El Presupuesto 2027 profundiza el ajuste en el sistema científico y las universidades nacionales
BUENOS AIRES, 17 de septiembre de 2026 (actualizado). – El Poder Ejecutivo remitió al Congreso el proyecto de Presupuesto 2027 en el cierre de la sesión del martes, estableciendo una reducción de partidas que afecta al sistema científico-tecnológico y a las universidades nacionales. La medida impacta en instituciones que mantienen déficits estructurales de financiamiento desde el último trimestre de 2023, según se desprende del texto legislativo ingresado al Parlamento.
Proyecciones inflacionarias y capacidad operativa
El documento oficial asigna recursos al CONICET, la Comisión Nacional de Actividades Espaciales (CONAE), la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA) y la Agencia I+D+i para cubrir una inflación proyectada del 18% para el próximo año.
Informes de seguimiento presupuestario indican que, si la inflación real excede ese pronóstico, estas entidades experimentarán una nueva merma en su poder adquisitivo. Actualmente, estos organismos no han revertido la caída del 35% en sus ingresos reales registrada desde diciembre de 2023.
Situación del INTA y el INTI
- El Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) enfrentará una disminución nominal del 12,4% en sus partidas para 2027, de acuerdo con la propuesta oficial. Paralelamente, el Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI) registra una baja nominal del 5,2% en sus recursos asignados.
Registros de ejecución presupuestaria desde 2024 evidencian desfinanciamiento sostenido y reducción de plantel en ambas entidades. El recorte acumulado en términos reales supera el 43% en el INTA y se aproxima al 49% en el INTI durante ese período.
Asignación universitaria y autonomía institucional
El proyecto legislativo destina 7,34 billones de pesos a las universidades nacionales. Esta cifra difiere de los 11 billones de pesos solicitados por el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), órgano que representa a los rectores del país.
El Capítulo II del texto habilita al Ministerio de Capital Humano a exigir el detalle de la finalidad de los gastos universitarios. La normativa otorga facultades al Poder Ejecutivo para suspender las transferencias de fondos ante el incumplimiento de este requisito administrativo.
Documentos del CIN advierten que esta disposición contraviene el principio de autonomía universitaria consagrado constitucionalmente. Las autoridades académicas exigen el acatamiento de la ley de Financiamiento Universitario vigente y proyectan un escenario de conflictividad gremial e institucional.
Antecedentes y contexto
- El sector de educación superior pública concentra el 80% de la matrícula universitaria del país. La discusión presupuestaria se enmarca en un contexto de revisión de los mecanismos de transferencia de recursos a instituciones de investigación y desarrollo tecnológico, con precedentes de ajustes similares en las leyes de presupuesto de 2024 y 2025.
Fuente: Agencia Noticias Argentinas (NA)
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