Nacionalidad por 350 mil dólares: el régimen de inversión que avanza pese a la nulidad judicial de su base legal
El ministro de Economía, Luis Caputo, y el jefe de Gabinete, Diego Santilli, oficializaron en París un régimen que otorga la nacionalidad argentina mediante un aporte no reembolsable de 350.000 dólares al Tesoro o la suscripción de deuda pública por 800.000 dólares. La medida busca facilitar la adquisición de territorios patagónicos para centros de datos, apoyándose en normativas previamente declaradas nulas por la justicia electoral y civil.
Arquitectura legal y fallos judiciales
El andamiaje normativo se sostiene sobre el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 366/2025, que modificó la Ley de Migraciones y Ciudadanía. Tanto la Cámara Civil como la Cámara Nacional Electoral (CNE) dictaron la nulidad de esta norma por considerar que excede las facultades presidenciales e invade competencias exclusivas del Congreso.
El constitucionalista Andrés Gil Domínguez advierte que eximir el requisito de dos años de residencia, estipulado en el artículo 20 de la Constitución Nacional, configura una presunta violación constitucional. Equiparar un aporte financiero a un "servicio" a la nación quebranta el principio de igualdad frente a los migrantes que cumplen los trámites regulares.
El conflicto por la Ley de Tierras y la Corte Suprema
El anuncio coincide con un fallo reciente del máximo tribunal que rechazó la legitimación del Centro de Ex Combatientes Islas Malvinas (CECIM). Esta resolución dejó sin efecto la medida cautelar que frenaba el artículo 154 del DNU 70/2023, el cual había derogado la Ley 26.737 que limitaba al 15 por ciento la titularidad extranjera de tierras rurales.
Ante el levantamiento de las restricciones territoriales, la Cámara de Diputados convocó a una sesión para el 15 de octubre con el objetivo de derogar el DNU 70. Paralelamente, el bloque peronista impulsó un proyecto de ley para prohibir expresamente la comercialización de la ciudadanía argentina.
Actores privados y destinatarios del régimen
El ministro Caputo vinculó el origen de la iniciativa a un viaje a Sun Valley y a requerimientos directos de la industria tecnológica para instalar infraestructura de datos. El diputado Agustín Rossi señaló al inversor Peter Thiel, de la firma Palantir, como uno de los perfiles que podrían operar sin esfuerzo bajo este esquema de naturalización.
La firma internacional Arton Capital ya comercializa el programa y asesora al Estado a través del consorcio AMIGO (Argentina: movilidad por inversión y oportunidades globales). La empresa destaca en su promoción el valor del pasaporte argentino y su posición dentro del G20.
Control migratorio y alertas internacionales
La evaluación de las solicitudes recaerá en la Agencia de Programas de Ciudadanía por Inversión, bajo la órbita de Economía, con intervención de la SIDE, la UIF y el Ministerio de Seguridad. La Dirección Nacional de Migraciones (DNM) mantendrá la resolución final en un contexto institucional donde el Ministerio del Interior fue disuelto.
Especialistas de la Universidad Nacional de Lanús y de la Comisión Argentina para Refugiados y Migrantes (CAREF) alertaron sobre la creación de una categoría privilegiada. A nivel global, organismos como el GAFI y la OCDE emitieron advertencias sobre regímenes similares, como el de Malta, por su vulnerabilidad ante operaciones de lavado de activos.
Contexto oficial
El oficialismo defiende el programa como una herramienta de captación de divisas para el Tesoro Nacional. La oposición parlamentaria y los constitucionalistas cuestionan la validez de comercializar derechos políticos sobre una base normativa judicialmente invalidada y sin debate legislativo previo.
Fuente: Página/12 (Luciana Bertoia), expedientes de la Corte Suprema de Justicia (causa CECIM), fallos de la Cámara Nacional Electoral y Cámara Civil, DNUs 70/2023 y 366/2025
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