El juez de Milei blindó a los operadores de LIBRA y borró a las víctimas del mapa judicial
El expediente por el lanzamiento y colapso de la criptomoneda $LIBRA sumó un nuevo capítulo que promete tensar la relación entre la justicia federal y quienes perdieron plata en el operativo. Uno de los inversores afectados, Martín Romeo, apeló la decisión del juez Marcelo Martínez de Giorgi que lo excluyó como querellante, y ahora la Sala I de la Cámara Federal porteña deberá definir si lo reincorpora o ratifica su apartamiento.
Martínez de Giorgi había hecho lugar a un planteo de excepción de falta de acción presentado por la defensa del lobista Mauricio Novelli. El magistrado consideró que los denunciantes no acreditaron un perjuicio patrimonial directo que justificara su rol en la causa, y añadió que las operaciones investigadas se movieron en un mercado de activos digitales con alta volatilidad, donde la documentación aportada no alcanzaba para demostrar la titularidad de los criptoactivos.
Pero Romeo, con el patrocinio del abogado Nicolás Oszust, no se quedó de brazos cruzados. En su recurso calificó la decisión como “arbitraria” y surgida de un planteo “extemporáneo” de Novelli, sobre todo porque, según su lectura, “la legitimación procesal de las víctimas ya había sido zanjada y confirmada por la Excelentísima Cámara”. Para el inversor, el juez basó su fallo en “afirmaciones dogmáticas sobre el funcionamiento del mercado de criptoactivos”, ignoró actas notariales clave que obran en el expediente, incurrió en absurdos lógicos respecto a la trazabilidad de la blockchain y, de paso, tergiversó de manera deliberada la doctrina firme que había emanado del superior tribunal.
El ataque de Romeo se centró en lo que llamó “premisas falsas”. La primera: la “falsa equiparación de una estafa pre-programada con el riesgo inherente a una ‘memecoin’”. A eso sumó que el juez omitió valorar la maniobra de “calidad simulada” y las operaciones de insider trading que, según los querellantes, estaban a la vista.
Pero Romeo no fue el único en moverse. Los otros cuatro inversores que también fueron apartados presentaron sus propios recursos, de la mano de los abogados Nicolás Rechanik y Yamil Castro Bianchi. Ellos recordaron que su legitimación como víctimas había sido reconocida de manera autónoma el 25 de marzo de 2025 por la jueza federal de San Isidro, Sandra Arroyo Salgado, y que esa decisión nunca fue apelada por ninguna de las defensas –ni siquiera la de Novelli–, por lo que ya estaba firme.
Y ahí apareció la evidencia que le da peso a la denuncia. Los cuatro inversores aportaron datos concretos: 22 segundos antes de que Javier Milei publicara el contrato del token en su cuenta de X, 74 billeteras ya habían ejecutado 87 transacciones por 13,5 millones de dólares. En los minutos previos al posteo presidencial, Novelli mantuvo cuatro llamadas telefónicas con el propio Milei, a las 18:44, 18:54, 18:56 y 19:03. Una vez consumada la operatoria, se transfirieron más de 44,5 millones de dólares a una única billetera concentradora. Además, en los escritos citan mensajes internos de la organización investigada en los que se instruía no mencionar la palabra “crypto” en las comunicaciones del proyecto.
El recurso de Romeo también puso el foco en el rol del Presidente. Sostuvo que el colapso de $LIBRA no obedeció a la volatilidad propia de estos activos, sino a una maniobra planificada para beneficiar a quienes contaban con información privilegiada. Y remarcó que esa maniobra incluyó “la instrumentación de la figura del presidente de la Nación como garante máximo de confianza” a través de su posteo en X, lo que definió como un “lavado de prestigio”.
Otro de los ejes de la apelación apunta al estándar probatorio que exigió el magistrado. Romeo sostiene que Martínez de Giorgi fijó requisitos incompatibles con el funcionamiento de la tecnología blockchain y con la etapa inicial de una investigación penal. De consolidarse ese criterio, advierten, las víctimas de presuntas estafas con criptoactivos tendrían una barrera casi infranqueable para acceder al proceso como querellantes.
Pero hay más. Romeo denunció que el juez incurrió en una “falsedad” al afirmar que no existían pruebas de su titularidad sobre el dinero afectado. Su abogado, Oszust, contraatacó: “Una escribana dio fe y certificó notarialmente la titularidad de Martín Romeo sobre su dispositivo celular, el acceso mediante desbloqueo a las billeteras de Phantom y Lemon, y la constatación visual de las operaciones de compra y venta de la criptomoneda Libra”. Esa prueba, dice el recurso, fue ignorada.
El escrito también califica de “absurdo lógico y dogmático” el razonamiento del juez respecto a la blockchain, la identificación de las víctimas y la exigencia probatoria sobre el origen de los fondos. “El magistrado ignora deliberadamente que la tecnología blockchain, lejos de ser un obstáculo, aporta una trazabilidad matemática, pública y exacta”, remarcaron, y agregaron que el pseudoanonimato de la red fue levantado y vinculado a la identidad de Romeo mediante las actas notariales. “Pretender una ‘documentación respaldatoria’ centralizada en un ecosistema descentralizado constituye un rigorismo formal extremo y un desconocimiento técnico alarmante”.
Para cerrar, la apelación sostiene que el juez reabrió un debate que ya había sido zanjado por la Cámara Federal, y que se arrojó facultades de revisión que violentan la autoridad de cosa juzgada. “El juez justifica su apartamiento citando y tergiversando un pasaje de la Alzada”, afirma el recurso. Y añade que no hay ninguna diligencia nueva, pericia o elemento probatorio surgido después que refute el desapoderamiento patrimonial sufrido por Romeo ni la veracidad de las actas notariales. Al contrario, los informes de la UFECI y de la PFA corroboraron la trazabilidad del vaciamiento.
Romeo dejó planteada la cuestión federal y se reservó el derecho de acudir a la Corte Suprema en caso de un fallo adverso, al considerar que la resolución vulnera su derecho de acceso a la jurisdicción y al debido proceso.
Ahora, la pelota está en el tejado de los jueces Mariano Llorens, Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi, quienes integran la Sala I de la Cámara Federal porteña. Ellos deberán definir si revocan o confirman el apartamiento. Pero lo que está en juego va más allá de un expediente: de mantenerse el criterio de Martínez de Giorgi, se sentaría un precedente sobre el alcance de los derechos de las víctimas en investigaciones penales vinculadas con criptoactivos, y el acceso a la justicia para quienes perdieron sus ahorros en el mercado digital quedaría seriamente restringido.
Fuente original: La Nación, 8 de julio de 2026, por Hugo Alconada Mon
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