Una multitud tomó las calles de Río Gallegos, capital de Santa Cruz, para reclamar la renuncia inmediata del gobernador Claudio Vidal y del presidente Javier Milei. La protesta, encabezada por trabajadores municipales, puso el grito de “¡que se vayan todos!” en el centro de una ciudad con los servicios locales interrumpidos por el paro municipal total.

El pedido de la masa enardecida es directo y no deja lugar a interpretaciones: renuncia de Vidal, renuncia de Milei. La columna avanzó con dureza hacia la Casa de Gobierno provincial para exigir respuestas frente al avance del hambre y la indigencia.

¿Qué encendió la mecha? Las boletas de luz y gas que llegan con montos que superan los dos millones de pesos por factura. Para quienes viven bajo una ola polar agobiante y un frío patagónico despiadado, esa cifra se volvió completamente impagable. La comida, en paralelo, se transformó en un gasto imposible de afrontar.

Las familias que marchan lo explican sin vueltas: los ingresos quedaron pulverizados y ya no pueden elegir entre calentarse o comer. Ese límite, repetido en los hogares, es el motor de una furia colectiva que se siente en cada rincón de la ciudad.

La gigantesca columna está encabezada por los trabajadores municipales, que mantienen un paro total. La ausencia de servicios locales agravó el conflicto y amplió el alcance del reclamo: la protesta une a pueblos del interior provincial en esta pelea común.

Río Gallegos se convirtió esta jornada en el escenario de una exigencia contundente. El frío patagónico no frenó la movilización; al contrario, la empujó. Las boletas de más de dos millones de pesos son la prueba concreta de un ajuste que, según denuncian los manifestantes, deja a la gente en total desamparo.

El dato central de la jornada es la exigencia de renuncia simultánea a un gobernador y a un presidente. La protesta no distingue jurisdicciones: apunta contra los dos niveles de Gobierno y concentra la bronca contra el ajuste económico.

La decisión de salir a la calle con frío extremo y el estómago vacío muestra el punto al que llegó el malestar. Las familias que participan aseguran que ya no hay margen para esperar. Las facturas impagables, el paro municipal y la consigna de “que se vayan todos” marcan una jornada de alta tensión en Santa Cruz. Queda por verse si las autoridades provinciales y nacionales responden o si el silencio profundiza un conflicto que ya une a distintos puntos de la provincia.

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Fuente original: Portal Noticias Argentinas (fecha no especificada en la fuente original)

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#RioGallegos #QueSeVayanTodos #Tarifazo #SantaCruzEnLucha #ArgentinaDesigual #CrisisSocial

El presidente Javier Milei permanece aislado en la residencia de Olivos. La orden la impartió su hermana, Karina Milei, secretaria general de la Presidencia. Según la información difundida por Portal Noticias Argentinas, la funcionaria impuso “un cepo total a la agenda presidencial”, decidió “sacarlo de escena y blindarlo de forma absoluta” y escondió por completo al mandatario.

La comunicación describe la medida como una respuesta a las “sucesivas crisis, frentes de conflicto político y brotes de inestabilidad” que sufre el mandatario ante la exposición mediática. La finalidad explicitada es neutralizar esos frentes y reducir la exposición pública del jefe de Estado.

El despacho presidencial funciona hoy como un “búnker de máxima clausura”. El acceso directo al jefe de Estado quedó totalmente prohibido y bloqueado. Ningún ministro, legislador o funcionario puede mantener reuniones de alto nivel con el Presidente de la Nación sin la autorización explícita de Karina Milei.

La botonera del Estado, ese circuito de decisiones administrativas, quedó “secuestrada” bajo un “filtro impenetrable”, según la descripción difundida. La información indica que toda la gestión técnica y las decisiones operativas del Gobierno están virtualmente congeladas a la espera del filtro de Karina Milei.

Javier Milei permanece aislado del entorno político, recluido y sin trato directo con sus propios colaboradores. La difusión no precisa plazos ni condiciones para levantar la restricción. Tampoco detalla si existen excepciones para algún funcionario o área del Gobierno.

El impacto de una medida de este tipo no se limita a los despachos. Si la gestión técnica y las decisiones operativas quedan congeladas, los expedientes y programas que dependen del Ejecutivo pueden demorarse. Los sectores más vulnerables, que necesitan respuestas administrativas y asistencia estatal, suelen ser los primeros en sentir cualquier freno en la cadena de decisiones.

La concentración de la autorización en una sola persona también modifica el circuito de poder. Un ministro que necesite resolver un tema urgente depende de la autorización de la hermana del Presidente. Un legislador que quiera llevar una propuesta tiene que pasar por el mismo filtro. La información difundida no aclara si hay excepciones.

Queda en suspenso cómo seguirá la gestión cotidiana. Si el filtro se sostiene en el tiempo, la administración pública puede continuar demorada. Si se flexibiliza, habrá que observar cómo se recompone el acceso al Presidente y qué rol conserva Karina Milei en la cadena de decisiones.

Esta nota reproduce los hechos publicados por Portal Noticias Argentinas. Argentina Desigual no verificó de forma independiente los datos difundidos.

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Fuente original: Página 12/ Portal Noticias Argentinas 

Enlace: https://www.pagina12.com.ar/2026/08/11/milei-recluido-en-olivos-y-karina-manejando-la-rosada/

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#JavierMilei #KarinaMilei #Olivos #GobiernoNacional #PolíticaArgentina #ArgentinaDesigual

Buenos Aires, agosto de 2026. — En una Argentina donde conseguir trabajo depende muchas veces de quién te ve, y donde hacer visible un negocio puede costar fortunas en publicidad tradicional, Argentina Desigual decidió abrir su comunidad a las personas reales: desde hoy, cualquier persona puede publicar su búsqueda laboral o su servicio profesional y hacerlo llegar a decenas de miles de personas por $15.000.

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Un curso de idioma no suele ser noticia. Pero cuando una fuerza de seguridad federal decide capacitar a sus agentes en hebreo, algo más está pasando. La Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) puso en marcha el Curso Básico de Idioma Hebreo, una instancia de formación pensada para mejorar la comunicación con pasajeros israelíes y para reforzar la respuesta en tareas de control, seguridad y asistencia. La medida se explica, en gran parte, por la próxima conexión aérea directa entre Buenos Aires y Tel Aviv que operará la aerolínea israelí EL AL.

La apertura de la capacitación reunió a Carlos Tonelli Banfi, director nacional de la PSA, y a Julia Cordero, vicerrectora del ISSA. También estuvieron presentes Federico Nemetzky, presidente de la Organización Sionista Argentina, y Gustavo Sakkal, prosecretario de la DAIA, la entidad que representa a la comunidad judía en el país. Que una fuerza federal convoque a dirigentes de la comunidad judía para abrir un curso de idioma no es un detalle menor: muestra que la cooperación institucional dejó de ser discurso y se volvió una herramienta concreta de trabajo.

• El encargado de dictar las clases es Ariel Merszon. El contenido del curso está orientado a que los agentes puedan manejarse en hebreo en situaciones reales de aeropuerto: un control migratorio, una consulta de equipaje, una emergencia médica. En esos momentos, entender lo que dice un pasajero en su idioma puede hacer la diferencia entre resolver rápido o depender de un traductor que no siempre está disponible.

• Desde la PSA lo resumieron así: “una Fuerza profesional se construye con formación, experiencia y compromiso”. Y agregaron que hoy se preparan para los desafíos de mañana. La frase no es casual: el “mañana” tiene una fecha aproximada en el calendario: la llegada del vuelo directo de EL AL. Esa conexión transformará la dinámica del principal aeropuerto internacional del país, porque concentrará en un solo punto operaciones que hoy se reparten en escalas y tránsitos. Para una fuerza de seguridad aeroportuaria, eso significa más pasajeros, más controles y menos margen para la improvisación.

¿Quiénes sienten el impacto? En primer lugar, los pasajeros israelíes que lleguen a la Argentina sin hablar español. Si en el control de pasaportes o en el despacho de equipaje encuentran a un agente que los entiende, su experiencia cambia por completo. También cambia para el personal de la PSA, que suma una habilidad concreta y deja de depender de la buena voluntad de un tercero. Y cambia para el sistema aeroportuario en su conjunto, que empieza a prepararse para un escenario internacional más intenso.

La información oficial, sin embargo, no detalla cuántos agentes participan del curso, cuántas horas de formación incluye ni si la capacitación se replicará en otros aeropuertos del país. Tampoco aclara si es obligatoria u optativa. Esos datos serán determinantes para saber si la iniciativa se transforma en una política sostenida o si queda como un anuncio puntual sin continuidad.

El contexto bilateral también importa. La relación entre Argentina e Israel viene mostrando señales de acercamiento, y la participación de la Organización Sionista Argentina y la DAIA en un acto oficial de la PSA refuerza esa tendencia. La seguridad aeroportuaria no está ajena a ese vínculo: se prepara para una ruta aérea que promete acercar a ambos países de manera directa, sin escalas intermedias.

Resta conocer si el curso básico de hebreo alcanzará para cubrir la demanda real de comunicación una vez que EL AL comience a operar. Si la aerolínea confirma frecuencias regulares, la exigencia sobre los agentes será mayor y la formación inicial podría quedar corta. En ese caso, la PSA tendrá que ampliar la capacitación, sumar práctica real y actualizar contenidos. Si no lo hace, el esfuerzo puede diluirse y la barrera idiomática volver a aparecer en el peor momento.

La decisión de anticiparse es un primer paso concreto. La PSA no esperó a que el vuelo directo estuviera operando para empezar a formar a su gente. Ahora la pregunta es si esa preparación será suficiente para sostener el ritmo de una conexión que promete cambiar la rutina de los aeropuertos argentinos. Por lo pronto, los agentes que participan del curso ya tienen una herramienta más para hacer su trabajo. Y los pasajeros israelíes, una razón menos para sentirse perdidos en tierra argentina.

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Fuente original: LA Nación - oficial de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA). 

Enlace: https://www.lanacion.com.ar/sociedad/policias-aeroportuarios-argentinos-estan-aprendiendo-hebreo-ante-la-llegada-de-los-vuelos-que-nid12082026/

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#PSA #Hebreo #SeguridadAeroportuaria #ELAL #ArgentinaIsrael #ArgentinaDesigual

La secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, organizó un sistema de encuentros rotativos con los ministros para evitar las reuniones formales con su hermano, el presidente Javier Milei. La nueva disposición prohíbe los cara a cara con el mandatario y establece que cada funcionario deberá rendir cuentas sobre su gestión ante ella. El primero en pasar por ese filtro fue el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger.

Este martes, la propia Karina Milei comunicó que, a partir de ahora, convocará de manera sucesiva a los integrantes del gabinete para que expliquen el estado de sus áreas. La modalidad instala reuniones de gabinete “en paralelo”, sin la presencia del Presidente. En los papeles no son encuentros formales; en los hechos, funcionan exactamente como una reunión de gabinete, con la diferencia de que ya no la dirige Javier Milei sino su hermana.

Durante la primera de estas citas, Sturzenegger tuvo que detallar cada uno de los proyectos de ley en los que trabaja su equipo. También se repasaron la agenda parlamentaria y los principales asuntos económicos y de administración del Gobierno. La dinámica dejó una definición concreta: los ministros ya no responden ante el Presidente, responden ante la secretaria general.

La decisión generó un malestar inmediato en el oficialismo. Un referente de Las Fuerzas del Cielo que participó de la reunión no ocultó su bronca. “La tarotista ya es la presidenta de hecho, por si quedaba alguna duda”, sostuvo ofuscado. La frase, descargada en el círculo íntimo del poder, refleja la tensión que provoca un esquema que no admite mediaciones.

El control que concentra Karina Milei sobre la gestión cotidiana del Gobierno es casi absoluto y profundiza el aislamiento del jefe de Estado. Voces del propio gabinete confirman que Javier Milei se desentiende cada vez más de los asuntos diarios de la administración. Mientras la secretaria general asume de hecho la coordinación ministerial, el Presidente se corre de la escena y las decisiones que afectan a millones de personas quedan en manos de un circuito cerrado que no rinde cuentas ante el electorado.

El nuevo esquema deja una pregunta inevitable: si los ministros tienen prohibido reunirse con el Presidente y es su hermana quien los convoca, los examina y centraliza la agenda parlamentaria y económica, ¿quién está gobernando realmente la Argentina? La imagen de un ministro rindiendo cuentas ante una funcionaria que no fue elegida por el voto popular marca un giro inédito en el funcionamiento del Poder Ejecutivo.

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Fuente original: La política online, 11 de agosto de 2026.

Enlace: https://www.argentinadesigual.com.ar

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#KarinaMilei #JavierMilei #GabineteArgentino #Sturzenegger #PoderPresidencial #ArgentinaDesigual

El jueves pasado, mientras la agenda pública se peleaba a gritos por otros temas, el Senado metió media sanción a un proyecto que puede cambiarte la vida de un día para el otro si alquilás. La ley se llama “Inviolabilidad de la Propiedad Privada” y, bajo ese título que suena a defensa legítima, esconde un mecanismo que en la práctica deja al inquilino en el lugar más débil que tuvo en décadas. La votación fue ajustada: 37 votos a favor contra 33 en contra, con el oficialismo negociando hasta último momento para arrancar los números que necesitaba.

Para conseguir la aprobación, el Gobierno tuvo que resignar dos capítulos completos que traban la reforma de la Ley de Tierras Rurales y la Ley de Manejo del Fuego. Pero el núcleo duro del proyecto sobrevivió intacto y ahora viaja a la Cámara de Diputados, donde se va a definir si se convierte en ley o si encuentra un freno. Ese núcleo que ya es media sanción se organiza en tres ejes que conviene mirar con lupa: un nuevo régimen de expropiaciones más restrictivo y con mayores garantías de indemnización para los propietarios, una reforma registral para agilizar el saneamiento de títulos de dominio, y el capítulo más explosivo: la reforma del proceso de desalojo, que es el que te toca directo si alquilás.

El Capítulo II de la media sanción desarma las pocas protecciones procesales que le quedaban a quien alquila. La primera estocada es que todos los juicios de desalojo —no importa si es una vivienda familiar en un barrio o un campo en la provincia— van a tramitar por la vía más rápida del Código Procesal: el juicio sumarísimo, que en criollo es juicio exprés. Traducción: los plazos para contestar una demanda, presentar pruebas o apelar se comprimen a niveles récord. La consecuencia directa es que los desalojos se van a poder concretar en 72 horas, tres días corridos desde que el propietario acciona. Para cualquier inquilino que no tenga un contrato escrito con la firma certificada y todos los recibos al día, ese tiempo es una trampa.

Pero la letra del proyecto va más allá. Incorpora la posibilidad de que el locador encuadre al inquilino como “tenedor precario” en lugar de locatario. ¿Qué significa eso? Que te pueden tratar como intruso, no como inquilino con derechos. Para aplicar ese atajo, el juez puede ordenar la entrega inmediata del inmueble en cualquier etapa del juicio, sin esperar una sentencia firme, apenas con que el reclamo del propietario suene verosímil y con que el dueño jure bajo “caución juratoria” que tiene razón. La caución juratoria no es otra cosa que la palabra jurada del propietario. Si vos, como inquilino, no podés demostrar en ese tiempo mínimo que sos locatario y no un ocupante sin más, quedás afuera sin condena de por medio. La base de todo el mecanismo es la apariencia de derecho respaldada por una declaración del que te quiere echar.

Y para rematar, el proyecto prohíbe la prueba testimonial en los juicios por falta de pago o vencimiento de contrato. En buen romance: si pagaste el alquiler en efectivo y nunca te dieron un recibo, la ley te saca la única forma humana de demostrarlo. No vas a poder llamar a un vecino, a un familiar o a quien haya visto que entregaste la plata. La única defensa que te queda es tener un respaldo escrito, una transferencia bancaria o algún documento que pruebe el pago. Sin eso, podés pasar de inquilino a desalojado en tres días. Lo mismo ocurre si no podés acreditar que un deterioro del inmueble ya existía antes de tu contrato: en 72 horas podés estar en la calle. Y para que no queden dudas sobre la velocidad, el plazo no espera a que te enteres de la demanda: empieza a correr desde que el propietario avisa al juzgado, aunque el papel todavía no haya llegado a tu puerta.

El proyecto incluye una sola contemplación para los casos más extremos: si en la vivienda viven menores, personas con discapacidad o adultos mayores, y eso se puede certificar con documentación, la ley otorga diez días para buscar una salida habitacional transitoria. Diez días, en un mercado inmobiliario donde conseguir un nuevo alquiler puede llevar meses y requiere adelantar fortunas, no son una solución: son un plazo simbólico que no modifica la lógica de fondo.

Para entender por qué esto sacude el tablero, hay que mirar el punto de partida. Hace apenas un año, el Congreso derogó la Ley de Alquileres que había regido desde 2020 y dejó las contrataciones libradas al Código Civil y Comercial. Ese vacío disparó una catarata de acuerdos informales, sin contratos registrados ni recibos firmados, y un goteo de desalojos que los juzgados civiles ya no podían absorber. Buena parte del mercado inmobiliario se mueve justamente en ese territorio sin papeles. Ahora, con la media sanción, ese mismo universo de inquilinos que no tiene un contrato prolijo —porque la realidad del mercado no se los permitió— pasa a ser el blanco directo de un sistema que no les da margen de defensa.

El análisis que difundió Inquilinos Agrupados apenas se conoció la votación es lapidario: “Si no puede demostrar rápidamente que es locatario y no un simple ocupante, se le puede aplicar este desalojo exprés, sin sentencia firme, basado solo en la apariencia de derecho y la palabra jurada del propietario”. La organización subraya que el proyecto no solamente acelera trámites: altera la estructura de garantías históricas que, aún con todas sus fallas, ponían un freno mínimo a la discrecionalidad.

El cambio que se debate no es abstracto. Toca de lleno a los más de 9 millones de personas que alquilan en el país, pero golpea con más fuerza a los sectores que ya están en la cuerda floja. Cualquiera que haya alquilado sin contrato escrito, que haya pagado alguna vez en efectivo, que no tenga un familiar con título de propiedad para salir de garante, o que viva con chicos y un ingreso irregular, sabe que la diferencia entre tener un techo y quedar en la calle puede reducirse a un trámite de tres días. La media sanción no resuelve el problema de la vivienda ni garantiza seguridad jurídica a las dos partes: inclina la cancha hasta borrar la línea de cal.

La pelota está ahora en la Cámara de Diputados. Lo que suceda en ese recinto va a definir si la Argentina da ese paso hacia un régimen donde la propiedad se defiende a costa de vaciar de garantías a quien necesita un lugar donde vivir. La discusión recién empieza, y lo que está en juego no es un tecnicismo legal: es la posibilidad concreta de que en 72 horas, sin sentencia y sin testigos, una familia se quede en la calle.

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Fuente original: Resumen Latinoamericano, 11 de agosto de 2026

Enlace: https://www.resumenlatinoamericano.org/2026/08/11/argentina-desalojos-expres-y-fin-de-garantias-la-media-sancion-sobre-propiedad-privada-que-pone-en-jaque-a-los-inquilinos/

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#DesalojosExpress #Inquilinos #PropiedadPrivada #MediaSancion #Senado #Alquileres

El 16 y 17 de julio pasado, mientras el invierno argentino transcurría sin sobresaltos, en Washington se terminaba de delinear una arquitectura que hoy interpela de lleno a la democracia argentina. El secretario de Estado de Donald Trump, Marco Rubio, convocó a una Reunión Ministerial sobre el Resurgimiento del Terrorismo Político. Sentó a la mesa al director del FBI, Kash Patel, al asesor de Seguridad Nacional Stephen Miller y, como único orador extranjero invitado al almuerzo oficial, al canciller argentino Pablo Quirno. En la sala también estaba José Lago Rodríguez, subsecretario de la SIDE.

Lo que Rubio planteó esa tarde no fue una advertencia genérica. Hizo un repaso del historial de violencia política latinoamericana de los años setenta —tupamaros, montoneros, FARC, ELN, Sendero Luminoso— y desde ahí instaló la idea de un resurgimiento actual de esa amenaza, sin precisar jamás contra quién ni en qué país. La solución, dijo, era «desmantelar estas redes, ladrillo por ladrillo», con inteligencia compartida e «interrupción financiera».

Tres semanas después, el 3 de agosto, Javier Milei se sentó en el living de Luis Majul en LN+ y dijo: «Usted tiene terroristas disfrazados de estudiantes, terroristas disfrazados de periodistas, terroristas disfrazados de profesores, terroristas disfrazados de investigadores». Cuando Majul le preguntó si venían «de Rusia, como parte de una conspiración internacional», el Presidente respondió que no, que simplemente estaba «describiendo lo que pasa».

La frase cayó a días del 60º aniversario de la Noche de los Bastones Largos. El decano de la Facultad de Ciencias Exactas de la UBA, Guillermo Durán, la calificó como «el mismo discurso de Onganía y de Videla» y advirtió que algo así «no pasó nunca en tiempos de democracia». La Facultad emitió un comunicado de repudio. No era una comparación forzada: en 2010, durante el juicio en Córdoba por delitos de lesa humanidad, Jorge Rafael Videla apeló explícitamente al pensador italiano Antonio Gramsci para caracterizar al kirchnerismo como amenaza marxista. Milei usó exactamente la misma referencia teórica para apuntar contra los mismos sectores: universidades, prensa, cultura.

La investigación de El Argentino Diario que se conoce este 10 de agosto revela que la frase presidencial no fue una ocurrencia aislada, sino la punta visible de un entramado que une inteligencia, lobby, traslado de armamento y propaganda cruzada entre gobiernos. Un esquema que, por su lógica de funcionamiento, replica estructuralmente la «fase psicológica» que el Plan Cóndor institucionalizó en 1975.

Los dólares que nadie controla

Desde que Milei asumió, la SIDE recibió refuerzos presupuestarios sucesivos. En julio de 2024, el Gobierno le giró 100.000 millones de pesos que el Congreso rechazó y que el Ejecutivo tuvo que devolver en diciembre. En marzo de 2025 sumó 1.600 millones más, en mayo otros 8.017 millones y en julio de este año otros 7.500 millones. Todos esos fondos son reservados. La Comisión Bicameral de Fiscalización de los Organismos de Inteligencia, hoy presidida por el oficialista Sebastián Pareja, es el único órgano con facultad de control, pero los gastos reservados son la única partida del Estado que no rinde cuentas detalladas ante nadie.

Con esa caja sin auditoría externa, el 12 de febrero de 2025 la SIDE firmó un contrato con la consultora de lobby Tactic Global por 10.000 dólares mensuales. Lo rubricó Sergio Neiffert, entonces titular del organismo. El objeto declarado: «asesoramiento estratégico» y coordinación de reuniones con contrapartes estadounidenses. El contrato nunca se informó al Congreso.

Tactic Global no es una firma menor. La crearon el empresario Leonardo Scatturice, dueño de Flybondi, y Barry Bennett, operador del círculo de Trump, junto a Matt y Mercedes Schlapp, dueños de la CPAC estadounidense, y Maria Soledad Cedro, CEO de CPAC Argentina. Bennett llegó a ese acuerdo con un antecedente penal inmediato: en enero de 2024 había firmado un «procesamiento diferido» con el Departamento de Justicia de Estados Unidos tras ser acusado de falsificar, ocultar y encubrir información para trabar una investigación sobre lobby extranjero no declarado para el gobierno de Catar. Pagó una multa de 100.000 dólares y se comprometió a no ejercer lobby extranjero durante 18 meses. Con esa inhabilitación vigente, Bennett se reunió en Buenos Aires con los legisladores Miguel Ángel Pichetto, Cristian Ritondo y Rodrigo De Loredo. El acceso directo a la Casa Rosada se lo facilitó Santiago Caputo.

En junio de 2026, Tactic Global dio de baja formalmente la representación de la SIDE ante la Justicia norteamericana sin haber cobrado un solo dólar de los montos pactados. El mismo día también dejó de representar a la República Srpska, la entidad serbobosnia prorrusa dentro de Bosnia. En paralelo, apareció en Arlington, Virginia, una firma llamada CRB Global LLC que representa a los mismos clientes, con los mismos montos y el mismo ministro de contacto. No hay documento que confirme que CRB Global sea Tactic con otro nombre, pero la coincidencia de cliente, monto, ministro y calendario es demasiado exacta para ser casual.

La ruta del Ilyushin

El 31 de julio, un carguero Ilyushin Il-76TD-90VD con matrícula 4K-AZ101, operado por la aerolínea azerbaiyana Silk Way Airlines, aterrizó en Ezeiza después de un recorrido de siete tramos: Bakú, Leipzig, Casablanca, Dakar, Recife, São Paulo y Buenos Aires. Cuatro continentes con una escala en Dakar que ninguna explicación operativa evidente justifica.

Silk Way no es una aerolínea convencional. Transporta armamento israelí hacia Azerbaiyán a través de la base militar de Ovda, con una exención especial firmada en 2013 y renovada en 2016. Sus picos de actividad preceden sistemáticamente las ofensivas militares azerbaiyanas: antes del ataque final sobre Nagorno-Karabaj en septiembre de 2023 se registraron al menos seis vuelos a Ovda en dos semanas. El proyecto Organized Crime and Corruption Reporting documentó que la aerolínea movió armamento por más de 1.000 millones de dólares con subcontratistas estadounidenses. El Banco de Exportación e Importación del gobierno norteamericano le otorgó garantías y préstamos, incluida una nueva aprobación de 339 millones de dólares en abril de 2025, pese a ese historial.

La aeronave que llegó a Ezeiza opera casi exclusivamente en un corredor corto entre el Cáucaso, Medio Oriente y Europa. Sudamérica no figura en su patrón habitual, con un único antecedente un año antes, cuando hizo escala en Ecuador diez días después de que el presidente Daniel Noboa firmara un decreto reconociendo la «persistencia del conflicto armado interno» en ese país. El Gobierno argentino no dio ninguna explicación pública sobre el vuelo.

La conexión FBI

El 24 de julio, apenas una semana después de la cumbre de Washington, el subdirector del FBI, Andrew Bailey, aterrizó en Buenos Aires. Se reunió con la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, con el embajador norteamericano Peter Lamelas y con Michael Nader, el nuevo enlace del FBI en el país. El tema central fue el Centro Nacional Antiterrorismo (CNA), creado por decreto el 7 de octubre de 2025, a dos años exactos del ataque de Hamás a Israel, e inaugurado el 16 de abril de 2026 también con presencia del FBI.

El CNA depende directamente de la SIDE, se financia con los fondos reservados del organismo y su función declarada es integrar información del «ciclo terrorista» junto a la UIF, la ARCA, inteligencia criminal y militar y varios ministerios. El titular de la SIDE, Cristian Auguadra, lo definió como «la herramienta central del Estado argentino para prevenir el terrorismo» y «la única institución de sus características en América Latina». En paralelo a la visita de Bailey, el Gobierno sumó los 7.500 millones de pesos a los fondos reservados.

El libreto de la propaganda

El engranaje que la investigación reconstruye tiene una pata propagandística precisa. Peter Kornbluh, el investigador que documentó los archivos desclasificados del Plan Cóndor original, llamó «fase psicológica» al mecanismo de insertar noticias falsas en la prensa para hacer creer que las víctimas habían muerto en enfrentamientos. El caso más documentado es el de las monjas francesas Léonie Duquet y Alice Domon: secuestradas en 1977, torturadas en la ESMA y arrojadas al mar, los militares las fotografiaron con una bandera de Montoneros y armaron una declaración falsa que revistas masivas reprodujeron sin cuestionar.

Medio siglo después, el esquema se reactualiza. En abril de 2026 se conoció «La Compañía», una filtración que mostró que agentes rusos habían financiado artículos en un grupo acotado de sitios digitales argentinos. Milei lo calificó en la red social X como «espionaje de una gravedad institucional pocas veces vista en la historia» y sumó, sin evidencia nueva, que «los ‘periodistas’ y ‘medios’ vinculados a esto son solo la punta del iceberg de algo mucho más grande». Esa frase, no la filtración original, fue la que habilitó señalar en bloque a periodistas críticos sin ningún vínculo comprobado con la operación documentada.

En mayo de 2026 se filtraron 37 audios atribuidos al expresidente hondureño Juan Orlando Hernández, condenado por narcotráfico en Nueva York e indultado luego por Trump. En esas grabaciones, Hernández explicaría un plan para crear «una célula» de noticias operada desde Estados Unidos con el objetivo de golpear mediáticamente a Gustavo Petro y Claudia Sheinbaum, y mencionaría que Javier Milei comprometió 350.000 dólares para esa operación. El mecanismo que describen esos audios —propaganda financiada de forma cruzada entre gobiernos aliados con el origen deliberadamente oculto— es estructuralmente idéntico al que el Plan Cóndor institucionalizó hace medio siglo.

Lo que calla el decreto

El 31 de diciembre de 2025, con el país en pausa por las fiestas, Milei firmó el DNU 941/2025. La norma reorganizó por completo el Sistema de Inteligencia Nacional: concentró la conducción estratégica en la SIDE, creó la Agencia Federal de Ciberinteligencia y habilitó a los organismos del sistema a solicitar apoyo de las Fuerzas Armadas. El artículo más cuestionado incorporó la facultad de que el personal de inteligencia «proceda a la aprehensión de personas» en casos de flagrancia o requerimiento judicial, sin contemplar ningún control judicial previo. El decreto también declaró que «todas las actividades que se realizan en el ámbito de la Inteligencia Nacional revisten carácter encubierto», transformando el secreto en regla y no en excepción.

Organizaciones de derechos humanos, colegios de abogados y especialistas en derecho constitucional advirtieron que la norma viola el artículo 18 de la Constitución Nacional y la Convención Americana sobre Derechos Humanos. La entonces comisión bicameral, presidida por Martín Lousteau, rechazó el Plan de Inteligencia Nacional de la SIDE y cursó planteos escritos que Auguadra nunca respondió. Se presentaron decenas de recursos de amparo que la Justicia rechazó al no encontrar amenazas concretas. El decreto nunca fue impugnado por el Congreso.

A fines de agosto, la Comisión Bicameral de Fiscalización, ahora presidida por Pareja, citará a Auguadra para que explique los alcances de ese decreto y también otro expediente que enciende todas las alarmas: en el departamento del ex titular de ARSAT y del ORSNA, Facundo Leal, la Policía Federal secuestró una valija con 19 dispositivos profesionales de espionaje —cámaras y micrófonos ocultos en anteojos, llaves de auto y lapiceras, un teléfono satelital, un inhibidor de señal y un detector de radiofrecuencia—, más de 2,5 millones de dólares en efectivo y drogas sintéticas. Leal manejó infraestructura crítica del Estado durante los gobiernos de Alberto Fernández y del propio Milei.

A quién afecta y qué queda en juego

El andamiaje tiene destinatarios concretos. Un docente que participe de una asamblea, un estudiante que milite en un centro, un periodista que publique información que incomode al poder. El 28 de julio, en Perú, Milei acusó a la oposición de haber impulsado «siete pedidos de juicio político» y un intento de golpe, y dijo que «sembraban el terror en las calles». La cadena de significantes —terror, enemigo interno, infiltrados— es la misma que en 1975 justificó la coordinación represiva continental. La diferencia es que ahora no hace falta un golpe de Estado: los decretos, los fondos reservados, las agencias extranjeras y la estigmatización presidencial alcanzan para montar el dispositivo.

El Plan Cóndor original dejó 50.000 asesinados, 30.000 desaparecidos y 400.000 detenidos. No hay ninguna evidencia de que la Argentina de 2026 esté frente a una repetición de esa escala. Pero sí hay evidencia de que la matriz de inteligencia, la coordinación internacional sin control parlamentario y la construcción discursiva de un enemigo interno se están replicando con una precisión que los propios documentos oficiales confirman.

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Fuente original: El Argentino Diario, 10 de agosto de 2026

Enlace: https://elargentinodiario.com.ar/politica/10/08/2026/nuevo-plan-condor-milei-construye-un-enemigo-interno-con-la-side-el-fbi-y-los-mismos-metodos-de-la-dictadura/

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El dato más explosivo no es solo la superficie. Es la fecha. Diciembre de 2023. Semanas después de que Javier Milei asumiera la presidencia, un grupo de multimillonarios tecnológicos cerró la compra de 32.000 hectáreas en San Carlos, Mendoza. Lo que equivale a todo el partido de La Matanza o a cinco veces la isla de Manhattan. La operación pasó inadvertida en su momento, pero el proyecto que están montando ahí arriba no tiene nada de silencioso: un refugio autosuficiente diseñado para sobrevivir a una guerra nuclear, un colapso digital o el derrumbe del hemisferio norte.

La estancia se llama Wamani. Al frente está Martín Varsavsky, el empresario argentino-español que fundó cinco unicornios y que ahora controla el 50 por ciento de la sociedad. Junto a él aparecen Alec Oxenford, cofundador de OLX y actual embajador de Milei en Washington, y Dan Lubetzky, el creador de las barras de cereal Kind. Hay otros dos socios cuyos nombres no trascendieron. Todos descendientes de familias judías de Europa del Este. La inversión inicial, según reveló el Financial Times, ya alcanzó los 10 millones de dólares.

• La elección del lugar no fue caprichosa. Está a 3.100 metros de altura, en una zona limítrofe de la cordillera de los Andes que los propios impulsores definen como "las mejores áreas de la cordillera en Mendoza". Tiene arroyos propios, agua pura de deshielo y un aislamiento geográfico que funciona como escudo natural. Ahí están instalando viviendas modulares sustentables, paneles solares, invernaderos, domos geodésicos y hasta una pista de aterrizaje privada. Todo diseñado con inteligencia artificial que funciona sin internet.

• Porque ese es el corazón del plan: sobrevivir sin depender de nadie. Si los servidores globales colapsan, ellos tendrán su propia red de respaldo con modelos de inteligencia artificial descargados en computadoras locales. "Es de contingencia personal y corporativa", explicó Varsavsky. Un plan de escape exclusivo para magnates de Silicon Valley que miran el mundo desarrollado y ven un polvorín a punto de estallar.

Pero la historia no termina en la montaña. La trama se vuelve más densa cuando aparecen los lazos con el gobierno nacional. Varsavsky acompañó a Milei en sus giras por Silicon Valley y propuso crear una "visa de la tranquilidad": residencia argentina a cambio de 500.000 dólares para extranjeros ricos. La idea no quedó en un papel. El Ejecutivo modificó la Ley de Ciudadanía mediante los decretos 366/2025 y 524/2025 y creó la Agencia de Programas de Ciudadanía por Inversión. Sectores opositores ya lo calificaron como una mercantilización de la soberanía nacional, pensada a medida de magnates como Peter Thiel, que también compró una mansión en Buenos Aires.

La Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada intentó ampliar los límites para la compra de tierras por parte de extranjeros, pero los artículos sobre extranjerización se cayeron del texto que tuvo media sanción en el Senado. Aun así, el proyecto Wamani sigue en pie, blindado por la geografía y por una maraña de contactos políticos.

En Eugenio Bustos, el pueblo más cercano, los vecinos miran con recelo lo que está pasando ahí arriba. "Es muy raro comprar tanta tierra solo para uno mismo sin un plan comercial", dijo una habitante al medio británico. Y no es para menos. Mientras en los valles mendocinos se convive con sequías recurrentes y se discute hasta el hartazgo la distribución del agua, un puñado de multimillonarios se asegura arroyos propios de deshielo en la alta montaña.

Los desafíos técnicos son enormes. Los vientos cordilleranos son tan extremos que en ciertos momentos impiden salir al exterior. Los expertos advierten que el calentamiento global va a agravar el estrés hídrico en los Andes, lo que pone en duda la autosuficiencia prometida. Y si el colapso realmente llegara, los analistas señalan que las billeteras virtuales y los gadgets de lujo no van a servir de nada sin antibióticos o repuestos mecánicos. La paradoja es perfecta: blindan la supervivencia con tecnología de punta, pero dependen de insumos que no se fabrican en un invernadero.

• Lo que queda en juego es un debate que excede largamente la compra de un campo. ¿Quién accede a la tierra argentina cuando el mundo rico se prepara para lo peor? ¿Hasta dónde llega la soberanía sobre los recursos estratégicos si el gobierno impulsa visas de residencia para millonarios mientras los artículos sobre extranjerización se caen de las leyes? Wamani ya está en marcha, con sus paneles solares y su pista de aterrizaje. La discusión sobre qué país queremos ser cuando todo se derrumbe recién empieza.

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Fuente original: El Monterizo, 8 de agosto de 2026

Enlace: https://elmonterizo.com/el-bunker-de-los-magnates-tech-en-mendoza-32000-hectareas-para-escapar-del-colapso

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Cada vez que cargás nafta, una parte de lo que pagás va a un fondo que tiene un solo destino: construir y mantener las rutas por las que circulás. Está escrito en las normas que le dieron origen. Sin embargo, durante los últimos dos años y medio, tres de cada cuatro pesos que ingresaron a ese fondo no tocaron el asfalto. Terminaron en plazos fijos y bonos del Estado.

La cifra es tan concreta como difícil de digerir: entre enero de 2024 y mayo de 2026, el Sistema Vial Integrado —más conocido como SisVial— recaudó más de 1,5 billones de pesos. Aplicó a obras viales apenas 394.406 millones. El resto, más de un billón de pesos, seguía al cierre de mayo colocado en inversiones financieras o inmovilizado en una cuenta corriente. La tasa de subejecución roza el 74 por ciento.

Los números no surgen de una filtración ni de un informe partidario. Los reconstruyó LA NACION a partir de balances contables, informes mensuales de cuenta y documentos oficiales obtenidos por pedidos de acceso a la información pública. Son los papeles del propio Estado los que cuentan esta historia.

El mecanismo es sencillo de explicar. El SisVial es un subsistema de un fideicomiso creado por el decreto 976 del año 2001. Se alimenta con un porcentaje del impuesto a los combustibles líquidos y su propósito es inequívoco: financiar la construcción, el mantenimiento y la rehabilitación de la red vial nacional. Nació por exigencia del Banco Mundial como condición para aprobar un préstamo a la Argentina. La idea era blindar ese dinero y evitar que, como ya había ocurrido, la recaudación terminara tapando agujeros del gasto corriente. En la práctica, se diseñó una caja blindada con llave jurídica.

Desde que Javier Milei asumió la Presidencia, esa caja se fue vaciando de obra pública y se llenó de instrumentos financieros. Durante 2024, el SisVial recaudó 360.238 millones de pesos. Solo ejecutó el 11,3 por ciento: 40.668 millones. El año pasado, un año atravesado por elecciones y negociaciones legislativas, la ejecución trepó al 39 por ciento: 270.592 millones sobre 692.514 millones recaudados. La mejora, sin embargo, duró poco. Entre enero y mayo de 2026 volvió a desplomarse al 18,5 por ciento: apenas 83.144 millones aplicados sobre 450.500 millones ingresados.

El destino del dinero ocioso cambió de color con el tiempo. Hasta mediados de 2025, el fideicomiso guardaba casi todo en plazos fijos del Banco Nación. Después, la cartera mutó. En junio los títulos públicos representaban el 11,5 por ciento. En julio saltaron al 61,5. En agosto, al 79,4. Al terminar diciembre, la totalidad de los 664.494 millones invertidos estaba en letras del Tesoro. A fines de mayo de este año, el SisVial exhibía una cartera de 1.001.018 millones de pesos: 854.234 millones en títulos públicos y 146.784 millones en plazos fijos. Otros 37.761 millones dormían en una cuenta corriente.

Ese volantazo financiero no fue casual. Los estados contables del Banco Nación al 30 de junio de 2025 dejaron asentado que la entidad le informó a la Secretaría Legal y Administrativa del Ministerio de Economía el detalle de los pagos realizados “conforme las instrucciones recibidas”. Y agregaron que la banca fiduciaria se contactaría antes de cada licitación de títulos públicos “para que se indique el monto a invertir y la especie, de acuerdo a lo instruido en el Decreto 425/2025”. Dicho de otro modo: alguien en el Palacio de Hacienda decidía cuánto y en qué instrumento colocar los fondos que debían ir a las rutas.

La cadena de mando está clara. Desde marzo de 2024, el Ministerio de Economía concentra la decisión final sobre los fondos fiduciarios integrados con recursos del Estado. Luis Caputo, como titular de la cartera, delegó esas facultades en su secretario Legal y Administrativo, Juan Ignacio Stampalija. Pero con una condición: cada movimiento requiere la intervención previa del secretario de Hacienda, Carlos Guberman, cuya opinión, según consignan los propios balances del fideicomiso, “tiene carácter vinculante”. LA NACION consultó a Caputo y a sus colaboradores. Al cierre de esta edición no hubo respuesta.

Mientras la plata de los combustibles engrosaba la “mesa de dinero” oficial —así la definió un exdirector del BICE ante la consulta periodística—, el estado de las rutas nacionales siguió empeorando. Un informe de la Federación de Personal de Vialidad Nacional estimó a fines de 2025 que entre el 65 y el 70 por ciento de la red vial se encuentra en estado regular o malo. El gobernador de Río Negro, Alberto Weretilneck, habló de rutas “heridas, rotas y olvidadas”. Su par santafesino, Maximiliano Pullaro, denunció que muchas rutas nacionales que atraviesan su provincia “ya no tienen pozos, sino cráteres”.

• Un economista especializado en asuntos públicos le puso números concretos a ese deterioro. Tomando como referencia el costo por kilómetro de la última licitación de Vialidad Nacional, calculó que con el dinero que el SisVial retiene en inversiones financieras se podrían haber intervenido entre 20 mil y 25 mil kilómetros de la red vial durante la gestión Milei. Eso equivale a casi dos tercios de todas las rutas nacionales. “Los números son aproximativos, pero atrás de los números hay gente que muere en las rutas”, sintetizó ante la consulta de este diario.

Los organismos de control no aparecen en la película. La Sindicatura General de la Nación y la Auditoría General de la Nación no revisaron la ejecución de este fideicomiso en los últimos años. Los auditores externos que analizaron un préstamo de la CAF para corredores logísticos dejaron una observación filosa: al momento de la auditoría, el aporte del Estado nacional con fondos de contraparte local era “nulo (0%)”.

Un especialista en administración financiera pública que participó del diseño original del esquema ofreció una clave para entender lo que pasó. La Argentina no tuvo presupuesto en 2024 ni en 2025 y funcionó con el de 2023 prorrogado. Sin ley de presupuesto, explicó, se generó “una bolsa de recursos” en los fondos fiduciarios que quedó sujeta a un margen de discrecionalidad mucho mayor. El Congreso sancionó el Presupuesto 2026 a fines del año pasado, pero los fondos fiduciarios conservan amplios márgenes de reasignación.

• El Banco Nación, por su parte, se escudó en un rol puramente administrativo. “Nosotros, como fiduciario, solo podemos actuar como ‘tesorería’ del SisVial”, respondieron ante la consulta de LA NACION. “Solo podemos ejecutar las órdenes que nos imparte el Palacio de Hacienda y las observaciones deben hacerlas la Sigen o la AGN o los auditores externos”. La figura del “buen hombre de negocios” que exige el Código Civil parece quedar diluida cuando las instrucciones bajan desde el ministerio.

El resultado está a la vista de cualquier persona que tome la ruta. Un impuesto creado con un destino específico e indisponible termina funcionando como una fuente de financiamiento barato para el Tesoro. La pregunta que sobrevuela cada informe mensual de la cuenta 330.902/9 es incómoda pero inevitable: si los fondos existen, si están disponibles y si las rutas se caen a pedazos, ¿por qué la plata no llega al asfalto?

• Los más de un billón de pesos que al cierre de mayo seguían en plazos fijos, letras y bonos equivalen a miles de kilómetros de rutas que no se repararon, a pueblos que quedaron más aislados, a transportistas que rompieron sus vehículos y a vidas que se perdieron en caminos que el propio Estado reconoce como intransitables. La norma dice una cosa. La hoja de balance del fideicomiso, otra bien distinta.

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Fuente original: La Nación, 9 de agosto de 2026. Por Alconada Mon 

Enlace: https://www.lanacion.com.ar/politica/el-gobierno-recaudo-15-billon-para-rutas-y-obras-viales-ejecuto-apenas-una-cuarta-parte-y-coloco-mas-nid09082026/

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