectivo, un papel escrito a mano y cinco allanamientos simultáneos marcan el punto de quiebre en una de las pocas investigaciones por corrupción que logra tracción real contra la actual administración. El escenario es Tandanor, el astillero estatal, y el operativo ordenado por el juez federal Sebastián Casanello pone bajo una lupa implacable los primeros meses de la gestión de Ana Laura Hernández, la funcionaria que Nicolás Posse colocó al frente de la empresa al asumir Javier Milei.
La pesquisa, que Casanello delegó en mayo a la unidad especializada contra la corrupción de la Policía Federal, busca establecer si Julio Eduardo Gallé, exgerente comercial del astillero, le exigió dinero a Antonio Alejandro Napoleone, titular de la firma Lucrimar SA. La hipótesis que arma el expediente es clara: Gallé habría ofrecido borrar una deuda de 200.000 dólares que la empresa tenía con el Estado a cambio de un pago ilegal, una maniobra que los investigadores estiman en al menos 220.000 dólares.
Lo que hallaron los efectivos en los operativos, repartidos entre cuatro domicilios de la Ciudad de Buenos Aires y uno en Mar del Plata, eleva la apuesta. Entre una vivienda particular y una caja de seguridad del microcentro porteño, secuestraron exactamente 367.110 dólares. A esa suma se le suma una prueba física contundente: un recibo manuscrito por 100.000 dólares y 12,7 millones de pesos. La requisa también se llevó computadoras, celulares, contratos y extractos bancarios que ahora la Justicia debe cruzar para validar el circuito del dinero.
Para entender cómo se llegó a este punto, hay que mirar qué pasó puertas adentro de la empresa tras el cambio de autoridades. La llegada de Hernández vino acompañada de una reestructuración agresiva: despidos de trabajadores, incorporación de directores y asesores con sueldos elevados, y la contratación de la auditora BDO. El detalle que más ruido generó internamente fue la desarticulación de la Gerencia de Control de Gestión, el área que justamente concentraba la información sensible sobre el funcionamiento de la compañía. Esa decisión provocó la renuncia de Silvia Martínez, presidenta de la Cámara de la Industria Naval Argentina y miembro del directorio, quien se alejó en medio de fuertes diferencias con el rumbo de la conducción.
Más allá de los nombres y los dólares bajo llave, esta causa toca una fibra sensible de la economía real. Tandanor no es una empresa estatal cualquiera: tiene capacidad industrial estratégica y ocupa más de 30 hectáreas en uno de los terrenos más codiciados de Buenos Aires, justo frente al gigantesco desarrollo inmobiliario Solares de Santa María, en la ex Ciudad Deportiva de La Boca. Cuando se desmantelan áreas de control y aparecen deudas que "mágicamente" podrían desaparecer a cambio de un sobre, la sospecha de que se está preparando el terreno para rematar activos públicos a precio de regalo deja de ser una teoría de pasillo. Y cuando el Estado pierde plata por coimas, esa plata deja de invertirse en trabajo genuino, en mantenimiento industrial o en políticas que sostienen a los sectores más vulnerables.
Hoy, Hernández ya no está en el cargo. En su lugar asumió Mauricio González Botto, otro nombre directamente vinculado a Posse y al diseño inicial de las privatizaciones del gobierno. Mientras el Poder Ejecutivo sigue moviendo las fichas sobre el futuro del astillero, la Justicia tiene ahora en sus manos los elementos para reconstruir qué ocurrió realmente durante aquella etapa. Los 367 mil dólares, el recibo manuscrito y los movimientos bancarios secuestrados transformaron una simple auditoría administrativa en una causa federal por cohecho que recién empieza a mostrar sus primeras cartas.
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Fuente: La Política Online, 06/09/2026
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