El festín a la sombra del altar: los 8 millones de dólares, los 400 elegidos y la carpa VIP que el Gobierno Nacional armó mientras dos millones esperaban bajo el sol
Mientras más de dos millones de personas aguantaban horas bajo el sol en Palermo para ver al papa León XIV, un grupo reducido de 400 invitados disfrutaba de baños privados y catering gourmet a pocos metros del altar. No fue un descuido logístico ni una iniciativa aislada de la Ciudad de Buenos Aires. La estructura de privilegios fue contratada y pagada directamente por el Gobierno Nacional, encendiendo una alarma que ya trasciende lo religioso y pone bajo la lupa el uso de fondos públicos en tiempos de ajuste.
Los números marcan el rumbo de la investigación. La Unidad Ejecutora Especial, dependiente de la Secretaría General de la Presidencia a cargo de Karina Milei y de la Jefatura de Gabinete, le adjudicó el operativo "llave en mano" a la productora DF Entertainment, asociada a Live Nation, por un monto estimado en 8 millones de dólares. Dentro de ese paquete millonario estaba incluida, de forma explícita, la carpa VIP. La primera grieta aparece en las subcontrataciones: la seguridad del evento quedó en manos de Tech Security, una firma vinculada a Martín Menem, lo que abre un flanco de investigación por posibles conflictos de interés y favores cruzados entre el poder político y el empresariado amigo.
El origen de este espacio, según versiones de la Iglesia, era permitir que el Pontífice agradeciera a los empresarios que habían realizado donaciones. La realidad del predio contó otra historia. El sector se transformó en un circuito de vanidad donde figuras del espectáculo y la política posaron con postres y canapés en redes sociales, lejos de cualquier noción de austeridad. La lista de invitados operó con una opacidad total: mientras la vicepresidenta Victoria Villarruel denunciaba no haber recibido su código QR, testimonios en el terreno confirmaron que algunas celebridades ingresaron por el pasillo de personas con discapacidad para evadir las colas masivas.
El costo de este operativo no solo se mide en dólares, sino en exclusión. De manera simultánea al despliegue de comodidades para la farándula, más de 300 periodistas acreditados de todo el país recibieron la notificación de que sus credenciales eran canceladas a última hora. El argumento oficial fue la "falta de espacio", una excusa que choca frontalmente con los asientos reservados para quienes no hicieron ninguna fila. Mientras el jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, intentaba bajar el tono asegurando que "las medialunas y los budines estuvieron de más", la ciudadanía se pregunta quién banca la fiesta cuando el Estado exige austeridad a los que menos tienen.
El diputado Esteban Paulón ya presentó un pedido de informes exigiendo explicaciones a Milei y al canciller Pablo Quirno sobre el destino de los fondos y los criterios de selección. Ahora, la pelota está en la cancha del Congreso y la Justicia. De ellos dependerá determinar si este despliegue fue un simple error de planificación o el síntoma de una gestión que normaliza el uso discrecional de recursos estatales para beneficiar a círculos cerrados, dejando al resto del país esperando afuera.
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Fuente: Argentina Desigual, 11 de noviembre de 2026
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