Apartó a los querellantes, le hizo el favor a Novelli y dejó la causa $LIBRA al borde del archivo
La resolución se conoció el sábado 4 de julio, un rato antes de que la Selección saliera a la cancha. El timing no sorprendió a nadie en Comodoro Py: el juez federal Marcelo Martínez de Giorgi eligió el momento justo para asestarle un golpe que puede ser letal a la causa $LIBRA, el expediente que tiene al presidente Javier Milei en el centro de la escena por haber promocionado una criptomoneda que voló y se desplomó en cuestión de horas.
La decisión del magistrado fue doble y devastadora. Por un lado, apartó a los cinco querellantes que venían empujando la investigación. Por el otro, y sin que nadie se lo hubiera pedido, dejó escrito en quince páginas que las pérdidas millonarias que sufrieron los denunciantes no constituyen una estafa, sino que podrían explicarse por "el riesgo propio de un mercado volátil". Todo esto sin haber llamado a declarar a un solo testigo, sin haber ordenado pericias concluyentes y sin haber escuchado a los imputados.
- La maniobra tiene un destinatario preciso: Mauricio Novelli, fundador de Tech Forum y uno de los acusados en el expediente. Fue él quien pidió correr a los acusadores particulares para que dejaran de impulsar medidas. El juez no solo se lo concedió: le regaló los argumentos para el próximo paso, el pedido de archivo definitivo. Porque si en una resolución judicial ya está insinuado que acá no hubo delito, ¿qué margen le queda a la fiscalía para sostener lo contrario?
La cronología de los hechos es conocida pero vale la pena repasarla. El 14 de febrero de 2025, Milei publicó en su cuenta de X un mensaje en el que recomendaba la compra de la criptomoneda $LIBRA y la vinculaba con supuestos préstamos a pequeñas y medianas empresas argentinas. El token registró una suba exponencial en pocas horas y después se derrumbó. El presidente borró el posteo y negó cualquier conexión con el proyecto. Sin embargo, en la causa ya se acreditó que hubo intercambios de mensajes entre Milei y Novelli en los minutos previos y posteriores al lanzamiento del activo digital. Además de Novelli, están imputados Julian Peh, CEO de KIP Protocol, y Hayden Davis, de Kelsier Ventures.
Nada de ese entramado le pareció relevante a Martínez de Giorgi. En cambio, puso el foco en los denunciantes y en la falta de acreditación del origen de los fondos con los que compraron la criptomoneda. Lo paradójico es que él mismo reconoció que hay medidas en curso para avanzar justamente en esa dirección. Es decir: aparta a los querellantes por algo que todavía está en plena etapa de producción probatoria.
- Ahora el expediente queda en manos de la Cámara Federal, que en su momento habilitó la participación de esos mismos acusadores particulares. Los querellantes ya anunciaron que van a apelar, pero el panorama es complejo porque el daño ya está hecho. Sin ellos, la investigación depende exclusivamente del fiscal Eduardo Taiano, a quien los propios denunciantes cuestionaron por su "prudencia" para avanzar. Si el juez decide archivar la causa, será Taiano el encargado de reclamar su continuidad. La cadena de responsabilidades está diseñada para que nada prospere.
Y acá aparece el dato que convierte la resolución judicial en un boomerang político. La esposa del magistrado, Ana María Cristina Juan, fue propuesta por el oficialismo para ocupar un juzgado federal de primera instancia en Hurlingham. Su pliego ya obtuvo el consenso necesario en el Senado y consiguió los votos para ser designada. Solo falta que Milei estampe la firma en el decreto. La coincidencia temporal es imposible de ignorar y en los pasillos de Tribunales ya nadie se la cree: "Hoy por ti, mañana por mí", repiten como un mantra.
Maximiliano Ferraro, uno de los querellantes apartados, fue contundente: "Hoy el juez tomó una decisión que, como denunciantes, no podemos dejar de mirar con enorme preocupación. Con el apartamiento de los querellantes, el impulso de la investigación queda únicamente en manos de la fiscalía que, hasta acá, hizo todo para que la causa no avance".
Lo que queda es un combo indigesto para la institucionalidad argentina. Un presidente que tuitea, un token que se desploma, empresarios que tejieron contactos en los minutos clave, un juez que define sin investigar y una jueza en lista de espera que depende de la firma del mismo mandatario cuestionado. La estafa, para la Justicia que conduce el caso, no existió. Solo hubo, dicen, "riesgo de mercado". El problema es que los ahorristas que confiaron en la palabra presidencial perdieron todo. Y el Poder Judicial, en lugar de investigar, corre a las víctimas y le construye la coartada al imputado.
Fuente original: Dataclave, sábado 4 de julio de 2026
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