Buenos Aires, 30 de junio de 2026 – La Corte Suprema de Estados Unidos le acaba de cerrar todas las puertas a Donald Trump. Con una decisión escueta, sin disidencias ni explicaciones, los nueve magistrados rechazaron intervenir en el caso que la escritora E. Jean Carroll le ganó por abuso sexual y difamación. La consecuencia es directa e inapelable: el presidente en ejercicio deberá pagar 5 millones de dólares. Ya no hay recursos pendientes, ni tribunales intermedios, ni posibilidad de llevar la discusión a otro lado. El fallo que en mayo de 2023 un jurado anónimo de Manhattan dictó contra el entonces exmandatario quedó firme, y lo hace justo ahora, con Trump otra vez instalado en la Casa Blanca.

• La decisión llegó este lunes 29 de junio, último día hábil del período judicial antes del receso de verano en Washington. La defensa de Trump había presionado para que los magistrados revisaran la sentencia de segunda instancia que, en diciembre de 2024, ya había confirmado punto por punto lo resuelto en el juicio. Argumentaban que el juez de primera instancia había cometido errores que viciaban todo el proceso, que se habían admitido testimonios de otras mujeres con acusaciones similares y que el veredicto era excesivo. La Corte Suprema, con su silencio, mandó un mensaje nítido: no hay nada que revisar.

Para entender por qué este desenlace es mucho más que una anécdota judicial conviene rebobinar. Jean Carroll, periodista y ex columnista de la revista Elle, hizo pública su historia en 2019, durante la primera presidencia de Trump. Sostuvo que a mediados de los 90, en un probador de una tienda de lujo de Manhattan, el magnate la empujó contra la pared, la besó a la fuerza y la penetró con los dedos. Trump respondió con su estilo de siempre: dijo que no la conocía, que ella “no era mi tipo” y que todo era una mentira para vender libros. Esa reacción dio origen a la demanda por difamación que se acumuló al reclamo por el ataque sexual.

El caso llegó a juicio al amparo de la Ley de Supervivientes Adultos que Nueva York sancionó en 2022. Esa norma abrió una ventana de un año para que víctimas de delitos sexuales pudieran demandar civilmente a sus agresores aunque el hecho hubiera prescripto. Carroll activó ese mecanismo y en mayo de 2023 puso a Trump frente a un jurado popular. Tras dos semanas de audiencias y apenas tres horas de deliberación, los nueve integrantes dictaminaron que el expresidente era responsable de abuso sexual —no de violación en los términos técnicos del código penal neoyorquino, pero sí de contacto sexual forzado— y que también la había difamado. Fijaron una indemnización de 5 millones de dólares: 2,02 millones por el abuso y 2,98 millones por la difamación.

• Trump nunca aceptó el resultado. Depositó los 5 millones en una cuenta judicial mientras apelaba y siguió insistiendo públicamente en su inocencia. La Cámara de Apelaciones del Segundo Circuito le dio la espalda a fines de 2024. Le quedaba una sola ficha: convencer a la Corte Suprema de que el caso merecía un tratamiento extraordinario. La negativa de este lunes sella la derrota y obliga a liberar ese dinero para la demandante.

El impacto no se mide solo en la billetera de un presidente que construyó su figura sobre la ostentación. Por primera vez en la historia estadounidense, el máximo tribunal deja firme una condena civil por agresión sexual contra un mandatario en funciones. No es un dato cosmético: marca un límite concreto a la impunidad que suele blindar a quienes ocupan la cima del poder. Las organizaciones que acompañan a sobrevivientes de violencia sexual lo leyeron en clave de precedente. “Si el sistema puede tocar al hombre más custodiado del planeta, también puede dar respuesta a la mujer que recién junta coraje para denunciar a su jefe o a su vecino”, fue el comentario de una abogada de la red nacional de centros de crisis que siguió de cerca el expediente.

Claro que la historia no termina acá. Carroll le ganó a Trump un segundo juicio, esta vez exclusivamente por difamación, por declaraciones que el entonces presidente hizo en 2019 y que repitió durante su campaña de 2024. En enero de ese año otro jurado federal le impuso una condena de 83,3 millones de dólares. Esa sentencia también está apelada y todavía no llegó a la mesa de los magistrados de la Corte. Todo indica que el mismo tribunal que hoy le dice que no tendrá que pronunciarse, en unos meses podría recibir ese nuevo expediente. La cifra, varias veces más alta, reactivaría el debate sobre si un presidente puede pagar semejante indemnización sin comprometer su patrimonio ni generar sospechas de favores impropios.

• El silencio de la Casa Blanca tras la decisión de la Corte fue absoluto. No hubo conferencia de prensa ni mensaje en redes sociales del presidente. Sus abogados se limitaron a decir que “respetan los canales judiciales” y que “confían en que los recursos pendientes demostrarán la injusticia del sistema”. Pero la realidad es que los 5 millones ya tienen dueña.

En los pasillos del Congreso, algún senador opositor dejó trascender la incomodidad de tener que convivir con un jefe de Estado que carga una condena firme por abuso. En los países que miran de reojo el liderazgo estadounidense, la situación alimenta un combo tóxico de desprestigio. En la Argentina, donde las discusiones sobre violencia de género y poder suelen chocar contra la pared de la impunidad estructural, la noticia llega como un espejo incómodo.

La pregunta que flota es cómo va a procesar la sociedad estadounidense este capítulo. El sistema judicial acaba de decir, sin estridencias pero sin vueltas, que ni siquiera el inquilino de la Oficina Oval está exento de responder por un ataque sexual. El dato concreto es que Trump deberá pagar 5 millones de dólares. El dato más inquietante es que su poder no alcanzó para torcer ese desenlace. Queda por ver qué hace ahora con eso, y qué hace el país con él.

Fuente original: The New York Times en Español, 29 de junio de 2026

Enlace: https://www.nytimes.com/es/2026/06/29/espanol/estados-unidos/suprema-corte-e-jean-carroll-trump.html

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Que nadie se deje engañar por el anuncio triunfalista. La compra de 36 misiles aire-aire AIM-120 AMRAAM para los F-16 no es una modernización de las Fuerzas Armadas: es la consumación de la dependencia argentina en materia de defensa, envuelta en papel de regalo y atada con moño made in USA. El 24 de junio de 2026, el Departamento de Defensa norteamericano adjudicó a Raytheon un contrato de 398,6 millones de dólares —ojo, no es lo que paga la Argentina, sino el total del paquete para 31 países— y nuestro Gobierno celebró como si hubiéramos entrado al primer mundo militar. La verdad es bastante más humillante.

Pongámoslo en criollo: compramos misiles que no podemos disparar sin que Washington nos dé el ok. Pagamos en dólares un armamento cuyos códigos fuente quedan bajo llave en una oficina del Pentágono. Nos endeudamos para financiar a la industria militar del país que es, al mismo tiempo, el aliado estratégico del Reino Unido en Malvinas. Si esto no es una capitulación en cuotas, ¿entonces qué es?

La trampa tecnológica: viejos no, atados sí

Que los AMRAAM tengan su origen en los años 70 y que la primera versión operativa sea de 1991 es un dato técnico. Que la variante C-8 tenga mejoras en electrónica y buscador también. Pero el verdadero debate no pasa por la antigüedad del misil, sino por quién controla su uso. Y acá no hay grises: el AMRAAM no es un arma autónoma, es un accesorio de un ecosistema cerrado que responde a Estados Unidos.

Cada F-16 argentino funciona con software cuyos códigos fuente son secretos militares norteamericanos. Cada actualización requiere la venia de Washington. Cada misil que cuelga de las alas necesita parámetros de vuelo y guiado que se configuran bajo supervisión externa. La Argentina compró el hardware, pero alquiló el derecho a usarlo. Y si mañana hay un conflicto en el Atlántico Sur donde los intereses argentinos choquen con los británicos —o con los de cualquier otro aliado de la OTAN—, ¿alguien cree que Estados Unidos va a autorizar el uso de esos misiles? La respuesta es obvia, y duele.

El mismo fabricante, el mismo contrato, el enemigo y nosotros

Raytheon produce en su planta de Arizona los misiles para la Argentina y, en el mismo lote, los que van al Reino Unido. El ocupante de Malvinas y el país usurpado comparten proveedor, comparten línea de montaje, comparten dependencia. Es difícil encontrar una metáfora más gráfica del lugar que ocupa la Argentina en el tablero mundial: no somos un actor soberano que elige sus alianzas, somos un cliente periférico que paga por el privilegio de ser tolerado.

Mientras tanto, el Reino Unido despliega en Monte Agradable —sí, en nuestras Malvinas— misiles Meteor con motor ramjet que triplican la zona de no escape de cualquier AMRAAM. La diferencia no es menor: en un hipotético combate fuera del alcance visual, los Typhoon británicos derribarían a nuestros F-16 antes de que pudiéramos siquiera detectarlos. ¿Y nosotros qué hacemos? Les compramos al aliado del ocupante una tecnología inferior a la que ellos mismos ya no usan como principal.

El vaciamiento interno: ajuste acá, dólares para afuera

Lo más obsceno de esta operación no es siquiera la sumisión geopolítica. Es el contraste entre los dólares que giran a Raytheon y los pesos que le niegan a las Fuerzas Armadas. El recorte acumulado ya supera los 59.000 millones de pesos. Los pilotos no vuelan porque no hay plata para el combustible. La Flota de Mar está amarrada en puerto mientras barcos extranjeros depredan el calamar y la merluza en la milla 200. Los oficiales de carrera cobran salarios que rozan la indigencia.

Pero para comprar misiles que no vamos a poder usar sin permiso, los dólares aparecen. Siempre aparecen. Esa es la prioridad real de este Gobierno: no defender la soberanía, sino garantizar el pago a los contratistas del complejo militar-industrial norteamericano. La defensa nacional se reduce a una operación de caja que vacía las capacidades propias y engorda las ajenas.

El remate: Mar Argentino cedido por goteo

El patrón es consistente. Mientras se recorta el presupuesto operativo de la Armada, se profundizan los acuerdos con el Comando Sur bajo el paraguas del Programa 333. El patrullaje de nuestras aguas, aquello que debería hacer Prefectura o la propia Armada, se terceriza de hecho a los norteamericanos con el eufemismo de "espacios comunes". No es casualidad: es un plan. Se vacía el Estado hacia adentro y se lo llena de compromisos hacia afuera.

La compra de los AMRAAM es la frutilla del postre de ese diseño. Un país que no puede pagar el combustible de sus buques se endeuda para comprar misiles que no controla, fabricados por el aliado del país que usurpa su territorio, con la condición de que nunca podrán apuntar contra los intereses de quien los vende.

Conclusión: soberanía offside

Argentina no se está rearmando. Está hipotecando lo poco que queda de su defensa nacional. La compra de estos 36 misiles —y de todo el paquete F-16— no obedece a una estrategia de defensa pensada para proteger recursos, territorio o población. Es el último eslabón de una cadena de decisiones que arrancó con la adquisición de los aviones daneses y que termina con la llave del arsenal en manos de Washington.

Lo llaman modernización. Es dependencia con fórceps. Lo presentan como rearme. Es endeudamiento para sostener la industria militar extranjera. Lo venden como defensa de la soberanía. Es la renuncia definitiva a ejercerla.

Fuente original: Agenda Malvinas, 27 de junio de 2026

Enlace: https://agendamalvinas.com.ar/noticia/argentina-negocio-la-compra-de-misiles-de-3-decadas-que-solo-ee-uu-puede-activar

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La relación entre Estados Unidos e Israel, considerada durante décadas como una de las alianzas más inquebrantables del tablero geopolítico mundial, atraviesa su peor momento en años. El presidente Donald Trump concretó un acuerdo de paz con Irán que excluyó por completo a su socio militar —y que los analistas israelíes ya califican como un "fracaso estratégico colosal" para el Estado judío.

El memorando de entendimiento entre Washington y Teherán, firmado digitalmente el domingo y que será rubricado formalmente este viernes en Suiza, pone fin a la guerra que ambos países —junto a Israel— lanzaron contra Irán el pasado 28 de febrero. Pero el acuerdo, que prevé la reapertura del estratégico estrecho de Ormuz y un alto el fuego de 60 días, no solo excluyó a Netanyahu de las negociaciones, sino que lo dejó sin acceso al texto final del documento.

"Sin Estados Unidos, no habría Israel. Sin mí, no habría Israel, porque ningún otro presidente estaba dispuesto a hacer lo que yo hice", declaró Trump en la cumbre del G7 en Francia. Horas antes, el mandatario había sido aún más explícito: describió a Netanyahu como "loco" y cuestionó su juicio en entrevistas con medios. Según reportes de Axios, Trump llegó a decir que Netanyahu "no tiene puto juicio" por ordenar un ataque en Beirut que casi hizo descarrilar las negociaciones.

El origen de esta fractura no es un hecho aislado, sino la acumulación de meses de desencuentros sobre cómo gestionar la salida de la guerra. Mientras Netanyahu impulsaba mantener la presión militar sobre Irán y seguir golpeando objetivos en Líbano, Trump priorizaba cerrar un acuerdo que le permitiera desactivar un conflicto impopular en Estados Unidos y responsable de un aumento en los precios de los combustibles que golpeaba su gestión.

Trump, según reportan medios estadounidenses, habría perdido la paciencia ante los constantes pedidos de Netanyahu para escalar operaciones militares. El líder israelí "quiere bombardear a todo el mundo", se quejó Trump ante sus asesores. Las discrepancias se profundizaron cuando Israel lanzó ataques en Líbano que Washington consideró una amenaza directa para las negociaciones con Teherán.

"Si Netanyahu se interpone en algo que Trump realmente quiere, y eso es salir de esta guerra, está dispuesto a usar la influencia que tiene", resumió Aaron David Miller, asesor en Medio Oriente durante gobiernos demócratas y republicanos a lo largo de dos décadas.

El impacto en la política interna israelí no se hizo esperar. El partido Likud, en el poder, canceló una campaña publicitaria que planeaba destacar los lazos de Netanyahu con Trump para las elecciones de octubre, ante el temor de que esa asociación se haya convertido en un pasivo.

Los analistas israelíes no tardaron en señalar al primer ministro como el gran perdedor del acuerdo. Yossi Verter, columnista de Haaretz, lo definió sin vueltas como el "arquitecto del fracaso" y cuestionó sus promesas de décadas sobre Irán. Ben Caspit, de Maariv, fue igual de duro: "Sin vergüenza, el arquitecto del fracaso afirmó que había salvado a Israel de la aniquilación. Esa fue solo otra mentira entre muchas".

Netanyahu, que el lunes dio su primera conferencia de prensa en tres meses, reconoció que no conocía los detalles del acuerdo y trató de minimizar la crisis comparando las diferencias con Trump con desavenencias "que existen en las mejores familias". Pero la Casa Blanca filtró que Trump le había gritado por teléfono: "¿Qué demonios estás haciendo? Estás loco. Estarías en prisión si no fuera por mí. Te estoy salvando el culo".

El costo de la guerra: un desastre anunciado

La guerra con Irán, iniciada el 28 de febrero, tuvo consecuencias que el gobierno israelí subestimó. El estrecho de Ormuz permaneció cerrado durante meses, lo que disparó los costos de los seguros de envío y encareció los productos importados en todo el mundo. Los países del sur global, que son la mayoría de la humanidad, experimentaron esto como una catástrofe económica que no fue culpa suya y por la cual llevaron una carga desproporcionada.

El costo para Estados Unidos también fue significativo. Las encuestas mostraban una oposición abrumadora a la guerra entre el público estadounidense, no solo entre progresistas o árabes y musulmanes, sino a lo largo del espectro político. Los votantes que habían apoyado a Trump no querían guerra con Irán y no entendían por qué estaban en guerra con un país que no representaba una amenaza existencial inmediata para Estados Unidos.

El acuerdo de alto el fuego, tal como está redactado, implica un proceso escalonado: una reapertura parcial del estrecho ahora, una reapertura completa para el viernes, negociaciones sobre el programa nuclear durante los próximos 60 días y el descongelamiento gradual de los activos iraníes. Estiman que el dinero congelado de Irán asciende a entre 200 y 400 mil millones de dólares retenidos en múltiples jurisdicciones bajo presión de sanciones de Estados Unidos. El acuerdo prevé la liberación de 24 mil millones de dólares en etapas, comenzando con 12 mil millones en los próximos 30 días.

"Es la propia riqueza soberana de Irán, no es dinero estadounidense", señalaron analistas consultados por medios internacionales. "Es dinero que pertenece a una nación de 90 millones de personas, retenido porque Estados Unidos eligió la asfixia económica como herramienta de cambio de régimen".

El factor Líbano como punto de inflexión

Uno de los principales puntos de fricción es Líbano. El acuerdo con Irán incluye un cese del fuego que abarca también los combates entre Israel y Hezbolá, y exige la retirada israelí del sur libanés. Pero Netanyahu se niega a retirar las tropas a menos que Hezbolá sea desarmado.

Trump, por su parte, fue contundente en su mensaje: pidió a Netanyahu que sea "más responsable" y dijo no estar "contento" con la forma en que Israel ha actuado en ese país. "No estoy satisfecho con la forma en que Israel ha actuado en el Líbano y con Hezbolá. Deberían haber podido terminar el trabajo, pero esto simplemente se alarga sin fin", declaró.

Mientras tanto, el vicepresidente JD Vance profundizó aún más la grieta al acusar a funcionarios del gabinete israelí de ser "desagradecidos" y recordarles que Israel "tiene pocos amigos en la comunidad internacional". El ministro de Seguridad Nacional, Itamar Ben-Gvir, respondió declarando que Israel no se siente "obligado" por el acuerdo de Trump.

Lo que queda por delante

El acuerdo con Irán se firmará formalmente este viernes en Ginebra. Pero quedan preguntas abiertas: ¿Netanyahu podrá sortear el costo político de haber quedado excluido de una negociación que define el futuro de la seguridad regional? ¿La relación bilateral podrá recomponerse o esta herida es irreversible? El propio Trump, en un giro que desconcierta, dijo el jueves que es "muy probable" que apoye a Netanyahu en las elecciones de octubre, aunque matizó que primero quiere ver "quién se presenta".

Tres altos funcionarios del gobierno israelí tienen actualmente órdenes de arresto pendientes del Tribunal Penal Internacional. El primer ministro de Israel es uno de ellos. Estados Unidos ha bloqueado la ejecución de esas órdenes, lo que según analistas implica a Washington en las acciones de Israel de maneras que no son metafóricas.

El registro histórico muestra que la política exterior estadounidense tiene una tendencia hacia lo que algunos llaman "amnesia estratégica": la capacidad de oscilar entre momentos de aparente claridad y largos periodos de deriva. El lobby israelí, extraordinariamente bien organizado y financiado, esperará y movilizará su arquitectura mediática y congresional para enmarcar cualquier presión sostenida de Estados Unidos sobre Israel como traición o antisemitismo. Lo han hecho antes, lo volverán a hacer.

Pero lo que parece claro es que la alianza incondicional entre Washington y Jerusalén, que Netanyahu supo vender como su principal activo político, ya no existe en los términos que existió durante décadas. Y el tablero de Medio Oriente, una vez más, se reconfigura frente a los ojos del mundo.

Fuente: Este artículo se basa en información publicada por AP News, Axios, EFE, The Times of Israel, The Conversation y medios israelíes entre el 16 y el 18 de junio de 2026.

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