El Gobierno desvió $35.000 millones de las provincias para blindar a las Fuerzas Armadas y la SIDE
Apenas horas después de la última Cadena Nacional, el Ejecutivo firmó el DNU 867/2026, ejecutando una maniobra financiera que desvía más de 35.000 millones de pesos de las provincias hacia el aparato de seguridad y los poderes centrales. No se trata de un simple ajuste de gabinete: es una reingeniería presupuestaria que modifica el mapa de la plata pública en tiempo récord, sorteando el debate parlamentario ordinario y redefiniendo las prioridades del Estado.
Los números de este viernes 4 de septiembre de 2026 son contundentes. Bajo la partida de "Otras Asistencias Financieras", el Estado eliminó casi 288.500 millones de pesos. De ese total, las transferencias corrientes a los gobiernos provinciales se achicaron en 35.141 millones, mientras que la asistencia social para el personal de la administración pública sufrió un recorte de más de 253.300 millones. Esa misma tijera que corta en lo social y en el interior, se abre de par en par en Buenos Aires. Las Fuerzas Armadas y el Ministerio de Defensa recibieron un refuerzo conjunto que supera los 217.000 millones, con el Ejército sumando más de 60.400 millones, la Fuerza Aérea otros 31.200 millones y la Armada 8.100 millones, incluyendo más de 50 millones en gastos reservados. La SIDE no se quedó atrás: su programa de "Información e Inteligencia" creció 30.500 millones, destinando casi 20.000 millones exclusivamente a equipamiento informático y de oficina. A este paquete se le suman inyecciones millonarias para el RENAPER (120.000 millones), la CONAE (119.200 millones más préstamos internacionales), el Poder Judicial (111.200 millones) y el Legislativo (casi 64.000 millones).
- Para sortear los trámites constitucionales de sanción de leyes, el oficialismo apeló a la "naturaleza excepcional" de la situación, limitándose a informar a la Comisión Bicameral Permanente una vez consumado el hecho. Esta operatoria consolida un proceso de recentralización del gasto. Lejos de fortalecer el federalismo, el Tesoro concentra la administración de los recursos, financiando esta expansión centralizada, en parte, mediante la venta de activos públicos como edificios e instalaciones estatales, lo que aportó más de 222.900 millones de pesos a las arcas, sumados a 11.200 millones provenientes del Fondo Nacional de la Justicia.
¿Cómo se traduce esto en la calle? Cuando una provincia pierde miles de millones en transferencias del Tesoro, el ajuste no lo absorbe un algoritmo, lo paga la gente. Se traduce en demoras en el mantenimiento de hospitales regionales, en la reducción de horas de trabajadores municipales o en la asfixia de comedores comunitarios que dependen de fondos distritales. Mientras el presupuesto social se comprime, el Estado prioriza misiones satelitales, gastos reservados y hardware para organismos de inteligencia.
- La firma del DNU 867/2026 deja una incógnita sobre la mesa: la sostenibilidad de un modelo que equilibra sus cuentas exprimiendo la autonomía financiera de las provincias. En los próximos meses, el país verá si esta concentración de recursos logra la estabilidad macroeconómica que promete el Gobierno o si, por el contrario, profundiza la fractura entre una Capital blindada y un interior que deberá arreglárselas con un presupuesto cada vez más estrecho.
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Fuente: Boletín Oficial de la República Argentina / Argentina.gob.ar, viernes 04 de septiembre de 2026
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