El Gobierno nacional acaba de cerrar la concesión más grande de la era Milei. La empresa belga Jan De Nul, asociada con la firma argentina Servimagnus, se quedó por 25 años con el control de la Hidrovía Paraná-Paraguay, el corredor por donde sale cerca del 80% de las exportaciones argentinas. El contrato incluye el cobro de peajes, el dragado, el balizamiento y el mantenimiento de más de 1.400 kilómetros de esa vía navegable.

Desde distintos sectores —políticos, ambientales y sociales— ya surgieron cuestionamientos. Apuntan, por un lado, a la entrega de una infraestructura estratégica a un consorcio extranjero. Por el otro, reclaman la falta de estudios de impacto ambiental integrales y una participación ciudadana que, dicen, brilló por su ausencia en la toma de decisiones.

El dragado no es solo remover barro

El dragado consiste en extraer sedimentos del fondo del río para permitir el paso de barcos de mayor calado. Aunque suele presentarse como una obra necesaria para la navegación, los especialistas advierten que puede generar impactos ecosistémicos importantes: alteración de humedales y áreas de reproducción de peces, modificación de corrientes naturales y ciclos de inundación, mayor erosión de costas e islas del Delta, remoción de sedimentos que pueden contener contaminantes acumulados durante décadas, pérdida de biodiversidad y cambios en la dinámica natural del Paraná.

• El Paraná no es una autopista líquida. Es un sistema vivo que abastece de agua, sostiene actividades productivas, regula inundaciones y alberga una biodiversidad enorme. Reducirlo a una "hidrovía" es mirarlo con anteojeras comerciales.

Soberanía y ambiente: un debate que se reabre

Mientras el Gobierno defiende la concesión argumentando que reducirá costos logísticos y modernizará la navegación, los sectores críticos sostienen que el control de una ruta por donde circula el 80% de las exportaciones vuelve a quedar en manos privadas y extranjeras. Así, reabren el debate sobre soberanía, control estatal y protección ambiental.

La discusión no se limita al comercio exterior. Involucra el futuro del río, los humedales y los recursos naturales que forman parte del patrimonio ambiental de toda la región.

El Paraná: mucho más que una vía de carga

Aunque el término "hidrovía" se usa para describir un canal de transporte de mercancías, numerosos especialistas señalan que esa denominación reduce la complejidad y riqueza de uno de los sistemas fluviales más importantes de Sudamérica. El río Paraná no es solo un corredor para barcos. Es un ecosistema de enorme valor ambiental, social y cultural: incluye humedales, lagunas, arroyos, bosques ribereños y una biodiversidad única. Además de sostener actividades productivas y comunidades enteras, cumple funciones clave como la regulación de inundaciones, la provisión de agua dulce, la captura de carbono y el refugio de miles de especies de flora y fauna.

Por eso, para muchos sectores ambientales, hablar únicamente de "hidrovía" implica mirar al Paraná desde una lógica exclusivamente comercial, dejando en un segundo plano su riqueza ecológica y el papel fundamental que cumple para la vida en toda la región.

Fuente original: Correlavoz, julio 2026

Enlace: https://correlavoz.net/Nota-4148-hidrova_la_mayor_privatizacin_de_la_era_milei_y_las_alertas_ambientales_que_vuelven_a_encenderse

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#Hidrovía #Paraná #Privatización #MedioAmbiente #Milei #JanDeNul

La designación de Adrián Ravier como nuevo vocero presidencial en reemplazo de Manuel Adorni sumó un ingrediente que nadie en la Casa Rosada festeja. A horas de haber ocupado el atril desde el que el Gobierno le habla todos los días a la sociedad, el flamante funcionario ya carga con un expediente abierto en la Justicia Federal electoral de La Pampa. Lo que se investiga no es un rumor ni una denuncia recién inventada: son las rendiciones de cuentas de La Libertad Avanza en esa provincia, partido que el propio Ravier conduce.

La incomodidad del caso radica en el contraste inevitable. El Gobierno nacional sostiene su relato diario sobre la necesidad de ajustar cada gasto del Estado, de transparentar cada movimiento de fondos y de terminar con las prácticas de una dirigencia a la que define como casta. Sin embargo, el encargado de comunicar ese mensaje no logra despejar las dudas sobre el manejo de los recursos en el espacio político que preside. La fuente consultada indica que la investigación incluye observaciones de peso sobre la administración partidaria y que, en el corto plazo, se librarían citaciones y pedidos de documentación para que el nuevo vocero dé las explicaciones que hasta ahora no aparecen.

• Ravier no es un adherente más. Es la máxima autoridad de La Libertad Avanza en territorio pampeano, y eso lo convierte en el responsable directo de lo que ocurra con cada peso que ingresó a las arcas del partido. El expediente que tramita en los juzgados federales de la provincia no se originó con su salto a la escena nacional, pero adquiere ahora una relevancia que antes no tenía. Mientras el vocero se prepara para hablar en nombre del Presidente ante todo el país, en La Pampa hay anotaciones contables bajo la lupa y un listado de preguntas que los investigadores quieren responder.

En Balcarce 50 el episodio cayó como un baldazo de agua fría. Saben que no se trata de una acusación contra un desconocido, sino contra el propio portavoz de la administración. Cada conferencia de prensa de ahora en más va a desarrollarse bajo la sombra de este proceso judicial. La estrategia de erosionar a la oposición con el argumento de la transparencia corre el riesgo de quedar envuelta en una contradicción difícil de explicar: ¿cómo se convence a la ciudadanía de que hay que hacer sacrificios si quien comunica el ajuste no puede mostrar con claridad el destino de los fondos que administró?

• El impacto político ya empezó a sentirse. Desde distintos bloques opositores anticiparon que utilizarán el contenido del expediente para exponer lo que consideran una falsedad estructural del discurso oficial. La lógica es simple y de fácil llegada al votante común: si el vocero está siendo investigado por el dinero de su propio partido, ¿por qué habría que creerle cuando habla de austeridad, de moral fiscal o de combate a los privilegios?

• El expediente en La Pampa no necesitó del altavoz de la Casa Rosada para existir, pero el ascenso de Ravier le dio una caja de resonancia inesperada. El foco, que hasta hace semanas se limitaba al ámbito político provincial, se corrió al centro de la escena nacional. Y con ese corrimiento aparece también un interrogante de fondo que excede lo judicial: ¿puede un Gobierno que hizo de la rendición de cuentas su principal bandera permitirse tener a su vocero bajo investigación por el manejo de fondos partidarios?

Las próximas semanas van a marcar el rumbo del caso y, probablemente, del propio Ravier al frente de la comunicación presidencial. Si la documentación respaldatoria aparece y las explicaciones convencen, el episodio podría desinflarse. Pero si los papeles no están o las respuestas no cierran, el costo no lo va a pagar solamente él. Lo va a pagar una administración que llegó prometiendo terminar con los secretos de la política tradicional y que ahora se enfrenta a la posibilidad de que esos secretos aniden, justamente, en la oficina de quien sale a hablar todos los días en su nombre.

La sociedad argentina ya acumula demasiadas frustraciones con dirigentes que dicen una cosa y hacen otra. Esta investigación, por ahora, lo único que hace es abrir preguntas. Pero son preguntas que nadie en el oficialismo quisiera tener que responder.

Fuente original: Primera Página, 7 de julio de 2026.

Enlace: https://primerapagina.info/nota/21867/otro-libertario-manchado-la-justicia-investiga-al-nuevo-vocero-ravier-por-fondos-oscuros-en-la-pampa/

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#LaLibertadAvanza #AdriánRavier #FondosPartidarios #JusticiaFederal #LaPampa #ArgentinaDesigual

La licitación se cocinó en silencio durante meses y el resultado cayó como una cachetada para cualquiera que recuerde los discursos de campaña. Cuatro corredores viales que atraviesan Buenos Aires, La Pampa, Santa Fe, Córdoba y San Luis acaban de ser adjudicados a empresas que huelen a kirchnerismo, a aportantes de La Libertad Avanza y a constructoras con causas penales en el lomo. En total, 2.557 kilómetros de rutas nacionales pasarán a manos privadas por los próximos años, con la promesa de sumar 16 nuevas cabinas de peaje a las 10 que ya existen. Pero el dato no es solo vial: el mismo día que se conocieron esas adjudicaciones, el Gobierno confirmó que otra licitación, esta vez por sistemas de almacenamiento de energía con baterías, quedó casi monopolizada por una sola empresa vinculada a un banquero que supo ser acusado por el propio Milei de “jugar sucio”. La casta, parece, tenía varios DNI guardados en el bolsillo.

El caso más simbólico es el de Cristóbal López. El empresario que enfrenta los juicios orales de la causa Cuadernos y de Los Sauces-Hotesur, y que sigue esperando que la Corte Suprema revise su absolución en la causa Oil Combustibles, vuelve al negocio de los peajes. Su constructora CPC se quedó con el corredor Portuario Norte al ofrecer una tarifa de $2.245,76 por vehículo liviano. Le ganó por apenas 13 pesos a un consorcio integrado por Panedile, Supercemento y Eleprint. No es un detalle menor: CPC ya había manejado el acceso Ezeiza-Cañuelas-Ricchieri durante el segundo gobierno de Cristina Kirchner, hasta que en 2017 el macrismo le rescindió el contrato por retener fondos que debía transferir al Estado. La empresa entró en concurso preventivo y recién logró salir el año pasado. Hoy, con un gobierno que se presenta como la antítesis del kirchnerismo, López vuelve a cobrar peajes en rutas que pagamos todos.

• El segundo ganador de la compulsa vial tiene una historia que mezcla negocios con campañas electorales. Creditech, la financiera del Grupo Corven que preside Leandro Iraola y que se especializa en préstamos para consumo y motos, se llevó dos corredores: el Mediterráneo y el Portuario Sur. Para el primero ofertó $2.407,50 por peaje, superando a la constructora Cartellone. Para el segundo, $1.519,79, dejando atrás a Paolini Hermanos. La particularidad es que Creditech había sido descalificada al inicio del proceso porque sus indicadores financieros no cerraban. Pero después de depositar una garantía de $350 millones y apelar con argumentos técnicos, Vialidad Nacional revisó el dictamen y la reincorporó. Así, un holding que fue uno de los principales aportantes a la campaña de La Libertad Avanza en las elecciones de 2025 se convierte en dueño de dos tramos estratégicos de la red vial. El olor a licitación a medida lo sintieron hasta los competidores.

• El tercer corredor, el Puntano, quedó para Bassa Construcciones, una firma que ya tiene presencia en obras de infraestructura provincial y que en Neuquén presta el servicio de recolección de residuos. Menos ruidosa que las anteriores, pero parte del mismo esquema: empresas con espalda política que se quedan con contratos de largo plazo mientras los usuarios verán multiplicarse los peajes —habrá una cabina cada 98 kilómetros en promedio— sin demasiadas explicaciones sobre cómo se fijaron las tarifas máximas de referencia.

• El otro gran negocio de estas semanas está en la energía y tiene nombre propio: Genneia. La compañía presidida por Jorge Brito (hijo) se adjudicó 421 megavatios de los 701 que el Gobierno licitó para instalar sistemas de almacenamiento con baterías, una tecnología clave para acompañar el crecimiento de Vaca Muerta y las renovables. Se trata de una inversión estimada en 700 millones de dólares, y Genneia se llevó cerca del 60% de toda la potencia asignada por CAMMESA. Detrás quedaron pesos pesados como YPF Luz, Central Puerto, Pampa Energía y 360Energy. La diferencia fue tan abrumadora que pocos esperaban semejante concentración.

Jorge Brito (hijo) es un hombre de diálogo con el Gobierno, aunque la relación no empezó bien. A mediados de 2024, Milei lo acusó públicamente de haber digitado una corrida cambiaria desde el Banco Macro y dijo que “Brito es un tipo que juega sucio” y que “creció a la luz de hacer negocios con Massa”. Pero el empresario logró encapsular aquella furia, tender puentes con Luis Caputo y Santiago Bausili, y terminar elogiando la gestión económica libertaria. Genneia no es solo Brito: la propiedad está compartida con Fintech Energy, el fondo del mexicano David Martínez, socio histórico del Grupo Clarín. Y la historia familiar del presidente de la firma remite a Jorge Brito padre, el “banquero de los peronistas” que acompañó a Néstor Kirchner y que fue amigo íntimo de Sergio Massa. El apellido funciona como un puente entre mundos supuestamente antagónicos.

Para los que circulan por las rutas del centro del país, todo esto significa que a partir de ahora pagarán peajes cada menos kilómetros, en cabinas gestionadas por empresas que arrastran causas de corrupción o que fueron rescatadas en la recta final de una licitación gracias a una garantía millonaria. Para el sistema eléctrico, la concentración del almacenamiento en un solo jugador despierta preguntas sobre competencia futura y formación de precios. Mientras tanto, el discurso que dividía al país entre la “casta” y la gente común se diluye en contratos, adjudicaciones y guiños que reproducen las mismas lógicas de siempre.

Fuente original: Urgente24, 7 de julio de 2026

Enlace: https://urgente24.com/dinero/las-concesiones-millonarias-milei-los-empresarios-siempre-aun-los-apuntados-casos-corrupcion-n628197

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#Milei #CastaEmpresaria #Concesiones #Peajes #Energía #ArgentinaDesigual #PeriodismoDeInvestigación

El escenario más desafiante para el oficialismo desde que arrancó la serie de monitoreo. Así describe el Observatorio de Psicología Aplicada (OPSA) de la Facultad de Psicología de la UBA su última encuesta nacional, y los números no dejan lugar a dudas: el sueño de la reelección de Javier Milei está más lejos que nunca.

El estudio, que adelantó Clarín este lunes y que Fenix Multiplataforma reproduce en detalle, se hizo sobre 2.184 casos a nivel nacional durante el mes pasado, con un margen de error de +/- 2,1%. Y lo que revela es un “punto de inflexión” que debería encender todas las alarmas en Balcarce 50.

El dato más doloroso para el gobierno, el que probablemente más discusiones genere, es el que compara la experiencia vivida por los argentinos en las últimas tres gestiones. Cuando se pregunta “¿con cuál de los últimos tres gobiernos vivió mejor?”, la respuesta es lapidaria: gana el gobierno de Alberto Fernández y Cristina Kirchner con el 49,2%, seguido muy de lejos por el de Javier Milei (31,1%) y cerrando el podio el de Mauricio Macri (19,7%). La memoria colectiva, esa que los libertarios suponen frágil, ubica al gobierno anterior —con toda su crisis, su pandemia y su conflicto interno— muy por encima de la era de la motosierra.

Pero el problema de fondo no es sólo el pasado. Es el presente y el futuro inmediato. El informe de 16 páginas del OPSA detecta “un deterioro extendido de las evaluaciones sobre la situación económica, política y social del país”. Y lo que hace única a esta ola de junio es la convergencia de tres fenómenos que, juntos, sugieren algo mucho más profundo que un simple mal humor pasajero.

Primero, la desaprobación de la gestión nacional alcanza niveles mayoritarios. Segundo, y esto es clave, emerge una mayoría que expresa su preferencia por un cambio de gobierno en 2027. Tercero, y quizás lo más contundente, en una simulación de ballotage, Javier Milei aparece por detrás de un candidato opositor: el gobernador bonaerense Axel Kicillof.

La pelea, en un eventual mano a mano, no es ni siquiera pareja. El estudio revela que Kicillof obtendría el 48,2% de los votos, contra un 39,3% de Milei. Un 12% no apoyaría a ninguno. Son casi nueve puntos de diferencia. Una distancia que en política no es una grieta, es un abismo.

El informe es especialmente duro en su análisis del desgaste del gobierno. Los investigadores de la UBA advierten que el deterioro “parece exceder la dimensión estrictamente económica”. Durante gran parte de su mandato, el apoyo a Milei se sostuvo en la promesa de estabilización y en una fuerte identidad política construida alrededor de la honestidad y la confrontación con “la casta”. Pero los números actuales sugieren que esa erosión ya no es sólo por los resultados económicos, sino que está empezando a carcomer los atributos identitarios que le dieron origen.

En este contexto, el caso Adorni —la salida del entonces vocero presidencial— adquiere una relevancia central. El informe señala que la controversia impacta directamente sobre “uno de los principales activos simbólicos del proyecto libertario: la promesa de representar una forma diferente de hacer política”. Cuando un gobierno empieza a ser evaluado negativamente en aquello que constituía el núcleo de su legitimidad, el desgaste adquiere una profundidad distinta a la de cualquier crisis coyuntural.

Sin embargo, el estudio también tiene un mensaje para la oposición: no se confundan. La ventaja de Kicillof en el ballotage “debe interpretarse como expresión de un clima de opinión adverso para el oficialismo, más que como evidencia concluyente de una hegemonía opositora consolidada”. La oposición sigue fragmentada, pero el problema principal del oficialismo ya no es la consolidación de un rival, sino la creciente disposición de sus propios votantes a abandonar el barco.

El informe de la UBA deja una enseñanza clara: la gente ya no cree en el rumbo. Aunque muchos consideran que pueden administrar su situación personal, perciben que el país se dirige en una dirección equivocada. Ese “pesimismo colectivo” es el verdadero enemigo del gobierno. Y contra eso, ni la motosierra ni los discursos en cadena nacional parecen tener efecto.

Fuente original: Clarín, 6 de julio de 2026

Enlace: clar.in/4vR7kkk

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#EncuestaUBA #Milei #Kicillof #Balotaje #PolíticaArgentina

En una conferencia de prensa sin escenografía electoral pero con destino de campaña, el ministro Luis Caputo, flanqueado por el viceministro José Luis Daza y el secretario de Finanzas Federico Furiase, largó dos definiciones que van a marcar la semana. La primera, técnica: el financiamiento en moneda extranjera para 2026 ya está “sobrecumplido”, así que sobran 3.700 millones de dólares que quedarán como reserva para 2027, año en que Javier Milei buscará su reelección. La segunda, humana y brutalmente política: cuando arrancó el gobierno, colegas “bien intencionados” le aconsejaron volar todo por el aire.

Caputo no mencionó nombres. Se cuidó de aclarar que no hablaba de opositores ni de “populistas”, sino de economistas que se sientan en las mismas mesas de debate que él. “La recomendación era que hiciéramos explotar todo, que defaulteáramos, que tiráramos todo y que hiciéramos lo que Argentina hizo siempre en el pasado, que simplemente le echáramos la culpa al gobierno anterior”, reprodujo en tiempo real. Y remató con una frase que vale más que los 3.700 millones del anuncio: “Eso, curiosamente, se había normalizado en Argentina”.

La naturalización del default como herramienta de ordenamiento político no es un detalle. Es la confesión de que en las usinas del poder, incluso en las que se presentan como republicanas, el “que reviente todo y después vemos” cotiza como opción válida. Caputo marcó ahí la línea de agua y contrapuso lo que, según él, vuelve diferente a este gobierno: “La decisión de respetar siempre la santidad de los contratos, el Estado de derecho, la propiedad privada”. Textual. Lo dijo sin levantar la voz, pero apuntando a la médula del fracaso argentino: las pocas estabilidades que el país conoció no nacieron de una vocación política, sino de un ajuste forzado por el mercado cuando el poder ya no podía patear más la crisis.

Los números que expuso Furiase le pusieron anestesia a ese diagnóstico. La hoja de ruta oficial se apoya en un principio simple: refinanciar solo el capital de la deuda heredada y pagar los intereses únicamente con superávit fiscal. Eso, en los papeles, permite bajar la relación deuda sobre PBI sin volver a pedir plata prestada a tasas usurarias. La emisión local del bono AO29 servirá para cubrir vencimientos bajo ley argentina y los 3.700 millones de excedente funcionarán como un amortiguador para el año electoral. “En emisiones internacionales pusimos un guion y no cero”, explicó Furiase, en un español que traduce lo siguiente: no descartan salir al mercado externo, pero solo si las condiciones globales y las tasas acompañan.

Hasta ahí, el guion para inversores. Pero el “¿y a mí qué?” del laburante, la jubilada o el estudiante que no opera en el Merval tiene una respuesta filosa. Esos 3.700 millones no llegaron por un viento de cola ni por lluvia de inversiones: son la contracara de un recorte monumental del gasto público que licuó partidas enteras. La obra pública está parada, los salarios estatales corren de atrás a la inflación, las transferencias a provincias se giran con cuentagotas y las universidades funcionan con el ajuste pegado en la nuca. El superávit fiscal que el ministro exhibe como garantía de solvencia intertemporal no es otra cosa que plata que no fue a hospitales, a rutas, a comedores. La pregunta que no entró en la conferencia es cuánto aguante le queda a los sectores que sostienen ese orden sin encender ninguna mecha.

Sobre el cierre, Caputo se animó a la promesa de máxima pensando en un eventual segundo mandato de Milei: “Que Argentina sea investment grade. Es un objetivo, no una promesa, que creemos cumplible. Dos de las tres calificadoras nos dijeron que es difícil, pero lograble”. Alcanzar el grado de inversión significaría que el país puede endeudarse a tasas razonables, que las empresas pueden planificar más allá de la próxima corrida cambiaria y que el riesgo país deja de ser un agujero negro. Pero en una Argentina donde conseguir un trabajo formal sigue siendo una odisea y donde el ajuste se pasea por las filas de los jubilados que no llegan a pagar el alquiler, ese horizonte suena a ciencia ficción por más que dos calificadoras le hayan guiñado un ojo.

La jugada de este domingo es evidente: mostrar orden en las cuentas para que el año electoral no se coma la estabilidad discursiva del oficialismo. Sin un escenario macroeconómico previsible, la reforma electoral que impulsa Karina Milei, los viajes presidenciales para abrazar causas patrias o los intentos de revivir la gestión bonaerense con Santilli a la cabeza quedan reducidos a espuma. Caputo apostó a construir un relato de solvencia y a marcar una diferencia ética con quienes naturalizaban el estallido. La cita con la realidad será en 2027, cuando se sepa si el sacrificio de no hacer explotar todo alcanza para que una mayoría considere que esta vez, por fin, la normalidad dejó de ser sinónimo de ajustar sobre los de abajo.

Fuente original: Big Bang News, 6 de julio de 2026

Enlace: https://www.bigbangnews.com/politica/caputo-anuncio-sobran-us3700-millones-pagar-deuda-confeso-le-pidieron-hacer-explotar-todo-n102191

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#Caputo #Deuda #Default #Milei2027 #Superávit #Ajuste

Mientras los presidentes sudamericanos deliberaban en Paraguay, el argentino prefería brindar en la embajada de EE.UU. con el hombre que se ríe del bloqueo a Cuba. No fue un accidente de agenda. Fue un acto de sumisión en cámara lenta.

• El 4 de julio de 2026, Javier Milei hizo historia. Pero no por una gesta patriótica. Por primera vez, un presidente argentino concurrió a la embajada de Estados Unidos para festejar la independencia norteamericana, en lugar de sentarse en la cumbre del Mercosur. No es que los horarios se superpusieran: el festejo de Lamelas daba tiempo para hacer ambas cosas. Pero Milei eligió la foto que quería dejar grabada: la de un presidente que festeja la dependencia de su propio país.

El embajador Peter Lamelas, cubano de origen y funcionario de la administración Trump, lo había anticipado con una carcajada: “El presidente Milei no va a poder hablar, me tendrá que escuchar a mí, ja, ja”. Y así fue. No hubo diálogo entre pares. Hubo un monólogo del virrey y un silencio obediente del mandatario argentino. La Rosada, esa semana, fue decorativa. El poder real, ese 4 de julio, se ejercía desde la sede diplomática de Washington en Buenos Aires.

El saqueo tiene nombre y apellido

• Si Detrás del brindis hay un proyecto concreto. No es teoría conspirativa: es la letra chica de las leyes que el gobierno libertario ya impulsó. El Súper Rigi, la extranjerización de la tierra, el desguace de la ley de glaciares, las restricciones a la integración regional y a los vínculos con China, los acuerdos de la Armada Argentina con la cuarta flota del Comando Sur y la cesión de un puerto militar en Ushuaia. Cada uno de esos instrumentos tiene un solo objetivo: convertir a Argentina en un depósito de minerales, energía y alimentos para una Estados Unidos que ya no es la potencia omnipotente de los años 90, sino una nación acorralada por China que busca asegurar su retaguardia.

No es casual que el texto fuente recupere el concepto nazi de Lebensraum (“espacio vital”). Washington ve al Atlántico Sur y a la Antártida como su patio trasero, y a nuestro país como la pieza que falta para completar el rompecabezas. Lo que para Venezuela fue el secuestro de su presidente, para Cuba el bloqueo más inhumano de la historia, para México las amenazas de invasión y para Canadá y Groenlandia los anuncios de apropiación, para Argentina es este paquete de leyes que se votan con sonrisas y apretones de manos. Ninguna de esas medidas expresa una relación igualitaria. Son todas formas de agresión y sometimiento.

El país que se viene: cero ascensor social

• El proyecto que encarna Milei no es una reforma. Es una demolición. Y él mismo lo reconoció: “ni siquiera las dictaduras militares pudieron avanzar tanto en la destrucción de este país”. No fue un lapsus. Fue un diagnóstico en voz alta.

¿Qué queda si se consolida este modelo? Un país sin educación pública de calidad, sin desarrollo industrial, con una clase media reducida a su mínima expresión y un ejército de trabajadores informales sin derechos, empujados a jornadas de 16 horas en aplicaciones. Locales cerrados y venta callejera como paisaje cotidiano. La movilidad social, ese viejo sueño argentino, desaparece. La mayoría de la población, bajo la línea de pobreza. Mientras el mundo se transforma con nuevas tecnologías, Argentina quedará atrás, y la reconstrucción será casi imposible.

Pero ese plan requiere un movimiento popular fracturado. Y ahí está la segunda pata de la estrategia: el internismo. Si la oposición llega dividida a 2027, el gobierno libertario se consolida. Por eso la condena a Cristina Kirchner –calificada en la fuente como «absolutamente irregular»– y las restricciones a su encarcelamiento no son un hecho jurídico aislado: son una proscripción política que busca bloquear a la líder con mayor arrastre popular. Y mientras tanto, Axel Kicillof es el blanco de una campaña de demolición que ya tiene voz oficial: el flamante jefe de Gabinete, Diego Santilli, lo calificó como “el peor gobierno bonaerense de la historia”.

Los números que no mienten (y los gobernadores que sí)

• La gestión de Kicillof, pese a la pandemia, supera en casi todos los indicadores socioeconómicos a la de María Eugenia Vidal, según un cuadro comparativo del analista Alfredo Serrano Mancilla. En algunos rubros, duplica los números del PRO. Sin embargo, el relato destructivo avanza, y el propio Milei alimenta la grieta dentro del campo popular para debilitar a sus únicos adversarios con capacidad de frenarlo.

El nombramiento de Santilli –luego de la crisis Adorni– y el distanciamiento de Sebastián Pareja en la provincia de Buenos Aires muestran que Milei le está cediendo poder al PRO para sostener su gobernabilidad. Pero al mismo tiempo, corre a la embajada a buscar el respaldo de su protector norteamericano para no quedar desbalanceado. Esa danza tiene un costo: mientras tanto, 14 gobernadores –algunos de origen peronista– asisten al besamanos oficial, reciben la décima parte de lo prometido y votan leyes que entregan soberanía a cambio de migajas.

2027: la elección que no será normal

Las encuestas le otorgan al gobierno un 30% de imagen positiva, apenas por encima del piso histórico del PRO. Pero ese número no dice todo. Lo que está en juego es si el movimiento popular logra recomponerse o si el internismo lo termina de quebrar. La danza al borde del abismo no es una metáfora: es la descripción exacta de un proceso donde cada paso en falso puede sellar el futuro del país durante décadas.

• Milei festejó la independencia de Estados Unidos y, al mismo tiempo, la dependencia argentina. No fue torpeza. Fue una declaración de principios. Y Lamelas, desde su embajada, sonríe. Sabe que el virrey ya no necesita corona: tiene un presidente que le escucha sin chistar.

Fuente original: Página/12 – 04 de julio de 2026

Enlace: https://www.pagina12.com.ar/2026/07/04/lamelas-el-virrey/

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#PolíticaArgentina #Soberanía #Milei #Extractivismo #DerechosHumanos

La resolución se conoció el sábado 4 de julio, un rato antes de que la Selección saliera a la cancha. El timing no sorprendió a nadie en Comodoro Py: el juez federal Marcelo Martínez de Giorgi eligió el momento justo para asestarle un golpe que puede ser letal a la causa $LIBRA, el expediente que tiene al presidente Javier Milei en el centro de la escena por haber promocionado una criptomoneda que voló y se desplomó en cuestión de horas.

La decisión del magistrado fue doble y devastadora. Por un lado, apartó a los cinco querellantes que venían empujando la investigación. Por el otro, y sin que nadie se lo hubiera pedido, dejó escrito en quince páginas que las pérdidas millonarias que sufrieron los denunciantes no constituyen una estafa, sino que podrían explicarse por "el riesgo propio de un mercado volátil". Todo esto sin haber llamado a declarar a un solo testigo, sin haber ordenado pericias concluyentes y sin haber escuchado a los imputados.

• La maniobra tiene un destinatario preciso: Mauricio Novelli, fundador de Tech Forum y uno de los acusados en el expediente. Fue él quien pidió correr a los acusadores particulares para que dejaran de impulsar medidas. El juez no solo se lo concedió: le regaló los argumentos para el próximo paso, el pedido de archivo definitivo. Porque si en una resolución judicial ya está insinuado que acá no hubo delito, ¿qué margen le queda a la fiscalía para sostener lo contrario?

La cronología de los hechos es conocida pero vale la pena repasarla. El 14 de febrero de 2025, Milei publicó en su cuenta de X un mensaje en el que recomendaba la compra de la criptomoneda $LIBRA y la vinculaba con supuestos préstamos a pequeñas y medianas empresas argentinas. El token registró una suba exponencial en pocas horas y después se derrumbó. El presidente borró el posteo y negó cualquier conexión con el proyecto. Sin embargo, en la causa ya se acreditó que hubo intercambios de mensajes entre Milei y Novelli en los minutos previos y posteriores al lanzamiento del activo digital. Además de Novelli, están imputados Julian Peh, CEO de KIP Protocol, y Hayden Davis, de Kelsier Ventures.

Nada de ese entramado le pareció relevante a Martínez de Giorgi. En cambio, puso el foco en los denunciantes y en la falta de acreditación del origen de los fondos con los que compraron la criptomoneda. Lo paradójico es que él mismo reconoció que hay medidas en curso para avanzar justamente en esa dirección. Es decir: aparta a los querellantes por algo que todavía está en plena etapa de producción probatoria.

• Ahora el expediente queda en manos de la Cámara Federal, que en su momento habilitó la participación de esos mismos acusadores particulares. Los querellantes ya anunciaron que van a apelar, pero el panorama es complejo porque el daño ya está hecho. Sin ellos, la investigación depende exclusivamente del fiscal Eduardo Taiano, a quien los propios denunciantes cuestionaron por su "prudencia" para avanzar. Si el juez decide archivar la causa, será Taiano el encargado de reclamar su continuidad. La cadena de responsabilidades está diseñada para que nada prospere.

Y acá aparece el dato que convierte la resolución judicial en un boomerang político. La esposa del magistrado, Ana María Cristina Juan, fue propuesta por el oficialismo para ocupar un juzgado federal de primera instancia en Hurlingham. Su pliego ya obtuvo el consenso necesario en el Senado y consiguió los votos para ser designada. Solo falta que Milei estampe la firma en el decreto. La coincidencia temporal es imposible de ignorar y en los pasillos de Tribunales ya nadie se la cree: "Hoy por ti, mañana por mí", repiten como un mantra.

Maximiliano Ferraro, uno de los querellantes apartados, fue contundente: "Hoy el juez tomó una decisión que, como denunciantes, no podemos dejar de mirar con enorme preocupación. Con el apartamiento de los querellantes, el impulso de la investigación queda únicamente en manos de la fiscalía que, hasta acá, hizo todo para que la causa no avance".

Lo que queda es un combo indigesto para la institucionalidad argentina. Un presidente que tuitea, un token que se desploma, empresarios que tejieron contactos en los minutos clave, un juez que define sin investigar y una jueza en lista de espera que depende de la firma del mismo mandatario cuestionado. La estafa, para la Justicia que conduce el caso, no existió. Solo hubo, dicen, "riesgo de mercado". El problema es que los ahorristas que confiaron en la palabra presidencial perdieron todo. Y el Poder Judicial, en lugar de investigar, corre a las víctimas y le construye la coartada al imputado.

Fuente original: Dataclave, sábado 4 de julio de 2026

Enlace: https://www.dataclave.com.ar/poder/-game-over-para-la-causa--libra--la-resmmolucion-del-juez-y-un-panorama-sombrio_a6a4800fec306f8951599e07d

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#CausaLIBRA #JusticiaArgentina #JavierMilei #Criptoestafa #ComodoroPy #RiesgoDeMercado

El teléfono sonó en las oficinas de Nucleoeléctrica Argentina y del otro lado la oferta no era un simple ajuste de tarifas ni una auditoría de rutina. Era una propuesta que mezcla inteligencia artificial, una empresa nacida a la sombra del Pentágono y la llave de las tres centrales atómicas que producen casi un décimo de la electricidad que consume el país. El gobierno de Javier Milei negocia con la firma estadounidense Palantir Technologies la transferencia del control operativo de Atucha I, Atucha II y Embalse, según pudo reconstruir Argentina Desigual a partir de fuentes oficiales y del sector nuclear. La operación, todavía en borrador, ya provoca temblores en la Comisión Nacional de Energía Atómica y deja una pregunta que ningún funcionario responde en voz alta: ¿qué hace una empresa de inteligencia queriendo manejar reactores?

La información que circula en los despachos oficiales y que confirmaron a este medio autoridades con conocimiento directo de la negociación señala que el traspaso es la punta de lanza de un plan más amplio de modernización energética. El argumento que seduce a la Casa Rosada es simple: meter tecnología de punta para bajar costos operativos que, medidos en dólares, se vuelven cada vez más difíciles de sostener en pleno ajuste fiscal. Pero el matiz que tensa la cuerda es otro. Palantir no se limitó a presentar una propuesta de eficiencia; puso una condición sobre la mesa antes de sentarse a firmar cualquier papel. Quiere una reestructuración profunda de la CNEA. Traducción: achicar el Estado antes de que ellos tomen el control.

Esa exigencia no es letra muerta. Empleados de la CNEA que hablaron con este medio bajo reserva de identidad aseguran que los despidos que ya empezaron a concretarse y los que se vienen en las próximas semanas no responden a un reordenamiento interno decidido por Buenos Aires. Son el prólogo del acuerdo. La empresa estadounidense, relatan, necesita ver un organismo más esbelto, con menos estructura burocrática y menor cantidad de personal estable, antes de asumir la operación de las centrales. Los telegramas de cesantía que llegaron en los últimos días, leídos en esa clave, dejan de ser un recorte más de la motosierra libertaria para convertirse en una prenda de negociación.

Conviene detenerse en quién es Palantir. No hablamos de una eléctrica con cien años de experiencia en reactores, como Westinghouse o General Electric. Hablamos de una compañía fundada por Peter Thiel, financiada en sus inicios por la CIA y especializada en cruzar millones de datos para encontrar terroristas en Medio Oriente o para que el servicio de inmigración estadounidense localice indocumentados. Su software aprendió a identificar patrones en montañas afganas y ahora el gobierno argentino quiere aplicarlo para predecir cuándo va a fallar una turbina o cuándo hay que ajustar la potencia de un reactor. La tecnología no es humo: los sistemas predictivos basados en inteligencia artificial que ofrece Palantir permiten anticipar averías y optimizar el mantenimiento con una precisión que ningún equipo humano puede igualar. Eso es innegable.

La sombra que se proyecta sobre el acuerdo no está en la eficacia de los algoritmos, sino en lo que no se dice. ¿Qué información van a recolectar esos sistemas sobre la infraestructura crítica argentina y adónde va a parar? Palantir construyó su fortuna vendiendo inteligencia a agencias de defensa de Estados Unidos. Sus contratos con el Pentágono y la NSA implican que la información procesada suele permanecer dentro de un ecosistema controlado por Washington. ¿Existen garantías de que los datos sobre el comportamiento de Atucha II no terminarán en un servidor de Virginia accesible para el Comando Sur? Nadie en el gobierno ha explicado ese punto.

El contexto ayuda a entender por qué el tema no ocupa todavía las tapas de los diarios. El gobierno libertario asumió con la promesa de desmantelar lo que considera un Estado elefantiásico. La CNEA, creada en 1950 y responsable tanto de la investigación como de la operación nuclear, representa todo lo que Milei quiere reformatear. Concentra desde científicos formados en el Balseiro hasta administrativos en las centrales. En esa lógica, meter a un privado con tecnología de última generación que reduzca costos y achique la nómina parece una victoria temprana del relato oficial. El problema es la letra chica: ceder el control operativo de infraestructura estratégica a una empresa cuya especialidad no es la energía sino la inteligencia.

El impacto más inmediato y concreto lo están viviendo las familias de los trabajadores de la CNEA en localidades como Lima, Zárate o Embalse, donde el Estado es el principal empleador. Los despidos ya comenzaron y, según los propios empleados, se profundizarán en las próximas semanas. Pero hay una segunda capa que afecta al conjunto de la sociedad: la factura de luz. Si la eficiencia prometida se traduce en tarifas dolarizadas que prioricen la rentabilidad del operador extranjero, los hogares argentinos podrían terminar pagando más caro el mismo servicio que antes gestionaba el Estado. Hasta ahora, el gobierno no ha dado precisiones sobre cómo será el esquema de regulación tarifaria bajo un operador privado cuyos contratos suelen estar blindados por tratados de protección de inversiones.

El futuro inmediato es un terreno lleno de interrogantes. La negociación sigue su curso y, mientras tanto, los despidos en la CNEA operan como un hecho consumado que le va dando forma al escenario antes de que llegue el nuevo inquilino. Los trabajadores denuncian que se está desmantelando la capacidad técnica justo cuando más se la necesitaría para controlar que un privado no haga lo que quiera con algo tan sensible como un reactor nuclear. La falta de información pública sobre los términos del posible acuerdo contrasta con la velocidad de los ceses. Ese contraste, por sí solo, ya es noticia.

Queda por resolverse si un convenio de esta magnitud pasará por el Congreso o si se definirá en la penumbra de un decreto. También queda por verse qué resortes de control retendrá el Estado argentino sobre la gestión diaria de las centrales y quién definirá las decisiones de seguridad nuclear: un gerente en Buenos Aires o un algoritmo alojado en Denver. Lo único cierto hasta ahora es que, mientras los argentinos miran para otro lado, el gobierno avanza en una negociación que podría cambiar el mapa energético del país con una empresa que sabe de datos, no de uranio.

Fuente original: Información confirmada por fuentes oficiales y empleados del sector nuclear, julio de 2026.

Enlace: https://argentina-desigual.ar/investigacion/palantir-nucleares

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#ArgentinaDesigual #EnergíaNuclear #CNEA #Palantir #SoberaníaEnergética #AjusteYDespidos

El fiscal federal Ramiro González le solicitó hoy al juez Daniel Rafecas que llame a declaración indagatoria a cuatro personas por los mensajes intimidatorios que recibió Hugo Alconada Mon luego de publicar el Plan de Inteligencia Nacional del gobierno de Javier Milei. Los sospechosos quedaron en la mira porque las líneas desde las cuales se insultó y amenazó al prosecretario de Redacción de LA NACION están a su nombre. Sin embargo, la otra pata de la causa —los intentos de hackeo y el registro del periodista en sitios pornográficos— permanece sin responsables ni avances concretos.

Los titulares de las líneas son Guido Morán (24 años, monotributista, con domicilio fiscal en La Plata y criado en 9 de Julio), Braian Ezequiel Cardozo (25, chaqueño de Charata, a más de mil kilómetros de Buenos Aires, dado de baja del monotributo), Mario Miguel Totilo (56, empleado en relación de dependencia radicado en Benavídez) y Alicia Elena Scarpeccia (75, jubilada, con domicilio en Colón, provincia de Buenos Aires). Las direcciones y las edades dibujan un mapa disperso y llamativo. Para la Fiscalía, el dato que los compromete es que los números de teléfono les pertenecen formalmente, y eso ya constituye “indicios suficientes” para que sean escuchados en los tribunales de Comodoro Py. Rafecas definirá en las próximas horas si hace lugar al requerimiento.

• La investigación expone contradicciones que agregan más dudas. El teléfono asociado a Totilo, por caso, aparece en la billetera virtual Mercado Pago a nombre de Iván Miguel Totilo, un estudiante de 21 años, por lo que no está claro si el que envió los mensajes fue el padre o el hijo. El caso de Scarpeccia es todavía más opaco: la línea está registrada en Telefónica bajo el nombre de un hombre fallecido, Manuel Lázaro Contreras, pero en Mercado Libre figura como usuaria la jubilada de Colón. La madeja de titulares y usuarios reales complica el panorama y siembra la sospecha de que los atacantes pudieron emplear identidades de terceros para disimular el rastro.

• Las amenazas se dispararon el 25 y 26 de mayo de 2025, apenas horas después de que Alconada Mon revelara en LA NACION los detalles del Plan de Inteligencia Nacional que había elaborado la SIDE. Aquel documento habilitaba, en los papeles, el espionaje ilegal sobre opositores, economistas críticos, movimientos sociales y colegas del periodismo. La publicación provocó un temblor político y una reacción inmediata en el mundo digital: a los llamados y mensajes amenazantes se sumaron diez intentos de tomar el control de su cuenta de WhatsApp, un ataque a su perfil de X, la inscripción forzada de su nombre en plataformas de contenido sexual y un intento posterior de ingresar a su cuenta en el diario El País.

La Fiscalía se movió en dos direcciones. Por un lado, avanzó sobre las líneas telefónicas con la colaboración de la División Delitos Constitucionales de la Policía Federal y de Telecom Argentina. Ese trabajo permitió identificar a los cuatro titulares. Por el otro, libró exhortos a Meta Platforms y a X Corp. para desenmascarar a los responsables de los ataques informáticos, pero hasta ahora las empresas no aportaron datos que permitan avanzar. Los investigadores también detectaron que parte del acoso digital —los registros en sitios pornográficos— salió de una IP localizada en la Isla Maciel, Dock Sud, partido de Avellaneda. La pista se diluyó al toparse con una IP “nateada”, un recurso técnico que oculta la identidad real de quien opera detrás de esa dirección.

La causa está partida en dos. La primera mitad, la de las amenazas verbales, se acerca a un punto de definición con el pedido de indagatorias. La segunda, la que involucra una operatoria coordinada de hostigamiento digital y suplantación de identidad, sigue sin responsables. A casi un año de los hechos, esa demora enciende una señal de alerta sobre la impunidad con que se puede perseguir a un periodista en la Argentina sin dejar huellas claras. Si Rafecas acepta el planteo del fiscal, los cuatro apuntados tendrán que explicar por qué sus líneas se usaron para amedrentar a quien acababa de poner a la luz un mecanismo de inteligencia que el poder pretendía mantener bajo llave. La respuesta a esa pregunta —si llega— puede abrir una puerta que hoy permanece cerrada.

Fuente original: LA NACION, 2 de julio de 2026

Enlace: https://www.lanacion.com.ar/politica/la-fiscalia-pidio-indagar-a-cuatro-sospechosos-por-las-amenazas-contra-el-periodista-hugo-alconada-nid02072026/

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#amenazas #hacker #inteligencia #JavierMilei #periodismo #indagatoria

Pensalo un segundo: el mismo funcionario que te retiene el sueldo cada mes y controla si las grandes empresas evaden, tendría tres departamentos en Florida que nunca declaró. Eso es lo que sospecha la Justicia federal, y ahora la investigación pegó un salto. El juez Marcelo Martínez de Giorgi acaba de mandarle exhortos a Estados Unidos para saber si Andrés Gerardo Vázquez, titular de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), es en verdad el dueño de tres inmuebles en Miami que figuran a nombre de sociedades panameñas.

• La movida no arrancó de la nada. El magistrado aceptó el pedido de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA), que conduce Sergio Rodríguez, y que ya juntó un bloque de pruebas sólido. Tanto, que para la PIA hay elementos de sobra para sentar a Vázquez a declarar por omisión maliciosa en sus declaraciones juradas y para ampliar la causa hacia el enriquecimiento ilícito, el lavado de activos y la evasión fiscal. El juez, mientras tanto, quiere que los bancos y las autoridades migratorias de allá confirmen si la plata y los movimientos familiares calzan con el rompecabezas que armaron los investigadores.

Los inmuebles están ubicados en zonas top: la avenida Brickell y Sunny Isles Beach. Las compras se hicieron entre 2013 y 2015, pero no las hizo una persona sino dos empresas panameñas: Alcorta Corp. y Pompeya Group Corp. En los papeles argentinos, Vázquez nunca mencionó su vínculo con esas sociedades, ni ante la Oficina Anticorrupción ni ante el fisco, incumpliendo la obligación que tenía al menos entre 2012 y 2015, y otra vez en 2023. Lo que sí consta es que ambas firmas quedaron bajo el paraguas de Galanthus Capital Limited, una sociedad de las Islas Vírgenes Británicas creada en 2016, donde Vázquez aparece como beneficiario final. Y como si eso no alcanzara, desde 2021 sus hijas mellizas son secretaria y tesorera de las dos panameñas.

• Hay más pistas que hacen difícil creer en un dueño fantasma. Entre 2014 y 2018, Vázquez y su exmujer, Silvia Ivone Rodríguez —que también trabaja en ARCA—, pagaron de su bolsillo los impuestos municipales de esos departamentos: unos 136 mil dólares. Y no solo eso: los cheques de reintegro del condado de Florida llegaron a nombre de ellos. Mientras, el domicilio personal de Vázquez en Puerto Madero quedó registrado como sede oficial de Alcorta Corp. ante las autoridades de Florida, y sus dos hijas viven desde 2022 en la unidad de Sunny Isles que pertenece a Pompeya Group Corp. Cualquier investigador lo llamaría control de hecho: pagás, usás y das tu dirección legal.

El descalce financiero también grita. Antes de que arrancaran las compras en Brickell, Vázquez había declarado tener disponibles apenas 40 mil dólares líquidos. Las operaciones inmobiliarias, sin embargo, treparon a 1,1 millón de dólares. ¿De dónde salió la diferencia? La PIA cree que ahí asoma un esquema más grande, que incluye a Consultora San Andrés SA, una firma que Vázquez maneja con el 51 % junto a su hermana, que no tiene empleados, que llegó a acumular cuatro autos al mismo tiempo y que, según los papeles, le habría prestado la plata para comprarse su propio departamento en Puerto Madero. El fiscal la describe como una posible “sociedad pantalla”.

• Pero hay otra jugada que también está bajo la lupa. En 2018, Vázquez escrituró un triplex de 318 metros cuadrados en el edificio Los Molinos Building, dentro del complejo Faena de Puerto Madero, por unos 226 mil dólares. Unidades similares se ofrecían por más del doble. Para la PIA no es precisamente una ganga, sino un indicio de subvaluación que habrá que peritar.

Con todo ese material sobre la mesa, el juez Martínez de Giorgi movió fichas en varios tableros. Les pidió a los bancos estadounidenses Bank of America, PNC y Wells Fargo los extractos de cuentas de Vázquez y su familia, y que informen si Alcorta Corp. y Pompeya Group Corp. tienen cuentas ahí. También reiteró a las autoridades migratorias que entreguen todos los movimientos de entrada y salida del grupo familiar, para cruzar fechas con las operaciones. En el plano local, la misma batería de pedidos apunta a ARCA, al Colegio de Escribanos, al Banco Central y a otros organismos.

La defensa de Vázquez, por ahora, es esquiva. El funcionario dice que él no es el verdadero dueño de los departamentos —valuados en más de dos millones de dólares— y que pertenecen a un tercero al que nunca identificó ni aportó datos en los tribunales de Comodoro Py. El problema para esa versión es que los comprobantes de impuestos y los reintegros tienen su nombre y el de su exmujer, y que sus hijas viven en uno de esos inmuebles. La Justicia espera ahora la palabra oficial de Estados Unidos.

Lo que está en juego va mucho más allá de un caso judicial. El tipo que debe perseguir a los evasores y garantizar que todos paguen lo que corresponde está siendo investigado por tener una estructura offshore sin declarar. Cuando el encargado de la recaudación queda envuelto en una causa por presunto ocultamiento patrimonial, la sensación de que la vara no es la misma para todos deja de ser una frase hecha y se convierte en un hecho concreto. Mientras tanto, millones de laburantes ven cómo todos los meses les retienen una porción de su ingreso, y se preguntan si vale la pena cumplir cuando los que diseñan las reglas encuentran un atajo.

La respuesta de la justicia norteamericana no tiene fecha. “Los tiempos pasan a depender de la buena o mala voluntad de las autoridades estadounidenses”, le explicó una fuente tribunalicia a LA NACION. A veces, en un par de meses está todo; otras, empiezan los pedidos de aclaración y el trámite se estira dos años o más. Es un plazo que los investigados conocen de memoria y que suele usarse para enfriar causas o mover el dinero a tiempo. Pero la decisión del juez de mandar los exhortos ya marcó un antes y un después: por primera vez la investigación salió del país y va detrás de las pruebas que podrían transformar una maraña societaria en una acusación concreta. La pelota está ahora en la cancha de Miami.

Fuente original: LA NACION, 1 de julio de 2026

Enlace: https://www.lanacion.com.ar/politica/patrimonio-sin-declarar-el-juez-martinez-de-giorgi-pidio-informacion-a-eeuu-sobre-el-titular-de-la-nid01072026/

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