Los departamentos ocultos del jefe de ARCA: la Justicia le pide a Estados Unidos que abra los libros
Pensalo un segundo: el mismo funcionario que te retiene el sueldo cada mes y controla si las grandes empresas evaden, tendría tres departamentos en Florida que nunca declaró. Eso es lo que sospecha la Justicia federal, y ahora la investigación pegó un salto. El juez Marcelo Martínez de Giorgi acaba de mandarle exhortos a Estados Unidos para saber si Andrés Gerardo Vázquez, titular de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), es en verdad el dueño de tres inmuebles en Miami que figuran a nombre de sociedades panameñas.
- La movida no arrancó de la nada. El magistrado aceptó el pedido de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA), que conduce Sergio Rodríguez, y que ya juntó un bloque de pruebas sólido. Tanto, que para la PIA hay elementos de sobra para sentar a Vázquez a declarar por omisión maliciosa en sus declaraciones juradas y para ampliar la causa hacia el enriquecimiento ilícito, el lavado de activos y la evasión fiscal. El juez, mientras tanto, quiere que los bancos y las autoridades migratorias de allá confirmen si la plata y los movimientos familiares calzan con el rompecabezas que armaron los investigadores.
Los inmuebles están ubicados en zonas top: la avenida Brickell y Sunny Isles Beach. Las compras se hicieron entre 2013 y 2015, pero no las hizo una persona sino dos empresas panameñas: Alcorta Corp. y Pompeya Group Corp. En los papeles argentinos, Vázquez nunca mencionó su vínculo con esas sociedades, ni ante la Oficina Anticorrupción ni ante el fisco, incumpliendo la obligación que tenía al menos entre 2012 y 2015, y otra vez en 2023. Lo que sí consta es que ambas firmas quedaron bajo el paraguas de Galanthus Capital Limited, una sociedad de las Islas Vírgenes Británicas creada en 2016, donde Vázquez aparece como beneficiario final. Y como si eso no alcanzara, desde 2021 sus hijas mellizas son secretaria y tesorera de las dos panameñas.
- Hay más pistas que hacen difícil creer en un dueño fantasma. Entre 2014 y 2018, Vázquez y su exmujer, Silvia Ivone Rodríguez —que también trabaja en ARCA—, pagaron de su bolsillo los impuestos municipales de esos departamentos: unos 136 mil dólares. Y no solo eso: los cheques de reintegro del condado de Florida llegaron a nombre de ellos. Mientras, el domicilio personal de Vázquez en Puerto Madero quedó registrado como sede oficial de Alcorta Corp. ante las autoridades de Florida, y sus dos hijas viven desde 2022 en la unidad de Sunny Isles que pertenece a Pompeya Group Corp. Cualquier investigador lo llamaría control de hecho: pagás, usás y das tu dirección legal.
El descalce financiero también grita. Antes de que arrancaran las compras en Brickell, Vázquez había declarado tener disponibles apenas 40 mil dólares líquidos. Las operaciones inmobiliarias, sin embargo, treparon a 1,1 millón de dólares. ¿De dónde salió la diferencia? La PIA cree que ahí asoma un esquema más grande, que incluye a Consultora San Andrés SA, una firma que Vázquez maneja con el 51 % junto a su hermana, que no tiene empleados, que llegó a acumular cuatro autos al mismo tiempo y que, según los papeles, le habría prestado la plata para comprarse su propio departamento en Puerto Madero. El fiscal la describe como una posible “sociedad pantalla”.
- Pero hay otra jugada que también está bajo la lupa. En 2018, Vázquez escrituró un triplex de 318 metros cuadrados en el edificio Los Molinos Building, dentro del complejo Faena de Puerto Madero, por unos 226 mil dólares. Unidades similares se ofrecían por más del doble. Para la PIA no es precisamente una ganga, sino un indicio de subvaluación que habrá que peritar.
Con todo ese material sobre la mesa, el juez Martínez de Giorgi movió fichas en varios tableros. Les pidió a los bancos estadounidenses Bank of America, PNC y Wells Fargo los extractos de cuentas de Vázquez y su familia, y que informen si Alcorta Corp. y Pompeya Group Corp. tienen cuentas ahí. También reiteró a las autoridades migratorias que entreguen todos los movimientos de entrada y salida del grupo familiar, para cruzar fechas con las operaciones. En el plano local, la misma batería de pedidos apunta a ARCA, al Colegio de Escribanos, al Banco Central y a otros organismos.
La defensa de Vázquez, por ahora, es esquiva. El funcionario dice que él no es el verdadero dueño de los departamentos —valuados en más de dos millones de dólares— y que pertenecen a un tercero al que nunca identificó ni aportó datos en los tribunales de Comodoro Py. El problema para esa versión es que los comprobantes de impuestos y los reintegros tienen su nombre y el de su exmujer, y que sus hijas viven en uno de esos inmuebles. La Justicia espera ahora la palabra oficial de Estados Unidos.
Lo que está en juego va mucho más allá de un caso judicial. El tipo que debe perseguir a los evasores y garantizar que todos paguen lo que corresponde está siendo investigado por tener una estructura offshore sin declarar. Cuando el encargado de la recaudación queda envuelto en una causa por presunto ocultamiento patrimonial, la sensación de que la vara no es la misma para todos deja de ser una frase hecha y se convierte en un hecho concreto. Mientras tanto, millones de laburantes ven cómo todos los meses les retienen una porción de su ingreso, y se preguntan si vale la pena cumplir cuando los que diseñan las reglas encuentran un atajo.
La respuesta de la justicia norteamericana no tiene fecha. “Los tiempos pasan a depender de la buena o mala voluntad de las autoridades estadounidenses”, le explicó una fuente tribunalicia a LA NACION. A veces, en un par de meses está todo; otras, empiezan los pedidos de aclaración y el trámite se estira dos años o más. Es un plazo que los investigados conocen de memoria y que suele usarse para enfriar causas o mover el dinero a tiempo. Pero la decisión del juez de mandar los exhortos ya marcó un antes y un después: por primera vez la investigación salió del país y va detrás de las pruebas que podrían transformar una maraña societaria en una acusación concreta. La pelota está ahora en la cancha de Miami.
Fuente original: LA NACION, 1 de julio de 2026
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