Kicillof le contestó a Clarín: la detenida por lavado de $27.000 millones es empleada del Poder Judicial y no funcionaria del Ejecutivo
Este miércoles, el gobernador Axel Kicillof salió a responderle a Clarín y al periodista Daniel Santoro por una nota que presentó a Albertina Mangini como “funcionaria de Kicillof”. La mujer está detenida en una causa que investiga un circuito de lavado de unos $27.000 millones. El mandatario no dejó lugar a dudas: Mangini es empleada del Poder Judicial de la Provincia de Buenos Aires y nunca tuvo una vinculación laboral con el Ministerio de Justicia. La aclaración importa porque se dio en medio de una investigación con datos sensibles y de un cruce entre el gobierno provincial y uno de los medios de mayor alcance del país.
Kicillof usó su cuenta de X para denunciar que la información se publicó “sin consultar con ninguna fuente del Poder Ejecutivo provincial” y exigió una rectificación pública. Acusó al diario y a Santoro de actuar “maliciosamente”. Fue más allá: sostuvo que, pese a la desmentida oficial, Clarín decidió continuar titulando en tapa “de manera ambigua para sostener la mentira”. Cerró con una frase corta: “Se nota mucho, Clarín”.
¿Quién es Albertina Mangini y por qué su detención escaló hasta la tapa? La causa, a cargo de la fiscal Betina Lacki, titular de la UFI N°2 de La Plata, describe una organización que usó identidades y datos biométricos de personas en situación de vulnerabilidad. La modalidad incluía ofrecer $80.000 a cambio de entregar documentos, sacarse fotografías y someterse a un escaneo del ojo. Con esos datos se abrían cuentas en billeteras virtuales para operar con identidades ajenas. A Mangini le imputaron asociación ilícita, defraudación mediante el uso indebido de datos digitales y lavado de activos. Su condición de abogada e integrante de la Procuración General bonaerense podría funcionar como agravante, según la acusación.
El punto central del cruce fue la adscripción institucional de la mujer. Clarín la presentó como funcionaria del Ministerio Público Fiscal que cumplía tareas en una oficina de enlace dentro del Patronato de Liberados, organismo descentralizado que depende del Ministerio de Derechos Humanos y Justicia de la Provincia. Kicillof respondió con una distinción precisa: “La persona demorada es una empleada del Poder Judicial de la Provincia que no tiene ni tuvo ninguna vinculación laboral con el Ministerio de Justicia”. Es decir, no se trata de una empleada del Ejecutivo ni de una funcionaria de su gestión.
Junto con Mangini fueron detenidos Mauro Perrota, en Mar del Plata, e Ignacio Marchioni, en Quilmes. Marchioni ya estaba imputado en la causa Sur Finanzas, cuyo titular, Maximiliano Vallejo, tiene vínculos con el presidente de la AFA. Los allanamientos incluyeron domicilios en La Plata y Córdoba, con secuestro de millones de pesos en efectivo y un BMW. En las indagatorias, Mangini y Perrota se negaron a declarar; Marchioni dijo que se dedicaba al “corretaje y las inversiones”.
El cruce ocurre en un escenario electoral que ya muestra temperatura alta. Para el kirchnerismo, la publicación de Clarín sin verificación de fuentes oficiales es un patrón repetido de los medios del Grupo Clarín, históricamente alineados con sectores opositores al peronismo. Más allá de la lectura política, el hecho concreto es que el gobernador salió a corregir públicamente una información que, de confirmarse, hubiera tenido costo directo para su administración.
¿Y a vos por qué te importa? Porque la causa describe una maniobra que usó los datos biométricos de personas vulnerables. Esas personas entregaron su documento, su rostro y su iris por $80.000, sin saber que con esa información se podían abrir cuentas y operar en el sistema financiero a su nombre. La confusión sobre el lugar de trabajo de una detenida no es un detalle administrativo: si se la presenta como parte del gobierno cuando no lo es, la agenda pública se desvía de las víctimas y de los responsables.
Lo que queda en juego es la verificación. La causa seguirá su curso y los investigadores tendrán que demostrar quién operaba y quién se beneficiaba. En paralelo, la disputa entre el gobierno bonaerense y Clarín deja una enseñanza: publicar sin chequear una adscripción institucional puede instalar una mentira durante horas y obligar a un gobernador a aclarar lo que debería haber estado claro desde el primer renglón. La rectificación no repara el daño, pero al menos deja a la vista qué se publicó, cómo se respondió y qué se intentó instalar.
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Fuente original: El Argentino Diario, 19 de agosto de 2026
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