Más de 740 mil argentinos perdieron la cobertura de salud en los últimos dos años y ahora dependen del sistema público
El trabajo precisa que la proporción de habitantes con acceso a alguno de los subsistemas de salud cayó del 67,5% al 65,4% en ese período. En números concretos, las personas que dependen únicamente del sistema público pasaron de 9,55 millones a 10,29 millones. No se trata de una oscilación mínima: casi tres cuartos de millón de personas perdieron el respaldo de una cobertura paga.
El deterioro del empleo formal es uno de los motores de ese desplazamiento. Desde noviembre de 2023, la economía argentina perdió unos 206.000 puestos de trabajo registrados. Como el acceso a las obras sociales está atado a la relación laboral, cada despido o cierre de un comercio arrastra consigo la protección sanitaria de trabajadores y sus familias. Con menos asalariados en blanco, el entramado de las obras sociales –principal vía de cobertura para los trabajadores– se debilita y expulsa afiliados.
A esa dinámica se suma el encarecimiento acelerado del sistema privado. El mismo informe detalla que las cuotas de las empresas de medicina prepaga aumentaron un 417% desde el inicio de la actual gestión, un salto muy por encima de la inflación acumulada, que rondó el 293% en igual lapso. Semejante brecha corroe la capacidad de pago de los hogares y empuja a miles de personas a recalcular sus prioridades.
En el corto plazo los incrementos no se frenan. Para mayo de 2026, las principales compañías del sector aplicaron subas mensuales de entre 3% y 3,9%, en línea con el ritmo inflacionario reciente. Swiss Medical, Sancor Salud, Avalian y Prevención Salud ajustaron cerca del 3,4%, mientras que OSDE y Galeno se movieron entre 3,2% y 3,3%. En lo que va del año, las cuotas acumulan un alza del 7,6% y trepan a cerca del 29,7% en la comparación interanual.
Con esos valores, el mercado de la medicina prepaga se vuelve cada vez más restrictivo. Distintos relevamientos del sector indican que un plan individual puede costar desde $90.000 hasta $250.000 por mes, según la cobertura y la edad del afiliado. Las empresas justifican las actualizaciones en el mayor costo de los insumos médicos, los honorarios profesionales y los servicios; el gasto sanitario crece, argumentan, por encima del promedio de la economía.
El resultado concreto es una sangría de afiliados. Muchas familias migran a planes más austeros, reducen prestaciones o salen del sistema privado por completo. Ese goteo se transforma en una carga extra para el sector público, que absorbe a los nuevos pacientes con un presupuesto que no crece al mismo ritmo. Hospitales provinciales y municipales, así como los centros de atención primaria, sienten la presión de una demanda que no deja de subir.
La arquitectura sanitaria argentina se divide en tres subsistemas: el público, las obras sociales y la medicina prepaga, esta última bajo la órbita de la Superintendencia de Servicios de Salud. Cuando los dos últimos se contraen, el primero recibe todo el peso, sin que medien ampliaciones proporcionales de recursos. La fotografía que deja el informe es nítida: menos trabajadores formales, prepagas más caras y un Estado que absorbe las consecuencias en silencio.
Fuente: MDZol, mayo de 2026
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