Milei blindó la caja negra de la SIDE con 7.500 millones que nadie va a controlar

Javier Milei firmó el DNU 594/2026 y, sin pasar por el Congreso, inyectó $49.261 millones a la Secretaría de Inteligencia del Estado. De ese total, $7.467 millones fueron a parar directamente a los gastos reservados: la partida que la ley permite ocultar, sin desglose, sin auditoría, sin que ningún ciudadano sepa en qué se gasta. La misma plata que sale de tu bolsillo, la misma que el gobierno promete ajustar, termina en el agujero negro del poder

El presidente Javier Milei firmó el DNU 594/2026. Y en ese decreto, la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE) se llevó un refuerzo de $49.261,5 millones. De esa cifra, $7.467 millones fueron a parar directamente a los gastos reservados. Esa categoría que la ley permite mantener en la oscuridad, sin que ningún ciudadano sepa en qué se gasta, sin control del Congreso, sin auditoría posible.

El decreto se publicó el jueves 16 de julio en el Boletín Oficial. Y los números son implacables: el 15% del aumento total de la SIDE —casi uno de cada siete pesos— va a una partida que no se desglosa, no se justifica y no se fiscaliza. El resto se reparte entre sueldos, computadoras, escritorios y combustible. Pero el núcleo duro, el que realmente importa, es ese fondo opaco que crece sin que nadie pregunte.

Porque esto no es un hecho aislado. El Gobierno ya había engordado los gastos reservados de la SIDE en julio de 2024 con unos $100.000 millones, en marzo de 2025 con $1.600 millones y en mayo del mismo año con otros $8.017 millones. La tendencia es clara: cada vez que el Ejecutivo necesita mover plata para inteligencia, lo hace por DNU, sin debate, sin votos, sin control.

Pero ojo: el refuerzo a la SIDE no solo. El mismo decreto mete $409.342,7 millones para cubrir los déficits de las cajas previsionales provinciales a través de ANSES. También amplía el presupuesto de la Secretaría de Educación para pagar sueldos de docentes y no docentes universitarios, y refuerza las becas del Programa Manuel Belgrano. Además, inyecta fondos al Monotributo Social para trabajadores de la economía popular y readecua partidas para el pago de la deuda pública y para Educ.ar, la empresa estatal de contenidos digitales.

¿Qué hace el Gobierno con este combo? Mezcla en un mismo paquete lo que a nadie le gusta cuestionar —jubilaciones, educación, trabajo— con lo que debería encender todas las alarmas: el blindaje millonario de la caja negra de la inteligencia. Es una maniobra política clásica: si alguien critica el aumento de la SIDE, lo tachan de enemigo de los jubilados o de la universidad pública. Pero la trampa está a la vista.

Ahora, vayamos al detalle de qué compra la SIDE con el resto de la plata. $31.396 millones —casi el 64% del refuerzo— son para gastos de personal: más cargos, más sueldos, más estructura. Dentro de eso, $21.965 millones para personal permanente, con retribuciones que trepan a $17.015 millones. También $17.865,5 millones en bienes de capital: $9.457 millones en equipos de computación, $7.023 millones en mobiliario de oficina, $1.336 millones en equipos educacionales y recreativos, y $49 millones en equipamiento sanitario. Casi $2.000 millones más para bienes de consumo: alimentos, vestimenta, combustibles, medicamentos, útiles de oficina.

La pregunta no es si la SIDE necesita equipamiento. La pregunta es por qué todo esto se decide a espaldas del Congreso, por qué los gastos reservados crecen sin control y por qué se esconden en un DNU que también lleva plata a los sectores más vulnerables. Porque la opacidad no es un accidente: es una decisión de gobierno.

El propio discurso oficial insiste en el ajuste, en achicar el Estado, en terminar con los privilegios de la casta. Pero los números cuentan otra historia: la SIDE no se achica, se expande. Y su parte más oscura —los gastos reservados— recibe un refuerzo de 7.500 millones que nadie va a poder rastrear. No hay control parlamentario, no hay auditoría de la SIGEN, no hay acceso a la información. Solo un decreto firmado y una partida que desaparece en el laberinto del secreto de Estado.

¿Qué se compra con esa plata? ¿Operaciones de inteligencia legítimas? ¿Espionaje interno? ¿Informes para el poder político? La ley lo permite, pero la legitimidad no se agota en la legalidad. En un país donde la inflación licúa salarios, donde los jubilados cuentan monedas y las universidades recortan gastos para llegar a fin de mes, blindar 7.500 millones en la sombra es un acto de profunda irresponsabilidad política.

El presupuesto es la carta de intenciones más sincera de cualquier gobierno. Y este dice, sin vueltas, que la inteligencia secreta vale casi 50.000 millones de pesos más que antes. Que los gastos reservados son una prioridad. Que la transparencia es un verso.