Fiscalía pide indagar a cuatro sospechosos por amenazar a Hugo Alconada Mon tras destapar el plan de espionaje ilegal de la SIDE
El fiscal federal Ramiro González le solicitó hoy al juez Daniel Rafecas que llame a declaración indagatoria a cuatro personas por los mensajes intimidatorios que recibió Hugo Alconada Mon luego de publicar el Plan de Inteligencia Nacional del gobierno de Javier Milei. Los sospechosos quedaron en la mira porque las líneas desde las cuales se insultó y amenazó al prosecretario de Redacción de LA NACION están a su nombre. Sin embargo, la otra pata de la causa —los intentos de hackeo y el registro del periodista en sitios pornográficos— permanece sin responsables ni avances concretos.
Los titulares de las líneas son Guido Morán (24 años, monotributista, con domicilio fiscal en La Plata y criado en 9 de Julio), Braian Ezequiel Cardozo (25, chaqueño de Charata, a más de mil kilómetros de Buenos Aires, dado de baja del monotributo), Mario Miguel Totilo (56, empleado en relación de dependencia radicado en Benavídez) y Alicia Elena Scarpeccia (75, jubilada, con domicilio en Colón, provincia de Buenos Aires). Las direcciones y las edades dibujan un mapa disperso y llamativo. Para la Fiscalía, el dato que los compromete es que los números de teléfono les pertenecen formalmente, y eso ya constituye “indicios suficientes” para que sean escuchados en los tribunales de Comodoro Py. Rafecas definirá en las próximas horas si hace lugar al requerimiento.
- La investigación expone contradicciones que agregan más dudas. El teléfono asociado a Totilo, por caso, aparece en la billetera virtual Mercado Pago a nombre de Iván Miguel Totilo, un estudiante de 21 años, por lo que no está claro si el que envió los mensajes fue el padre o el hijo. El caso de Scarpeccia es todavía más opaco: la línea está registrada en Telefónica bajo el nombre de un hombre fallecido, Manuel Lázaro Contreras, pero en Mercado Libre figura como usuaria la jubilada de Colón. La madeja de titulares y usuarios reales complica el panorama y siembra la sospecha de que los atacantes pudieron emplear identidades de terceros para disimular el rastro.
- Las amenazas se dispararon el 25 y 26 de mayo de 2025, apenas horas después de que Alconada Mon revelara en LA NACION los detalles del Plan de Inteligencia Nacional que había elaborado la SIDE. Aquel documento habilitaba, en los papeles, el espionaje ilegal sobre opositores, economistas críticos, movimientos sociales y colegas del periodismo. La publicación provocó un temblor político y una reacción inmediata en el mundo digital: a los llamados y mensajes amenazantes se sumaron diez intentos de tomar el control de su cuenta de WhatsApp, un ataque a su perfil de X, la inscripción forzada de su nombre en plataformas de contenido sexual y un intento posterior de ingresar a su cuenta en el diario El País.
La Fiscalía se movió en dos direcciones. Por un lado, avanzó sobre las líneas telefónicas con la colaboración de la División Delitos Constitucionales de la Policía Federal y de Telecom Argentina. Ese trabajo permitió identificar a los cuatro titulares. Por el otro, libró exhortos a Meta Platforms y a X Corp. para desenmascarar a los responsables de los ataques informáticos, pero hasta ahora las empresas no aportaron datos que permitan avanzar. Los investigadores también detectaron que parte del acoso digital —los registros en sitios pornográficos— salió de una IP localizada en la Isla Maciel, Dock Sud, partido de Avellaneda. La pista se diluyó al toparse con una IP “nateada”, un recurso técnico que oculta la identidad real de quien opera detrás de esa dirección.
La causa está partida en dos. La primera mitad, la de las amenazas verbales, se acerca a un punto de definición con el pedido de indagatorias. La segunda, la que involucra una operatoria coordinada de hostigamiento digital y suplantación de identidad, sigue sin responsables. A casi un año de los hechos, esa demora enciende una señal de alerta sobre la impunidad con que se puede perseguir a un periodista en la Argentina sin dejar huellas claras. Si Rafecas acepta el planteo del fiscal, los cuatro apuntados tendrán que explicar por qué sus líneas se usaron para amedrentar a quien acababa de poner a la luz un mecanismo de inteligencia que el poder pretendía mantener bajo llave. La respuesta a esa pregunta —si llega— puede abrir una puerta que hoy permanece cerrada.
Fuente original: LA NACION, 2 de julio de 2026
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