• No es un conflicto técnico. Es una pelea por el control del negocio más sensible del Estado: la Aduana. Y tiene dos frentes abiertos que afectan a cualquiera que compre en el exterior o que intente importar para su pyme.

El primero: el DNU 730/24, que creó la figura del "declarante". Cualquier persona física o jurídica puede ahora autogestionar sus operaciones aduaneras sin necesidad de un despachante matriculado. El Centro de Despachantes de Aduana (CDA) protestó ante Federico Sturzenegger, el ministro de Desregulación, argumentando que la falta de examen técnico o de secundario completo para los declarantes descalifica la profesión y dispara el riesgo de errores e infracciones.

El segundo: el régimen de courier. El jefe de la Aduana, José Andrés Velis, confirmó que se eliminará el sistema de cinco envíos postales anuales de hasta 400 dólares. La razón: detectaron fraudes masivos con CUIT de personas fallecidas, inexistentes e incluso de gobernadores provinciales, usados para esquivar el límite de compras. Una influencer ya fue procesada por contrabando por esa vía.

Pero el verdadero escándalo no está en los formularios. Está en los pasillos del poder.

El DNU que desregula (y desprotege)

El DNU 730/24 modificó el Código Aduanero y eliminó los registros de despachantes. Ahora, cualquiera puede inscribirse como "declarante" sin pasar por un examen técnico ni acreditar idoneidad. El resultado: miles de personas se anotaron de forma masiva, generando una confusión registral que, según los despachantes, deja el sistema aduanero en manos de improvisados.

El reclamo llegó hasta las recientes Jornadas Comex del CDA, donde Velis tomó nota de cada punto y prometió trasladar el malestar al propio Sturzenegger. No es un gesto menor: el ministro de Desregulación reporta directamente a Javier Milei, no a Karina ni a Santiago Caputo. Y esa autonomía empieza a ser un problema para el núcleo duro del gobierno.

Los despachantes no piden caridad. Exigen que se mantenga la obligatoriedad de un profesional matriculado para garantizar que las importaciones no se conviertan en un campo minado de errores, multas y mercadería trabada. El que termina pagando el pato, advierten, es el importador chico, el que no tiene estudio jurídico ni contactos en el Palacio.

El fraude del courier y el fin de los 400 dólares

En paralelo, Velis puso el foco en el sistema de envíos postales. El régimen permitía hasta cinco compras anuales de 400 dólares con trazabilidad simplificada. Pero la Aduana detectó una red de "avivadas": usuarios que utilizaban CUIT de personas fallecidas o inexistentes para multiplicar los envíos a nombre de terceros. Hasta llegaron a usar el número de identificación de gobernadores provinciales.

El funcionario confirmó la eliminación de ese régimen, aunque no dio precisiones sobre cuándo ni cómo. El objetivo: frenar el fraude. Pero la medida también golpea a los consumidores comunes que usaban ese cupo para comprar productos electrónicos, ropa o repuestos que acá cuestan el doble o el triple. El gobierno dice que es para ordenar el control. Los que compran por internet dicen que es un nuevo cepo.

El sindicato de la AFIP, a través de su secretario general Julio Estévez (h), salió a respaldar la decisión de Velis. "Desregular u optimizar el comercio exterior no puede ser sinónimo de descontrol o de vulneración de la seguridad fiscal", afirmó. Los trabajadores aduaneros, aseguró, son quienes detectan en primera línea estas trampas. Apoyo político en medio de la tormenta.

La interna que no se ve: Caputo vs. Sturzenegger

Aquí está el verdadero hueso. José Andrés Velis no llegó a la Aduana por su currículum. Llegó por la mano derecha de Santiago Caputo, el asesor estrella del gobierno. Velis es un ahijado político directo de Caputo, y su designación consolidó el control del equipo del estratega sobre el área más sensible de recaudación e inteligencia fiscal.

Sturzenegger, en cambio, es un ministro sin ataduras. No responde a Karina Milei ni a Santiago Caputo. Responde únicamente al Presidente. Y esa libertad para diseñar su agenda desreguladora choca de frente con la estructura de poder que los Caputo armaron en ARCA y en la Aduana.

La relación entre Velis y Santiago Caputo ya tuvo un momento de máxima tensión: el escándalo de las valijas en Aeroparque, cuando un avión del empresario Leonardo Scatturice ingresó equipaje sospechoso sin los controles debidos. En ese momento, la Aduana dependía de Juan Pazo, y el ruido político llegó al fuero Penal Económico. Caputo se enojó con Velis por las consecuencias mediáticas. Pero el padrinazgo sobrevivió.

Ahora, el reclamo de los despachantes se convierte en un examen de fuerza. ¿Puede Sturzenegger imponer su agenda desreguladora contra la voluntad del hombre de Caputo en la Aduana? ¿O Velis, con el respaldo del asesor presidencial, logrará frenar o moderar el DNU?

El factor Karina y la disputa en ARCA

La interna es aún más compleja. Sectores alineados con Karina Milei, secretaria General de la Presidencia, buscan recortar el margen de influencia de Santiago Caputo. Y la Aduana es uno de los principales tableros. La conducción de Velis es un foco constante de fricción: los equipos de Karina apuntan a desplazar o debilitar la estructura armada por el asesor.

Además, Velis mantiene una tensa disputa de poder con Andrés Vázquez, el titular de ARCA. Aunque ambos responden a los Caputo, la pelea por la designación de subdirectores clave busca recortar la autonomía operativa del jefe aduanero. Mientras los funcionarios se tiran flechas, el sistema aduanero navega entre dos fuegos.

El gabinete de Milei no encuentra paz desde el affaire de Manuel Adorni, y esta nueva guerra interna amenaza con abrir otra grieta. Sturzenegger es un ideólogo que cree en la desregulación a ultranza. Caputo y Karina, en cambio, construyen poder territorial. La Aduana es el campo de batalla.

Lo que está en juego para el argentino común

Más allá de los nombres y los despachos, hay consecuencias concretas. El fin del régimen de 400 dólares encarece cualquier compra internacional. La desregulación de los declarantes, si no se controla, puede generar más trabas burocráticas, no menos. El que quiere importar un insumo para su taller o su negocio se enfrenta a un sistema donde el error propio puede costarle la mercadería y una multa.

Los despachantes no son santos, pero cumplen una función de control que el Estado no puede suplir con un formulario online. La pregunta que el gobierno no responde es: ¿quién garantiza que los declarantes improvisados no cometan errores que terminen en infracciones y pérdidas millonarias para pequeños importadores?

Mientras Sturzenegger y Caputo miden fuerzas, el ciudadano de a pie sigue esperando que las promesas de desregulación se traduzcan en menos costos y más agilidad. Por ahora, lo único que llega es humo.

El examen de Sturzenegger

El reclamo de los despachantes no es un ruido menor. Es un testeo del verdadero poder que ostenta Sturzenegger dentro del gobierno. Si logra mantener el DNU 730/24 sin modificaciones, habrá demostrado que su autonomía frente a Milei es real. Si termina retrocediendo, quedará claro que los Caputo y Karina tienen la última palabra.

El gobierno libertario llegó prometiendo romper con las corporaciones. Pero la pelea actual no es contra los despachantes, sino entre facciones del mismo oficialismo. Y mientras los funcionarios se disputan el control de la Aduana, los que necesitan importar para vivir siguen esperando que alguien les explique si pueden hacerlo, cómo y a qué costo.

La guerra está declarada. El campo de batalla, la Aduana. Y el desenlace no se define en los papeles, sino en el escritorio de Javier Milei.

Fuente original: REALPOLITIK - 25 de junio de 2026

Enlace: www.realpolitik.com.ar

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#Sturzenegger #Aduana #DNU730 #Despachantes #GuerraInterna #Milei

El gobierno de Javier Milei quedó en la mira de la Justicia. No por una acusación directa contra el Presidente, sino porque una denuncia penal por usurpación y explotación ilegal de un inmueble rural en General Lavalle involucra a dos puntas de su administración: un secretario del intendente Nahuel Guardia y, lo más delicado, a la Administración de Parques Nacionales, hoy manejada por el libertario Sergio Martín Álvarez.

El expediente, que ya generaba ruido en los tribunales bonaerenses, dio un salto de calidad política esta semana. Juan Carlos Ghernetti, el particular damnificado, amplió la denuncia original y pidió que se investigue a Nicolás Toucedo (secretario de Cultura, Educación, Deporte y Turismo de Guardia) y a Leila Taylor como presuntos beneficiarios de la explotación económica de una chacra ocupada. Pero el punto que convierte esto en un dolor de cabeza para la Rosada es otro: según el escrito, el inmueble sería ocupado por la APN, que pagaría cánones locativos a los denunciados a través de un contrato de dudosa autenticidad.

Dicho en criollo: el Estado nacional, bajo la órbita de Milei, estaría pagando alquiler a unos tipos acusados de usurpar un campo. Si eso se prueba, no es un simple conflicto vecinal. Es un escándalo institucional con olor a fraude a la administración pública.

La ruta del dinero y los bienes desaparecidos

La causa, caratulada como IPP PP-03-00-001077-26/00, ya venía investigando una presunta dilación indebida en el avance de la causa por ocupación ilegal. Pero la nueva presentación de Ghernetti es mucho más cruda. El denunciante sostiene que Toucedo y Taylor no solo se quedaron con el predio, sino que lo siguieron explotando económicamente, obteniendo ganancias en perjuicio de los derechos posesorios que él reclama sobre la Chacra 26.

Para que el lector sepa de qué estamos hablando: no es un terrenito baldío. La denuncia menciona la desaparición de paneles solares, jaulas polivalentes e instalaciones rurales. Es decir, el establecimiento tenía valor productivo y, según Ghernetti, todo eso se esfumó o fue sustraído. Eso, de por sí, configura un agravamiento del perjuicio patrimonial que podría derivar en delitos como robo o hurto agravado.

Pero la bomba está en el vínculo con el organismo nacional. La APN, que hoy responde a la gestión libertaria de Sergio Martín Álvarez, estaría ocupando total o parcialmente esa chacra. Ghernetti pide que la Justicia le exija a Parques Nacionales que informe bajo qué título jurídico ocupa el predio, que presente copia del contrato y, lo más jugoso, que identifique a las personas físicas que cobran los cánones locativos.

Ahí está el gancho que engancha a Milei. No es una especulación política: es una medida probatoria concreta que puede destapar si el Gobierno nacional está validando, con plata de los contribuyentes, una ocupación irregular.

Las pruebas que pueden hacer temblar el escritorio de Milei

El denunciante no se quedó en los dichos. Solicitó una inspección ocular judicial urgente con relevamiento fotográfico y georreferenciado para constatar el estado del predio y la eventual presencia de cartelería oficial. También pidió un inventario judicial de los bienes faltantes, declaraciones testimoniales y una pericia documentológica sobre el supuesto contrato con la APN.

Además, quiere que la AFIP/ARCA informe sobre la situación fiscal de Toucedo y Taylor, y que los bancos reconstruyan la trazabilidad de los fondos que hayan entrado por la explotación o alquiler del inmueble. En el petitorio final, Ghernetti pide que se evalúe la competencia federal, justamente porque hay un organismo nacional metido en el medio.

Si la Justicia hace lugar a esos pedidos y encuentra que el Estado nacional efectivamente giró plata a los denunciados, el escenario cambia radicalmente. No es solo un problema para Nahuel Guardia en General Lavalle. Es un problema político directo para Javier Milei, que llegó a la Casa Rosada prometiendo motosierra contra los privilegios y la corrupción, pero que ahora ve cómo un organismo de su gobierno aparece en el centro de una denuncia por una maniobra turbia con tierras.

Lo que está en juego para el gobierno libertario

Por ahora, la presentación es una denuncia y un pedido de medidas. Pero el expediente ya abrió una derivación incómoda para el oficialismo. La conexión entre un funcionario del gabinete de Guardia (Toucedo) y un organismo nacional bajo control libertario (Parques Nacionales) dibuja un mapa que la oposición no va a dejar pasar.

El gobierno de Milei tiene dos caminos: o deja que la investigación avance sin presiones y muestra que su discurso anticorrupción no es verso, o intenta enfriar el expediente y se come el costo político de parecer que cuida a los suyos. Hasta ahora, ni la APN ni la gestión de Guardia se pronunciaron oficialmente sobre el contenido de la denuncia.

Lo concreto es que la Chacra 26 de General Lavalle ya no es solo un problema de tierras. Es el primer expediente que mete a la administración libertaria en el banquillo de los acusados por una posible irregularidad con fondos públicos. Milei no está en el escrito como imputado, pero su gobierno está salpicado hasta el cuello. Y en la política argentina, cuando la Justicia pide papeles, el silencio también habla.

Fuente original: Realpolitik, 5 de julio de 2026

Enlace: https://realpolitik.com.ar/nota/73100/denuncia-por-usurpacion-y-explotacion-de-una-chacra-vincula-a-funcionarios-de-nahuel-guardia-y-javier-milei/

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#Milei #Justicia #Corrupción #GeneralLavalle #ParquesNacionales

El presidente Javier Milei firmó el DNU 594/2026. Y en ese decreto, la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE) se llevó un refuerzo de $49.261,5 millones. De esa cifra, $7.467 millones fueron a parar directamente a los gastos reservados. Esa categoría que la ley permite mantener en la oscuridad, sin que ningún ciudadano sepa en qué se gasta, sin control del Congreso, sin auditoría posible.

• El decreto se publicó el jueves 16 de julio en el Boletín Oficial. Y los números son implacables: el 15% del aumento total de la SIDE —casi uno de cada siete pesos— va a una partida que no se desglosa, no se justifica y no se fiscaliza. El resto se reparte entre sueldos, computadoras, escritorios y combustible. Pero el núcleo duro, el que realmente importa, es ese fondo opaco que crece sin que nadie pregunte.

Porque esto no es un hecho aislado. El Gobierno ya había engordado los gastos reservados de la SIDE en julio de 2024 con unos $100.000 millones, en marzo de 2025 con $1.600 millones y en mayo del mismo año con otros $8.017 millones. La tendencia es clara: cada vez que el Ejecutivo necesita mover plata para inteligencia, lo hace por DNU, sin debate, sin votos, sin control.

• Pero ojo: el refuerzo a la SIDE no  solo. El mismo decreto mete $409.342,7 millones para cubrir los déficits de las cajas previsionales provinciales a través de ANSES. También amplía el presupuesto de la Secretaría de Educación para pagar sueldos de docentes y no docentes universitarios, y refuerza las becas del Programa Manuel Belgrano. Además, inyecta fondos al Monotributo Social para trabajadores de la economía popular y readecua partidas para el pago de la deuda pública y para Educ.ar, la empresa estatal de contenidos digitales.

¿Qué hace el Gobierno con este combo? Mezcla en un mismo paquete lo que a nadie le gusta cuestionar —jubilaciones, educación, trabajo— con lo que debería encender todas las alarmas: el blindaje millonario de la caja negra de la inteligencia. Es una maniobra política clásica: si alguien critica el aumento de la SIDE, lo tachan de enemigo de los jubilados o de la universidad pública. Pero la trampa está a la vista.

Ahora, vayamos al detalle de qué compra la SIDE con el resto de la plata. $31.396 millones —casi el 64% del refuerzo— son para gastos de personal: más cargos, más sueldos, más estructura. Dentro de eso, $21.965 millones para personal permanente, con retribuciones que trepan a $17.015 millones. También $17.865,5 millones en bienes de capital: $9.457 millones en equipos de computación, $7.023 millones en mobiliario de oficina, $1.336 millones en equipos educacionales y recreativos, y $49 millones en equipamiento sanitario. Casi $2.000 millones más para bienes de consumo: alimentos, vestimenta, combustibles, medicamentos, útiles de oficina.

La pregunta no es si la SIDE necesita equipamiento. La pregunta es por qué todo esto se decide a espaldas del Congreso, por qué los gastos reservados crecen sin control y por qué se esconden en un DNU que también lleva plata a los sectores más vulnerables. Porque la opacidad no es un accidente: es una decisión de gobierno.

• El propio discurso oficial insiste en el ajuste, en achicar el Estado, en terminar con los privilegios de la casta. Pero los números cuentan otra historia: la SIDE no se achica, se expande. Y su parte más oscura —los gastos reservados— recibe un refuerzo de 7.500 millones que nadie va a poder rastrear. No hay control parlamentario, no hay auditoría de la SIGEN, no hay acceso a la información. Solo un decreto firmado y una partida que desaparece en el laberinto del secreto de Estado.

¿Qué se compra con esa plata? ¿Operaciones de inteligencia legítimas? ¿Espionaje interno? ¿Informes para el poder político? La ley lo permite, pero la legitimidad no se agota en la legalidad. En un país donde la inflación licúa salarios, donde los jubilados cuentan monedas y las universidades recortan gastos para llegar a fin de mes, blindar 7.500 millones en la sombra es un acto de profunda irresponsabilidad política.

El presupuesto es la carta de intenciones más sincera de cualquier gobierno. Y este dice, sin vueltas, que la inteligencia secreta vale casi 50.000 millones de pesos más que antes. Que los gastos reservados son una prioridad. Que la transparencia es un verso.

• El resto, lo que no está en los anexos del DNU, es lo que nunca vamos a saber. Y ese es el verdadero problema

Fuente original: Boletín oficial. 16 de julio de 2026

https://www.boletinoficial.gob.ar/detalleAviso/primera/344407/20260716

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#SIDE #GastosReservados #Milei #Presupuesto2026 #Transparencia

La selección argentina iba a repetir una cábala y el Presidente se metió en el medio. Los jugadores querían que Lali Espósito volviera a cantar el himno, como en la final del mundo en Qatar. Pero Javier Milei, a través de intermediarios, ya le bajó el pulgar a la AFA: esa opción “no sería conveniente”. La filtración salió al aire en el programa deportivo AZZ y en pocas horas la discusión dejó de ser futbolera para transformarse en un round entre el poder político y los códigos del vestuario.

La información es un baldazo de agua fría para los futbolistas que venían insistiendo con el nombre de Lali desde hace semanas. En AZZ fueron al hueso. “Los jugadores pidieron por Lali para cantar el himno pero el Presidente no quiere”, largaron los conductores sin anestesia. Y no se quedaron ahí: explicaron que la negativa llegó a las oficinas de la Asociación del Fútbol Argentino por canales informales pero muy concretos. Funcionarios cercanos al primer mandatario hicieron saber que la presencia de la cantante no era del agrado de la Casa Rosada y que, en todo caso, convenía postular a Soledad Pastorutti, una artista que siempre tuvo buena recepción en actos oficiales y zonas rurales, y que en los últimos meses se mostró alineada con la narrativa del Gobierno.

En los pasillos de la AFA la recomendación cayó como un piedrazo. No porque Soledad genere rechazo —de hecho su voz es respetada en cualquier rincón del país—, sino porque el mensaje llegó con la fuerza de una orden velada. Desde el programa AZZ no tardaron en marcar la cancha: “Si canta Lali o no es decisión de la AFA aprobado por FIFA”. La frase es precisa. Cualquier intromisión externa, venga de donde venga, choca contra la autonomía que exige el reglamento de la casa madre del fútbol. Y acá, según los testimonios que circularon en el estudio, el Presidente intentó mover las piezas antes de que el máximo organismo deportivo siquiera evaluara la propuesta.

Para entender por qué los jugadores la pidieron, hay que retroceder hasta diciembre de 2022. En el estadio Lusail, minutos antes de la final contra Francia, Lali Espósito interpretó un himno a capela que estremeció a las tribunas repletas de argentinos. La imagen quedó grabada como un emblema de aquella Copa del Mundo, y dentro del plantel se transformó en un símbolo de unidad. Varios de los campeones que todavía visten la celeste y blanca pensaron que traerla de regreso era un guiño a la buena suerte y, sobre todo, un mimo a la hinchada, que le respondió con un aplauso cerrado hace cuatro años.

El tiro por elevación que ahora parte desde Balcarce 50 tiene un costo simbólico difícil de medir. Lo que está en discusión no es únicamente el nombre de una artista, sino la frontera entre un Gobierno que recién cumple sus primeros meses y una decisión protocolar que, por estatuto, pertenece al mundo del fútbol. El programa AZZ lo dijo sin eufemismos: el Presidente eligió mandar un mensaje antes que dejar fluir la voluntad de los que entran a la cancha. Y ese gesto, que en un despacho oficial puede sonar a detalle menor, afuera se lee como un intento de colonizar simbólicamente un terreno que hasta acá estaba reservado a los jugadores y a los hinchas.

La grieta, que parecía haberse tomado un respiro cada vez que rodaba la pelota, ahora asoma justo en la previa de un partido que debería unir. En grupos de WhatsApp, en las redes y en las mesas de café los hinchas no hablan de táctica sino de política. El riesgo es que el himno, ese momento en que 80 mil gargantas suenan al unísono, se parta en dos antes de empezar. Mientras tanto, la AFA evalúa con incomodidad los pasos a seguir: si acepta la sugerencia implícita que ya circuló por teléfono, desautoriza a sus futbolistas; si la ignora, tensa una relación con el Gobierno que apenas empieza y que ya tiene capítulos espinosos en otras áreas.

Pensalo así: un vestuario que se siente campeón del mundo y que elige libremente a quién quiere escuchar antes de salir a la cancha se topa de golpe con un no que viene del escritorio más alto del país. No hay resolución judicial ni decreto: alcanza con un llamado, un recado, la palabra “conveniente” dicha en el oído adecuado. Ese mecanismo de poder blando, aunque carezca de firma, pesa. Y pesa especialmente en un país donde la política y el fútbol conviven hace décadas con una tensión que cada tanto explota en el momento menos pensado.

La pelota quedó del lado de la AFA. Los futbolistas ya pidieron, el Presidente ya opinó, y la FIFA mira de reojo. Lo que se resuelva en los próximos días no va a cambiar la alineación titular ni va a sumar puntos en la tabla, pero va a decir mucho sobre quién manda en esa zona gris donde terminan los botines y empiezan los despachos.

Fuente original: Programa AZZ, emitido el 17 de julio de 2026.

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#Milei #Lali #SelecciónArgentina #HimnoNacional #AFA #ArgentinaDesigual

Javier Milei confirmó que no estará en el MetLife Stadium de Nueva Jersey el próximo domingo. Mientras Argentina y España se juegan la estrella, el presidente verá la final desde el cine de Olivos, junto a su hermana Karina. La excusa oficial es una cábala. Pero lo que nadie dice en voz alta en Balcarce 50 es que el estadio donde Lionel Messi buscará la gloria se ha convertido en el epicentro de una tormenta geopolítica que ningún mandatario con dos dedos de frente quiere pisar.

¿La razón? Sabemos que Donald Trump estará en la tribuna y será el encargado de entregar la copa al campeón. La presencia del presidente de Estados Unidos no es protocolo menor: convierte el evento en un blanco de alto valor simbólico en un momento donde la guerra fría entre Washington y Teherán amenaza con recalentarse. Pero hay más, y es lo que mantiene en vilo a los servicios de inteligencia: Irán ya le hizo llegar un mensaje explícito a Trump. Le prometieron que lo harán pagar por la muerte del ayatolá. No es una bravata de redes sociales, es una filtración de inteligencia que circula en los pasillos de la diplomacia paralela y que encendió todas las alarmas en la Casa Blanca.

Milei, que hizo de su alineamiento con Netanyahu y su declaración de la Guardia Revolucionaria como organización terrorista un pilar de su política exterior, no es ajeno a esa amenaza. Fuentes cercanas a la inteligencia israelí confirmaron que Irán también le tiene reservada una "promesa" similar a la de Trump. El régimen persa ya habría cruzado ese mensaje en canales no oficiales: por su alineamiento explícito con el primer ministro israelí y su decisión de trasladar la embajada argentina a Jerusalén, Milei está en la misma lista negra que el mandatario estadounidense. No es casualidad que el comandante del Cuerpo de los Guardianes de la Revolución, Ibrahim Solfajhari, haya salido a decir que Milei "no sufre lo suficiente" y que "escudarse en el deporte es lo que le faltaba al pequeño Satán".

• . La decisión de Milei de no viajar fue confirmada este jueves en una entrevista con El Observador. "De ninguna manera. Voy mirando los partidos desde Olivos como el primer día. Es una cábala; miro los partidos en el cine de Olivos con mi hermana", dijo. En otro contexto, la superstición sería creíble. Alberto Fernández no viajó a Qatar en 2022, Cristina tampoco lo hizo a Brasil en 2014. Pero la diferencia es abismal: ninguno de ellos tenía una amenaza directa de un régimen teocrático flotando sobre el estadio ni compartía palco con un presidente estadounidense que acaba de recibir un aviso de venganza por un ajuste de cuentas pendiente desde 2020, cuando la muerte del ayatolá Sulaimani cambió el equilibrio del Medio Oriente.

• El gobierno insiste en bajar el tono. Aseguran que la Casa Rosada estará a disposición del equipo si decide celebrar allí, y que Karina Milei, junto con la Casa Militar, se ocupará del operativo de seguridad para el recibimiento del seleccionado. Pero mientras tanto, el régimen iraní aprovecha la grieta. El comandante Solfajhari ya instaló la narrativa de un presidente con pánico al ruido del público, que transpira como un condenado y prefiere el refugio de su hermana antes que la exposición. "Que salga de su confort, que quizás vea que no es tan admirado como le hacen creer sus aliados, el Satán del Norte y el demonio sionista", disparó el iraní, en una clara referencia a Trump e Israel.

Lo que está en juego va mucho más allá del resultado deportivo. El MetLife Stadium, con capacidad para más de 80 mil personas, estará blindado por el Servicio Secreto y el FBI. Pero la amenaza de Irán no es solo física; es simbólica. Si Milei hubiera viajado, habría estado al lado de Trump, el líder del "Satán del Norte", bajo el mismo paraguas de amenazas. Su ausencia, aunque enmascarada de cábala, le da la razón a los iraníes en el terreno de la percepción: parece que le tiene miedo a las consecuencias de su propia política.

El dilema es cruel para un presidente que construyó su imagen en la dureza. Milei declaró enemigos, pero ahora las sombras de esos enemigos aparecen en la puerta del estadio. Los argentinos, mientras tanto, mirarán el partido. Algunos celebrarán en las plazas, otros en sus casas. Pero el presidente, ese que prometió romper con el statu quo, estará encerrado en su cine privado, mirando a través de una pantalla lo que no se anima a vivir en carne propia. El domingo, el mundo verá a Trump entregar la copa. Argentina verá a sus jugadores. Y el régimen iraní, con una sonrisa, verá confirmada su profecía: el pequeño Satán sudamericano no se animó a salir de su cueva.

Fuente original: Argentina Desigual, 16 de julio de 2026

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#Milei #Irán #Trump #Mundial2026 #Geopolítica #Seguridad

El Presidente calificó como un “error inadmisible” el gesto de los futbolistas argentinos que, tras vencer a Inglaterra en la semifinal del Mundial, desplegaron una bandera con la leyenda “Las Malvinas son argentinas”. La declaración del mandatario, que salió a corregir a sus propios compatriotas en medio de una fiesta deportiva, reabrió el debate sobre el rol del Gobierno en una causa que trasciende generaciones y gobiernos.

Ocurrió el jueves 16 de julio, horas después del triunfo 2 a 1 en Atlanta. En diálogo con radio El Observador, Milei reconoció que el reclamo de soberanía es “un sentimiento que está dentro de todos los argentinos” y que la expresión de los jugadores es “perfectamente válida y lícita”. Pero acto seguido, deslizó una advertencia: el gesto, dijo, “no tiene que inducir a hacer malas interpretaciones”. Y fue más lejos: “Desde una posición de responsabilidad, ciertos errores son inadmisibles”, sentenció. ¿El error? Haber mostrado la bandera en la cancha. El Presidente, en lugar de celebrar una reivindicación que la Constitución Nacional respalda, optó por alinearse con el reclamo británico y la FIFA, que habían prohibido el símbolo en el estadio.

Los jugadores que desplegaron el estandarte blanco con letras negras fueron Lisandro Martínez, Giovani Lo Celso y Cristian Romero. Lo Celso incluso lo extendió sobre el césped mientras el plantel celebraba con la hinchada. La bandera, según trascendió, había sido entregada por los propios fanáticos desde la tribuna. Nada de esto, sin embargo, pareció importar para el Presidente, que trazó una línea divisoria entre el deporte y la política: “Un partido de fútbol es un partido de fútbol, así lo entendió el director técnico, así lo entendieron los veteranos”. La referencia a los veteranos resulta particularmente torpe: la mayoría de los excombatientes, nucleados en agrupaciones como el Centro de Ex Soldados Combatientes de Malvinas, han manifestado históricamente su apoyo a visibilizar la causa en todos los ámbitos, incluido el deportivo. Milei, en cambio, los usó para justificar su propia incomodidad.

El timing de la declaración no es menor. El Gobierno había intentado evitar que ese símbolo llegara a la cancha. En la previa del encuentro, la FIFA y las autoridades de Estados Unidos prohibieron el ingreso de banderas, carteles o insignias con contenido político, incluidas aquellas vinculadas al reclamo por Malvinas. El gobierno de Milei, según distintas fuentes, avaló esa restricción. Pero además, en los operativos de seguridad previos al partido, hubo controles específicos que impidieron el ingreso de banderas con esa consigna, una decisión que generó un fuerte malestar en las inmediaciones del estadio. La medida provocó rechazo en sectores de la oposición, excombatientes y organizaciones de derechos humanos, pero el Ejecutivo insistió: la consigna de Malvinas era considerada “contenido político” y, como tal, no debía estar en un estadio. Una definición que, de hecho, equipara el reclamo de soberanía con un cartel partidario, cuando se trata de una política de Estado sostenida por todos los gobiernos democráticos desde 1983.

El gesto de los jugadores, sin embargo, no pasó desapercibido para el Reino Unido. El gobierno de Keir Starmer pidió formalmente a la FIFA que investigue a la selección argentina. La portavoz de Downing Street fue contundente: “Puede que el Mundial no sea nuestro, pero las islas Malvinas sin duda lo son”. El ministro de Ciencia británico, Peter Kyle, calificó el gesto como “totalmente inapropiado” y aseguró que “la política debe mantenerse al margen del fútbol”. La FIFA, que ya había incluido la consigna de Malvinas en su lista de símbolos políticos prohibidos, evalúa ahora una sanción que, según Milei, podría ser una multa de 30.000 dólares para la AFA. El Presidente, en lugar de respaldar a sus seleccionados, optó por anticipar el castigo y justificar al organismo internacional, dejando a los jugadores solos frente a la presión externa.

Pero lo que Milei considera un “error inadmisible” tiene otra lectura para millones de argentinos. En cuestión de minutos, las redes sociales se llenaron de mensajes que señalaban que el gesto de los futbolistas reivindicó una causa que forma parte del consenso histórico argentino y que está reconocida en la Constitución Nacional. La foto de la Selección levantando la bandera fue leída por muchos como un mensaje contundente: mientras la discusión política giraba en torno a las restricciones, los campeones del mundo eligieron reivindicar públicamente la soberanía argentina sobre las Islas Malvinas en una de las imágenes más vistas del día. Para numerosos dirigentes, veteranos de la guerra y usuarios en redes, impedir el ingreso de esas banderas significó un error político, al tratarse de una consigna que trasciende las diferencias partidarias y representa una política de Estado sostenida por la Argentina desde hace décadas. La postal recorrió el mundo y reavivó un debate que el Gobierno de Milei difícilmente pueda evitar: hasta qué punto decisiones oficiales vinculadas a una causa que une históricamente a los argentinos terminan generando un costo político innecesario. Y la respuesta parece clara: el Presidente quedó del lado de la FIFA y del Reino Unido, no del sentimiento popular.

Milei, sin embargo, insistió en que la recuperación de las islas va por “otro carril”: el diplomático. Ponderó los “avances enormes” logrados por su gestión, mencionando al entonces canciller Gerardo Werthein y al secretario de Finanzas Pablo Quirno —a quien luego nombraría canciller— en los acercamientos a Estados Unidos. Según el Presidente, eso permitió que “la ONU obligara a Inglaterra a sentarse a negociar con nosotros”. “Las Malvinas se recuperan con diplomacia sabia y no con gestos de patriotismo baratos”, remarcó. Pero la realidad diplomática es más compleja que ese relato triunfalista. El 13 de julio, tres días antes del partido, el Gobierno había presentado una protesta formal ante el Reino Unido por los movimientos del buque de guerra HMS Medway en aguas cercanas a las Malvinas. La cancillería calificó el tránsito como “inconsulto e ilegal”. Un dato que contrasta con el optimismo presidencial y que muestra que, más allá de las declaraciones, la tensión con Londres sigue intacta. Si realmente hubiera avances sustanciales, no se explicaría por qué el Reino Unido sigue reforzando su presencia militar en el archipiélago ni por qué la ONU, lejos de “obligar” a sentarse a negociar, mantiene su habitual llamado al diálogo sin plazos perentorios.

El problema de fondo, el que Milei parece querer eludir, es otro: ¿por qué un Presidente argentino sale a corregir a sus propios compatriotas por reivindicar la soberanía de un territorio que su propia Constitución declara argentino? ¿Por qué califica como “inadmisible” un gesto que, en cualquier otra gestión, hubiera sido celebrado como un acto de afirmación nacional? La respuesta, quizás, esté en el cálculo político: el Gobierno busca no tensar la relación con el Reino Unido ni con Estados Unidos, aliados estratégicos en su agenda económica y comercial. Pero en ese camino, corre el riesgo de parecer más preocupado por las sanciones de la FIFA y por no ofender a sus socios externos que por el sentimiento de un pueblo que, en la cancha y fuera de ella, sigue reclamando lo que es suyo. La imagen de los jugadores con la bandera no fue un exceso de fervor, sino un recordatorio incómodo para un Presidente que, en su afán de alineamiento internacional, parece haber olvidado que la soberanía no se negocia ni se somete a la conveniencia de un partido de fútbol.

Fuente original: La Nación, 16 de julio de 2026

Enlace: https://www.lanacion.com.ar/politica/milei-hablo-de-la-bandera-de-malvinas-que-mostraron-los-jugadores-y-el-gobierno-ingles-pidio-que-la-nid16072026/

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#Malvinas #Milei #SeleccionArgentina #Mundial2026 #Soberania

Doce millones de pesos. Eso declaraba como patrimonio la Fundación Faro al arrancar 2024. Un año después, en el balance de cierre, anotó 4.394 millones. La diferencia no es un error de tipeo ni un redondeo generoso: la entidad que conduce el polemista Agustín Laje multiplicó sus activos por más de 360 veces en apenas doce meses. El salto lo destapó una investigación del medio Chequeado, y ahora un juzgado federal tiene sobre la mesa un pedido para que se investigue de dónde salió realmente esa fortuna.

• La presentación judicial la hizo el abogado Facundo Pérez Ernst, en representación de la organización "La Liga de la Justicia Social", y recayó en el Juzgado Federal N° 7. Allí se solicita que se averigüe si existieron delitos de lavado de activos, cohecho y tráfico de influencias. Los nombres señalados no son de relleno: aparece Santiago Caputo, el asesor presidencial que concentra un poder pocas veces visto en la historia reciente, junto al dirigente Cristian Auguadra y otras figuras del ecosistema libertario.

Pérez Ernst fue cuidadoso al explicar los alcances de la denuncia. No está pidiendo una condena sin pruebas ni acusando a nadie en falso. Lo que exige es que el fuero penal active herramientas de investigación que un particular no puede manejar. "Nos amparamos en esas notas que muestran irregularidades en los balances de la Fundación Faro, algo que también detectó la Inspección General de Justicia", declaró. Y remató con un concepto clave: si el juzgado libra los oficios y obtiene la información, recién ahí se podrá determinar si existió el entramado que los denunciantes sospechan.

• Las cifras en danza impresionan. La fundación declaró ingresos por casi 5.000 millones de pesos bajo un paraguas amplio: "Donaciones, cursos, talleres y prevención". Pero la pregunta inevitable es quién puso esa plata y con qué fin. Porque los donantes, hoy, están blindados por la Ley 25.246 de Prevención de Lavado de Activos. Cuando la IGJ intimó a Faro a presentar el Anexo XIII —el registro donde deben figurar los grandes aportantes—, la entidad entregó la documentación pero los nombres quedaron bajo secreto financiero. La paradoja es filosa: una ley pensada para perseguir el lavado termina funcionando como escudo para que no se conozca quién financia a una fundación políticamente alineada con el Gobierno.

A esa opacidad se suma un dato que agrava las sospechas. La marca Ratio Oficial, vinculada de manera directa a la fundación, desembolsó más de 1.238 millones de pesos en publicidad política en las plataformas de Meta —Facebook e Instagram— entre marzo de 2025 y junio de 2026. Son cifras de campaña permanente, aceitadas con fondos de origen desconocido, que corren por los mismos carriles digitales donde cualquier argentino pone su sueldo para pagar un monotributo y queda registrado hasta el último centavo.

• Los denunciantes le pidieron al juzgado tres medidas concretas. La primera, librar oficio a la IGJ para acceder a la lista real de donantes, corriendo el velo societario. La segunda, requerir informes detallados al Banco Central y a la Unidad de Información Financiera para rastrear movimientos bancarios y alertas de lavado. La tercera, reconstruir la trazabilidad completa del dinero: de dónde salió, por qué manos pasó, si hubo fondos aportados por sectores que el Estado debe regular o si, en definitiva, se armó un conducto opaco para financiar política sin control.

El contexto le devuelve a la denuncia un filo particular. La Fundación Faro no es un club de barrio: es un centro de difusión de ideas con llegada directa a los despachos oficiales. Su titular, Agustín Laje, construyó su figura como referente intelectual de la nueva derecha. Que el apellido Caputo aparezca mencionado en el expediente no es un dato menor: Santiago Caputo es el estratega que susurra al oído del presidente, el hombre que diagrama la comunicación y la ingeniería política del oficialismo. Si la investigación avanza y confirma irregularidades, el costo no será solo judicial sino que golpeará el corazón del relato de transparencia que el Gobierno enarbola.

Mientras tanto, la maquinaria sigue girando. Los 1.238 millones de pesos en pauta digital no son un gasto, son una inversión en influencia. Compran algoritmos, instalan narrativas, construyen sentido común desde las sombras financieras. Y todo eso ocurre mientras el ciudadano común, el que hace fila en el banco para depositar 100 mil pesos y explicarle al cajero de dónde los sacó, mira la escena con una mezcla de indignación y cansancio. Las reglas, otra vez, parecen no ser iguales para todos.

• La pelota está en el Juzgado Federal N° 7. Si el magistrado ordena las medidas de prueba, por primera vez se podrá seguir la huella de esos 5.000 millones de pesos que entraron a la fundación en un año. Si la respuesta es el silencio o el archivo, quedará flotando una certeza incómoda: en la Argentina de 2026, una fundación amiga del poder puede multiplicar su patrimonio un 36.000% sin que nadie sepa quién le puso la billetera. Y eso, lejos de ser un simple tecnicismo contable, es una herida abierta en la ya maltrecha credibilidad institucional.

Fuente original: Comunicado de prensa de "La Liga de la Justicia Social"

Enlace: https://x.com/ligajusticia

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#FundaciónFaro #PresuntoLavadoDeDinero #SantiagoCaputo #JusticiaArgentina #Chequeado #TransparenciaYA

Los durmientes podridos y el contrato blindado: la jugada ferroviaria que deja a Córdoba y Tucumán sin tren

Hace once meses que de la estación de Retiro no sale un tren hacia Córdoba. Tampoco hacia Tucumán. Los pasajes siguen sin venderse, los coches están guardados y los andenes del Mitre juntan tierra. La explicación que dio el Gobierno en julio del año pasado fue clara: las vías están demasiado deterioradas, poner un servicio de pasajeros encima sería un peligro. Lo que nunca explicó es por qué, mientras los usuarios esperan, acaba de extenderle el negocio hasta diciembre de 2032 a la empresa que tiene a su cargo justamente esas vías: Nuevo Central Argentino.

• Conviene ser precisos. NCA no manejaba los trenes que se suspendieron. El servicio de pasajeros a Córdoba y Tucumán lo operaba Trenes Argentinos, la empresa estatal que en julio de 2025 decidió interrumpir los servicios basándose en informes técnicos que alertaban sobre el estado de la infraestructura. ¿De quién es la responsabilidad de mantener esa infraestructura en condiciones? Del concesionario de la red de cargas, que desde 1992 es NCA. La empresa cobra por mover cereal, piedra y contenedores, y a cambio debe conservar los rieles, los durmientes, los puentes. El Gobierno dijo que ese mantenimiento no alcanza ni para que un tren de pasajeros circule sin riesgo. La conclusión lógica sería: exijámosle a NCA que arregle lo que no funciona. Pero la decisión fue la opuesta.

• La extensión de la concesión hasta diciembre de 2032 se firmó sin que trascendiera una sola cláusula que obligue a la empresa a ejecutar las obras necesarias para rehabilitar los tramos que dejaron aislados a miles de pasajeros. La Comisión Nacional de Regulación del Transporte, el organismo que debería controlar el contrato, no publicó intimaciones ni planes de inversión ni cronogramas de reparación. Quien quiera encontrar un papel que ate la renovación a la vuelta del tren de pasajeros, que se arme de paciencia: no existe, o al menos no es público.

El contexto le da a esta decisión un sabor particular. El Gobierno impulsa el modelo de "acceso abierto": en teoría, cualquier operador ferroviario puede usar las vías pagando un canon. Es la bandera de la libre competencia sobre rieles. Pero competir por lo que no funciona es un ejercicio de ficción. Si las vías están degradadas al punto de que el Estado suspendió sus propios trenes por inseguridad, ¿qué privado va a arriesgarse a poner formaciones ahí? El resultado es un mercado abierto de palabra y cerrado de hecho. Mientras tanto, NCA se aseguró previsibilidad por los próximos seis años y medio para su negocio de cargas. Los pasajeros, en cambio, no tienen ni fecha tentativa de regreso.

No se trata de un capricho de usuarios nostálgicos. El tren a Córdoba y Tucumán era la opción más barata para familias que viajan al interior, para trabajadores golondrina, para jubilados que van a ver a los nietos. Sin ese servicio, el micro se convierte en la única alternativa y los precios, ya se sabe, no perdonan. Cada mes de suspensión es un agujero en la conectividad de dos de las provincias más importantes del país. Cuando se cumpla el año, en pocas semanas, no va a haber acto ni conferencia de prensa. Va a haber un contrato blindado y una boletería cerrada.

La pregunta que queda picando es qué pesó más en la decisión oficial: la urgencia por garantizar un negocio privado rentable o la obligación de devolverle a la gente un servicio público que funcionó durante décadas. Por ahora, las vías solo hablan para los trenes de carga. Los de pasajeros siguen esperando que alguien les dé vía libre.

Fuente original: El Resaltador, 13 de julio de 2026

Enlace: https://elresaltador.com.ar/el-gobierno-le-regalo-la-concesion-de-los-trenes-a-nca/

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#TrenesArgentinos #NCA #Mitre #Concesiones #PasajerosVarados #PeriodismoFerroviario

En el corazón de la Casa Rosada ya no se discute cómo gobernar la crisis. Hace meses que la mesa chica de Javier Milei ejecuta una hoja de ruta mucho más ambiciosa y quirúrgica: blindar el camino a la reelección presidencial sin pasar por el incómodo trámite de rendir cuentas sobre la economía real. Te lo digo sin vueltas: el plan que están cocinando en Balcarce 50 no busca convencerte con mejoras en tu bolsillo, con paritarias que le ganen a la inflación o con un mercado interno que vuelva a respirar. La estrategia es otra, y tiene tres patas bien firmes que vale la pena desarmar juntos.

La primera pata es la más cínica y, por eso, la más peligrosa. El laboratorio libertario ya elige a dedo a sus rivales preferidos. No estoy hablando de una interna democrática ni de un debate de ideas: hablo de un operativo sistemático para subir al ring a los opositores que mejor le sirven al oficialismo en los grandes distritos. ¿Cómo lo hacen? Financiándolos discursivamente, agrandándolos, transformándolos en el enemigo público número uno para que toda la bronca dispersa de la derecha se concentre en una sola opción binaria. Es el viejo truco del amigo-enemigo que reduce la política a un Boca-River donde no importa quién juega, sino que la grieta te tape el sol. Mientras vos estás ocupado peleándote en redes sociales, ellos se aseguran de que nadie ponga sobre la mesa los números de la recesión, los despidos o el ajuste que te viene comiendo el sueldo mes a mes.

La segunda pata del plan toca un nervio sensible para cualquier democracia que se precie: el uso del aparato estatal como maquinaria de campaña permanente. Acá no hay improvisación ni desprolijidad libertaria. La Secretaría de Medios y las plataformas públicas funcionan como una botonera de disciplinamiento territorial que condiciona la pauta de gobernadores aliados y asfixia cualquier disidencia incipiente. Gobernador que se tienta con marcar un matiz, gobernador al que le cortan el grifo. La lógica es tan simple como brutal: el que no se sube incondicionalmente al tren de La Libertad Avanza, se queda sin recursos para sostener su provincia. Mientras tanto, las usinas comunicacionales del Gobierno operan como mecanismos de distracción masiva, coordinando provocaciones tuiteras y bombardeos digitales que marcan la agenda del día. El objetivo es que los sindicatos y la oposición caigan en la trampa de responder a cada estímulo, de indignarse con el último exabrupto, de validar un terreno de juego donde las reglas las pone el poder de turno y donde la discusión por el poder adquisitivo o las paritarias siempre queda relegada a un segundo plano.

La tercera pata es la que más ruido viene generando puertas adentro de la alianza original: la subordinación total de las estructuras del PRO. Los armadores libertarios avanzan sin pedir permiso en los distritos clave de la Provincia de Buenos Aires y la Ciudad, desplazando a dirigentes tradicionales que todavía responden a Mauricio Macri. La consigna es clara: no hay espacio para matices ni para diferencias con el rumbo económico. Todo debe confligir bajo el sello unificado de La Libertad Avanza de manera incondicional. Los sectores del PRO que intentan marcar algún reparo quedan expuestos a una licuación definitiva que los borra del mapa electoral. Es una absorción lisa y llana, de esas que no figuran en los contratos pero que se ejecutan con la frialdad de quien sabe que el tiempo y los recursos juegan a su favor.

Este trípode que te cuento —falso antagonismo controlado, uso del Estado para la campaña y sometimiento del PRO— no es una teoría conspirativa. Es la radiografía de un laboratorio político que trabaja a destajo con un objetivo estratégico: perpetuarse en el poder forzando un escenario de pinzas donde tu única opción en las urnas sea elegir entre ellos y un rival diseñado a medida para hacerlos ganar. Mientras tanto, el debate de fondo, ese que debería importarnos a todos los que laburamos todos los días, se desvanece entre algoritmos y operaciones digitales.

El peligro de subestimar esta maquinaria es enorme. Las centrales obreras lo saben y por eso buscan reinstalar la discusión por el poder adquisitivo como eje ordenador de la agenda pública, corriendo el velo de una batalla cultural que hasta ahora parece más efectiva para distraer que para resolver los problemas del pueblo trabajador. Pero la tarea no es fácil cuando las granjas de trolls y las cuentas satélites que se investigan por desvío de recursos logísticos estatales operan día y noche para demoler la reputación de los opositores dialoguistas que se animan a plantar bandera.

Los gobernadores del peronismo federal tampoco se quedan de brazos cruzados. En las provincias ya empezaron a tejer redes informales para blindar sus elecciones locales y evitar el arrastre de la grieta nacional, olfateando que este esquema de polarización extrema puede disparar un récord de ausentismo entre la clase media desencantada. Consultores advierten que el famoso "tercio ausente" podría inclinar la cancha de maneras impredecibles si los votantes no se sienten representados por ninguno de los dos polos construidos artificialmente.

Lo que está en juego no es solamente un resultado electoral. Lo que está en juego es la posibilidad de que la política vuelva a discutir lo que te pasa todos los días: el precio de los alimentos, el alquiler que no llegás a pagar, el miedo a perder el laburo. Romper esa anestesia social que busca imponer el oficialismo implica un giro drástico: correr el foco de las pantallas y de las provocaciones diarias, y volver a poner sobre la mesa las demandas urgentes y realizables de la mayoría. El plan de Balcarce 50 es sofisticado, caro y meticuloso, pero tiene un punto débil que depende de vos: funciona solo si todos aceptamos jugar con sus reglas.

Fuente original: Primera Página, 12 de julio de 2026

Enlace: https://primerapagina.info/nota/21903/tres-pilares-de-un-plan-siniestro-javier-milei-quiere-forzar-la-reeleccion-para-perpetuarse-en-el-poder/

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#EstrategiaElectoral #JavierMilei #Reelección #Polarización #Argentina #PeriodismoDeInvestigación

El expediente por el lanzamiento y colapso de la criptomoneda $LIBRA sumó un nuevo capítulo que promete tensar la relación entre la justicia federal y quienes perdieron plata en el operativo. Uno de los inversores afectados, Martín Romeo, apeló la decisión del juez Marcelo Martínez de Giorgi que lo excluyó como querellante, y ahora la Sala I de la Cámara Federal porteña deberá definir si lo reincorpora o ratifica su apartamiento.

Martínez de Giorgi había hecho lugar a un planteo de excepción de falta de acción presentado por la defensa del lobista Mauricio Novelli. El magistrado consideró que los denunciantes no acreditaron un perjuicio patrimonial directo que justificara su rol en la causa, y añadió que las operaciones investigadas se movieron en un mercado de activos digitales con alta volatilidad, donde la documentación aportada no alcanzaba para demostrar la titularidad de los criptoactivos.

Pero Romeo, con el patrocinio del abogado Nicolás Oszust, no se quedó de brazos cruzados. En su recurso calificó la decisión como “arbitraria” y surgida de un planteo “extemporáneo” de Novelli, sobre todo porque, según su lectura, “la legitimación procesal de las víctimas ya había sido zanjada y confirmada por la Excelentísima Cámara”. Para el inversor, el juez basó su fallo en “afirmaciones dogmáticas sobre el funcionamiento del mercado de criptoactivos”, ignoró actas notariales clave que obran en el expediente, incurrió en absurdos lógicos respecto a la trazabilidad de la blockchain y, de paso, tergiversó de manera deliberada la doctrina firme que había emanado del superior tribunal.

El ataque de Romeo se centró en lo que llamó “premisas falsas”. La primera: la “falsa equiparación de una estafa pre-programada con el riesgo inherente a una ‘memecoin’”. A eso sumó que el juez omitió valorar la maniobra de “calidad simulada” y las operaciones de insider trading que, según los querellantes, estaban a la vista.

Pero Romeo no fue el único en moverse. Los otros cuatro inversores que también fueron apartados presentaron sus propios recursos, de la mano de los abogados Nicolás Rechanik y Yamil Castro Bianchi. Ellos recordaron que su legitimación como víctimas había sido reconocida de manera autónoma el 25 de marzo de 2025 por la jueza federal de San Isidro, Sandra Arroyo Salgado, y que esa decisión nunca fue apelada por ninguna de las defensas –ni siquiera la de Novelli–, por lo que ya estaba firme.

Y ahí apareció la evidencia que le da peso a la denuncia. Los cuatro inversores aportaron datos concretos: 22 segundos antes de que Javier Milei publicara el contrato del token en su cuenta de X, 74 billeteras ya habían ejecutado 87 transacciones por 13,5 millones de dólares. En los minutos previos al posteo presidencial, Novelli mantuvo cuatro llamadas telefónicas con el propio Milei, a las 18:44, 18:54, 18:56 y 19:03. Una vez consumada la operatoria, se transfirieron más de 44,5 millones de dólares a una única billetera concentradora. Además, en los escritos citan mensajes internos de la organización investigada en los que se instruía no mencionar la palabra “crypto” en las comunicaciones del proyecto.

El recurso de Romeo también puso el foco en el rol del Presidente. Sostuvo que el colapso de $LIBRA no obedeció a la volatilidad propia de estos activos, sino a una maniobra planificada para beneficiar a quienes contaban con información privilegiada. Y remarcó que esa maniobra incluyó “la instrumentación de la figura del presidente de la Nación como garante máximo de confianza” a través de su posteo en X, lo que definió como un “lavado de prestigio”.

Otro de los ejes de la apelación apunta al estándar probatorio que exigió el magistrado. Romeo sostiene que Martínez de Giorgi fijó requisitos incompatibles con el funcionamiento de la tecnología blockchain y con la etapa inicial de una investigación penal. De consolidarse ese criterio, advierten, las víctimas de presuntas estafas con criptoactivos tendrían una barrera casi infranqueable para acceder al proceso como querellantes.

Pero hay más. Romeo denunció que el juez incurrió en una “falsedad” al afirmar que no existían pruebas de su titularidad sobre el dinero afectado. Su abogado, Oszust, contraatacó: “Una escribana dio fe y certificó notarialmente la titularidad de Martín Romeo sobre su dispositivo celular, el acceso mediante desbloqueo a las billeteras de Phantom y Lemon, y la constatación visual de las operaciones de compra y venta de la criptomoneda Libra”. Esa prueba, dice el recurso, fue ignorada.

El escrito también califica de “absurdo lógico y dogmático” el razonamiento del juez respecto a la blockchain, la identificación de las víctimas y la exigencia probatoria sobre el origen de los fondos. “El magistrado ignora deliberadamente que la tecnología blockchain, lejos de ser un obstáculo, aporta una trazabilidad matemática, pública y exacta”, remarcaron, y agregaron que el pseudoanonimato de la red fue levantado y vinculado a la identidad de Romeo mediante las actas notariales. “Pretender una ‘documentación respaldatoria’ centralizada en un ecosistema descentralizado constituye un rigorismo formal extremo y un desconocimiento técnico alarmante”.

Para cerrar, la apelación sostiene que el juez reabrió un debate que ya había sido zanjado por la Cámara Federal, y que se arrojó facultades de revisión que violentan la autoridad de cosa juzgada. “El juez justifica su apartamiento citando y tergiversando un pasaje de la Alzada”, afirma el recurso. Y añade que no hay ninguna diligencia nueva, pericia o elemento probatorio surgido después que refute el desapoderamiento patrimonial sufrido por Romeo ni la veracidad de las actas notariales. Al contrario, los informes de la UFECI y de la PFA corroboraron la trazabilidad del vaciamiento.

Romeo dejó planteada la cuestión federal y se reservó el derecho de acudir a la Corte Suprema en caso de un fallo adverso, al considerar que la resolución vulnera su derecho de acceso a la jurisdicción y al debido proceso.

Ahora, la pelota está en el tejado de los jueces Mariano Llorens, Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi, quienes integran la Sala I de la Cámara Federal porteña. Ellos deberán definir si revocan o confirman el apartamiento. Pero lo que está en juego va más allá de un expediente: de mantenerse el criterio de Martínez de Giorgi, se sentaría un precedente sobre el alcance de los derechos de las víctimas en investigaciones penales vinculadas con criptoactivos, y el acceso a la justicia para quienes perdieron sus ahorros en el mercado digital quedaría seriamente restringido.

Fuente original: La Nación, 8 de julio de 2026, por Hugo Alconada Mon

Enlace: https://www.lanacion.com.ar/politica/caso-libra-un-inversor-apelo-su-exclusion-arbitraria-como-querellante-y-acuso-al-juez-de-recurir-a-nid08072026/

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#LIBRA #Milei #Justicia #Criptoestafas #PoderJudicial