Denuncia en el Congreso: una petrolera británica, sancionada por operar en Malvinas, hoy recibe beneficios del RIGI en Río Negro
Cambiaron la razón social, pero el historial sigue intacto. Una petrolera británica, previamente inhabilitada por el Estado argentino por operar ilegalmente cerca de las Islas Malvinas, hoy figura como socia de un proyecto gasífero en Río Negro que goza de los beneficios fiscales del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI). El diputado Maximiliano Ferraro, al frente de la Coalición Cívica, encendió la mecha de una polémica que trasciende lo partidario: puso bajo la lupa cómo Harbour Energy, dueña del 15% de Southern Energy, logró que el Gobierno avalara su participación mediante la Resolución 559/2025.
Los números y las fechas cuentan una historia de metamorfosis corporativa. Según la denuncia presentada, Harbour Energy no es una recién llegada al mapa energético. Se trata de la misma persona jurídica que hasta 2021 respondía al nombre de Premier Oil PLC. Ese detalle es la piedra angular del cuestionamiento: en 2013, bajo esa antigua denominación, la firma fue formalmente inhabilitada por una resolución amparada en la Ley 26.659. El motivo fue explícito: llevar a cabo tareas de exploración de hidrocarburos en la plataforma continental sin la debida autorización argentina, operando en las inmediaciones del archipiélago. Doce años después, con un nuevo nombre y el 15% de las acciones de Southern Energy, la compañía accede a los privilegios del RIGI para la producción y exportación de gas patagónico.
- Para dimensionar la contradicción, hay que mirar el tablero macro. El RIGI fue diseñado como un imán de capitales, ofreciendo estabilidad jurídica y exenciones a cambio de inversiones de gran escala. Sin embargo, este mecanismo choca frontalmente con la histórica doctrina argentina de no convalidar actividades extractivas en el Atlántico Sur. La denuncia de Ferraro aterriza justo cuando el Ejecutivo nacional anunció una renovada ofensiva diplomática y legal contra firmas vinculadas a la explotación en Malvinas. La paradoja salta a la vista: mientras se endurece el discurso y se buscan sanciones para quienes operan en el mar, se abre la puerta de los incentivos fiscales en tierra firme a una corporación con el mismo ADN societario.
Más allá de la disputa geopolítica, esta operatoria tiene un costo tangible para el bolsillo de los argentinos. Cada beneficio impositivo otorgado bajo el paraguas del RIGI representa ingresos que el Estado deja de percibir. En un escenario donde los sectores más vulnerables absorben el ajuste de tarifas, la inflación en los alimentos y la precarización laboral, entregar ventajas fiscales a una multinacional con antecedentes de violación a la ley de soberanía hidrocarburífera marca una brecha abismal en las reglas del juego. No es un debate de escritorio: es la confirmación de que, mientras la ciudadanía paga el costo de la crisis, ciertas inversiones reciben un trato de favor, aun cuando sus papeles corporativos levanten alertas rojas sobre el respeto a nuestras propias normas.
Lo que queda en juego con este expediente va más allá de un yacimiento en la Patagonia. La controversia obliga a revisar los filtros de control y los criterios de elegibilidad al momento de aprobar incentivos fiscales millonarios. Si la identidad jurídica es la misma, la sociedad y los organismos de control deberán determinar en los próximos meses si un simple cambio de denominación es suficiente para borrar antecedentes legales o si, por el contrario, se está sentando un precedente donde la conveniencia económica termina por encima de la coherencia normativa y la soberanía.
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Fuente: El Argentino Diario, 06 de septiembre de 2026
Enlace: https://elargentinodiario.com.ar/politica/presidencia/06/09/2026/polemica-por-el-rigi-denuncian-que-una-petrolera-sancionada-por-operar-en-malvinas-recibio-beneficios/
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