No están en hoteles de lujo ni en oficinas con vista al puerto. Están recorriendo campos en Salta, sobrevolando la pampa húmeda y tomando café con productores en Río Negro. Emisarios de fondos soberanos y gobiernos de la Península Arábiga ya pisan suelo argentino. Vinieron a oler la tierra, literalmente, y a esperar el último portazo legislativo: la sanción de la nueva ley de tierras que flexibiliza la venta de hectáreas a extranjeros. La foto es potente: mientras millones de argentinos no llegan a fin de mes, tres potencias del Golfo Pérsico mandan a su gente a tantear el botín agropecuario.

• Te lo cuento en criollo: Emiratos Árabes Unidos, Arabia Saudita y Catar tienen representantes en el país en este mismo momento. Según pudo reconstruir este medio a partir de fuentes oficiales, los enviados se reunieron con funcionarios del área económica y ya peinan el mapa productivo. El objetivo declarado es “explorar oportunidades de inversión”, pero en el detalle fino se habla de compra de campos, desarrollo de sistemas de riego a gran escala y alianzas con productores locales que hoy están ahorcados por la falta de crédito.

• ¿Y qué buscan? Seguridad alimentaria. En castellano simple: garantizarse la comida para los próximos 30 años usando suelo ajeno. “Hay un interés genuino. Buscan destinos con seguridad alimentaria y potencial de producción a gran escala. La nueva ley les da un marco más previsible”, confesó un funcionario del equipo económico que pidió estricta reserva de su nombre. La frase te la subrayo porque es la llave de todo: no vienen a especular con ladrillos, vienen a sembrar soja, maíz y forrajes que después se embarcan directo a Medio Oriente sin pasar por la mesa de los argentinos.

La ley que esperan no es un borrador perdido en un cajón. La impulsa el oficialismo con un discurso que mezcla “lluvia de inversiones” y “desarrollo federal”. Lo concreto es que elimina varias de las restricciones que desde 2011 ponían un tope a la extranjerización de tierras rurales. Aquella ley, la 26.737, decía que un mismo dueño extranjero no podía tener más de 1.000 hectáreas en la zona núcleo ni superar el 15% del total de tierras del país en manos foráneas. Ahora ese límite se corre, se vuelve poroso, y encima se endulza con beneficios impositivos atados a producción y a infraestructura. Dicho sin eufemismos: si comprás y producís, pagás menos impuestos. Si además construís un camino o un canal de riego, el Estado te premia.

Pero volvamos a los hombres que ya están acá. Las fuentes consultadas indican que los cataríes pusieron el ojo en proyectos de irrigación en zonas áridas del noroeste, donde el agua vale más que el petróleo. Los saudíes, en tanto, miran la frontera agropecuaria del centro y el litoral, con interés en integrar la producción primaria con sus propias cadenas logísticas. Los emiratíes, más diversificados, exploran alianzas con empresas locales que ya exportan a los países del Golfo. Ninguno improvisa: llegaron con estudios de suelo, imágenes satelitales y proyecciones de demanda hídrica. Saben que la puja global por la tierra fértil se aceleró y que la Argentina, con la ley nueva, se ofrece en bandeja.

¿Por qué importa ahora? Porque esto no es un simple negocio entre privados. Cada hectárea que pase a manos de un fondo soberano extranjero es una porción de soberanía que se diluye. Y ojo, no hablo de xenofobia barata; hablo de quién decide qué se planta, a qué precio se vende y en qué condiciones trabajan los peones rurales. Cuando el dueño está a 13.000 kilómetros y responde a una casa real, la cadena de responsabilidades se vuelve humo. Ya pasó en África y en el sudeste asiático: tierras compradas por Emiratos o Arabia Saudita para cultivar forrajes, mientras los pequeños agricultores locales eran desplazados sin contemplación.

En la Argentina, el contexto es un polvorín. La pobreza roza el 40%, la inseguridad alimentaria crece en los barrios populares y los productores familiares se funden de a miles por falta de políticas públicas. Mientras tanto, el gobierno ofrece seguridad jurídica a los inversores de 5 estrellas. La ley no dice que los pequeños y medianos productores vayan a desaparecer al otro día, pero el mensaje es clarito: el campo argentino deja de ser un bien estratégico y pasa a ser una góndola de ofertas para el mejor postor internacional.

Y hay un dato que no podés dejar pasar. La normativa condiciona los beneficios impositivos a que se produzca y se desarrolle infraestructura. Suena razonable, ¿no? El problema es quién controla. Con una AFIP desguazada y oficinas provinciales sin recursos, la promesa de fiscalización es papel picado. El mismo funcionario que habló con este medio reconoció, puertas adentro, que “el desafío es que no se convierta en un aguantadero de capitales sin que la tierra efectivamente trabaje para el país”. Esa frase, dicha en voz baja, es la confesión de una debilidad que te la regalo: vamos a depender de la buena fe de fondos que manejan billones de dólares y que, si un día cambia la rentabilidad, levantan campamento sin pedir disculpas.

Pensalo en términos concretos. Una provincia como Mendoza o San Juan, con cuencas hídricas al límite, puede ver cómo un fondo compra 15.000 hectáreas, perfora hasta la última gota y se lleva la producción en barcos sin procesar. En el mientras tanto, los regantes locales pelean por un turno de agua. En el Chaco o Santiago del Estero, la llegada de estos capitales puede empujar el desmonte con la excusa de “poner a producir tierra improductiva”. La letra de la ley habla de sostenibilidad, pero los papeles no frenan topadoras.

Y no es casual la visita ahora, con la ley a punto de salir. Es pura táctica. Los emisarios recorren campos, se sacan fotos con dirigentes rurales y dejan trascender que el interés es “genuino”. Mientras, en el Congreso, esa presencia silenciosa opera como presión. ¿Quién va a querer frenar una ley si ya hay jeques haciendo fila? La estrategia es vieja como el capitalismo: crear el hecho consumado antes de que el debate social siquiera empiece.

Lo que está en juego no es menor. La tierra en la Argentina no es un commodity cualquiera. Es la base de nuestra alimentación, el sostén de miles de comunidades y el último refugio de un modelo productivo que, con todas sus contradicciones, todavía reparte el pan de cada día. Regalarla por beneficios fiscales a reinos que no rinden cuentas a nadie es hipotecar la mesa de tus hijos. Y esa hipoteca no se firma en árabe ni en inglés: se firma en español, en el recinto de Diputados, con los mismos que después te piden el voto.

La promesa oficial es que la ley va a traer inversiones, trabajo y desarrollo. Puede ser. Pero mirá el espejo de otras privatizaciones: los trenes, Aerolíneas, YPF, el Correo. La historia argentina está llena de “marcos previsibles” para capitales extranjeros que terminaron en vaciamiento. Hoy son fondos de países árabes; mañana pueden ser chinos, rusos o estadounidenses. La pregunta es si queremos ser un país que produce alimentos para otros o un país que se sienta en la cabecera de su propia mesa.

Los emisarios ya están acá. Mientras vos leés esto, probablemente estén sobrevolando algún lote en Entre Ríos o negociando un porcentaje en una aceitera mediana. La ley está al caer. El debate, en cambio, recién empieza y te pertenece.

Fuente original: Confidencial del Agro – 29 de julio de 2026

Enlace: https://confidencialagro.com.ar/nota-ley-tierras-golfo-emisarios

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#LeyDeTierras #InversionesExtranjeras #SoberaníaAlimentaria #ArgentinaDesigual #GolfoPérsico #AgroArgentino

El próximo jueves, el Congreso define si elimina de un plumazo los pocos límites que frenan la extranjerización del suelo argentino. No es un proyecto más: es la norma que permitiría que fondos de inversión y corporativos de cualquier parte del mundo compren campos, zonas ribereñas, tierra de frontera y reservas de minerales sin que el Estado pueda decir nada. Y se vota con 13 millones de hectáreas que ya están en manos foráneas.

La Coalición Federal en Defensa de la Tierra —espacio que junta a organizaciones campesinas, pueblos originarios, las dos CTA y asambleas ambientalistas— lanzó una campaña contrarreloj para que la ley no pase. Marilú Aradas, de la Red TRAMA, lo sintetizó sin vueltas ante este medio: “Ya nos ganaron la privatización del Paraná y el juicio por agrotóxicos de Pergamino. Ahora van por la tierra y por el agua. Van por todo y lo intentaron en medio del mundial”.

• La fecha no es casual. El proyecto iba a tratarse el 16 de julio, pero el partido de la Selección contra Inglaterra —con la bandera de Malvinas desplegada en la cancha— obligó a postergar la sesión. El simbolismo pesó: no daba votar una ley que habilita la venta de tierra de frontera justo cuando el país se unía detrás de un reclamo de soberanía. Ahora, sin Mundial de por medio, el poroteo está abierto y en Santa Fe aprietan a un diputado radical clave que todavía no larga prenda.

• ¿Qué dice exactamente el texto que redactó Federico Sturzenegger? Básicamente, jubila la Ley 26.737, esa que le ponía un techo del 15% de propiedad extranjera por provincia, un máximo de 1.000 hectáreas por sociedad en la zona núcleo y la prohibición de que capitales de afuera se adueñen de ríos, lagos y reservas de agua. Con la nueva norma, esos candados se caen todos juntos. Se derogan los límites de superficie y porcentaje, se habilita la compra de tierras ribereñas y de áreas con recursos minerales, y desaparece el requisito de que las zonas de seguridad de frontera queden en manos de argentinos, como ya había pasado en los 90.

Pero el zarpazo no termina ahí. El proyecto también mete mano en las escasas defensas que le quedaban a los inquilinos rurales ante un desalojo: elimina la chance de que salden deudas para no irse a la calle. Y abre una ventana peligrosísima sobre los incendios rurales, porque flexibiliza las normas de cambio de uso de suelo en campos quemados, dejando la restricción solo para bosques protegidos por ley y bosques no productivos. Si un predio se prende fuego, la especulación inmobiliaria tiene vía libre para transformarlo en negocio.

• Los números del Observatorio de Tierras del CONICET y la UBA ponen el cuerpo a la denuncia: ya hay más de 13 millones de hectáreas en propiedad extranjera. Es toda Inglaterra metida dentro de la Argentina. En 36 departamentos de distintas provincias se superó largamente el límite que fijaba la ley vigente, y en algunos la tenencia foránea trepa al 50%. Estamos hablando de distritos con agua dulce, con litio, con la traza del Paraná, el principal corredor fluvial del país. (enlace abajo) 

Pablo Paillole, ex Federación Agraria, apuntó directo a la Mesa de Enlace: “La Sociedad Rural Argentina acuerda con este modelo extranjerizador porque habilita la concentración de la tierra para cualquier magnate. Es el posicionamiento histórico de la entidad. No es la venta para inmigrantes que ya trabajaban o alquilan la tierra”. Paillole recordó lo que los libros de historia registran con claridad: las estancias de la oligarquía convivieron siempre con latifundios de explotación intensiva manejados por capitales británicos, como La Forestal en Santa Fe o los establecimientos ovinos patagónicos.

El petitorio que circula entre organizaciones de productores familiares es una síntesis del clima que se vive en los territorios: “Hacemos un llamado urgente a quienes legislan, a los senadores y diputados elegidos en cada rincón de nuestro país, a que rechacen la ley en su totalidad. Argentina está en peligro. Nuestra soberanía está en riesgo. El Proyecto de ‘Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada’ no es otra cosa que una ley de extranjerización y desalojo que nos convierte en un enclave colonial”.

Con los votos ajustados y la presión puesta sobre legisladores que todavía no definieron su postura, el jueves 6 de agosto puede convertirse en el día en que la Argentina decida si sigue teniendo herramientas para defender su suelo o si abre la tranquera para que cualquiera con dólares, yuanes o riales venga a comprar lo que antes era de todos.

Fuente original: Argenmedios, 29 de julio de 2026

Enlace: https://argmedios.com.ar/milei-quiere-vender-las-tierras-argentinas-a-los-magnates-extranjeros/

https://www.observatoriodetierras.ar/2025/12/la-extranjerizacion-de-tierras-en.html?m=1

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#NoALaExtranjerización #SoberaníaNacional #6Agosto #TierrasEnRemate #ArgentinaDesigual #CongresoNacional

El lunes 3 de agosto no va a ser un día normal. Los trabajadores estatales paran en todo el país y van a movilizarse al Ministerio de Economía. Pero esta vez la bronca trae un condimento que debería alarmarte: los sueldos de bolsillo perdieron por goleada contra la inflación, el Gobierno ya no negocia paritarias —solo notifica números— y desde ATE denuncian un mecanismo sistemático para destruir el poder de compra de sus afiliados. La frase que eligió Rodolfo Aguiar, secretario general del gremio, fue tan brutal como precisa: "Con la complicidad de UPCN, en dos años y medio se destruyeron los bolsillos de todos los trabajadores del sector público. Nos han asaltado, han conformado una asociación ilícita para robarnos el dinero que es de nuestra propiedad".

No es un insulto al aire. Es una acusación gravísima lanzada por quien conduce uno de los sindicatos más grandes del país, con nombre, apellido y a la luz del día. Aguiar no habló de diferencias políticas ni de ajuste inevitable: habló de robo organizado. Y tiró un dato que explica por qué la paciencia de los estatales se terminó. Los salarios tendrían que ser más del doble de lo que son ahora. Mientras tanto, lo que efectivamente cobran es un sueldo que en muchos convenios no supera los 450 mil pesos. ¿Vivís con 450 mil pesos por mes? Porque una persona que trabaja todos los días en un organismo público está intentando hacerlo.

Las cifras son elocuentes y dan vergüenza ajena. Hasta junio, los incrementos acumulados en la Administración Pública Nacional llegaron al 12,9 por ciento. La inflación en el mismo período trepó al 16,9. Es decir, los empleados públicos perdieron cuatro puntos de poder adquisitivo en seis meses, en una carrera donde el que corre más lento se queda sin comer. La secretaria adjunta de ATE Nacional, Mercedes Cabezas, lo confirmó en diálogo con Tomás Méndez en "Mejor que mañana" y puso las cosas en criollo: "Los empleados públicos nacionales están en el orden de entre los 700 mil a 800 mil pesos de promedio, pero hay convenios que cobran hoy entre 350 mil y 450 mil pesos de salario. Con ese dinero, por supuesto, no pueden vivir los trabajadores y trabajadoras".

Pará la oreja un segundo. Convenios enteros del Estado nacional cobrando lo mismo que un alquiler en un barrio de clase media. Gente que te atiende en una ventanilla de la Anses, que procesa un expediente en Migraciones, que limpia un hospital público. Gente con responsabilidades, horarios y tareas que sostienen lo poco que queda del aparato estatal. Gente que ya no llega a fin de mes y que, según alertó el propio Aguiar, está cayendo en un nivel de endeudamiento que pone los pelos de punta.

Porque el desastre no termina en el recibo de sueldo. Aguiar advirtió sobre una situación "alarmante" y detalló un fenómeno que debería sacudir cualquier redacción y cualquier grupo de WhatsApp: los empleados públicos ya superaron las formas tradicionales de financiamiento. Bancos, mutuales, billeteras virtuales. Todo eso fue quedando chico, o directamente les cerraron la puerta. Ahora están recurriendo a prestamistas de barrio, esos que no piden recibo de sueldo pero cobran con intereses usurarios y amenazas. Lo dijo sin eufemismos: "Lo más peligroso es que ahora han llegado a endeudarse con prestamistas en los barrios, y esta forma de endeudamiento hasta pone en riesgo la integridad de quienes toman esos créditos". Integridad física. No está hablando de un atraso en la cuota de la tarjeta: está hablando de que un laburante del Estado puede terminar golpeado por pedir plata para comer.

¿Y el Gobierno mientras tanto? Informa. Esa fue la palabra que eligió Cabezas y que pinta de cuerpo entero la relación actual entre el Ejecutivo y los gremios. "Desde que asumió este gobierno no tenemos paritarias; lo que tenemos es información de lo que quiere hacer el gobierno, que es seguir degradando el salario de los trabajadores y las trabajadoras públicas". Información, no negociación. Un monólogo donde Caputo y Milei comunican un porcentaje, cierran la carpeta y se van. La paritaria, esa herramienta que existió durante décadas para que el laburante discutiera su sueldo frente a la inflación, fue reemplazada por una notificación. Como si fueras a comprar el pan y te dijeran cuánto vas a pagar sin preguntarte si te alcanza.

El combo es explosivo y tiene patas en todo el país. Porque la medida del 3 de agosto no es solo nacional: Cabezas explicó que van al paro "no solamente por la situación que están viviendo los y las estatales en términos salariales y la destrucción del Estado como lo conocemos, sino también por la situación que están viviendo las provincias y los municipios". La motosierra no distingue jurisdicciones. Las administraciones locales se están quedando sin recursos para garantizar políticas públicas básicas, y la dirigente no se guardó la estocada: la única política del gobierno de Milei y Caputo es la del "endeudamiento" y la "pérdida de soberanía". Endeudar para después ajustar, ajustar para después licuar.

Fijate cómo cierra el círculo. Por un lado, los servicios públicos aumentaron más del 900 por ciento desde que asumió Milei, según los números que puso Aguiar sobre la mesa. Por otro lado, el recorte aplicado a la paritaria supera el 45 por ciento. Traducción: pagás tarifas siderales con un sueldo que se encoge cada mes. El Estado está presente, pero no para la gente, denunció Aguiar: está presente "para garantizar los intereses de los grandes grupos económicos nacionales y las transnacionales". El laburante que cobra 400 lucas, en cambio, que se arregle con el prestamista del barrio.

La movilización del 3 de agosto no será en soledad. CTERA acompañará con sus delegaciones en el marco del reinicio del ciclo lectivo, justo cuando las aulas vuelven a abrirse en la Ciudad de Buenos Aires y en varias provincias. Paro docente y paro estatal, en espejo. Dos sectores que durante años fueron el colchón de contención de millones de argentinos hoy se unen para denunciar que están siendo empujados a la indigencia con trabajo. Y el 7 de agosto la agenda sigue: jornada de protesta por San Cayetano, el santo del pan y del trabajo. Simbólico y filoso.

Lo que está pasando no es un conflicto gremial más. Es un termómetro social que marca fiebre alta. Cuando el sindicato habla de "asociación ilícita", cuando los empleados públicos caen en manos de usureros de barrio, cuando la paritaria se reemplaza por un comunicado unilateral, el mensaje es clarísimo: el Estado que debería proteger a sus trabajadores los está empujando al abismo. Y la respuesta de los laburantes ya no será esperar otro mes a ver si hay un bono: será parar el país, movilizarse al Ministerio de Economía y ponerle cuerpo a una indignación que ya desbordó los pasillos de las oficinas públicas.

Lo que queda en juego es enorme. Porque si el Gobierno sigue respondiendo con información en lugar de negociación, el conflicto va a escalar. Y cuando un laburante ya no tiene nada que perder porque ni el sueldo ni el prestamista le alcanzan, la calle habla un idioma que ningún escritorio puede ignorar.

Fuente original: ADNweb, 28 de julio de 2026

Enlace: https://www.adnweb.com.ar/politica/ate-confirma-un-paro-nacional-por-la-perdida-del-poder-adquisitivo_a6a68fe996fc1b3ffc1109cc3

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#ParoNacional #ATE #SalariosDeMiseria #PrestamistasBarriales #ArgentinaDesigual #SinParitarias

El peronismo bonaerense empieza a moverse. Este lunes por la tarde, once intendentes de distintos puntos de la provincia de Buenos Aires se reunieron con el gobernador Axel Kicillof en su despacho de La Plata para conformar un nuevo espacio político: la "Liga de Intendentes Peronistas de la Provincia de Buenos Aires". El encuentro, que duró un poco más de dos horas, tuvo un objetivo explícito: sumar una pata más a la mesa de debate que hoy integran La Cámpora, el Frente Renovador y el Movimiento Derecho al Futuro, y empezar a ordenar el tablero electoral con la mira puesta en las elecciones ejecutivas de 2027.

• La reunión se produjo en un contexto nacional donde la imagen del presidente Javier Milei muestra signos de desgaste y el modelo de ajuste y recesión se profundiza. En ese marco, los diferentes espacios del peronismo comenzaron a dar gestos de diálogo y consenso. La creación de esta liga de jefes comunales es hasta ahora la señal más concreta de que el armado territorial busca institucionalizarse y tener voz propia en la discusión por el futuro del espacio.

• Los intendentes que participaron del cónclave fueron Federico Susbielles (Bahía Blanca), Marisa Fassi (Cañuelas), Juan Pablo García (Dolores), Gastón Granados (Ezeiza), Juan de Jesús (La Costa), Federico Otermín (Lomas de Zamora), Gustavo Menéndez (Merlo), Hernán Arranz (Monte Hermoso), Mariel Fernández (Moreno), Federico Achaval (Pilar) y Nicolás Mantegazza (San Vicente). Del lado del Ejecutivo provincial, acompañaron al gobernador el ministro de Gobierno, Carlos Bianco, y la secretaria General, Agustina Vila, quien oficia como una de las principales interlocutoras entre el Ejecutivo y la Legislatura.

Según detallaron a El Destape fuentes que estuvieron presentes en la reunión, la agenda de temas se centró en dos ejes principales. El primero fue la necesidad de avanzar con la llamada "re re" de los intendentes, es decir, la habilitación para que los jefes comunales puedan presentarse a un nuevo mandato una vez cumplidos los períodos que establece la legislación actual. Tanto Kicillof como Bianco ya habían expresado públicamente su postura favorable a lo largo de la gestión. "Impedir la reelección de una persona es proscriptivo, tiene carácter proscriptivo", repitió el ministro de Gobierno cada vez que le consultaron sobre el tema. Los intendentes consideran que la "re re" es una herramienta necesaria para dar continuidad a las gestiones locales y respetar la voluntad popular expresada en las urnas.

El segundo eje fue la construcción de un peronismo con mayor volumen y músculo político de cara a las elecciones del año próximo. La flamante liga dejó en claro que acompañará las candidaturas que se definan en el marco del espacio, pero también planteó una definición importante: trabajarán para que el próximo mandatario provincial sea un "intendente" o una "intendenta". La idea de fondo es que la persona que conduzca la provincia conozca de primera mano la gestión territorial, los problemas concretos de los municipios y la demanda social que se vive en los barrios. No se mencionaron nombres propios, pero la postura quedó registrada como un lineamiento hacia adentro del peronismo.

La reunión fue definida como "positiva" por uno de los jefes comunales que participó, que además destacó la actitud del gobernador: "Lo veo enfocado y preparado para lo que viene". La frase, breve pero elocuente, refleja el respaldo que al menos este grupo de intendentes le otorga a Kicillof en la etapa que se avecina. No se plantearon cuestiones vinculadas a la interna que atraviesa al peronismo, sino que el encuentro se orientó a acercar posiciones y fortalecer el diálogo entre las partes.

La nueva liga ya tiene previstos sus próximos pasos. En los próximos días, los intendentes mantendrán reuniones con referentes del Frente Renovador, el espacio que conduce Sergio Massa, y también con dirigentes de La Cámpora, la organización que responde a Cristina Fernández de Kirchner. La idea de fondo es acercar posiciones entre las distintas tribus del peronismo, una tarea que reconocen como necesaria para evitar una fragmentación que en elecciones anteriores resultó costosa en términos electorales y de representación política.

La conformación de la Liga de Intendentes Peronistas no es un hecho aislado. En los últimos meses, distintos sectores del peronismo bonaerense comenzaron a ensayar movimientos de reacomodamiento. La provincia de Buenos Aires, que concentra aproximadamente el 40 por ciento del padrón electoral nacional y es el principal termómetro político del país, se convierte así en el escenario donde el peronismo busca reconstruir su identidad y su estrategia después de la derrota electoral de 2023. La liga se presenta como un espacio que no busca romper con nadie, sino sumar una voz más a la mesa de debate. Su objetivo declarado es "ser una pata más" en la discusión por el armado electoral.

Los intendentes que integran este nuevo espacio representan a municipios de muy diversa escala y realidad geográfica. Están los del conurbano densamente poblado, como Lomas de Zamora, Merlo, Moreno o Pilar, pero también hay representantes del interior bonaerense, como Bahía Blanca, Dolores, Monte Hermoso o La Costa. Esa diversidad territorial es vista como una fortaleza por los propios jefes comunales, que entienden que la provincia no se agota en el conurbano y que una estrategia electoral exitosa debe contemplar las particularidades de cada región.

El armado que propone Kicillof, y que esta liga dice acompañar, se basa en la idea de una construcción amplia que sume a todos los sectores sin imponer candidaturas a dedo ni vedar la participación de ningún espacio. La creación de esta liga se enmarca en esa lógica de ampliación y de suma de voces. No es un desafío a las conducciones existentes, sino un intento de sumar masa crítica a un peronismo que en 2023 perdió la elección presidencial y vio reducida su representación en el Congreso de la Nación.

La postura sobre la "re re" no es nueva, pero adquiere relevancia en este contexto de reacomodamiento. Varios de los intendentes que integran la liga ya cumplieron dos mandatos y necesitan una modificación legislativa para poder presentarse nuevamente. La discusión sobre la reelección indefinida de los cargos ejecutivos es un debate recurrente en la política argentina, y en esta ocasión el peronismo parece decidido a impulsarla con decisión.

La reunión en La Plata dejó también una señal hacia el interior de la propia gestión provincial. La presencia de Carlos Bianco y Agustina Vila no fue protocolar, sino que remarcó el interés del gobernador en que este armado territorial tenga un correlato en el armado legislativo y en la relación con los distintos bloques políticos. Vila, en particular, es una figura clave en la articulación entre el Ejecutivo y la Legislatura, y su participación en el encuentro indica que el gobierno bonaerense toma nota de la nueva liga y la considera un interlocutor válido.

Los próximos encuentros con el Frente Renovador y La Cámpora serán determinantes para saber si esta liga logra efectivamente tender puentes o si, por el contrario, las diferencias internas persisten. Por lo pronto, el solo hecho de que se anuncien reuniones con ambos espacios ya es un dato político. Implica que los intendentes no se alinean automáticamente con un sector, sino que buscan dialogar con todos y construir desde ahí.

El reloj electoral corre. Si bien las elecciones ejecutivas son en 2027, las legislativas de medio término del año próximo funcionarán como una primera evaluación de fuerzas. En ese sentido, los intendentes saben que tener un espacio ordenado y con capacidad de movilización territorial es fundamental para medir el pulso de la opinión pública y para negociar lugares en las listas. La liga se propone dotar de previsibilidad a esa construcción y evitar que las disputas internas consuman energías que, entienden, deberían estar puestas en gobernar y en dar respuesta a las demandas de la gente.

El dato de que el próximo candidato a gobernador deba ser un intendente o intendenta no es menor. En el peronismo, históricamente, muchos de los liderazgos provinciales surgieron de la gestión municipal. La apuesta por esa matriz de origen territorial busca conectar con un electorado que valora la cercanía y la gestión concreta, dos atributos que en tiempos de crisis y ajuste se revalorizan.

Mientras tanto, la provincia de Buenos Aires sigue siendo el escenario principal de la política argentina. Con 17 millones de habitantes y un entramado productivo y social tan complejo como diverso, las decisiones que se tomen en este reacomodamiento peronista tendrán impacto directo en la vida de millones de personas. La nueva liga de intendentes ya dio el primer paso. Ahora falta ver si los puentes que tienden resisten el peso de la interna y si el diálogo que proponen se traduce en acuerdos concretos.

Fuente original: El Destape Web, 28 de julio de 2026

Enlace: https://www.eldestapeweb.com/politica/peronismo-reacomoda-intendentes-reunieron-kicillof-cara-2027-202672815822

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#LigaDeIntendentes #Peronismo #Kicillof #PolíticaBonaerense #ReRe #2027

Los abogados José Magioncalda y Juan Martín Fazio son los que firmaron la denuncia. Y no se anduvieron con vueltas: sostienen que Milei usó “el avión presidencial, la comitiva oficial y fondos del erario público” para meterse de lleno en la política interna de un país vecino. Lo que dice el texto es que esa conducta “desnaturalizó por completo el destino específico de los fondos públicos asignados para la representación exterior de la República Argentina”. Traducción simple: la plata que ponés todos los meses con tus impuestos no puede terminar financiando la campaña de un aliado ideológico en el extranjero.

El acto de San Pablo no fue una cumbre de presidentes ni una reunión bilateral. Fue un evento partidario, con banderas, militancia y discursos de campaña. Y Milei no fue un espectador silencioso: desde el escenario llamó “prisionero” y “basura socialista” al presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Pero no frenó ahí. También le dedicó un insulto personal al juez del Supremo Tribunal Federal Alexandre de Moraes, a quien tildó de “basura calva”. Las palabras viajaron en segundos por las redes y en cuestión de horas el vínculo entre Argentina y Brasil entró en terapia intensiva.

Brasil reaccionó con la herramienta diplomática más filosa que tiene antes de una ruptura: llamó a consultas a su embajador en Buenos Aires y también convocó de regreso a su representante en nuestro país. No es un gesto menor. Significa que el gobierno de Lula puso las relaciones bilaterales en pausa mientras evalúa cuánto daño hicieron las declaraciones de Milei y cuánto margen queda para reconstruir la confianza. Argentina y Brasil comparten una frontera de más de mil kilómetros, son los principales socios comerciales del Mercosur y cualquier escalada impacta de lleno en el precio de los alimentos, los autos y el empleo industrial de este lado de la frontera. No es política exterior de salón: es el bolsillo de cada argentino el que queda expuesto.

La denuncia penal que ahora tramita la Justicia argentina no se queda en lo discursivo. Pide medidas de prueba concretas: el detalle de todos los gastos del viaje, los viáticos de cada integrante de la comitiva, la lista completa de quiénes viajaron y las órdenes de vuelo del avión presidencial. También solicita que el propio Milei sea citado a declaración indagatoria. Si un juez da curso a la presentación, el Presidente tendría que sentarse frente a un magistrado a explicar por qué un acto de proclamación partidaria en otro país fue considerado un destino válido para los recursos del Estado argentino.

Los abogados invocaron un principio que está en la base misma del derecho internacional: la no injerencia en los asuntos internos de otros Estados. Ese principio está escrito en la Carta de las Naciones Unidas, en la Carta de la Organización de los Estados Americanos y en la Resolución 2625 de la Asamblea General de la ONU. La lógica es simple: ningún gobierno puede usar el aparato estatal para influir en la política doméstica de otro país. Cuando lo hace con fondos públicos, el delito de malversación aparece en escena, porque el dinero que sale del Tesoro tiene un destino específico y no puede desviarse hacia intereses personales o partidarios del mandatario de turno.

Ahora bien, ¿cuánto sale mantener el avión presidencial en el aire? Aunque la denuncia espera que los números exactos lleguen con el requerimiento judicial, los costos operativos de una aeronave de ese porte, con tripulación, combustible y logística de seguridad, no bajan de las decenas de miles de dólares por hora de vuelo. A eso sumale los viáticos de una comitiva que incluye funcionarios, personal de ceremonial, seguridad y eventuales invitados. Cada argentino que hoy hace malabares para llegar a fin de mes debería saber si parte de esos recursos sirvieron para que un presidente extranjero apuntale la candidatura de un aliado. La pregunta no es ideológica, es de rendición de cuentas.

El contexto no arranca en este viaje. Milei construyó un vínculo estrecho con la familia Bolsonaro desde antes de asumir. En cada visita a Brasil, los gestos de cercanía política fueron explícitos. Lo nuevo es que esta vez no fue como jefe de Estado anfitrión en un encuentro oficial, sino como orador principal en un acto de campaña. La diferencia entre una visita de Estado y un acto partidario es abismal, y es justo en esa fisura donde la denuncia encuentra su fundamento más sólido. Porque si la Presidencia se usa como plataforma de apoyo a candidaturas extranjeras, la frontera entre lo público y lo privado se borra de un plumazo.

Mientras tanto, en las redes circulan los videos del discurso de San Pablo. Se lo ve a Milei arengando a la multitud, con un lenguaje que no dejó margen para interpretaciones diplomáticas. Las palabras contra Lula y contra De Moraes no fueron un desliz: fueron el corazón de un mensaje pensado para levantar a una militancia que se siente perseguida por la Justicia brasileña. Pero ese mismo mensaje, puesto en boca de un presidente en ejercicio que viajó con recursos oficiales, abre la puerta a un debate mucho más profundo sobre los límites del poder.

El impacto no es abstracto. Brasil es el principal destino de las exportaciones industriales argentinas. Cualquier enfriamiento en la relación bilateral puede traducirse en trabas comerciales, demoras en frontera o pérdida de mercados para pequeñas y medianas empresas que dependen del comercio con el país vecino. No hablamos de grandes multinacionales: hablamos de talleres, fábricas de autopartes, productores de alimentos y economías regionales que ya están golpeadas por la inflación y la recesión. Cuando un presidente decide jugar fuerte en política exterior partidaria, el riesgo lo corremos todos.

La denuncia está en etapa inicial. Todavía no hay juez asignado ni resolución sobre las medidas de prueba. Pero el simple hecho de que exista y de que esté planteada con un detalle tan quirúrgico muestra que los límites del accionar presidencial están bajo la lupa. No es la primera vez que un exmandatario argentino enfrenta causas por el uso de bienes públicos, pero el diferencial acá es la inmediatez: la denuncia se presentó apenas 48 horas después del acto, mientras la crisis con Brasil sigue viva y las declaraciones todavía retumban en los portales de todo el mundo.

Lo que está en juego es mucho más que un viaje. Está en discusión si la Presidencia puede transformarse en un trampolín para la política partidaria internacional, si los gastos reservados y los viáticos oficiales pueden terminar financiando actos de campaña ajenos, y si el principio de no injerencia sigue siendo una regla que los mandatarios argentinos están dispuestos a respetar. Cada dato que surja de la investigación —los comprobantes, las órdenes de vuelo, los montos exactos— va a darle forma a una causa que, más allá de los resultados judiciales, ya instaló una pregunta que no se va a apagar rápido: ¿con qué derecho se gasta la plata de todos en causas que no son las de todos?

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#MileiDenunciado #MalversaciónDeFondos #CrisisConBrasil #AviónPresidencial #NoInjerencia #ArgentinaDesigual

Kristalina Georgieva no vino de paseo. La directora gerente del Fondo Monetario Internacional aterrizó este lunes en Buenos Aires y lo primero que hizo fue poner en claro quién maneja los tiempos del gobierno de Javier Milei: su agenda incluye encabezar una reunión de Gabinete nacional. No es una visita protocolar, no es una foto de cortesía. Es la jefa del principal acreedor de la Argentina sentándose en la mesa donde se toman las decisiones que afectan a 47 millones de personas.

El dato no es una interpretación de analistas opositores. Es el título con el que la propia Agencia Nova adelantó la visita: "Correte Milei, el FMI está gobernando". Así, sin eufemismos. La información oficial confirma que Georgieva mantendrá durante la mañana reuniones con el presidente y con el ministro de Economía, Luis Caputo, y luego ofrecerá una conferencia de prensa en el Palacio de Hacienda. Pero el gesto que lo cambia todo es esa reunión de Gabinete que la tiene a ella como protagonista. No está previsto que Milei ceda su lugar, pero la sola presencia de Georgieva en ese ámbito reservado a los ministros argentinos habla de una relación que ya no es de acreedor a deudor, sino de supervisión directa.

• Por la tarde, la titular del FMI tiene otra parada fuerte: una exposición en el Palacio Libertad —ex CCK— junto a funcionarios, empresarios y académicos. Allí se analizarán las "perspectivas económicas globales y la situación de América Latina". Pero en la práctica, será una puesta en escena del blindaje que el organismo le está dando a un gobierno que convirtió el ajuste fiscal en su única bandera. Mientras la pobreza supera el 50% y los jubilados hacen malabares con haberes que no cubren ni media canasta básica, el Fondo elige aplaudir el equilibrio de las cuentas públicas como si eso alcanzara para sostener una sociedad rota.

• ¿Qué busca Georgieva acá? Según el comunicado oficial del organismo, "dialogar con representantes de distintos sectores políticos, económicos y productivos". Pero la lectura que corre por los pasillos de la Casa Rosada es otra: el viaje es una señal explícita de respaldo a la administración libertaria, que necesita desesperadamente mostrar apoyo internacional para seguir adelante con reformas que no tienen consenso en el Congreso. Cada foto de Georgieva con Milei es un reaseguro para los mercados. Cada gesto de confianza es un salvoconducto para un programa económico que ya acumula más tensión social que logros concretos.

La agenda sigue el martes 28 con un acto que debería poner la piel de gallina a cualquiera que sepa de historia argentina reciente. Georgieva y su comitiva viajan a Neuquén para recorrer el yacimiento Loma Campana, en Vaca Muerta. Los va a recibir Horacio Marín, presidente y CEO de YPF, la empresa que en 2012 fue expropiada a Repsol con el argumento de recuperar la soberanía energética. Hoy, doce años después, la petrolera de bandera le abre las puertas al organismo que condiciona cada desembolso al cumplimiento de metas que se negocian a miles de kilómetros de distancia.

• La recorrida por Vaca Muerta no es un turismo geológico. El objetivo, según informa el propio gobierno, es "mostrar el potencial energético argentino como una de las principales apuestas para atraer inversiones y fortalecer el ingreso de divisas". Lo que no se dice es que ese potencial ya está atado a los compromisos asumidos con el Fondo. La producción de gas y petróleo no convencional es la garantía última de que la Argentina va a generar los dólares necesarios para pagar la deuda. Y Georgieva quiere ver con sus propios ojos que la promesa sea creíble.

Hay que recordar quién es el anfitrión del área económica. Luis Caputo es el mismo ministro que en 2018, durante el gobierno de Mauricio Macri, firmó con el FMI el crédito por 44 mil millones de dólares, el más grande de la historia del organismo. Aquel préstamo, que incluyó una primera visita de Christine Lagarde al país, terminó en default, renegociación y un rosario de condicionalidades que todavía asfixian. Caputo se fue por la puerta de atrás, pasó un tiempo en el llano y volvió de la mano de Milei como el arquitecto de la "revinculación" con el Fondo. Ahora, es el encargado de recibir a Georgieva y de mostrarle los números fiscales como quien rinde examen ante una junta evaluadora.

La escena recuerda inevitablemente a aquella visita de Lagarde en 2018. En ese momento, el FMI llegó como salvador y terminó como auditor permanente de una economía que nunca terminó de despegar. La diferencia es que ahora el auditor no solo revisa planillas: se sienta en el Gabinete y recorre los yacimientos. La línea entre el monitoreo técnico y la intervención política se volvió tan fina que ya casi no se ve.

El gobierno de Milei celebra este vínculo como un logro diplomático. El propio presidente se encontró con Georgieva en septiembre de 2025, durante la Asamblea General de las Naciones Unidas en Nueva York, y desde entonces la relación no hizo más que consolidarse. Cada elogio del FMI al "rumbo económico" es usado por el oficialismo para acallar las críticas internas. Cada desembolso que llega es presentado como una victoria, aunque ese dinero ingrese por la ventanilla del Banco Central y salga por la puerta de atrás rumbo al pago de vencimientos.

Pero lo que el relato oficial esconde es el costo de este abrazo. El respaldo del FMI no es gratis. Está atado a un programa de ajuste fiscal que ya metió tijera en educación, salud, obra pública y transferencias a las provincias. Está atado a reformas que desregulan la economía y dejan a los sectores más vulnerables sin red de contención. Y está atado, sobre todo, a la obligación de generar dólares como sea. Ahí entra Vaca Muerta.

Que Georgieva recorra el yacimiento Loma Campana no es un dato menor. Es la confirmación de que la producción de hidrocarburos no convencionales está bajo la lupa del organismo. Cada barril de petróleo y cada metro cúbico de gas que salga de Neuquén va a ser monitoreado, no por el gobierno argentino, sino por los técnicos que responden a Washington. ¿Cuánto se exporta, a qué precio y qué porcentaje queda para el mercado interno? Esas definiciones ya no son soberanas. Son parte de la negociación permanente con el Fondo.

Mientras tanto, en las calles argentinas la realidad es otra. Fábricas que no pueden pagar las tarifas de gas, familias que eligen entre calefaccionarse o comer, pymes que cierran porque no resisten los tarifazos. Vaca Muerta promete divisas, pero esas divisas van primero a las cuentas de los acreedores y después, si sobra algo, quizás se derrame en algún subsidio testimonial. La visita de Georgieva no incluye en su agenda una recorrida por los barrios donde el ajuste se siente todos los días. No va a visitar geriátricos con jubilados que cobran 300 mil pesos. No va a reunirse con cooperativas de trabajo que perdieron el financiamiento estatal. Su Argentina es la del Palacio Libertad, los despachos oficiales y los yacimientos que garantizan el repago.

La última vez que un director del FMI pisó el país fue hace ocho años. En aquel momento, el final de la historia fue default, crisis cambiaria y una deuda que todavía estamos pagando. Hoy, con Georgieva sentada en el Gabinete y recorriendo el subsuelo neuquino, la pregunta no es si el FMI apoya al gobierno. La pregunta es hasta cuándo ese apoyo va a seguir dependiendo de un ajuste que ya dejó a la mitad de los argentinos afuera del sistema. Lo que queda en juego no es solo la soberanía energética. Es la posibilidad misma de decidir qué país queremos ser sin que nadie nos dicte las condiciones desde un escritorio a 8 mil kilómetros.

Fuente original: Agencia Nova, 27 de julio de 2026

Enlace: https://www.agencianova.com/nota.asp?n=2026_7_27&id=170335&id_tiponota=4

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#Georgieva #FMI #Milei #VacaMuerta #SoberaníaEntregada #ArgentinaDesigual

El decreto 650/2026 se publicó en el Boletín Oficial con un solo objetivo: sacar a los efectivos del país entre el 27 de julio y el 15 de agosto sin pasar por el recinto de Diputados. La Constitución, en su artículo 75 inciso 28, exige que sea el Congreso el que autorice la salida de tropas. La ley 25.880 lo reglamenta. Pero acá no hubo debate, no hubo votación, no hubo nada.

La excusa oficial es que los diputados no trataron el tema y había que actuar con urgencia. Sin embargo, la invitación de la embajada estadounidense llegó en agosto de 2025. Doce meses de margen. Doce meses en los que el Ejecutivo podría haber mandado un proyecto de ley, sentarse a negociar o, al menos, avisar con tiempo. No lo hizo.

Ahora mandó 56 uniformados al ejercicio multinacional “PANAMAX 2026”. Son 37 integrantes del Comando Conjunto de Operaciones Especiales y 19 especialistas en ciberdefensa y planificación estratégica. La plata que se va en este operativo roza los 51 millones de pesos. Plata que sale del bolsillo de todos, mientras los cuarteles argentinos se caen a pedazos.

El simulacro en Panamá no es un juego de mesa. Las maniobras recrean la protección del Canal de Panamá ante amenazas externas y la neutralización de fuerzas hostiles. La cadena de mando operativa la tiene el Comando Sur de Estados Unidos. Doce países de la región participan, pero el que decide las órdenes es Washington. Estandarizar doctrinas, sistemas de comunicación y procedimientos: en criollo, entrenar a nuestras tropas para que respondan como una pieza más del esquema defensivo del Pentágono.

No es la primera vez que Milei usa el DNU para sortear al Congreso en materia militar. Ya lo hizo con los ejercicios “DAGA ATLÁNTICA” y con los PASSEX en el Atlántico Sur. El patrón es el mismo: se publica el decreto, los efectivos viajan y el debate público queda ahogado en la inmediatez de las redes sociales. Para cuando la oposición reacciona, el avión ya aterrizó en destino.

Lo que cambia ahora es la claridad de la contradicción. El propio gobierno habla de “urgencia” pero manejó los tiempos con una lentitud irritante. La invitación formal de Estados Unidos tiene casi un año de antigüedad. ¿Dónde estaba la urgencia en octubre de 2025, en diciembre, en marzo? ¿Por qué no se mandó el proyecto en febrero, cuando arrancaban las sesiones ordinarias? La respuesta es incómoda: no hubo urgencia, hubo un atajo.

Y mientras el Ejecutivo paga 51 millones de pesos para que un puñado de oficiales se entrene en escenarios de combate simulados, el gasto operativo de las Fuerzas Armadas sufre recortes que duelen. Los sueldos del personal militar están atrasados, las horas de vuelo de los aviones se reducen por falta de combustible, los vehículos se arreglan con repuestos improvisados y los soldados hacen malabares para llegar a fin de mes. La prioridad no son los cuarteles propios; la prioridad es mostrarse como un aliado confiable del norte.

Que 56 efectivos viajen a Panamá puede sonar a poco. Pero el número es lo de menos. Lo que está en juego es el modo en que se toman las decisiones que comprometen la política de defensa de un país. La Constitución puso ese control en el Congreso por una razón histórica muy concreta: evitar que un presidente mande tropas al exterior por capricho, por presión externa o por cálculo electoral sin que los representantes del pueblo puedan decir ni mu.

Ahora el debate ni siquiera existe. El DNU se publicó y la salida de los militares es inminente. Mientras leés esta nota, es probable que los efectivos ya estén ultimando los detalles de su partida. La oposición denuncia que esto es parte de un alineamiento doctrinario acelerado con Washington que excede a un simple ejercicio militar. Lo que se consolida, señalan, es una integración subordinada de los cuadros argentinos a los esquemas defensivos multilaterales que coordina el Pentágono.

El operativo PANAMAX no nació ayer. Existe desde 2003 y Argentina ya participó en ediciones anteriores. Pero cada gobierno definió los términos de esa participación. Acá lo novedoso es el método: un decreto que hace caso omiso del control parlamentario en un contexto de estrechez presupuestaria interna que contrasta con la plata que se destina a cumplir con el pedido de Estados Unidos.

Pensalo en términos concretos. Esos 51 millones de pesos podrían haber financiado horas de vuelo para patrullar la frontera norte, repuestos para los hospitales militares que todavía atienden a civiles en zonas olvidadas o una recomposición salarial de emergencia para los suboficiales que hoy cobran sueldos que no cubren la canasta básica. En lugar de eso, la plata viaja a Panamá para simular la defensa de un canal que no es nuestro.

El trasfondo geopolítico es evidente. Argentina se posiciona como un aliado prioritario de Estados Unidos en la región y profundiza la integración de sus oficiales en ejercicios comandados por el país que fija la agenda de seguridad hemisférica. No es un dato menor que los 19 especialistas en ciberdefensa que viajan vayan a operar bajo protocolos y estándares definidos por el Comando Sur. En un mundo donde la guerra cibernética es una realidad cotidiana, quién fija esos estándares y bajo qué reglas se comparte la inteligencia es un asunto de soberanía.

El Congreso, otra vez, mira desde afuera. La ley 25.880 es clara: “El Poder Ejecutivo nacional no podrá disponer la salida del territorio de la Nación de tropas o efectivos militares sin la autorización previa del Congreso de la Nación”. Pero acá la autorización brilla por su ausencia y el argumento de la urgencia se desmorona con solo mirar las fechas.

Queda un sabor amargo. Cuando un gobierno usa el DNU para esquivar el debate en temas de defensa, está mandando un mensaje: la política exterior militar no se discute, se ejecuta. Y se ejecuta con la billetera de todos, mientras los que visten el uniforme en el día a día sienten que sus necesidades básicas no figuran en ninguna planilla de Excel.

El ejercicio PANAMAX 2026 ya tiene luz verde. Los 56 efectivos se van. Lo que queda en el país es la sensación de que la decisión se tomó en un despacho cerrado, con un teléfono que sonó desde el norte hace casi un año y un expediente que nadie se molestó en llevar al recinto. El control parlamentario, ese que tanto costó construir en democracia, vuelve a ser un adorno.

Lo que está en juego no es solo un viaje. Es quién decide para qué, cómo y con quién se preparan nuestras armas.

Fuente original: Boletín Oficial de la República Argentina, Decreto 650/2026, 24 de julio de 2026

Enlace: DNU 650/2026 https://www.boletinoficial.gob.ar/detalleAviso/primera/344877/20260724?busqueda=2

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#Geopolítica #Argentina #JavierMilei #EstadosUnidos #PANAMAX2026 #ComandoSur

La diputada nacional de La Libertad Avanza, Karen Reichardt, presentó el expediente 3401-D-2026 con el discurso de "regular" la actividad vinculada a animales de compañía. Pero lo que esconde la iniciativa es un blindaje para su íntima amiga Victoria Jazmín Coronel, dueña del criadero California Wild's Kennel, con un extenso historial de denuncias por maltrato animal, hacinamiento, estafas a compradores y vínculos con las carreras de galgos, una actividad ilegal en Argentina.

Las pruebas están documentadas en chats, capturas de pantalla y denuncias formales.

La amiga que redactó la ley

Victoria Jazmín Coronel no es una simple conocida de Reichardt. Fue quien ayudó a redactar el anteproyecto de ley.

Ella misma lo publicó en sus redes sociales el 17 de junio: "El Diputado Damián Arabia se comunicó conmigo para solicitarme una copia de nuestro Ante Proyecto de Ley de Regulación para Criaderos, Refugios, Pensionados y Guardianías, a lo cuál accedimos y se lo entregamos a su asesor Francisco Castillo, también la Diputada Karen Reichardt junto con su equipo de letrados está trabajando para ajustarlo".

"Nuestro" anteproyecto. La ley la escribió una persona que vive de criar y vender animales. Y no cualquier criadora: una con un historial que la desacredita por completo.

Denuncias por hacinamiento y maltrato

El criadero de Coronel funciona en Manuel E. 7ª A 415, Saénz Peña, partido de Tres de Febrero, y ya tiene una denuncia presentada ante la Federación Cinológica Argentina.

Pero eso es solo el principio. En 2018, proteccionistas de Córdoba alertaron que Coronel mantenía hacinados por decenas a perros Chihuahua, Boxer y Pomerania. Los animales estaban encerrados todo el tiempo. La criadora mezclaba razas, vendía los cachorros como si fueran importados y estafaba a los compradores.

Una compradora documentó el engaño: le vendieron un perro que supuestamente era "puro" y terminó siendo una cruza con Bulldog. El criadero vendía cualquier cosa y no se hacía cargo.

Además, Coronel apoyó las carreras de galgos, una práctica que en Argentina constituye un delito. Los galgos son sometidos a condiciones inhumanas, entrenados con crueldad y descartados cuando dejan de ser "rentables". Eso es lo que defiende la persona que redactó el proyecto de ley que Reichardt presentó en el Congreso.

El chat que lo revela todo

La relación entre Reichardt y Coronel no es especulación. Está documentada en capturas de WhatsApp y redes sociales.

La diputada sigue a Coronel en Instagram y le responde con complicidad. En un chat, Reichardt le dice: "Si me imagino que están con mucho trabajo... no podemos aflojar con la regulación, es impresindible que todos estemos a Derecho". Y luego confiesa la verdadera motivación: "El Proyecto de Fernanda Díaz ya fue presentado y nos llevan ventaja, hay que tratar que ningún proyecto presentado por el kirchnerismo sea aprobado, no pueden recuperar el poder, por eso creo que LLA presente su propio proyecto".

No es una ley para proteger animales. Es una ley para que el kirchnerismo no tenga un triunfo político. Y la persona que la redactó tiene denuncias por maltrato.

El proyecto que beneficia a los criaderos y asfixia a los refugios

El expediente 3401-D-2026 crea el Registro Nacional de Establecimientos para Animales de Compañía (RNEAC). Todos los criaderos, refugios, pensionados, guarderías y centros de tránsito tienen que inscribirse. Las habilitaciones quedan sujetas a auditorías periódicas.

En teoría, control. En la práctica, una trampa mortal para los refugios solidarios, que no tienen espalda financiera para cumplir con la burocracia. Y una bendición para los criaderos comerciales, como el de Coronel, que ya están en el sistema y pueden pagar los costos.

El proyecto legitima a los criaderos. Les da el sello del Estado. Y a los refugios, los ahoga en papeles.

El resultado: Coronel, con su California Wild's Kennel, queda habilitada para seguir operando. Las denuncias por hacinamiento, las estafas, el apoyo a las carreras de galgos... todo queda cubierto por el manto de la "regulación".

Una ley para una sola persona

Reichardt no es una experta en legislación. Durante su campaña, se supo que no sabía cómo se presenta un proyecto de ley. Alguien se lo hizo. Y ese alguien fue Coronel.

La diputada libertaria está usando su banca en el Congreso para beneficiar a una amiga con denuncias por maltrato. No es una teoría conspirativa. Es un hecho que se desprende de capturas, chats, denuncias y publicaciones.

El proyecto de ley es un blindaje. Un salvoconducto. Una impunidad hecha ley.

Lo que está en juego

Si este proyecto se aprueba, los refugios y grupos de rescate que hoy sostienen con su propio esfuerzo a cientos de animales van a tener que cerrar. No van a poder cumplir con los requisitos.

Y los criaderos, incluyendo el de una persona con denuncias por maltrato, quedarán habilitados para seguir operando con el sello del Estado.

La pregunta es: ¿el Congreso va a aprobar una ley escrita por una denunciada por maltrato para proteger a una amiga de una diputada? ¿O va a investigar a fondo quién está detrás de esta iniciativa y qué intereses reales representa?

Por ahora, las capturas están ahí. Los chats, también. Y los animales, esperando.

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#KarenReichardt #VictoriaCoronel #MaltratoAnimal #LeyDeLaImpunidad

Cada miércoles, mientras miles de jubilados se congregan frente al Congreso para reclamar contra el recorte de sus haberes, el Gobierno Nacional moviliza un promedio de mil efectivos de las fuerzas federales. El costo de ese dispositivo semanal supera los $50.000.000. En lo que va de 2025, el acumulado ya roza los $2.000 millones, con un total de 43 operativos desplegados y 43.000 efectivos involucrados.

• Los números los tiene el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), a partir de información oficial entregada por el Ministerio de Seguridad. Pero hay una advertencia que la especialista Victoria Darraidou le dejó clara a Diagonales Stream este miércoles: esas cifras son apenas el piso de lo que realmente se gasta.

“Cuando pensamos en este número todos decimos ‘uh, es muy importante’, pero es el piso de lo que podemos calcular”, explicó Darraidou. ¿Por qué tan conservador? Porque el Ministerio de Seguridad solo respondió con dos partidas concretas: el gasto en combustible de Prefectura, Gendarmería y el Sistema Penitenciario Federal, y el rubro “equipos” de la Policía Federal.

• Todo lo demás queda afuera del cálculo oficial. No hay datos sobre el pago de las jornadas laborales de los agentes, ni cuánto cuesta mover los camiones hidrantes, ni el gasto en balas de goma o gases lacrimógenos. Elementos que, como se ve en las imágenes de cada miércoles, son parte central del operativo.

El despliegue humano es monumental. En promedio, cada miércoles hay más de 900 efectivos apostados en el centro porteño. Pero hay jornadas que superan largamente ese número: el día en que atacaron al fotoperiodista Pablo Grillo, la cantidad de efectivos superó los 1.200. Esa cifra no es menor: representa a más de mil agentes federales que, durante esas horas, no están interviniendo en otras problemáticas de seguridad a lo largo del país.

• Esa es quizás la revelación más política del informe. Darraidou lo sintetizó con una frase que debería hacer ruido: “Esto no solo muestra el gasto en plata sino lo que significa para el Gobierno Nacional reprimir la protesta social”. El oficialismo, sostiene, “lo entienden tal vez como el principal problema de seguridad”.

Vale la pena detenerse ahí. Si para el Gobierno el principal problema de seguridad en la Argentina son adultos mayores reclamando por sus haberes recortados, entonces el diagnóstico de lo que significa “seguridad” está profundamente distorsionado. No es un problema de orden público; es un problema de prioridades.

• Porque mientras la administración de Javier Milei justifica el ajuste en todas las áreas sociales, en este rubro el gasto no se ajusta: se expande. Más de $2.000 millones en lo que va del año para contener a quienes, después de toda una vida de aportes, solo piden no ser empujados más al fondo del pozo. El dato del CELS no es un número frío: es la fotografía de una decisión política que destina recursos desmedidos a la represión, mientras las necesidades reales de los jubilados siguen esperando una respuesta que no llega.

Y ojo: el gasto real es incluso mayor. Porque lo que el Ministerio de Seguridad informó es apenas lo que se puede contabilizar en combustible y equipos. Lo que no se informa —las horas extra, los insumos represivos, el desgaste operativo— es una cuenta que el Estado paga igual, aunque no la ponga en el papel.

Lo que está en juego, entonces, no es solo un número en un presupuesto. Es la concepción misma del rol del Estado: si su brazo más fuerte se usa para contener el reclamo de los más vulnerables, el mensaje que se envía a la sociedad es claro. Los recursos para reprimir sobran. Los recursos para garantizar una vejez digna, faltan.

• Este miércoles, mientras la policía volvía a cargar contra los manifestantes, el informe del CELS dejó al descubierto la cuenta que nadie quería pagar. Pero la factura, como siempre, la terminamos pagando todos.

Fuente original: Diagonales, 22 de julio de 2026

Enlace: https://www.diagonales.com/nacion/revelan-que-el-gobierno-gasta-mas-de--50-000-000-cada-miercoles-para-reprimir-jubilados_a6a61455c33ceacd263b02984

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#Jubilados #Represión #CELS #GastoPúblico #DerechosHumanos #Argentina

Mientras el termómetro no para de subir, los sistemas de salud están mostrando las costuras. En el Reino Unido, el servicio de ambulancias colapsó con 8.869 llamadas de emergencia en una sola jornada. Los sistemas de refrigeración de varios hospitales fallaron en pleno pico de temperatura, dejando quirófanos y salas de internación sin climatización justo cuando más se necesitaban.

• Hans Kluge, el director regional de la OMS para Europa, no usó eufemismos. Dijo que “las salas con temperaturas excesivas, el personal sobrecargado y los sistemas de refrigeración e información defectuosos son inaceptables en las condiciones de un verano europeo del siglo XXI”. Y fue más lejos: la preparación hospitalaria frente al calor debe tomarse tan en serio como la preparación ante una pandemia.

¿Por qué esa comparación tan dura? Porque las cifras de muertes ya son pandémicas. Solo en Francia, la ola de calor de junio dejó 5.764 muertes en exceso, superando el total de todo el verano de 2025, que fue de 5.722. Es el registro más letal desde la catastrófica ola de 2003. En España, el sistema MoMo atribuyó 1.028 muertes al calor extremo en el mismo mes, más del doble que en junio del año pasado.

El perfil de las víctimas no es aleatorio: la vejez y la soledad son factores de riesgo mortales.

• Aproximadamente el 60% de los ingresos hospitalarios durante estas jornadas extremas corresponde a personas de 75 años o más. Son los que viven sin aire acondicionado, los que no tienen a quién pedir ayuda cuando el sol aprieta y los que el sistema de salud suele ver llegar demasiado tarde. Kluge lo dejó claro: no es un desastre natural, es una falla política que se repite verano tras verano.

• El problema no es que los gobiernos no tengan el manual. La OMS ya actualizó su guía de Planes de Acción sobre Calor y Salud en junio. Las recetas son conocidas: alertas tempranas que activen medidas automáticas (y no solo recomendaciones tibias), climatización de espacios públicos, ajuste de horarios laborales para quienes trabajan al rayo del sol y chequeos específicos a los vecinos más vulnerables. Ciudades como Barcelona ya habilitaron más de 500 refugios climáticos; París activó registros de protección para mayores; Italia restringió el trabajo al aire libre en las horas pico.

Pero el diagnóstico de la OMS tiene un pero enorme.

La Región Europea de la OMS agrupa a 53 países, desde Portugal hasta Kazajistán. Sin embargo, menos de la mitad cuenta con un plan integral de acción frente al calor. Eso significa que la mayoría de los estados están mirando para otro lado mientras el mercurio marca 43 grados en el sur de España y Portugal, y las próximas olas ya se están formando en el Atlántico.

• Kluge convocó a una reunión de emergencia con 41 países para sacar conclusiones en caliente. El mensaje de fondo es político y económico: invertir en hospitales preparados para el calor no es un gasto, es una cuestión de supervivencia. Sistemas de refrigeración anticuados, personal sanitario quemado por jornadas interminables y falta de información en tiempo real no son fallos menores; son fallos sistémicos que cuestan vidas.

Europa se calienta al doble de velocidad que el resto del planeta. El primer semestre de 2026 fue el más cálido jamás registrado, con una temperatura promedio 1,6 ºC por encima de lo normal. Y el verano, como recordó el director de la OMS, todavía no terminó. Viene más calor, y la pregunta ya no es si los hospitales van a resistir, sino cuántas vidas estamos dispuestos a perder antes de actuar con la seriedad de una pandemia.

Fuente original: ES Head-Post, 23 de julio de 2026

Enlace: https://es.head-post.com/index.php/2026/07/23/la-oms-insto-a-europa-a-prepararse-para-las-olas-de-calor-con-la-misma-seriedad-con-la-que-se-prepara-para-las-pandemias/

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#OlasDeCalor #OMS #SaludPública #EmergenciaClimática #CalorExtremo