Milei negó vínculos con Cerimedo pero los registros oficiales confirman 12 visitas a la Rosada en 2024
Javier Milei aseguró este sábado, en una entrevista radial, que cortó todo vínculo con Fernando Cerimedo desde el año 2023. Sin embargo, los registros de acceso a la Casa de Gobierno cuentan una historia distinta: el consultor, actualmente detenido en Bolivia por el intento de homicidio de su ex novia, ingresó a la Rosada en doce oportunidades exclusivas durante 2024. La distancia que el Presidente intenta imponer frente a los micrófonos choca de frente con la agenda oficial de su propio gobierno.
La contradicción salió a la luz cuando el conductor Gabriel Anello le consultó directamente por el escándalo. Lejos de una respuesta fluida, Milei acumuló ocho "digamos" en pocos segundos para sostener que el ex asesor "no forma parte del espacio" y atribuir el caso a una operación del "castrochavismo". Pero los papeles no mienten. Tras una primera visita el 18 de diciembre de 2023, las reuniones se multiplicaron al año siguiente: enero, febrero, marzo, abril, mayo y junio vieron entrar a Cerimedo a la Casa de Gobierno, incluyendo dos encuentros específicos con la Secretaría General que conduce Karina Milei. A esto se suma lo señalado por el diputado Rodolfo Tailhade, quien denunció la vigencia de un contrato con Latin America Advisory Group (LAAG) para hacer lobby en Estados Unidos, un acuerdo donde figura el nombre del propio Presidente.
Este entramado no es un hecho aislado, sino parte de una red de influencias que ya dejó marcas institucionales. En 2024, la esposa de Cerimedo, Natalia Basil, fue designada en la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis). Según declaró la víctima del atentado, Nadia Beller, desde su cama de hospital, el consultor facturaba 800 mil dólares por sus asesorías en Buenos Aires y señalaba a Karina Milei como la "cabecilla" de un esquema de coimas dentro de ese mismo organismo. Beller fue aún más lejos: aseguró que Cerimedo le confesó que se había pagado a la conductora Fátima Flórez "para humanizar, tener relaciones discretas y manejar y complicar a políticos".
Más allá de la pelea política, el trasfondo de esta historia golpea donde más duele. Cuando existe la sospecha de que un organismo destinado a proteger a las personas con discapacidad se utiliza como moneda de cambio para colocar allegados o lavar imágenes públicas, el perjudicado directo es el ciudadano que depende de esos recursos. La asignación de cargos y contratos millonarios en áreas sensibles deja en evidencia una vulnerabilidad del Estado que termina pagando la población más desprotegida.
Lo que queda en juego no es solo una discusión sobre fechas, sino la credibilidad de un relato que prometió transparencia absoluta. Mientras la justicia boliviana avanza con la investigación por intento de homicidio y las causas locales empiezan a mirar el destino de los fondos de la Andis, la palabra del Presidente ya fue dicha. Ahora le corresponde a los registros oficiales y a los expedientes judiciales cerrar la brecha entre lo que se dice al aire y lo que realmente sucede detrás de las puertas de la Rosada.
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Fuente original: La Política Online, 23 de agosto de 2026
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