La fundación libertaria que multiplicó su patrimonio por 360 en un año, investigada por lavado junto a un asesor presidencial

Doce millones de pesos. Eso declaraba como patrimonio la Fundación Faro al arrancar 2024. Un año después, en el balance de cierre, anotó 4.394 millones. La diferencia no es un error de tipeo ni un redondeo generoso: la entidad que conduce el polemista Agustín Laje multiplicó sus activos por más de 360 veces en apenas doce meses. El salto lo destapó una investigación del medio Chequeado, y ahora un juzgado federal tiene sobre la mesa un pedido para que se investigue de dónde salió realmente esa fortuna.

• La presentación judicial la hizo el abogado Facundo Pérez Ernst, en representación de la organización "La Liga de la Justicia Social", y recayó en el Juzgado Federal N° 7. Allí se solicita que se averigüe si existieron delitos de lavado de activos, cohecho y tráfico de influencias. Los nombres señalados no son de relleno: aparece Santiago Caputo, el asesor presidencial que concentra un poder pocas veces visto en la historia reciente, junto al dirigente Cristian Auguadra y otras figuras del ecosistema libertario.

Pérez Ernst fue cuidadoso al explicar los alcances de la denuncia. No está pidiendo una condena sin pruebas ni acusando a nadie en falso. Lo que exige es que el fuero penal active herramientas de investigación que un particular no puede manejar. "Nos amparamos en esas notas que muestran irregularidades en los balances de la Fundación Faro, algo que también detectó la Inspección General de Justicia", declaró. Y remató con un concepto clave: si el juzgado libra los oficios y obtiene la información, recién ahí se podrá determinar si existió el entramado que los denunciantes sospechan.

• Las cifras en danza impresionan. La fundación declaró ingresos por casi 5.000 millones de pesos bajo un paraguas amplio: "Donaciones, cursos, talleres y prevención". Pero la pregunta inevitable es quién puso esa plata y con qué fin. Porque los donantes, hoy, están blindados por la Ley 25.246 de Prevención de Lavado de Activos. Cuando la IGJ intimó a Faro a presentar el Anexo XIII —el registro donde deben figurar los grandes aportantes—, la entidad entregó la documentación pero los nombres quedaron bajo secreto financiero. La paradoja es filosa: una ley pensada para perseguir el lavado termina funcionando como escudo para que no se conozca quién financia a una fundación políticamente alineada con el Gobierno.

A esa opacidad se suma un dato que agrava las sospechas. La marca Ratio Oficial, vinculada de manera directa a la fundación, desembolsó más de 1.238 millones de pesos en publicidad política en las plataformas de Meta —Facebook e Instagram— entre marzo de 2025 y junio de 2026. Son cifras de campaña permanente, aceitadas con fondos de origen desconocido, que corren por los mismos carriles digitales donde cualquier argentino pone su sueldo para pagar un monotributo y queda registrado hasta el último centavo.

• Los denunciantes le pidieron al juzgado tres medidas concretas. La primera, librar oficio a la IGJ para acceder a la lista real de donantes, corriendo el velo societario. La segunda, requerir informes detallados al Banco Central y a la Unidad de Información Financiera para rastrear movimientos bancarios y alertas de lavado. La tercera, reconstruir la trazabilidad completa del dinero: de dónde salió, por qué manos pasó, si hubo fondos aportados por sectores que el Estado debe regular o si, en definitiva, se armó un conducto opaco para financiar política sin control.

El contexto le devuelve a la denuncia un filo particular. La Fundación Faro no es un club de barrio: es un centro de difusión de ideas con llegada directa a los despachos oficiales. Su titular, Agustín Laje, construyó su figura como referente intelectual de la nueva derecha. Que el apellido Caputo aparezca mencionado en el expediente no es un dato menor: Santiago Caputo es el estratega que susurra al oído del presidente, el hombre que diagrama la comunicación y la ingeniería política del oficialismo. Si la investigación avanza y confirma irregularidades, el costo no será solo judicial sino que golpeará el corazón del relato de transparencia que el Gobierno enarbola.

Mientras tanto, la maquinaria sigue girando. Los 1.238 millones de pesos en pauta digital no son un gasto, son una inversión en influencia. Compran algoritmos, instalan narrativas, construyen sentido común desde las sombras financieras. Y todo eso ocurre mientras el ciudadano común, el que hace fila en el banco para depositar 100 mil pesos y explicarle al cajero de dónde los sacó, mira la escena con una mezcla de indignación y cansancio. Las reglas, otra vez, parecen no ser iguales para todos.

• La pelota está en el Juzgado Federal N° 7. Si el magistrado ordena las medidas de prueba, por primera vez se podrá seguir la huella de esos 5.000 millones de pesos que entraron a la fundación en un año. Si la respuesta es el silencio o el archivo, quedará flotando una certeza incómoda: en la Argentina de 2026, una fundación amiga del poder puede multiplicar su patrimonio un 36.000% sin que nadie sepa quién le puso la billetera. Y eso, lejos de ser un simple tecnicismo contable, es una herida abierta en la ya maltrecha credibilidad institucional.

Fuente original: Comunicado de prensa de "La Liga de la Justicia Social"

Enlace: https://x.com/ligajusticia

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