El Gobierno Nacional, a través de la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y el jefe de Gabinete, Diego Santilli, inició este martes en la provincia de Salta una ronda de negociaciones con gobernadores aliados. El objetivo consiste en construir un consenso legislativo que permita la eliminación de las elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) y asegure los votos necesarios para habilitar la reelección presidencial en 2027.

Negociación legislativa y construcción de consensos

Fuentes de Balcarce 50 confirmaron a la Agencia Noticias Argentinas la disposición oficial a evaluar una contrapropuesta provincial. Una integrante de la mesa política señaló que, si bien existe un acuerdo de principio sobre la necesidad de modificar la normativa, persisten diferencias sustanciales en el redactado final del proyecto de ley enviado por el Poder Ejecutivo.

La administración nacional busca sintetizar un texto que preserve sus objetivos centrales sin fracturar el bloque de gobernadores que aporta bancas en el Congreso. La supresión de las PASO representa el eje del proyecto oficialista y, simultáneamente, el punto de mayor resistencia entre los socios del interior.

Presión institucional mediante la Cámara Nacional Electoral

Ante la falta de acuerdos definitivos, el oficialismo apeló a argumentos de viabilidad técnica respaldados por la jurisdicción electoral. Funcionarios de la Casa Rosada citaron pronunciamientos de la Cámara Nacional Electoral (CNE) para sostener que la implementación de la Boleta Única de Papel (BUP) resulta impracticable bajo el sistema de partidos vigente.

Un funcionario del Ejecutivo advirtió que, de no aprobarse la reforma integral, se solicitará a la CNE que instrumente cambios regulatorios para ordenar el diseño de la boleta. Esta postura funciona como una advertencia que traslada el costo político hacia los gobernadores que resisten la eliminación de las primarias.

Operativo político y contexto electoral

La misión a Salta, que incluye al vicejefe de Gabinete Ignacio Devitt y al secretario de Comunicación Fabián Fernández, contempla reuniones con el gobernador salteño, Gustavo Sáenz, y el catamarqueño, Raúl Jalil. Karina Milei y Santilli coordinan esta estrategia junto a Martín Menem y Eduardo «Lule» Menem para trasladar el acercamiento logrado en París, durante la Argentina Week, a un respaldo legislativo concreto.

El oficialismo reconoce que la proximidad al ciclo electoral de 2027 endurece las posiciones partidarias, pero también acelera la necesidad de pactos. La reforma electoral trascendió el debate técnico para consolidarse como la herramienta principal con la que la administración de Javier Milei pretende ordenar el tablero político rumbo a su reelección.

Fuente: El Argentino Diario (https://elargentinodiario.com.ar/politica/06/10/2026/reforma-electoral-el-gobierno-abre-la-puerta-a-una-contrapropuesta-provincial/)

#ReformaElectoral #PASO #GobiernoNacional #Congreso #BoletaUnica #CNE

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Un informe técnico presentado en el IAE Business School por la consultora EcoGo expone un faltante de USD 23.300 millones en el programa financiero diseñado por el ministro Luis Caputo. La brecha fiscal surge tras la suspensión de colocaciones de bonos en el mercado local y la reformulación de las metas de caja, forzando al equipo económico a admitir ante fondos extranjeros que deberá modificar su plan de amortizaciones para el próximo ejercicio.

Revisión de los supuestos fiscales

El documento elaborado por la economista Marina Dal Poggetto recalcula las proyecciones oficiales bajo escenarios más restrictivos. El análisis descarta los USD 3.700 millones que la cartera económica había proyectado como reserva de liquidez al cierre de 2026. A esta merma se suman los obstáculos para renovar pasivos en dólares a nivel doméstico y las divergencias documentadas entre el esquema original de junio y los números plasmados en el reciente proyecto de Ley de Presupuesto respecto a los desembolsos de organismos multilaterales.

El desarme de la estrategia local

El cálculo, que asume la renovación de los acuerdos de recompra (REPO) y excluye los vencimientos de capital de enero de 2028, contrasta con las declaraciones oficiales de julio pasado. En aquel momento, el Gobierno sostenía que las obligaciones de 2026 y 2027 estaban cubiertas sin necesidad de acudir al crédito externo. Sin embargo, la escalada del riesgo país y el encarecimiento de las tasas forzaron al Tesoro a cancelar las últimas tres licitaciones del Bonar 2029 y a notificar a los inversores la paralización temporal de los Bonares.

La contabilidad original del programa

El esquema inicial presentado por Hacienda preveía necesidades por USD 19.200 millones para el tramo final de 2026, cubiertas con USD 22.900 millones de fuentes diversas. Este último rubro incluía compras de divisas al Banco Central, préstamos con garantía multilateral, desembolsos del FMI, privatizaciones y colocaciones locales. Para 2027, el programa original mostraba un equilibrio exacto entre requerimientos y recursos, ambos fijados en USD 24.900 millones, un balance que los nuevos indicadores macroeconómicos han desvirtuado.

El blindaje cambiario y la presión de mercado

Como respuesta a la incertidumbre, la administración nacional ha promovido la existencia de un respaldo financiero estimado inicialmente en 70.000 millones de dólares, cifra que el presidente Javier Milei elevó a 75.000 millones durante su reciente gira por París. El ministro Caputo desglosó ese monto sumando las compras programadas por la autoridad monetaria, la vigencia del swap con China, una línea de crédito con Estados Unidos y operaciones de futuros. La magnitud de este escudo, según el análisis de mercado, refleja indirectamente el volumen de la presión cambiaria que el Ejecutivo busca neutralizar.

Fuente: La Política Online / Informe IAE Business School (EcoGo).

#Economía #DeudaSoberana #Caputo #DalPoggetto #FinanzasPúblicas #RiesgoPaís #Argentina2026

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El ministro de Economía, Luis Caputo, y el jefe de Gabinete, Diego Santilli, oficializaron en París un régimen que otorga la nacionalidad argentina mediante un aporte no reembolsable de 350.000 dólares al Tesoro o la suscripción de deuda pública por 800.000 dólares. La medida busca facilitar la adquisición de territorios patagónicos para centros de datos, apoyándose en normativas previamente declaradas nulas por la justicia electoral y civil.

Arquitectura legal y fallos judiciales

El andamiaje normativo se sostiene sobre el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 366/2025, que modificó la Ley de Migraciones y Ciudadanía. Tanto la Cámara Civil como la Cámara Nacional Electoral (CNE) dictaron la nulidad de esta norma por considerar que excede las facultades presidenciales e invade competencias exclusivas del Congreso.

El constitucionalista Andrés Gil Domínguez advierte que eximir el requisito de dos años de residencia, estipulado en el artículo 20 de la Constitución Nacional, configura una presunta violación constitucional. Equiparar un aporte financiero a un "servicio" a la nación quebranta el principio de igualdad frente a los migrantes que cumplen los trámites regulares.

El conflicto por la Ley de Tierras y la Corte Suprema

El anuncio coincide con un fallo reciente del máximo tribunal que rechazó la legitimación del Centro de Ex Combatientes Islas Malvinas (CECIM). Esta resolución dejó sin efecto la medida cautelar que frenaba el artículo 154 del DNU 70/2023, el cual había derogado la Ley 26.737 que limitaba al 15 por ciento la titularidad extranjera de tierras rurales.

Ante el levantamiento de las restricciones territoriales, la Cámara de Diputados convocó a una sesión para el 15 de octubre con el objetivo de derogar el DNU 70. Paralelamente, el bloque peronista impulsó un proyecto de ley para prohibir expresamente la comercialización de la ciudadanía argentina.

Actores privados y destinatarios del régimen

El ministro Caputo vinculó el origen de la iniciativa a un viaje a Sun Valley y a requerimientos directos de la industria tecnológica para instalar infraestructura de datos. El diputado Agustín Rossi señaló al inversor Peter Thiel, de la firma Palantir, como uno de los perfiles que podrían operar sin esfuerzo bajo este esquema de naturalización.

La firma internacional Arton Capital ya comercializa el programa y asesora al Estado a través del consorcio AMIGO (Argentina: movilidad por inversión y oportunidades globales). La empresa destaca en su promoción el valor del pasaporte argentino y su posición dentro del G20.

Control migratorio y alertas internacionales

La evaluación de las solicitudes recaerá en la Agencia de Programas de Ciudadanía por Inversión, bajo la órbita de Economía, con intervención de la SIDE, la UIF y el Ministerio de Seguridad. La Dirección Nacional de Migraciones (DNM) mantendrá la resolución final en un contexto institucional donde el Ministerio del Interior fue disuelto.

Especialistas de la Universidad Nacional de Lanús y de la Comisión Argentina para Refugiados y Migrantes (CAREF) alertaron sobre la creación de una categoría privilegiada. A nivel global, organismos como el GAFI y la OCDE emitieron advertencias sobre regímenes similares, como el de Malta, por su vulnerabilidad ante operaciones de lavado de activos.

Contexto oficial

El oficialismo defiende el programa como una herramienta de captación de divisas para el Tesoro Nacional. La oposición parlamentaria y los constitucionalistas cuestionan la validez de comercializar derechos políticos sobre una base normativa judicialmente invalidada y sin debate legislativo previo.

Fuente: Página/12 (Luciana Bertoia), expedientes de la Corte Suprema de Justicia (causa CECIM), fallos de la Cámara Nacional Electoral y Cámara Civil, DNUs 70/2023 y 366/2025

#CiudadaníaPorInversión #DNU366 #TierrasRurales #CorteSuprema #Migraciones #Argentina2026

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Casi dos tercios de la Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires se opusieron a la habilitación de la venta ilimitada de tierras a extranjeros, mediante la presentación de múltiples proyectos de declaración que repudian la derogación de la Ley Nacional N° 26.737.

LA PLATA, 3 de octubre de 2026 (Actualizada) –

La mayoría de los bloques legislativos de la Cámara de Diputados bonaerense presentó proyectos de declaración para rechazar la derogación de la Ley Nacional N° 26.737, Régimen de Protección al Dominio Nacional sobre la Propiedad, Posesión o Tenencia de las Tierras Rurales. La medida responde a la reciente decisión de la Corte Suprema de Justicia de la Nación en la causa promovida por el Centro de Ex Combatientes Islas Malvinas (CECIM) de La Plata, la cual dejó sin efecto la sentencia que había declarado la inconstitucionalidad del artículo 154 del DNU N° 70/2023.

Alcance de la iniciativa legislativa

Un total de 58 de los 92 legisladores y legisladoras acompañaron las mociones de rechazo. Los bloques de Unión por la Patria, Nuevos Aires, Coalición Cívica, UCR y Unión y Libertad firmaron el proyecto mayoritario. A estos se sumaron escritos de repudio presentados por la Izquierda y el bloque UCR + Cambio Federal. Las únicas dos fuerzas políticas que no acompañaron las iniciativas fueron La Libertad Avanza y el PRO.

El proyecto principal cuenta con la autoría de diputados de Unión por la Patria, Nuevos Aires, Unión y Libertad, Coalición Cívica y UCR. La suma de los firmantes de las distintas iniciativas alcanza a 58 referentes políticos, lo que representa casi dos tercios del cuerpo legislativo provincial.

Fundamentos del rechazo

El texto legislativo manifiesta una expresa preocupación por la eliminación de los límites y mecanismos de control establecidos para la adquisición y posesión de tierras rurales por parte de personas humanas y jurídicas extranjeras. Los fundamentos enfatizan el riesgo particular que esta situación genera respecto de territorios vinculados con recursos naturales estratégicos, cuerpos de agua y zonas de especial relevancia territorial.

Los autores del proyecto sostienen que la cuestión reviste un interés específico para la Provincia de Buenos Aires. La legislación derogada contemplaba expresamente a las provincias y municipios dentro de su ámbito de aplicación, estableciendo límites territoriales que debían verificarse en cada una de esas jurisdicciones.

El fallo de la Corte y sus efectos jurídicos

La iniciativa toma como antecedente inmediato la decisión del Máximo Tribunal en la causa CECIM La Plata. Mediante este fallo, la Corte dejó sin efecto la sentencia de la Cámara Federal de La Plata que había declarado la inconstitucionalidad del artículo 154 del DNU N° 70/2023.

Los fundamentos del proyecto aclaran que la Corte Suprema no se pronunció sobre la validez constitucional de la derogación de la Ley N° 26.737. La decisión judicial se basó en la falta de legitimación de la entidad actora y en la inexistencia, a criterio del Tribunal, de un caso o controversia judicial que habilitara el tratamiento de la cuestión.

Como consecuencia concreta de esta decisión, los legisladores advierten que queda removido el obstáculo que impedía la aplicación de la derogación dispuesta por el Poder Ejecutivo Nacional. Esta situación habilita, en la práctica, la venta de tierras sin las restricciones previamente vigentes.

Marco regulatorio de la Ley 26.737

La Ley Nacional N° 26.737 establecía un régimen de protección sobre la propiedad, posesión y tenencia de tierras rurales. La norma fijaba límites específicos a la titularidad por parte de personas humanas y jurídicas extranjeras, disponiendo que esta no podía superar el 15% del territorio nacional.

Dicho límite debía computarse también respecto del territorio de cada provincia, municipio, departamento o división política equivalente. La ley establecía restricciones por nacionalidad y por titular, contemplando prohibiciones específicas para inmuebles que contuvieran o fueran ribereños de cuerpos de agua de envergadura y permanentes, así como para aquellos ubicados en zonas de seguridad de frontera.

Fuente: El Destape / Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires.

#LeyDeTierras #CorteSuprema #DiputadosBonaerenses #SoberaníaTerritorial #DNU70/2023

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El fiscal federal Ramiro González solicitó la documentación completa de la Licitación Pública 23-0005-LPU26, por un monto cercano a los 700 millones de pesos, para evaluar una denuncia presentada por la diputada nacional Marcela Pagano contra el procedimiento impulsado desde la Secretaría General de la Presidencia, conducida por Karina Milei. La investigación busca determinar si existieron irregularidades en la adjudicación del mantenimiento preventivo, correctivo y riego de los espacios verdes de la Residencia Presidencial de Olivos y la Casa Rosada a las empresas La Mantovana de Servicios Generales S.A. y GRUB S.A.

Antecedentes de financiamiento cruzado en Defensa de la Competencia

Un expediente previo de la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia (CNDC), iniciado por una empresa competidora, documentó que La Mantovana habría financiado a Grupo Buena Vista S.A. y, de manera indirecta, a GRUB S.A. Los registros societarios muestran que Franco Castelli ejerció la presidencia de GRUB y Mario Agustín Castelli integró su directorio, apellidos históricamente ligados también a la estructura de La Mantovana. Actualmente, GRUB registra como presidente a Gustavo Carlos Vides, designado en septiembre de 2024 y ratificado posteriormente en la conducción societaria.

La documentación administrativa previa registró relaciones financieras y societarias suficientes para abrir interrogantes sobre la independencia de estas firmas al concurrir a contrataciones estatales. Cuando dos de esos nombres volvieron a encontrarse alrededor de la contratación de Olivos, el expediente dejó de ser una simple compra administrativa.

El rastro del sciolismo bonaerense

Durante los años de la gestión provincial de Daniel Scioli, las grandes empresas de limpieza y mantenimiento tuvieron una presencia importante en la contratación estatal. Entre ellas aparece Limpiolux, firma vinculada a la familia Peluso, de la cual surgieron funcionarios que integraron la administración provincial sciolista.

GRUB, La Mantovana y Limpiolux aparecen dentro del mismo universo de grandes proveedores privados que durante años disputaron contratos millonarios de limpieza y mantenimiento del Estado. La Mantovana ya registraba importantes contrataciones públicas durante aquellos años y continuó obteniéndolas posteriormente, con redeterminaciones de precios documentadas con organismos estatales, mientras la familia Castelli siguió ocupando lugares centrales en las sociedades vinculadas al negocio.

La paradoja política: Scioli en el gobierno de Milei

Daniel Scioli hoy forma parte del gobierno de Milei como secretario de Turismo, Ambiente y Deportes. Un dirigente que construyó buena parte de su carrera dentro del peronismo terminó integrado a una administración libertaria que prometió romper con la denominada "casta" y terminar con los intermediarios que durante décadas hicieron negocios con el Estado.

Si bien no existe documentación pública que permita afirmar que Scioli sea propietario, socio o beneficiario directo de GRUB o La Mantovana, el entramado histórico de contratistas y exfuncionarios que rodearon sus administraciones bonaerenses obliga a observar una estructura de contratistas que logró sobrevivir a prácticamente todos los cambios políticos.

Lo comprobable y lo que falta probar

Los gobiernos cambian, los funcionarios cambian y hasta los discursos económicos se modifican. Sin embargo, determinados proveedores parecen conservar una extraordinaria capacidad para permanecer cerca de las cajas estatales. Lo comprobable hasta ahora: GRUB y La Mantovana tienen antecedentes societarios comunes; la relación entre ambas llegó a un expediente de Defensa de la Competencia; las dos participaron del procedimiento de Olivos y sus nombres forman parte de un mercado de contratistas estatales que acumula décadas de negocios públicos.

El fiscal González deberá resolver si corresponde avanzar penalmente con la investigación. El caso de los 700 millones de pesos para los jardines presidenciales deja una pregunta que excede a Karina Milei, Scioli o cualquier administración particular: cuánto cambió realmente el sistema de proveedores del Estado que el Gobierno prometió desarmar y cuánto de aquella vieja estructura simplemente encontró una nueva puerta de entrada a la Casa Rosada.

Fuente: Confidencial.ar / Expedientes de la CNDC y Fiscalía Federal

https://confidencial.ar/nota/3284/empresas-ligadas-a-scioli-cobraron-700-millones-para-cortar-el-pasto-los-jardines-de-olivos/

#Olivos #LicitaciónPública #Scioli #DefensaDeLaCompetencia #ContratacionesEstatales

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El presidente Javier Milei expuso este miércoles 30 de septiembre de 2026, mediante conexión remota desde París, en el Coloquio del Instituto para el Desarrollo Empresarial de la Argentina (IDEA). Durante la intervención, documentada en las actas del evento, el mandatario reconoció una desaceleración del crecimiento económico, solicitó paciencia a los asistentes y atribuyó las dificultades coyunturales a la oposición política y a shocks externos, sin establecer plazos concretos para la rebaja impositiva o la reforma previsional.

Reconocimiento de la desaceleración y plazos indefinidos

Según el registro taquigráfico de la jornada, el jefe de Estado admitió públicamente una "desaceleración del crecimiento de la economía". Justificó esta situación argumentando que los procesos de expansión "demandan mucho tiempo" y no son instantáneos. El mandatario sostuvo que su administración mantiene un "trabajo sistemático" y "mucha disciplina" para acelerar dicha transición, a pesar de la dureza de la coyuntura actual.

Atribución de responsabilidades y retórica confrontativa

Al analizar las causas de los problemas económicos, el presidente desvió el foco hacia factores exógenos y domésticos de oposición. De acuerdo con la transcripción oficial, responsabilizó a una "máquina de impedir" y a sectores opositores, a los que calificó textualmente como "energúmenos". Asimismo, invocó shocks externos, específicamente el aumento de tasas de interés en Estados Unidos y el conflicto petrolero en Medio Oriente, como determinantes de la situación local.

En el mismo segmento, Milei efectuó comparaciones hipotéticas sobre escenarios alternativos de gobierno, aseverando que "con otro Gobierno hubiese explotado todo por los aires". El documento del evento refleja que el mandatario enmarcó el debate actual en la velocidad de la baja inflacionaria y la futura recuperación salarial. El registro consigna, además, su afirmación de haber sufrido "siete intentos de golpes de Estado" y "actos de terrorismo en las calles", sin detallar las denuncias formales o expedientes judiciales asociados a dichas imputaciones.

Proyección electoral y definiciones sobre reformas estructurales

Respecto al clima de inversiones, el presidente reconoció que un sector del empresariado posterga decisiones debido a la incertidumbre electoral. Las actas consignan que consideró esta postura como "algo entendible", bajo el argumento de que los actores económicos "están esperando el veredicto de los argentinos". En este contexto, proyectó las próximas elecciones como una disyuntiva entre un "modelo de la prosperidad" y un retorno a un "pasado que fracasó hace 100 años".

La intervención incluyó referencias directas a figuras de la oposición. El registro documental indica que el mandatario se refirió a la expresidenta Cristina Kirchner con los términos "presidiaria y convicta". Esta afirmación constituye una calificación de estado jurídico que excede el ámbito de la opinión política y se inscribe en el terreno de las imputaciones de hecho, sujetas a verificación en los registros del Poder Judicial.

Consultado sobre la posibilidad de una rebaja impositiva a corto plazo, el jefe de Estado condicionó dicha medida a la mejora del proceso de crecimiento y a la preservación de la recaudación, sin establecer un cronograma específico. Sobre la reforma previsional, la transcripción señala que el mandatario postergó su implementación a un eventual segundo mandato, priorizando en el corto plazo la reducción de la informalidad laboral para robustecer el sistema jubilatorio.

Antecedentes y contexto oficial

Esta exposición se enmarca en la agenda del "Argentina Week" en Francia, que motivó la participación virtual del presidente en el encuentro empresarial. Informes previos del Ministerio de Economía han mantenido una narrativa similar respecto a la temporalidad de los ajustes, aunque los indicadores oficiales recientes ratifican la contracción de la actividad productiva mencionada por el mandatario. Las declaraciones quedan asentadas en los archivos públicos del Coloquio de IDEA 2026.

Fuente: Registro taquigráfico y actas oficiales del Coloquio de IDEA 2026; crónica publicada por MDZol (30/09/2026).

#JavierMilei #ColoquioIDEA #EconomíaArgentina #PolíticaEconómica #ArgentinaWeek

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La gestión del gobernador Leandro Zdero en el Chaco destinó 4.343 millones de pesos a cuatro empresas de servicios digitales vinculadas a operaciones en redes sociales entre abril de 2024 y agosto de 2026, según registros de la Tesorería General. Esta erogación se produjo en paralelo a la aprobación legislativa de la suspensión de las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) de 2027, medida justificada oficialmente con un ahorro de 5.000 millones de pesos para el sistema de salud pediátrica.

Ejecución presupuestaria y contratos estatales

De acuerdo con los informes de ejecución de la Tesorería General del Chaco, los fondos fueron transferidos a las firmas P&P Social Media SRL, AdYouWish SRL, Smart Consumer S.A. y Smart Data SAS. Los contratos, formalizados a través del Fideicomiso de Administración de Pautas Publicitarias Oficiales (FAPPO), fueron justificados bajo conceptos administrativos como "investigación sobre la imagen de la gestión" y "asesoramiento en redes sociales" para la Secretaría de Asuntos Estratégicos.

El desglose documental indica que Smart Data SAS facturó 1.301 millones de pesos entre 2024 y 2026, mientras que AdYouWish SRL recibió 1.645 millones en el mismo período. Por su parte, P&P Social Media SRL percibió 857 millones y Smart Consumer S.A. obtuvo 540 millones entre 2024 y 2025. La Lotería Chaqueña también incorporó a dos de estas firmas a su nómina de pagos durante 2025.

Contradicción en la postura electoral

La suspensión de las PASO fue aprobada en una sesión extraordinaria de la Legislatura chaqueña el pasado miércoles, con el voto decisivo de la diputada Katia Blanc. La legisladora condicionó su apoyo a la afectación de los 5.000 millones de pesos ahorrados al Hospital Pediátrico Doctor Avelino Castelán, para la compra de medicamentos e insumos.

Esta medida contrasta con la posición histórica del actual mandatario. A fines de 2022, siendo diputado de la oposición, Zdero se opuso a la suspensión de las primarias y presentó un amparo judicial que la Justicia le concedió a principios de 2023. Funcionarios oficialistas consultados, como la diputada Susana Maggio, justificaron el cambio de criterio alegando "contextos diferentes", mientras que la legisladora Zulema Wannesson sostuvo que las PASO "resultan destructivas para los partidos políticos".

Derivaciones judiciales y competencia

El Partido Justicialista provincial presentó una denuncia penal por una presunta campaña de difamación coordinada mediante cuentas anónimas contra el exgobernador Jorge Capitanich. La presentación solicitó a la justicia investigar la ruta del dinero y la posible configuración del delito de lavado de activos para financiar estructuras de bots.

El Tribunal Electoral del Chaco, integrado por las magistradas Emilia Valle, Cristina Pisarello y Antonia Cuadra, rechazó la intervención mediante un auto firme. El cuerpo judicial argumentó en su providencia que no le corresponde regular disputas en plataformas digitales y derivó la responsabilidad sobre el presunto uso ilícito de fondos al Juzgado Federal de Resistencia.

El fuero federal, a su vez, se declaró incompetente para avanzar en la causa, deslindando la responsabilidad de la investigación en esta etapa procesal. Dirigentes del peronismo local criticaron la decisión, señalando que se habilita el uso de prácticas irregulares en la disputa política.

Gasto publicitario y contexto oficial

Los registros oficiales de la Tesorería General indican que el gasto acumulado en pauta publicitaria para medios y periodistas provinciales asciende a 37.193.718.666,36 pesos desde el inicio de la gestión. Solo hasta mediados de julio de 2026, el Ejecutivo provincial ejecutó 12.469.011.527,00 pesos en este concepto.

Este monto equivale al costo operativo estimado de tres procesos de PASO en la provincia. Tanto el Sindicato de Prensa del Chaco como la Asociación de Medios de Comunicación cuestionan la distribución discrecional de estos fondos, sosteniendo que el objetivo principal es condicionar la cobertura informativa más que difundir actos de gobierno.

Fuente: RealPolitik / Tesorería General de la Provincia del Chaco / Expedientes del Tribunal Electoral provincial.

https://realpolitik.com.ar/nota/74075/leandro-zdero-suspendio-las-paso-pero-gasto-4-343-millones-en-firmas-ligadas-a-trolls/

#Chaco #GastoPúblico #PASO #Transparencia #JusticiaFederal

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Registros administrativos y actuaciones judiciales exponen una red de contrataciones y conflictos de intereses en la órbita de la Secretaría General de Presidencia, dirigida por Karina Milei. Las evidencias documentales señalan vínculos comerciales entre funcionarias, sus cónyuges y empresas privadas, además de una gestión de facto del predio de Tecnópolis por una productora allegada al círculo oficial. Esta situación motivó la paralización de un concurso público de concesión y deriva en pesquisas sobre el flujo de fondos públicos.

Trama societaria y reuniones no registradas

Según consta en los antecedentes, la consultora Mara Gorini, incorporada a la estructura estatal bajo la gestión de Milei, mantiene la apoderación de Foggia Group, empresa de la que adquirió el 40 por ciento en 2015. Mientras el capital quedó a nombre de su esposo, Marcelo Dionisio, este último registró decenas de encuentros privados en la Casa Rosada con la funcionaria, la titular de la Secretaría y el exvocero Manuel Adorni. De acuerdo con los registros oficiales de audiencias, de las aproximadamente 50 reuniones de Gorini con socios privados en Balcarce 50, diez visitas de su cónyuge a Adorni no figuran formalmente anotadas.

Transferencias millonarias y frenada a la concesión

Actuaciones judiciales confirmaron que, en marzo de 2026, Foggia Group transfirió 55 millones de pesos a +Be, consultora de coaching propiedad de Bettina Angeletti, cónyuge de Adorni. Este entramado se extendió al proyecto de concesión de Tecnópolis por 25 años, impulsado por la Secretaría General y la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE), entonces bajo la conducción de Nicolás Pakgojz y dependencia de la Jefatura de Gabinete de Adorni. Aunque un dictamen del 4 de marzo de 2024 habilitó a DIRECTV ARGENTINA S.R.L. y Buenos Aires Arena SA, la Justicia detectó que Ricardo Silbermins, directivo de la primera, se integró al directorio de Foggia Group en octubre de 2025, lo que forzó la suspensión del proceso.

Administración de facto y desplazamiento de eventos

Pese a que el Concurso Público Nº 392-0006-CPU25 permanece vacante, documentos indican que el parque de 54 hectáreas es gestionado en la práctica por Quinto Elemento Producciones S.A. Organizadores de la exposición de Fórmula 1 y del espectáculo "Tianfu" debieron aceptar a esta firma como intermediaria obligatoria para operar en el predio. Ante esta condición, la muestra de F1, perteneciente a Fénix Entertainment (propiedad de Marcelo Fígoli), reubicó su evento en La Rural; cabe recordar que Dionisio se desempeñó como gerente general de esa misma empresa durante una década hasta 2016.

Flujos de fondos públicos y anomalías administrativas

La estructura de Quinto Elemento, cuya presidencia ostenta su única empleada, Jessica Paola Mayo, recibió 33.018.312 pesos de La Libertad Avanza por la organización de actos en Córdoba durante la campaña legislativa de 2025. Registros de acceso revelan que Maximiliano Ezequiel Rozenfarb, esposo de Mayo y productor de WeCreate, ingresó 27 veces a Balcarce 50 para reunirse con Gorini, mientras que su socio Mariano Gori lo hizo en 19 oportunidades. WeCreate, asociada a Foggia Group desde 2023, facturó eventos estatales como la LXVI Cumbre de Buenos Aires en el Palacio San Martín.

Paralelamente, informes sobre pólizas de seguros muestran que empleados de la Secretaría General fueron registrados bajo el rubro de "personal de catering". En dichos instrumentos, Gorini, Dionisio y Foggia Group figuran como beneficiarios directos ante eventuales accidentes laborales, una disposición que las partes querellantes describen como una anomalía administrativa sujeta a revisión penal.

Antecedentes y contexto oficial

La Secretaría de Cultura, subordinada a la decisión de la Secretaría General de Presidencia, mantiene la supervisión nominal del predio. Hasta la fecha, no se emitieron comunicados oficiales que refuten las transacciones detalladas en los expedientes administrativos y judiciales consultados.

Fuente: Agencia NOVA / Documentación judicial y administrativa.

Enlace: https://www.agencianova.com/politica/2026/09/28/173192/el-botin-de-la-casta-la-red-de-karina-milei-los-millones-de-adorni-y-la-privatizacion-paralela-de-tecnopolis/

#Tecnópolis #KarinaMilei #ConflictoDeIntereses #AdministraciónPública #Justicia

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El fiscal federal Gerardo Pollicita requirió al juez Ariel Lijo nuevas medidas de prueba en la investigación por presunto enriquecimiento ilícito contra el exjefe de Gabinete, Manuel Adorni. El requerimiento, formalizado esta semana en los tribunales de Comodoro Py, busca verificar la procedencia de un supuesto ahorro familiar y determinar la titularidad real de ocho billeteras de criptomonedas no declaradas en las primeras presentaciones del imputado.

Requerimientos al organismo recaudador

Según consta en el escrito fiscal, se solicita el levantamiento del secreto bancario y tributario de los involucrados. Para Adorni, el período bajo análisis abarca desde el 28 de febrero de 1998 hasta el 31 de diciembre de 2011. En el caso de su esposa, Betina Angeletti, la pesquisa se extenderá desde el 10 de octubre de 2000 en adelante.

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) deberá remitir la totalidad de las declaraciones juradas presentadas. El pedido oficial incluye información detallada sobre impuesto a las ganancias, bienes personales y registros de compra de moneda extranjera por parte del matrimonio, con el fin de reconstruir su situación patrimonial e ingresos.

Foco en las criptomonedas

• La Fiscalía centra su atención en la justificación patrimonial aportada recientemente por el imputado. Adorni manifestó ante la Justicia la existencia de un “ahorro familiar” en bitcoins, el cual buscaría explicar la tenencia de casi 600.000 dólares en efectivo omitidos en sus declaraciones juradas previas.

Ante este descargo, el fiscal ordenó la intervención de personal especializado. El peritaje técnico tendrá como objetivo determinar si las ocho billeteras virtuales mencionadas pertenecen exclusivamente al exfuncionario, a su cónyuge o a un tercero ajeno a la causa.

Antecedentes y contexto procesal

La causa se origina en las discrepancias detectadas entre el patrimonio declarado y los bienes identificables del exjefe de Gabinete. Pese a la renuncia de Adorni a su cargo en la administración nacional, el proceso judicial mantiene su curso en la órbita federal y las nuevas diligencias lo mantienen vinculado al expediente.

El avance de esta pesquisa ocurre a un año de los comicios presidenciales de 2027. Según el contexto político señalado en los informes, la continuidad de la acción judicial contra el exfuncionario podría incidir en la imagen pública del Ejecutivo nacional.

Fuente: Agencia Noticias Argentinas y actuaciones fiscales en la causa por enriquecimiento ilícito.

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El Ministerio de Salud y Alejandro Vilches presentaron ante la Justicia federal informes que documentan sobreprecios de hasta 1.972% en la adquisición de insumos médicos por parte de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS). Los documentos, incorporados a una causa que tramita el fiscal federal Franco Picardi, detallan pagos duplicados, compras con valores muy superiores a los de otras reparticiones públicas y productos que figuraban como entregados sin que los beneficiarios los hubieran recibido.

Válvulas, prótesis y diferencias de hasta 711%

Los informes analizaron adquisiciones de válvulas pulmonares, prótesis, implantes cocleares, sillas de ruedas y neuroestimuladores. Según la documentación presentada, una válvula bicaval fue abonada por la ANDIS a $425 millones, cuando el PAMI había comprado el mismo sistema por $124,2 millones. Otras operaciones registraron diferencias de hasta 711%, y un neuroestimulador resultó 219% más caro que el precio de referencia comparado.

Implantes cocleares y una factura pagada dos veces

Las compras de implantes cocleares a la Droguería Floresta arrojaron un precio promedio de US$ 62.613 por unidad, frente a una referencia de mercado cercana a los US$ 16.975. El documento calculó una brecha del 269%. Los informes también identificaron que una factura emitida por la firma Indecomm por $28,7 millones habría sido abonada en dos oportunidades.

Equipamiento importado y entregas sin constancia

La denuncia sostiene que la agencia utilizó módulos importados con sobreprecios de entre 300% y 1.000%, aun cuando existía equipamiento de producción nacional a menor costo y con, según los informes, "superior durabilidad y ajuste anatómico". En la provincia de Río Negro, una prótesis figuraba en los registros como entregada, aunque el beneficiario declaró no haberla recibido. El expediente incluye además el caso de un andador con un presunto sobreprecio del 4.239%, si bien la empresa proveedora aseguró que esa factura se encontraba impaga.

La causa judicial y el foco en las licitaciones

La investigación reúne los informes elaborados por Vilches y un dictamen de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA), que también detectó diferencias de precios en las contrataciones. El fiscal Picardi centró su análisis en un esquema de licitaciones que, según la pesquisa, habría operado con un número reducido de oferentes. La causa examina si esos procedimientos se apartaron de las normas vigentes para las compras del Estado.

La ANDIS es el organismo descentralizado encargado de diseñar y ejecutar políticas públicas dirigidas a personas con discapacidad en todo el territorio nacional. Su presupuesto incluye partidas destinadas a la provisión de ayudas técnicas, órtesis, prótesis e insumos médicos de alta complejidad.

Fuente: Clarín clar.in/4rCpPI3

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