BUENOS AIRES, 17 de septiembre de 2026 (actualizado). – El Poder Ejecutivo remitió al Congreso el proyecto de Presupuesto 2027 en el cierre de la sesión del martes, estableciendo una reducción de partidas que afecta al sistema científico-tecnológico y a las universidades nacionales. La medida impacta en instituciones que mantienen déficits estructurales de financiamiento desde el último trimestre de 2023, según se desprende del texto legislativo ingresado al Parlamento.

Proyecciones inflacionarias y capacidad operativa

El documento oficial asigna recursos al CONICET, la Comisión Nacional de Actividades Espaciales (CONAE), la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA) y la Agencia I+D+i para cubrir una inflación proyectada del 18% para el próximo año.

Informes de seguimiento presupuestario indican que, si la inflación real excede ese pronóstico, estas entidades experimentarán una nueva merma en su poder adquisitivo. Actualmente, estos organismos no han revertido la caída del 35% en sus ingresos reales registrada desde diciembre de 2023.

Situación del INTA y el INTI

• El Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) enfrentará una disminución nominal del 12,4% en sus partidas para 2027, de acuerdo con la propuesta oficial. Paralelamente, el Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI) registra una baja nominal del 5,2% en sus recursos asignados.

Registros de ejecución presupuestaria desde 2024 evidencian desfinanciamiento sostenido y reducción de plantel en ambas entidades. El recorte acumulado en términos reales supera el 43% en el INTA y se aproxima al 49% en el INTI durante ese período.

Asignación universitaria y autonomía institucional

El proyecto legislativo destina 7,34 billones de pesos a las universidades nacionales. Esta cifra difiere de los 11 billones de pesos solicitados por el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), órgano que representa a los rectores del país.

El Capítulo II del texto habilita al Ministerio de Capital Humano a exigir el detalle de la finalidad de los gastos universitarios. La normativa otorga facultades al Poder Ejecutivo para suspender las transferencias de fondos ante el incumplimiento de este requisito administrativo.

Documentos del CIN advierten que esta disposición contraviene el principio de autonomía universitaria consagrado constitucionalmente. Las autoridades académicas exigen el acatamiento de la ley de Financiamiento Universitario vigente y proyectan un escenario de conflictividad gremial e institucional.

Antecedentes y contexto

• El sector de educación superior pública concentra el 80% de la matrícula universitaria del país. La discusión presupuestaria se enmarca en un contexto de revisión de los mecanismos de transferencia de recursos a instituciones de investigación y desarrollo tecnológico, con precedentes de ajustes similares en las leyes de presupuesto de 2024 y 2025.

Fuente: Agencia Noticias Argentinas (NA)

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El Poder Ejecutivo Nacional presentó el proyecto de Ley de Presupuesto 2027, el cual incorpora una cláusula que exime del pago del Impuesto a las Ganancias a la liquidación de fideicomisos de centrales termoeléctricas. Esta medida, detallada en el texto legislativo, facilita el traspaso de activos estratégicos controlados por Energía Argentina S.A. (Enarsa) como paso legal y financiero previo obligatorio para su venta y posterior privatización.

De acuerdo con los antecedentes fiscales, la estrategia del Ejecutivo para reducir la presencia estatal en el sector energético se inició en 2025, apuntando a las centrales San Martín (TSM) y Belgrano (TMB). La Ley de Presupuesto 2026 ya había estipulado la liberación tributaria para la transferencia accionaria desde las estructuras fiduciarias originales hacia Termoeléctrica Manuel Belgrano S.A. y Termoeléctrica San Martín S.A.

Fuentes documentales indican que al enmarcar este traspaso patrimonial como una "reorganización" empresarial y no como una compraventa comercial, la operación evade la carga impositiva estándar. Los informes presupuestarios estiman los activos y fondos acumulados en cada fideicomiso en 300 millones de dólares por planta. La aplicación de la alícuota general del 35% habría implicado un desembolso superior a 100 millones de dólares por usina, proyectando un ahorro global cercano a los 200 millones de dólares.

Ampliación de exenciones a nuevos complejos energéticos

El proyecto normativo actual autoriza y extiende esta exención a la transferencia de bienes administrados por los fideicomisos de los complejos termoeléctricos Guillermo Brown y Vuelta de Obligado. La reglamentación dispone el traspaso hacia las firmas Central Vuelta de Obligado S.A. y Termoeléctrica Guillermo Brown S.A.

Para concretar esta migración patrimonial, el texto legal establece como requisito indispensable que la mayoría del paquete accionario de dichas sociedades permanezca bajo control estatal. Asimismo, los documentos oficiales confirman la inclusión de los artículos 65 y 67 dentro de la Ley Complementaria Permanente de Presupuesto. Esta determinación otorga a las exenciones una vigencia indefinida, desvinculando su aplicación del ejercicio fiscal 2027.

Incentivos fiscales para concesiones de rutas nacionales

El artículo 67 de la normativa introduce modificaciones sustanciales al esquema de concesiones de rutas nacionales en el plano fiscal. El régimen habilita la amortización acelerada en el Impuesto a las Ganancias sobre los desembolsos de capital para las firmas que obtengan nuevas licitaciones de obra pública vial o extiendan sus contratos vigentes.

Las empresas adjudicatarias tendrán la facultad de computar la totalidad del impuesto a los débitos y créditos bancarios a cuenta de otros tributos, incluyendo Ganancias, IVA y aportes patronales específicos. El marco regulatorio también contempla la devolución del IVA involucrado en las obras mediante esquemas de reintegro directo o la emisión de certificados de crédito fiscal.

Condicionantes de adhesión federal

La validez global de este programa de beneficios queda supeditada a la articulación con las jurisdicciones locales, según dispone el proyecto de ley. Para habilitar las exenciones otorgadas por la Nación, las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires deberán adherirse formalmente a la medida.

Esta adhesión exige que los gobiernos subnacionales eximan a dichas operaciones del pago de los impuestos a los Ingresos Brutos y de Sellos. Sin la sanción de estas normas complementarias a nivel provincial, el esquema de incentivos tributarios nacionales no podrá aplicarse de manera integral a los proyectos concesionados.

Antecedentes y contexto oficial

Esta estrategia legislativa consolida el marco jurídico para el repliegue de la presencia estatal directa en la operación de activos energéticos estratégicos. La medida profundiza el precedente establecido en el Presupuesto 2026, que inició el proceso de liberación fiscal para las plantas TSM y TMB bajo la titularidad simultánea de la conducción de Enarsa.

Fuente: Proyecto de Ley de Presupuesto 2027 e informes fiscales del Poder Ejecutivo Nacional.

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La pobreza en Argentina alcanzó a 15,1 millones de personas en el primer semestre de 2026, lo que supone un incremento de 1,7 millones de individuos respecto al periodo anterior, según estimaciones de la consultora ExQuanti basadas en datos oficiales. Este aumento revierte la tendencia a la baja registrada en los tres semestres previos y se produce a la espera de la publicación del dato oficial del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) prevista para el 24 de septiembre.

El informe de ExQuanti detalla que el número de personas bajo la línea de la pobreza creció de forma significativa en los primeros seis meses del año. Las mediciones privadas y académicas confirman este retroceso estadístico en el indicador. El nowcast de la Universidad Torcuato Di Tella proyecta una tasa del 31,6%, mientras que el Observatorio de la Deuda Social Argentina (UCA) situó el indicador en el 30% durante el primer trimestre.

Comparativa con gestiones anteriores

El documento de ExQuanti señala que los niveles actuales equiparan los registrados al final de la presidencia de Mauricio Macri. El análisis indica que el acumulado desde octubre de 2025 suma 2,9 millones de nuevos pobres en un periodo de nueve meses. Estas cifras contrastan con los argumentos del Gobierno nacional, que sostiene haber reducido la pobreza desde el pico del 41,7% registrado a finales de 2023.

Factores económicos y ajuste

El Instituto de Investigación en Economía Política (IIEP) de la UBA-CONICET documenta que los servicios públicos acumulan subas superiores al 525% desde diciembre de 2023. A esto se suman incrementos del 912% en el transporte y del 748% en el gas, según el mismo informe académico. Esta presión sobre los presupuestos familiares coincide con una inflación interanual de la Canasta Básica Alimentaria que supera el 32%, de acuerdo con las series del INDEC.

• El dato oficial de pobreza correspondiente al primer semestre de 2026 se publicará el próximo 24 de septiembre. El organismo estadístico nacional determinará la cifra definitiva tras procesar los datos de la Encuesta Permanente de Hogares.

Fuente: ExQuanti, INDEC, UTD, UCA, IIEP (UBA-CONICET) / ElArgentino.ar

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El ministro de Gobierno de la Provincia de Buenos Aires, Carlos Bianco, presentó este martes documentación oficial que acredita un adeudo de 19,1 billones de pesos por parte del Estado nacional. El reclamo se fundamenta en la interrupción de transferencias de fondos y la paralización de obras públicas desde el inicio de la gestión de Javier Milei, según se detalló en una conferencia de prensa en La Plata.

Desglose de la deuda y desfinanciamiento

De acuerdo con los informes presentados por la cartera provincial, el monto reclamado incluye compromisos pendientes con la ANSES, la caja provincial, el Consejo Fiscal, el Fondo Nacional de Incentivo Docente (FONID) y el Fondo de Fortalecimiento Fiscal. A estas partidas se suman obligaciones en materia de salud y convenios de obra pública suscritos con municipios.

La documentación oficial eleva el desfinanciamiento total generado por las decisiones del Ejecutivo nacional a 28,4 billones de pesos. Bianco comparó esta cifra con el presupuesto anual de la Provincia de Buenos Aires, cuantificado en 44 billones de pesos, para dimensionar el impacto fiscal en la jurisdicción.

Contracción productiva y mercado laboral

Los registros provinciales de producción indican una caída intermensual del 1,1 % en julio. El Índice de Producción Industrial Manufacturero registró un descenso cercano al 5 % en el mismo período, marcando la baja más pronunciada desde marzo de 2025.

El sector textil acumuló una contracción del 24,4 % durante el primer semestre, con una pérdida de aproximadamente 27.000 empleos registrados. De manera paralela, la actividad de la construcción retrocedió cerca del 5 %, consolidando dos meses consecutivos de resultados negativos.

En el ámbito laboral, los datos oficiales atribuyen al gobierno nacional la eliminación de casi 600.000 puestos de trabajo registrados desde su asunción. La mayor parte de esta reducción corresponde al empleo privado formal, que disminuyó en 84.300 plazas, mientras que el aumento de monotributos refleja un desplazamiento hacia la informalidad.

Endeudamiento de hogares y empresas

Los informes de situación financiera revelan un aumento del 450 % en la morosidad bancaria de las empresas industriales respecto a diciembre de 2024. En julio de 2026, se identificaron 4.231 firmas en situación irregular según los registros citados.

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Respecto a los hogares, el 76,5 % de las familias endeudadas contrajo obligaciones para cubrir gastos de alimentación o vivienda. Además, el 56 % de estos núcleos familiares destina al menos el 40 % de sus ingresos al servicio de la deuda, y el 86,4 % de aquellos con dificultades financieras no logra cubrir sus gastos corrientes.

Contexto administrativo y obras públicas

Como medida de gestión ante este escenario, el gobierno provincial anunció la creación de una unidad de coordinación ad honorem para las obras de renovación de la rambla de Mar del Plata. La intervención contempla una inversión de 25.000 millones de pesos, con un plazo de ejecución de 180 días a partir de octubre.

El ministro señaló que la falta de articulación con el municipio de General Pueyrredón obedece a la ausencia de respuesta a los requerimientos de coordinación realizados desde enero. La administración provincial mantendrá el ordenamiento adicional y la ejecución de la obra, independientemente de la participación municipal.

Este reclamo fiscal se enmarca en una disputa presupuestaria recurrente entre la Provincia de Buenos Aires y el Gobierno nacional. Los antecedentes administrativos muestran que la jurisdicción ha cuestionado sistemáticamente la metodología de distribución de la coparticipación y la ejecución del gasto público nacional, en un contexto de política de ajuste fiscal orientada a reducir el déficit.

Fuente:

Punto Capital Noticias (https://www.puntocapitalnoticias.com/bianco-cuestiono-al-gobierno-de-milei-y-aseguro-que-la-nacion-le-debe-191-billones-a-la-provincia/)

#DeudaNacional #EconomíaArgentina #ProvinciaDeBuenosAires #CarlosBianco #EmpleoRegistrado #PolíticaFiscal #CrisisIndustrial #GestiónPública

Moverse por Buenos Aires tiene un nuevo aliado para el bolsillo de los usuarios. Desde este viernes 11 de septiembre de 2026, la billetera digital Cuenta DNI habilitó un mecanismo que devuelve el 100% del valor de los pasajes en subte, Premetro y líneas de colectivos adheridas del Área Metropolitana. No se trata de un descuento parcial, sino de una recuperación total del dinero, diseñada para aliviar el gasto diario en movilidad. Su aplicación, sin embargo, depende de requisitos tecnológicos y bancarios muy específicos que conviene conocer al detalle para no llevarse sorpresas en el torniquete.

El beneficio opera bajo una condición ineludible: el pago debe realizarse directamente con el teléfono celular, utilizando tecnología NFC. Para que el sistema procese la devolución, el usuario debe tener vinculada una tarjeta Visa Débito emitida exclusivamente por el Banco Provincia. El reintegro se acredita de forma diaria, pero la promoción establece un límite claro: un tope máximo de $10.000 por mes y por cada tarjeta registrada.

Para poner en marcha esta herramienta, el primer filtro es el hardware. Se requiere un dispositivo móvil con sistema operativo Android compatible con NFC, junto con la aplicación de Cuenta DNI instalada y actualizada. La activación no es automática. El recorrido dentro de la app exige ingresar a la sección "Tarjetas", buscar "Otras funcionalidades", seleccionar la Visa Débito en cuestión y pulsar "Activar para pagos NFC". Tras aceptar los términos, el sistema pedirá validar la identidad mediante la huella digital o el método de seguridad que tenga configurado el equipo.

1Esta iniciativa se inserta en una estrategia de fomento a los medios de pago digitales y la bancarización provincial. En un escenario donde el costo del transporte público representa un porcentaje cada vez más alto del ingreso familiar, entidades como el Banco Provincia buscan incentivar el uso de sus productos digitales. La mecánica del beneficio revela una brecha: al limitar el acceso a teléfonos Android con NFC y a clientes de una entidad bancaria específica, el alcance de la medida queda acotado a un segmento de la población que ya cuenta con ciertas herramientas digitales.

Para el usuario que cumple con todos los requisitos, el impacto es inmediato. Recuperar hasta $10.000 mensuales en viáticos significa un respiro financiero real, especialmente para trabajadores y estudiantes que dependen del tren subterráneo o de las redes de colectivos para llegar a sus destinos. No obstante, para quienes poseen dispositivos sin tecnología NFC o cuentas en otros bancos, la promoción resulta inaccesible, lo que convierte a este reintegro en un alivio selectivo más que en una solución universal para la crisis de movilidad.

Lo que está en juego es la efectividad real de las políticas de bienestar digital. Si bien el reintegro del 100% es una herramienta poderosa para quienes logran acceder a ella, su diseño actual plantea un desafío a futuro: ampliar la compatibilidad a más sistemas operativos y entidades financieras. De lo contrario, se corre el riesgo de que estos beneficios, en lugar de democratizar el acceso al transporte, terminen profundizando las diferencias entre quienes pueden navegar la tecnología y quienes quedan fuera del sistema.

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Fuente: Bairesnews, viernes 11 de septiembre de 2026

Enlace: https://www.bairesnews.com.ar/actualidad/cuenta-dni-permite-viajar-gratis-en-subtes-y-colectivos-de-buenos-aires-como-acceder-al-reintegro-del-100-2447/

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Vivir con menos de 500 mil pesos mensuales en un país donde la canasta básica exige más de un millón y medio no es solo una estadística de pobreza: es una trampa mortal. Mientras la atención pública se dispersa en otros debates, una crisis silenciosa se cobra la vida de adultos mayores que, acorralados por la imposibilidad de comprar alimentos o pagar deudas, encuentran en el suicidio una salida a la angustia diaria. No es un fantasma del futuro; es la emergencia que define el presente de miles de jubilados en Argentina, especialmente a las puertas del 10 de septiembre, fecha clave para la prevención del suicidio.

Los números del Boletín Epidemiológico Nacional marcan un punto de no retorno. Desde 2023, el suicidio se consolidó como la principal causa de muerte violenta en el país. La tasa trepó a un 11,8 %, el pico más alto registrado en la historia, con un incremento del 40 % respecto a períodos anteriores. El INDEC fija la Canasta Básica Total en $1.564.716, mientras el haber mínimo apenas supera los 500 mil pesos. A esta asfixia se suma un dato del Banco Central: 20 millones de argentinos están endeudados y seis millones figuran como morosos. Pablo Della Savia, presidente del Consejo Superior del Colegio de Psicólogos de la provincia de Buenos Aires, lo define sin eufemismos: vivir con ese ingreso único genera una angustia que agota la energía para sobrellevarla, empujando a muchos a una salida trágica.

El problema trasciende lo individual y se ancla en decisiones de política pública. La normativa 19.032 del PAMI exige la gratuidad obligatoria de prestaciones médicas, asistenciales y de remedios, pero hoy esa letra está muerta. El Programa Remediar pasó de entregar 75 medicamentos gratuitos a solo tres. La inversión sanitaria sufrió un recorte cercano al 45 %, y organismos de control clave, como el centro de atención contra el maltrato y abuso al adulto mayor, desaparecieron del PAMI. Incluso el Programa Proteger de la Ciudad de Buenos Aires corre riesgo de desactivación. Alberto “Coco” Meneses, presidente de la Federación de Centros de Jubilados y Pensionados «Fuerza y Voluntad Transformadora», denuncia que los equipos de emergencia psicológica y psiquiátrica del PAMI están paralizados por falta de órdenes, y líneas vitales como "PAMI Escucha y Responde" dejaron de operar.

La consecuencia humana se palpa en los 26 centros y 4 comedores que administra Meneses. La escena es cruda: los adultos mayores llegan desesperados a comer y, apenas terminan, se van a dormir. Evitan sociabilizar porque escuchar el dolor ajeno les recuerda su propia desesperación. Las consultas psicológicas se triplicaron y las líneas de ayuda reciben el mayor volumen de llamadas al amanecer, cuando la soledad golpea más fuerte. Della Savia advierte sobre señales de alerta que no son unívocas: cambios bruscos en el sueño o la alimentación, retraimiento social, o actos testamentarios como regalar objetos queridos y despedirse en vida. Factores como enfermedades crónicas, depresión y falta de apoyo se combinan en un cóctel multicausal.

Lo que está en juego es la vigencia misma de la autonomía y la dignidad en la vejez. La Ley Nacional de Salud Mental, aún en debate, resulta crucial porque presupone la capacidad de las personas y obliga a proteger la autonomía de los adultos mayores, evitando caer en la idea de que son incapaces. Sin una guardia de salud mental las 24 horas y un Estado que destine presupuesto real a la contención emocional, el abandono se profundiza. Revertir esta desesperanza exige que el Estado deje de considerar la supervivencia del jubilado como un asunto privado y asuma su rol de garante de bienestar.

Si vos o alguien que conocés está atravesando un momento difícil, ingresá a estas.estoy.gba.gob.ar o llamá al 0800-222-5462 las 24 horas.

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Fuente: El Grito del Sur, 10 de septiembre de 2026

Enlace: https://elgritodelsur.com.ar/2026/09/el-ajuste-su-cara-mas-cruel-cuando-jubilados-se-quitan-la-vida/

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#Jubilados #CrisisEconómica #DerechosHumanos #ArgentinaDesigual #SaludMental #JusticiaSocial

Mientras el Estado argentino se comprometía a pagar deudas por un siglo, el actual ministro de Economía, Luis Caputo, expandía su patrimonio personal con una operación inmobiliaria de magnitud descomunal. Durante su gestión en el gobierno de Mauricio Macri, y en paralelo a las negociaciones que atarían al país con el Fondo Monetario Internacional, el funcionario adquirió un predio rural en Alberti, provincia de Buenos Aires, que supera los 81 millones de metros cuadrados. Hoy, esa misma tierra lo consolida como el funcionario más rico del Gabinete de Javier Milei, levantando preguntas inevitables sobre la superposición entre las decisiones de Estado y el engrandecimiento patrimonial privado.

Los números de su última Declaración Jurada, analizados al cierre de 2025, pintan un panorama abismal: una fortuna total que ronda los $19.500 millones, con una sola propiedad valuada fiscalmente en $1.290.167.536. Para dimensionarlo, ese único lote de 8.153 hectáreas vale más que el patrimonio combinado del presidente Javier Milei, Karina Milei, Victoria Villarruel, Sandra Pettovello, Alejandra Monteoliva y Adrián Ravier juntos. El registro oficial muestra que el ingreso de este bien a su nombre ocurrió entre marzo de 2016 y mayo de 2017, financiado mediante un crédito que hoy figura como 100% de su propiedad.

La cronología de esa compra no es un detalle menor. En ese mismo periodo, como ministro de Finanzas, Caputo fue el artífice de la emisión de un bono soberano a 100 años por 2.750 millones de dólares, una obligación que el Estado argentino todavía debe honrar por 91 años más. Un año después, en 2018, se concretaría el acuerdo histórico con el FMI. Es decir, mientras se diseñaba la arquitectura de un endeudamiento que condiciona el presente y el futuro fiscal del país, el funcionario ejecutaba una de las inversiones inmobiliarias más grandes de su carrera.

¿Qué significa esto para tu bolsillo? Que cada peso que el Estado destina a pagar los intereses de esa deuda histórica sale de la recaudación de impuestos, de recortes en políticas públicas y de la postergación de necesidades básicas en salud, educación y obra pública. Mientras la inflación cerró 2025 en un 31,5% según el INDEC, golpeando con brutalidad a los sectores más vulnerables, el 95% de los ahorros del ministro se encuentran resguardados en el exterior. Su cartera de bienes no se limita al campo: incluye dos departamentos, una casa quinta, tres cocheras, tres camionetas, un yate, un gomón y un cuatriciclo, blindando su patrimonio contra la crisis que él mismo ayuda a administrar.

Los datos están asentados en las presentaciones ante la Oficina Anticorrupción y no admiten interpretaciones subjetivas. Lo que queda en juego es la transparencia de la gestión pública y la confianza de una sociedad que observa cómo las decisiones macroeconómicas que atan a las próximas generaciones conviven con saltos patrimoniales de hasta el 210% en pocos meses. El debate no es sobre el derecho a tener bienes, sino sobre los tiempos y las formas en que se construye la riqueza cuando se ocupan las funciones más sensibles del Estado.

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Fuente: Diagonales, sábado 5 de septiembre de 2026

Enlace: https://www.diagonales.com/nacion/escandalo--caputo-se-compro-un-campo-del-tamano-de-media-caba-mientras-endeudaba-al-pais-a-100-anos_a6a9badb3ff4353f881476bb5

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#LuisCaputo #DeudaEterna #TransparenciaPública #EconomíaArgentina #Patrimonio #InvestigaciónPeriodística

Comprar un remedio para la presión o el colesterol en Argentina se transformó en un lujo que el salario ya no puede sostener. Un informe reservado que circula en los pasillos del sector salud expuso esta semana una distorsión de mercado que pocos se animan a decir en voz alta: los tratamientos crónicos más básicos cuestan hasta cuatro veces más que en países como España. No estamos hablando de drogas experimentales ni de internaciones complejas, sino de las cajas que millones de argentinos retiran cada mes en la farmacia de la esquina. La brecha ya no es un rumor, es una radiografía exacta de quién está pagando realmente el costo de mantenerse con vida.

Hugo Magonza, presidente de la Unión Argentina de Salud y director del CEMIC, fue quien puso los papeles sobre la mesa. Al cruzar una canasta de 17 principios activos esenciales con los precios de venta al público en Brasil, Estados Unidos, Francia, España e India, el resultado dejó al mercado sin margen para la negación. Un tratamiento mensual de levotiroxina sale 19,3 dólares en nuestras farmacias, contra apenas 3,1 dólares en el exterior. La atorvastatina se dispara a 43,1 dólares frente a 8 dólares afuera, y la metformina, el escudo diario de los diabéticos, cuesta 26,1 dólares locales contra 5,3 dólares internacionales. El gasto de bolsillo del paciente se multiplicó por cuatro, quedando un 300 por ciento por encima de lo que paga un ciudadano español.

La presión no solo se mide en los remedios habituales. Magonza aclaró en una entrevista a Splendid AM 990 que el salto del 15 al 38 por ciento en el gasto directo de los afiliados a prepagas también responde a la irrupción de terapias biológicas y oncológicas, medicamentos de altísima eficacia pero con etiquetas impagables. Sin embargo, el especialista fue tajante al marcar la cancha: “Acá se mide el medicamento que uno consume en la farmacia, no el medicamento que cuesta una fortuna”. El zarpazo al sueldo no espera a una enfermedad rara; te pega en la caja registradora cuando vas a buscar la medicación de todos los días.

Para entender cómo llegamos a este descalabro, hay que mirar el calendario y volver a 2002. Fue en ese año cuando las curvas se rompieron y la salud argentina entró en una espiral de desfinanciamiento estructural. Magonza lo graficó con frialdad matemática: desde entonces, el precio de los remedios corrió un 8,5 por ciento por encima del Índice de Precios al Consumidor, mientras que las cuotas de las prepagas quedaron rezagadas, un 18 por ciento por debajo de la inflación oficial. Los distintos gobiernos pisaron los ingresos del sector y los laboratorios trasladaron la diferencia directo al mostrador. La cuenta siempre la cerró el usuario.

Esta asimetría deja al descubierto un sistema de salud que Magonza define como “muy bueno”, pero perforado por una enorme cantidad de ineficiencias y agujeros negros que se tragan los recursos. La solución, según el diagnóstico, exige intervención del Congreso para aprobar normas legislativas que devuelvan al sistema el dinero que hoy se pierde en abusos corporativos. Mientras esa discusión duerme en los cajones de la política, el impacto en la calle es brutal: familias que racionan las tomas, jubilados que eligen entre comer o comprar pastillas y afiliados que asumen en soledad un costo que debería estar cubierto por su cuota mensual.

El dato duro que deja este informe es que el derecho a la salud en Argentina dejó de medirse por la urgencia clínica y pasó a depender de la liquidez de la cuenta bancaria. Si no se corrige el rumbo regulatorio, la próxima foto del sector mostrará un mercado donde enfermarse de manera crónica será, lisa y llanamente, un privilegio de clase.

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Fuente: La Nación, 06 de septiembre de 2026

Enlace: https://www.lanacion.com.ar/economia/un-informe-del-gobierno-asegura-que-los-precios-de-los-medicamentos-en-la-argentina-triplican-los-nid18082026/

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#Medicamentos #SaludPública #EconomíaReal #Prepagas #ArgentinaDesigual #GastoDeBolsillo

Apenas horas después de la última Cadena Nacional, el Ejecutivo firmó el DNU 867/2026, ejecutando una maniobra financiera que desvía más de 35.000 millones de pesos de las provincias hacia el aparato de seguridad y los poderes centrales. No se trata de un simple ajuste de gabinete: es una reingeniería presupuestaria que modifica el mapa de la plata pública en tiempo récord, sorteando el debate parlamentario ordinario y redefiniendo las prioridades del Estado.

Los números de este viernes 4 de septiembre de 2026 son contundentes. Bajo la partida de "Otras Asistencias Financieras", el Estado eliminó casi 288.500 millones de pesos. De ese total, las transferencias corrientes a los gobiernos provinciales se achicaron en 35.141 millones, mientras que la asistencia social para el personal de la administración pública sufrió un recorte de más de 253.300 millones. Esa misma tijera que corta en lo social y en el interior, se abre de par en par en Buenos Aires. Las Fuerzas Armadas y el Ministerio de Defensa recibieron un refuerzo conjunto que supera los 217.000 millones, con el Ejército sumando más de 60.400 millones, la Fuerza Aérea otros 31.200 millones y la Armada 8.100 millones, incluyendo más de 50 millones en gastos reservados. La SIDE no se quedó atrás: su programa de "Información e Inteligencia" creció 30.500 millones, destinando casi 20.000 millones exclusivamente a equipamiento informático y de oficina. A este paquete se le suman inyecciones millonarias para el RENAPER (120.000 millones), la CONAE (119.200 millones más préstamos internacionales), el Poder Judicial (111.200 millones) y el Legislativo (casi 64.000 millones).

• Para sortear los trámites constitucionales de sanción de leyes, el oficialismo apeló a la "naturaleza excepcional" de la situación, limitándose a informar a la Comisión Bicameral Permanente una vez consumado el hecho. Esta operatoria consolida un proceso de recentralización del gasto. Lejos de fortalecer el federalismo, el Tesoro concentra la administración de los recursos, financiando esta expansión centralizada, en parte, mediante la venta de activos públicos como edificios e instalaciones estatales, lo que aportó más de 222.900 millones de pesos a las arcas, sumados a 11.200 millones provenientes del Fondo Nacional de la Justicia.

¿Cómo se traduce esto en la calle? Cuando una provincia pierde miles de millones en transferencias del Tesoro, el ajuste no lo absorbe un algoritmo, lo paga la gente. Se traduce en demoras en el mantenimiento de hospitales regionales, en la reducción de horas de trabajadores municipales o en la asfixia de comedores comunitarios que dependen de fondos distritales. Mientras el presupuesto social se comprime, el Estado prioriza misiones satelitales, gastos reservados y hardware para organismos de inteligencia.

• La firma del DNU 867/2026 deja una incógnita sobre la mesa: la sostenibilidad de un modelo que equilibra sus cuentas exprimiendo la autonomía financiera de las provincias. En los próximos meses, el país verá si esta concentración de recursos logra la estabilidad macroeconómica que promete el Gobierno o si, por el contrario, profundiza la fractura entre una Capital blindada y un interior que deberá arreglárselas con un presupuesto cada vez más estrecho.

Si la situación económica te toca de cerca, si contás con videos, documentos o una denuncia que quieras hacer llegar de forma segura, desde Argentina Desigual queremos escucharte. Tu información es clave para seguir poniendo luz donde hace falta.

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Fuente: Boletín Oficial de la República Argentina / Argentina.gob.ar, viernes 04 de septiembre de 2026

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El 1 de septiembre marca un quiebre en la rutina de miles de personas que se mueven por el Gran La Plata y el Área Metropolitana de Buenos Aires. Con la entrada en vigencia del nuevo esquema, el pasaje mínimo de colectivo para tramos de hasta 3 kilómetros se fija en $1.268,20 para quienes usan la tarjeta SUBE registrada. Lejos de ser un mero ajuste técnico, esta medida consolida un modelo que traslada el costo operativo del servicio directamente al bolsillo del usuario.

• La matemática es contundente. En diciembre de 2023, ese mismo trayecto mínimo en el Gran La Plata se abonaba a $52,96. Hoy, la tarifa se multiplica por más de 23 veces, lo que representa un incremento superior al 2.290% en menos de tres años. Si tu tarjeta no está registrada, el golpe es doble: el boleto mínimo sin beneficio salta a $2.536,39, prácticamente el doble del valor con subsidio.

Esta reestructuración responde a una decisión de política económica deliberada. El Ejecutivo nacional prioriza el déficit cero mediante el desmantelamiento progresivo de los subsidios estatales al transporte interurbano y de jurisdicción nacional. La lógica es directa: el Estado se retira del financiamiento y el usuario absorbe la totalidad del costo del servicio.

En el día a día, este número redefine los presupuestos familiares. Un viaje corto, que antes era un gasto marginal, hoy consume una porción significativa del ingreso mensual. La barrera económica se vuelve más alta para los sectores que viven en la periferia y dependen exclusivamente de la red de colectivos para acceder al empleo o la educación, forzando una reorganización dolorosa de los gastos del hogar.

Con la vigencia de esta nueva grilla, el transporte público deja de operar como un servicio universal con apoyo estatal para funcionar bajo una lógica de mercado puro. El desafío inmediato para las familias de la región será sostener su movilidad cotidiana en un escenario donde los salarios no escalan al mismo ritmo que las tarifas.

Si esta situación te toca de cerca, si contás con boletos, comprobantes o una denuncia que quieras hacer llegar de forma segura, desde Argentina Desigual queremos escucharte. Tu información es clave para seguir poniendo luz donde hace falta.

Además, si estás buscando trabajo o conocés a alguien que esté ofreciendo empleo, tenemos una sección de Avisos Clasificados para ayudarte a conectar. Escribinos a través de nuestra web o redes sociales con total confidencialidad. Porque informar también es tender puentes y defender a nuestra comunidad.

Fuente: Info Berisso, 27 de agosto de 2026

Enlace: https://infoberisso.com.ar/historico-milei-aumento-el-boleto-2290/

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