Este miércoles, el gobernador Axel Kicillof salió a responderle a Clarín y al periodista Daniel Santoro por una nota que presentó a Albertina Mangini como “funcionaria de Kicillof”. La mujer está detenida en una causa que investiga un circuito de lavado de unos $27.000 millones. El mandatario no dejó lugar a dudas: Mangini es empleada del Poder Judicial de la Provincia de Buenos Aires y nunca tuvo una vinculación laboral con el Ministerio de Justicia. La aclaración importa porque se dio en medio de una investigación con datos sensibles y de un cruce entre el gobierno provincial y uno de los medios de mayor alcance del país.

Kicillof usó su cuenta de X para denunciar que la información se publicó “sin consultar con ninguna fuente del Poder Ejecutivo provincial” y exigió una rectificación pública. Acusó al diario y a Santoro de actuar “maliciosamente”. Fue más allá: sostuvo que, pese a la desmentida oficial, Clarín decidió continuar titulando en tapa “de manera ambigua para sostener la mentira”. Cerró con una frase corta: “Se nota mucho, Clarín”.

¿Quién es Albertina Mangini y por qué su detención escaló hasta la tapa? La causa, a cargo de la fiscal Betina Lacki, titular de la UFI N°2 de La Plata, describe una organización que usó identidades y datos biométricos de personas en situación de vulnerabilidad. La modalidad incluía ofrecer $80.000 a cambio de entregar documentos, sacarse fotografías y someterse a un escaneo del ojo. Con esos datos se abrían cuentas en billeteras virtuales para operar con identidades ajenas. A Mangini le imputaron asociación ilícita, defraudación mediante el uso indebido de datos digitales y lavado de activos. Su condición de abogada e integrante de la Procuración General bonaerense podría funcionar como agravante, según la acusación.

El punto central del cruce fue la adscripción institucional de la mujer. Clarín la presentó como funcionaria del Ministerio Público Fiscal que cumplía tareas en una oficina de enlace dentro del Patronato de Liberados, organismo descentralizado que depende del Ministerio de Derechos Humanos y Justicia de la Provincia. Kicillof respondió con una distinción precisa: “La persona demorada es una empleada del Poder Judicial de la Provincia que no tiene ni tuvo ninguna vinculación laboral con el Ministerio de Justicia”. Es decir, no se trata de una empleada del Ejecutivo ni de una funcionaria de su gestión.

Junto con Mangini fueron detenidos Mauro Perrota, en Mar del Plata, e Ignacio Marchioni, en Quilmes. Marchioni ya estaba imputado en la causa Sur Finanzas, cuyo titular, Maximiliano Vallejo, tiene vínculos con el presidente de la AFA. Los allanamientos incluyeron domicilios en La Plata y Córdoba, con secuestro de millones de pesos en efectivo y un BMW. En las indagatorias, Mangini y Perrota se negaron a declarar; Marchioni dijo que se dedicaba al “corretaje y las inversiones”.

El cruce ocurre en un escenario electoral que ya muestra temperatura alta. Para el kirchnerismo, la publicación de Clarín sin verificación de fuentes oficiales es un patrón repetido de los medios del Grupo Clarín, históricamente alineados con sectores opositores al peronismo. Más allá de la lectura política, el hecho concreto es que el gobernador salió a corregir públicamente una información que, de confirmarse, hubiera tenido costo directo para su administración.

¿Y a vos por qué te importa? Porque la causa describe una maniobra que usó los datos biométricos de personas vulnerables. Esas personas entregaron su documento, su rostro y su iris por $80.000, sin saber que con esa información se podían abrir cuentas y operar en el sistema financiero a su nombre. La confusión sobre el lugar de trabajo de una detenida no es un detalle administrativo: si se la presenta como parte del gobierno cuando no lo es, la agenda pública se desvía de las víctimas y de los responsables.

Lo que queda en juego es la verificación. La causa seguirá su curso y los investigadores tendrán que demostrar quién operaba y quién se beneficiaba. En paralelo, la disputa entre el gobierno bonaerense y Clarín deja una enseñanza: publicar sin chequear una adscripción institucional puede instalar una mentira durante horas y obligar a un gobernador a aclarar lo que debería haber estado claro desde el primer renglón. La rectificación no repara el daño, pero al menos deja a la vista qué se publicó, cómo se respondió y qué se intentó instalar.

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Fuente original: El Argentino Diario, 19 de agosto de 2026

Enlace: https://elargentinodiario.com.ar/politica/19/08/2026/kicillof-desmintio-operacion-de-clarin-la-detenida-en-la-causa-de-27-000-m-no-es-funcionaria-provincial/

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#Kicillof #Clarin #Causa27MilMillones #LavadoDeActivos #PoderJudicial #ArgentinaDesigual

Sandra Pettovello cumplió con la Oficina Anticorrupción antes del 31 de agosto, la fecha límite para que los funcionarios presenten sus declaraciones juradas. No fue la única, pero sí integra el grupo reducido de integrantes del Gabinete que ya tiene los papeles al día: el presidente Javier Milei, su hermana Karina y la mayoría de los ministros todavía no presentaron.

• Al cierre de 2025, la ministra de Capital Humano declaró bienes, depósitos y dinero por $194.345.904,27. Para entender el número, tenés que mirar hacia atrás. En su primera declaración anual, correspondiente al cierre de 2023, había informado $60.159.721,82. La diferencia es un aumento nominal del 223%. Como la inflación acumulada en ese período fue del 186,5%, el crecimiento en términos reales fue del 12,7%. Dicho de otra manera: su patrimonio no sólo se mantuvo, sino que ganó poder de compra.

¿Qué hay detrás de esa cifra? Pettovello declaró tres departamentos en la Ciudad de Buenos Aires: uno de 70 metros cuadrados y dos de 46. En conjunto, los inmuebles pasaron de $66.566.749,36 a $87.567.893,09, un salto de unos $21 millones en un año.

• También informó dos vehículos. El Mini Cooper Sedan modelo 2012 figura con un valor de $15.280.000, el mismo monto que había declarado en 2024. El otro, un Volkswagen Fox modelo 2017, aparece con un valor de $0. ¿Te llama la atención? La razón es técnica: al tener más de cinco años de antigüedad, se considera amortizado en términos patrimoniales y se declara sin valor. No es una irregularidad, pero el número genera preguntas sobre los criterios de valuación que se aplican.

Fijate que el cambio más fuerte está en el dinero en efectivo. Al cierre de 2024, Pettovello declaraba apenas $63.500. Un año después, pasó a declarar $66 millones en efectivo y US$6.000 en billetes. También mantiene dinero en cuentas bancarias: una caja de ahorro con $6,65 millones y otra con $28.509,83.

• Además, conserva una inversión de $668.483,31 en el fondo Alpha, que en 2024 valía $461.022,96. Sus créditos, en cambio, bajaron de $1.339.085,62 a $381.084,24, sumando saldos a favor y un crédito frente a MercadoLibre. Los bienes del hogar pasaron de $2.780.122,28 a $8.145.657,18.

Durante 2025, la ministra declaró ingresos brutos por su trabajo de $46.592.078, más $22.500.000 por alquileres y $16.800.000 recibidos por herencia, legado o donación. En total, los ingresos netos del trabajo, alquileres y otras rentas alcanzaron los $49.701.382,66, a los que se suman $15.657.937,47 de ingresos no alcanzados por Ganancias y los $16,8 millones por la herencia.

Hay un antecedente clave que tenés que conocer: la declaración de 2024 de Pettovello no fue la original. El 22 de agosto de 2025 presentó una rectificación en la que incorporó una caja de ahorro con $34.645.361,28. Ese movimiento explica casi toda la diferencia entre los $96 millones que figuraban en la presentación original y los $130,7 millones que terminó declarando tras la corrección.

El contexto político también pesa. Las declaraciones juradas quedaron bajo la lupa después del escándalo por las inconsistencias patrimoniales del exjefe de Gabinete Manuel Adorni y por la decisión del Gobierno de extender los plazos para que los funcionarios se pongan al día. En ese marco, la presentación anticipada de Pettovello llama la atención, aunque no despeja todas las dudas.

Las declaraciones juradas son una aproximación: los bienes se declaran según criterios de valuación fiscal y no según precios de mercado. Por eso suelen aparecer datos como el auto en $0 o rectificaciones posteriores. Lo que queda claro es que la ministra de Capital Humano, el ministerio que maneja las políticas sociales más sensibles, logró que su patrimonio le ganara a la inflación en un período en el que millones de argentinos perdieron poder de compra.

• La Oficina Anticorrupción deberá controlar si los valores declarados se ajustan a la realidad. Lo que está en juego es la confianza pública en un momento donde cada dato patrimonial de un funcionario se mira con desconfianza.

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Fuente original: Perfil, 19 de agosto de 2026

Enlace: https://www.perfil.com/noticias/politica/sandra-pettovello-presento-su-declaracion-jurada-la-ministra-declaro-un-vehiculo-valuado-en-0-y-le-gano-a-la-inflacion.phtml

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#Pettovello #DeclaracionJurada #CapitalHumano #ArgentinaDesigual #Patrimonio #Inflacion

Randazzo se presentó este 18 de agosto ante el Tribunal Oral Federal 7. No fue una comparecencia más: por primera vez declaró como testigo en la Causa Cuadernos, el expediente que investiga presuntas maniobras irregulares entre el Estado y empresarios durante los gobiernos kirchneristas. Y su testimonio generó un contraste directo con la hipótesis que sostiene la acusación.

El exministro del Interior y de Transporte, hoy diputado nacional, aseguró que jamás recibió una instrucción política para favorecer a determinadas empresas en la asignación de subsidios. La afirmación no fue al pasar: la pronunció ante preguntas del defensor de Cristina Kirchner, Carlos Beraldi. “Nunca, jamás”, respondió.

Randazzo no es un testigo periférico. Asumió como ministro del Interior en diciembre de 2007 y, tras la tragedia ferroviaria de Once, en 2012 se sumó la órbita de Transporte bajo su control. Es decir, tuvo bajo su responsabilidad dos áreas sensibles para cualquier investigación sobre obra pública, subsidios y vínculo con empresas. Por eso su palabra tiene peso específico en este juicio.

Durante su declaración, explicó el circuito de aprobación de subsidios. Contó que el Ministerio de Economía participaba en la programación de esos fondos y debía autorizar la disponibilidad del dinero. También dijo que había una discusión permanente sobre cómo controlar la inflación y que el costo del pasaje jugaba un rol central. “Había una decisión política de la presidenta de adquirir material rodante”, sostuvo. Y aportó un dato concreto: “Compramos 1140 coches, desde ese momento a ahora no se compró un solo vagón. Se sigue subsidiando el transporte público”.

El exfuncionario no esquivó el pasado. Recordó que el deterioro de los trenes “venía de mucho antes” de la tragedia de Once y citó el caso Siemens: la empresa cobró un anticipo del 20 por ciento por obras de señalización que no cumplió y fue obligada a devolverlo. También mencionó la tarjeta SUBE, que había iniciado Juan Pablo Schiavi y que él terminó de implementar. Esa herramienta, explicó, permitió saber cuántos pasajeros viajaban y cuánto combustible se usaba, datos que antes dependían de lo que declaraban los empresarios.

Cuando la fiscal Fabiana León le preguntó si esas medidas servían para evitar hechos de corrupción, Randazzo respondió que avanzaron muchísimo. Mencionó una página web donde todos los meses se publicaba cuántos recursos recibía cada línea y cómo se desglosaban. Esa página, afirmó, se dejó de usar durante la gestión de Mauricio Macri.

El testimonio incluyó también una crítica a la dirigencia sindical ferroviaria. “Tal vez no sea políticamente correcto, pero parte de la dirigencia sindical es parte del problema”, declaró. No fue una frase menor: puso sobre la mesa un actor que suele quedar afuera del debate público sobre el transporte.

Para explicar la lógica de los subsidios, Randazzo dio cifras que conectan directamente con la vida cotidiana. En los años 90, el sueldo promedio de un ferroviario equivalía a unos 900 boletos mínimos. Después de la salida de la convertibilidad y el congelamiento de tarifas entre 2002 y 2008, se necesitaban 6.000 boletos para cubrir ese salario. En 2014, la cifra llegó a 12.000. El subsidio estatal fue creciendo hasta cubrir el 90 por ciento del valor del pasaje.

¿Y a vos qué te importa? Porque explica por qué el boleto de tren o colectivo cuesta lo que cuesta y por qué cualquier ajuste en los subsidios impacta de lleno en los sectores más vulnerables. Según su relato, el actual gobierno acumuló una inflación del 300 por ciento y aumentó el pasaje un 1.000 por ciento. Hoy hacen falta 6.000 boletos mínimos para pagar el salario de un ferroviario. “El mundo subsidia el transporte público, no la Argentina, no nos confundamos”, afirmó.

Randazzo también contó que se reunía todas las semanas con los concesionarios del servicio y que algunos se sintieron maltratados por la exigencia. Mencionó los nombres de Gabriel Romero y Aldo Roggio, dos empresarios del sector. La relación, según su versión, no era de complicidad sino de control.

Ante una pregunta del defensor Manuel Ubeira sobre si advirtió algún tipo de actividad oscura entre funcionarios y empresarios durante su gestión, la respuesta fue tajante: “No me consta eso, mi experiencia demuestra lo contrario”.

El juicio continuará con más testigos. La declaración de Randazzo no cierra la causa, pero deja un interrogante incómodo para la fiscalía. Si quien tuvo el control directo del transporte y los subsidios afirma que no recibió directivas irregulares y que no vio actividad ilegal, la acusación enfrenta un testimonio que no confirma el relato central. Queda en juego la solidez de un expediente que arrastra años sin definición y que, mientras tanto, mantiene en vilo a la política argentina.

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Fuente original: C5N, 18 de agosto de 2026

Enlace: https://www.c5n.com/politica/causa-cuadernos-declaracion-randazzo-cristina-kirchner-18-agosto-2026

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#CausaCuadernos #Randazzo #CristinaKirchner #JusticiaArgentina #Subsidios #ArgentinaDesigual

Una encuesta de alcance nacional difundida por Encuesta&Política reveló que el 85 por ciento de las personas consultadas rechaza la reelección de Javier Milei para las elecciones de 2027. El relevamiento no se limitó a medir la intención de voto: también apuntó contra figuras del entorno presidencial y puso en el centro de la escena denuncias vinculadas al manejo de fondos destinados a pensiones por discapacidad. El dato aparece en un momento de malestar social por el rumbo económico y la política de venta de activos públicos.

Un informe señala que la mayoría de los encuestados identifica a ciertos integrantes de la administración de los hermanos Milei como responsables de prácticas irregulares. Las denuncias se concentran en la Agencia Nacional de Discapacidad, la ANDIS. Según el material, el cobro de comisiones ilegales y el desvío de recursos que debían llegar a personas vulnerables generan sospechas sobre la transparencia de la gestión. La publicación menciona los nombres de Karina Milei y Patricia Bullrich en relación con ese organismo, aunque no detalla responsabilidades individuales.

La encuesta plantea una comparación con “los viejos métodos del clan Menem” para describir el modus operandi que se atribuye a esos manejos. Esa referencia remite a una etapa de la política argentina marcada por escándalos de corrupción y pérdida de confianza en las instituciones. Su presencia en el relevamiento indica que parte del electorado asocia la gestión actual con prácticas que creía superadas.

El rechazo social que refleja la encuesta no se limita a la corrupción. La caída del poder adquisitivo y el aumento de tarifas aparecen como dos de los motivos centrales del descontento. Los consultados hablan de asfixia económica y de una pérdida sostenida de ingresos reales. Ese malestar ya se expresa en las calles con protestas que exigen un cambio urgente de rumbo. La fuente menciona que las movilizaciones se multiplican mientras la mayoría de los hogares ajusta sus gastos para llegar a fin de mes.

En paralelo, el relevamiento aborda el capítulo de las privatizaciones. La aceleración en la entrega de activos estatales despierta críticas de la oposición, que acusa al Gobierno de vender recursos estratégicos. Las concesiones a capitales extranjeros y la venta de patrimonio público alimentan la idea de un vaciamiento del Estado. Según el informe, esa política compromete la soberanía y pone en riesgo sectores productivos clave.

El impacto concreto de estos tres frentes —corrupción, ajuste económico y privatizaciones— recae sobre los sectores más vulnerables. Si se confirman las irregularidades en la ANDIS, las personas con discapacidad que dependen de una pensión habrían sido directamente perjudicadas por el desvío de fondos. A la vez, la suba de tarifas golpea a jubilados, trabajadores y familias de ingresos medios y bajos. La venta de activos públicos reduce la capacidad del Estado para intervenir en la economía y proteger a quienes no pueden defenderse solos.

Lo que queda en juego es la credibilidad de la gestión y la posibilidad de sostener un proyecto político más allá de 2027. El 85 por ciento de rechazo que arroja la encuesta es un dato contundente, pero también un límite para cualquier intento de reelección. El Gobierno enfrenta denuncias que tocan a personas de su entorno más cercano, un malestar económico que no cede y una política de privatizaciones que divide aguas. La combinación de esos factores define un escenario de alta conflictividad para lo que resta del mandato.

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Fuente original: Encuesta&Política, sin fecha especificada en el material suministrado.

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#CasoANDIS #CorrupcionMilei #PatrimonioNacional #RechazoSocial #Milei2027 #ArgentinaDesigual

Veinte chicos con indicadores compatibles con desnutrición. Uno de ellos, con un cuadro severo. En cuatro jornadas de evaluación. Los datos surgen de un operativo que la Fundación CONIN realizó en Los Hornos los días 7, 8, 12 y 13 de agosto en la Vicaría de 78 entre 147 bis y 148. La actividad se coordinó con la Municipalidad de La Plata, el gobierno bonaerense y Cáritas. De los 71 menores controlados, 20 presentaron señales que encendieron la alarma. La mayoría fueron casos leves o moderados, pero también apareció un caso grave.

Yolanda Di Sarli, directora ejecutiva de CONIN La Plata, lo explicó sin vueltas: la desnutrición crece año tras año. Hace 16 años, los chicos entraban al programa por vulnerabilidad social. Hoy, con la demanda en alza, solo ingresan quienes ya tienen diagnóstico de desnutrición.

Cada una de las 20 familias detectadas en este operativo fue incorporada al programa Nutrir la Vida, que la fundación desarrolla en la ciudad desde agosto de 2010. El acompañamiento está pensado para extenderse al menos dos años. No se trata solo de recuperar peso: se busca que el chico y su familia salgan fortalecidos.

El operativo con la unidad móvil no fue el primero. Ya había pasado por La Plata en 2017 y en 2022. Ahora la lógica cambió. Graciela Ferrara, directora ejecutiva de Cáritas La Plata, contó que casi no hacen relevamientos porque la demanda llega sola a los centros de 73 y 152, El Mercadito y Barrio Nuevo.

CONIN tiene sedes en Los Hornos y Ringuelet. No recibe subsidios y se mantiene con donaciones de particulares. Por eso, la participación del Municipio y de la Provincia en el operativo fue un punto valorado por la organización. La Municipalidad entrega una tarjeta para comprar alimentos, que se suma al bolsón nutricional semanal. También hay negociaciones para que el Estado local cubra los servicios de luz, gas e internet de los centros.

Las familias que ingresan al programa concurren una vez por semana al centro de 73 y 152. Allí los chicos son atendidos por pediatra, nutricionista, trabajadora social y psicopedagoga. Las madres participan de talleres de oficio —costura, cocina, tejido, carpintería básica, reciclado, artesanías— y de espacios sobre salud, alimentación y acceso a la justicia. Mientras tanto, los chicos tienen actividades de estimulación: juegos, dibujos, cuentos, canto, títeres, teatro y manualidades.

La alimentación es central. Cada familia recibe un bolsón semanal con leche, azúcar, aceite, cereales, legumbres, polenta, arroz, fideos y harina. Si los recursos alcanzan, se agregan frutas, verduras y carne. Algunos chicos reciben además complementos alimentarios y leches especiales cuando el equipo profesional lo indica.

Según los propios registros de CONIN, hoy hay 50 familias y 92 chicos bajo seguimiento formal. Si se cuentan los hermanos, la asistencia supera los 140 menores. La capacidad de atención está exigida: el tratamiento es costoso y los fondos provienen de donantes individuales.

Detrás de cada número hay una familia que llega al centro con lo que puede. La desnutrición infantil no aparece de un día para el otro: se construye con platos que se achican, lácteos que se reemplazan por mates, frutas que desaparecen de la mesa. Cuando se instala, deja marcas en el crecimiento, el aprendizaje y la salud. Un caso severo, como el detectado en Los Hornos, no es una rareza: es la punta de un problema más profundo.

Lo que dejó el operativo es una foto incómoda y, al mismo tiempo, una posibilidad. La coordinación entre CONIN, la Municipalidad y la Provincia permitió identificar y empezar a atender a 20 chicos. La pregunta que sigue es si ese trabajo conjunto se sostendrá en el tiempo o si se agotará en un operativo aislado. La demanda, como advierten las organizaciones, no se detiene. Y la desnutrición tampoco.

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Fuente original: Diario Hoy (nota publicada en agosto de 2026)

Enlace: https://diariohoy.net/politica/escala-la-desnutricion-infantil-en-los-barrios-de-la-plata-286923

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#DesnutriciónInfantil #LaPlata #LosHornos #CONIN #ArgentinaDesigual #PeriodismoIndependiente

Adriana Baravalle llegó a la Secretaría de Ciencia, Tecnología e Innovación con una presentación que prometía solidez académica: doctora en Inteligencia Artificial y magíster en Ciencias de desarrollo de software de Inteligencia Artificial. La noticia duró lo que tardó en verificarse un detalle: esa carrera no existe. El título que respaldaba su designación fue emitido por una entidad virtual en Honolulu que vende diplomas falsos por internet.

La confirmación no dejó margen para la duda. La flamante funcionaria no tiene título universitario ni es doctora en absolutamente nada. El “doctorado trucho” que presentó desató el escándalo y puso a la oposición en alerta. El pedido de interpelación no tardó en llegar. La interpelación es el mecanismo que obliga a una funcionaria a presentarse ante los legisladores para dar explicaciones formales sobre su designación y sus antecedentes.

Ante esa presión, el Gobierno reaccionó de una manera elocuente: bajó el comunicado de la página oficial y dejó el nombramiento en la nada. El anuncio que presentaba a Baravalle desapareció de los canales institucionales. Actualmente, el Ejecutivo solo dejó la referencia a su supuesto paso como investigadora en un laboratorio de la Universidad Austral. Nada más.

La decisión de retirar el comunicado sin ofrecer una aclaración pública profundiza la incertidumbre. El área de ciencia, tecnología e innovación vuelve a quedar bajo una nube de dudas. Una designación cuestionada, un título falso y una carrera que no existe son el cóctel perfecto para que la polémica se instale en la agenda pública.

El hecho no es menor para quienes miran la gestión del Estado. Si una persona puede asumir un cargo de esa jerarquía sin que nadie verifique su formación académica, queda expuesta una falla en los controles previos a las designaciones. La confianza en las instituciones no se sostiene solo con discursos: se construye con actos administrativos que garanticen idoneidad.

La oposición pidió explicaciones, el Gobierno respondió borrando. Esa secuencia deja más preguntas que respuestas. ¿Qué antecedentes se revisaron antes de anunciar a Baravalle? ¿Quién validó el doctorado? ¿La baja del comunicado implica una marcha atrás en la designación o solo un cambio en la comunicación? El silencio oficial no resuelve ninguna de esas dudas.

Lo que queda en juego es el funcionamiento de una secretaría que, por su nombre, debería ser ejemplo de rigor. La ciencia exige método, evidencia y verificación. La política, en cambio, a veces premia la improvisación. Que una funcionaria haya presentado un título inexistente para ocupar un despacho público obliga a revisar cómo se nombra y cómo se controla a quienes administran áreas sensibles para el desarrollo del país.

La incertidumbre no es gratis: cada día sin definiciones es un día en el que la Secretaría de Ciencia, Tecnología e Innovación no tiene una conducción legitimada. Para los sectores que dependen de sus decisiones, la espera se vuelve insostenible. Y para la ciudadanía, el episodio refuerza una sensación de que las designaciones públicas no siempre pasan por los filtros mínimos de verificación.

El caso Baravalle no se cierra con la eliminación de un comunicado. Recién empieza. La oposición mantiene su pedido de interpelación, la funcionaria queda envuelta en un escándalo de títulos falsos y el Gobierno no ha dado una versión oficial que explique el error. La ciencia, en todo esto, no es la única que queda en evidencia.

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Fuente original: Portal Noticias Argentinas (fecha no especificada en la fuente)

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#Escandalo #CienciaYTecnologia #Gobierno #TitulosFalsos #Política #ArgentinaDesigual

Adriana Baravalle llegó a la Secretaría de Ciencia, Tecnología e Innovación con una presentación que prometía solidez académica: doctora en Inteligencia Artificial y magíster en Ciencias de desarrollo de software de Inteligencia Artificial. La noticia duró lo que tardó en verificarse un detalle: esa carrera no existe. El título que respaldaba su designación fue emitido por una entidad virtual en Honolulu que vende diplomas falsos por internet.

La confirmación no dejó margen para la duda. La flamante funcionaria no tiene título universitario ni es doctora en absolutamente nada. El “doctorado trucho” que presentó desató el escándalo y puso a la oposición en alerta. El pedido de interpelación no tardó en llegar. La interpelación es el mecanismo que obliga a una funcionaria a presentarse ante los legisladores para dar explicaciones formales sobre su designación y sus antecedentes.

Ante esa presión, el Gobierno reaccionó de una manera elocuente: bajó el comunicado de la página oficial y dejó el nombramiento en la nada. El anuncio que presentaba a Baravalle desapareció de los canales institucionales. Actualmente, el Ejecutivo solo dejó la referencia a su supuesto paso como investigadora en un laboratorio de la Universidad Austral. Nada más.

La decisión de retirar el comunicado sin ofrecer una aclaración pública profundiza la incertidumbre. El área de ciencia, tecnología e innovación vuelve a quedar bajo una nube de dudas. Una designación cuestionada, un título falso y una carrera que no existe son el cóctel perfecto para que la polémica se instale en la agenda pública.

El hecho no es menor para quienes miran la gestión del Estado. Si una persona puede asumir un cargo de esa jerarquía sin que nadie verifique su formación académica, queda expuesta una falla en los controles previos a las designaciones. La confianza en las instituciones no se sostiene solo con discursos: se construye con actos administrativos que garanticen idoneidad.

La oposición pidió explicaciones, el Gobierno respondió borrando. Esa secuencia deja más preguntas que respuestas. ¿Qué antecedentes se revisaron antes de anunciar a Baravalle? ¿Quién validó el doctorado? ¿La baja del comunicado implica una marcha atrás en la designación o solo un cambio en la comunicación? El silencio oficial no resuelve ninguna de esas dudas.

Lo que queda en juego es el funcionamiento de una secretaría que, por su nombre, debería ser ejemplo de rigor. La ciencia exige método, evidencia y verificación. La política, en cambio, a veces premia la improvisación. Que una funcionaria haya presentado un título inexistente para ocupar un despacho público obliga a revisar cómo se nombra y cómo se controla a quienes administran áreas sensibles para el desarrollo del país.

La incertidumbre no es gratis: cada día sin definiciones es un día en el que la Secretaría de Ciencia, Tecnología e Innovación no tiene una conducción legitimada. Para los sectores que dependen de sus decisiones, la espera se vuelve insostenible. Y para la ciudadanía, el episodio refuerza una sensación de que las designaciones públicas no siempre pasan por los filtros mínimos de verificación.

El caso Baravalle no se cierra con la eliminación de un comunicado. Recién empieza. La oposición mantiene su pedido de interpelación, la funcionaria queda envuelta en un escándalo de títulos falsos y el Gobierno no ha dado una versión oficial que explique el error. La ciencia, en todo esto, no es la única que queda en evidencia.

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Fuente original: Portal Noticias Argentinas (fecha no especificada en la fuente)

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El expresidente Alberto Fernández volvió a meterse en el centro del debate político con una declaración que no pasó desapercibida. En el streaming Crónicas del futuro, aseguró que Cristina Kirchner fue condenada “injustamente” y dejó abierta la puerta a un indulto si no aparece otra alternativa. No fue una frase suelta: fue una toma de posición en un momento donde el peronismo discute liderazgos, candidaturas y estrategias judiciales.

“A Cristina hay que encontrarle una solución”, planteó Fernández. Su argumento fue directo: como hombre de derecho, dijo creer en el estado de derecho y no tener ninguna duda de que la exvicepresidenta recibió una condena injusta. “Está soportando una detención una persona inocente y lo que debería preocuparnos es esto”, afirmó.

Aunque reconoció que siempre estuvo en contra del indulto, el exmandatario lo mencionó como una posibilidad concreta. Si el camino de Naciones Unidas no prospera, el indulto puede ser un remedio, siempre que se expliquen las razones jurídicas. Para respaldar su postura, señaló que conoce la causa y citó al juez Jorge Gorini, quien suele criticar a quienes opinan sin leer el expediente. “Yo sí la conozco”, remarcó Fernández, y agregó que los abusos cometidos contra Cristina fueron increíbles y que sus argumentos nunca fueron escuchados.

Las críticas al juez Ercolini fueron contundentes. Lo calificó como “una mácula en la justicia argentina” y pidió: “Basta. Paremos un poco y pongamos las cosas en orden”. Luego amplió su mirada más allá del caso Kirchner: aseguró que si a Mauricio Macri lo condenaran injustamente y sin pruebas, también pediría por su libertad. “El problema no es un problema ideológico, es un problema institucional”, sostuvo.

Sobre el peronismo, Fernández fue igual de categórico. “Peronismo hay uno solo, después hay distorsiones”, lanzó. Definió al movimiento como una fuerza progresista que supo contener desde sectores conservadores hasta espacios más de izquierda. Sin embargo, admitió que su propia mirada podría no ser la correcta y que la única forma de resolver qué es el peronismo hoy es escuchando a la gente. “Que la gente determine qué es el peronismo y diga qué quiere representar”, pidió.

En esa línea, defendió que los próximos candidatos del espacio surjan de una PASO. Mencionó como posibles referentes a Axel Kicillof, Sergio Massa, Ricardo Quintela, Sergio Uñac y Jorge Capitanich. Aclaró que la renovación generacional no implica salir a buscar figuras desconocidas, como un futbolista, un cantante, un actor o un pastor, sino promover a dirigentes municipales y nacionales que puedan dar el salto a la escena nacional y exponer sus posiciones.

El expresidente también habló de su propio lugar en esa etapa. “Me voy a morir haciendo política”, dijo, pero aclaró que no quiere ser candidato a nada. Se definió como parte de quienes deben decir “vení vos, subite al escenario y yo me bajo”. Esa frase resume su apuesta por un recambio generacional que empiece a hacerse cargo.

Fernández aprovechó la entrevista para defender su gestión. Afirmó que cuando se desmientan las mentiras que, según él, le metieron en la cabeza a la gente, será bien recordado. Mencionó la advertencia sobre una inflación del 17.000% que, aseguró, lanzó “el delirante este” cuando ganó el actual presidente. También se refirió a la causa por violencia de género en su contra y a los rumores de romances que circularon: “Cuando todo eso quede en claro, la gente va a decir ‘no, pero este tipo no fue lo que dijeron’”.

Las definiciones de Fernández tocan tres temas sensibles: la suerte judicial de Cristina Kirchner, la conducción del peronismo y el mecanismo para elegir candidaturas. Para cualquier votante del espacio, no se trata de una discusión abstracta: define quiénes competirán en las próximas elecciones y bajo qué reglas. La mención del indulto introduce una herramienta que hasta ahora no estaba en la agenda explícita de los dirigentes peronistas y obliga a tomar posición.

Si el peronismo resuelve su interna a través de una PASO, los afiliados y simpatizantes podrían tener más incidencia que si los candidatos se definen en una mesa chica. La renovación generacional, de concretarse, cambiaría la oferta electoral. Y una eventual decisión sobre el indulto impactaría en el clima institucional, más allá de las preferencias partidarias.

Queda por ver cómo reaccionan los dirigentes mencionados y el kirchnerismo más cercano a Cristina. La posición de Fernández no cierra ninguna discusión: la reabre en un momento donde el PJ necesita ordenarse. El tiempo dirá si sus palabras se traducen en un debate real o si se diluyen antes de las próximas definiciones.

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Fuente original: Clarín, 15 de agosto de 2026

Enlace: https://clar.in/4qlz0vG

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#AlbertoFernandez #CristinaKirchner #Peronismo #Indulto #Justicia #ArgentinaDesigual

La noticia empezó a circular con fuerza en las últimas horas: Tecnópolis, el predio que durante años concentró la vitrina de la ciencia, la cultura y la tecnología estatal, cambiará de manos. Según la denuncia que ya recorrió redes sociales y medios alternativos, el gobierno nacional, a través de la Secretaría General que conduce Karina Milei, resolvió entregarle la concesión del espacio al Grupo La Nación por un cuarto de siglo.

El plazo es clave: 25 años no son un número caprichoso. Asegura una estabilidad contractual que excede largamente el mandato actual y cualquier recambio electoral previsible. Para los críticos de la medida, esa extensión temporal es la prueba más contundente de que no se trata de una simple desregulación administrativa, sino de una jugada política de largo aliento.

¿El objetivo declarado por las fuentes que impulsan la denuncia? Construir un mecanismo de blindaje mediático. La lógica es cruda: alinear al multimedio más influyente del país con la gestión de Javier Milei para desactivar cualquier posibilidad de críticas periodísticas incómodas. En otras palabras, usar un bien del Estado como moneda de cambio para comprar silencio o, directamente, complicidad editorial.

El gobierno, por ahora, no emitió un comunicado oficial desmintiendo la operación ni explicando los términos del contrato. El hermetismo alimenta aún más las sospechas entre quienes siguen el expediente. En los pasillos de la Casa Rosada, fuentes consultadas prefirieron no hacer declaraciones, pero tampoco negaron la existencia de las negociaciones.

Los sectores que salieron a dar la voz de alarma sostienen que esta maniobra representa mucho más que una transferencia inmobiliaria. Advierten que el control informativo que se busca instalar generaría un apagón de noticias. ¿Qué significa eso en la práctica? Que la realidad cotidiana del argentino de a pie —la inflación que no cede, la pérdida del poder adquisitivo, el cierre de fábricas— quedaría deliberadamente oculta tras un manto de propaganda oficial.

La denuncia va aún más lejos. Señala que al uniformar el relato de los principales medios de comunicación, el régimen —tal como lo califican los denunciantes— silenciaría la crisis para que solo se replique la voz del poder. La estrategia, en este relato crítico, representa una domesticación absoluta de la agenda pública: lo que se discute, cómo se discute y quién lo discute quedaría filtrado por los intereses del grupo concesionario y el gobierno de turno.

El efecto directo, si esta lectura es correcta, sería un debilitamiento severo del debate democrático. Sin diversidad de voces, sin espacios que cuestionen las decisiones oficiales, el derecho a la información de la ciudadanía quedaría restringido por completo. Las voces disidentes, ya sea de organizaciones sociales, de la oposición política o de periodistas independientes, quedarían marginadas en un ecosistema donde el relato hegemónico lo impone un solo actor.

El nombre de Karina Milei aparece en el centro de la operación. La hermana del Presidente, secretaria general de la Presidencia, es señalada como la principal articuladora de esta entrega. No es la primera vez que se la vincula con decisiones estratégicas que trascienden lo administrativo para meterse de lleno en el terreno de la comunicación política. Su rol, desde que asumió su hermano, fue siempre el de guardiana de la narrativa oficial.

El Grupo La Nación, por su parte, mantiene un silencio que resulta ensordecedor. El multimedio no desmintió las versiones ni aclaró si piensa mantener el perfil cultural y científico del predio o si proyecta un uso comercial o inmobiliario. La falta de información clara es, para los críticos, otra prueba de que el acuerdo se cocinó lejos de la transparencia que exige un bien de semejante magnitud.

El trasfondo político de esta decisión es inevitable. En un país donde la grieta es moneda corriente, ceder el control de un espacio emblemático a un grupo económico con intereses editoriales explícitos es una declaración de principios. Para el oficialismo, podría ser una muestra de eficiencia y desregulación. Para la oposición, un acto de complicidad que mancha la independencia del cuarto poder.

Los antecedentes internacionales no ayudan a calmar los ánimos. En varios países de la región, los gobiernos utilizaron la pauta publicitaria o la concesión de bienes públicos para condicionar a los medios. Lo que se denuncia ahora es un paso adicional: la entrega directa de un activo físico, tangible, con un valor que excede lo económico y se instala en lo simbólico. Tecnópolis no es un galpón cualquiera; es el lugar donde se mostró al mundo el potencial industrial y científico argentino.

La pregunta que queda flotando es si los argentinos sabremos alguna vez los detalles de este contrato. ¿Cuánto pagará el Grupo La Nación por la concesión? ¿Qué cláusulas de rescisión se pactaron? ¿Se garantiza el acceso público al predio? ¿Se mantendrán las actividades educativas y científicas? Son todas incógnitas que, por ahora, solo alimentan la desconfianza.

El blindaje mediático que se critica desde las redes y las organizaciones civiles no es una teoría conspirativa. Es una hipótesis verificable si se accede al texto del acuerdo. Por eso, la presión sobre el gobierno para que publique el contrato íntegro será creciente en los próximos días. La transparencia, en este caso, no es un gesto de buena voluntad: es una exigencia democrática.

Mientras tanto, el predio espera. Y con él, los argentinos que alguna vez recorrieron sus pasillos, que llevaron a sus hijos a ver experimentos o que disfrutaron de sus espectáculos. Esa experiencia, ese lugar que sintieron propio, ahora pasa a ser parte de una estrategia política que nadie votó ni discutió en el Congreso. La decisión se tomó por decreto, en el escritorio de una funcionaria, sin debate parlamentario ni consulta popular.

El tiempo dirá si la operación logra su objetivo de silenciar las críticas o si, por el contrario, el propio intento de acallar genera un ruido todavía mayor. Lo que es seguro es que el tablero de la comunicación argentina acaba de moverse una ficha pesada. Y el impacto, como todo movimiento brusco en el periodismo, se sentirá en cada editorial, en cada tapa y en cada noticia que los argentinos consumamos de ahora en adelante.

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Fuente original: Argentina Desigual, 15 de agosto de 2026

Enlace: https://www.msn.com/es-ar/pol%C3%ADtica/gobierno/el-decreto-est%C3%A1-listo-karina-milei-le-entrega-tecn%C3%B3polis-a-los-saguier-sin-pedir-perd%C3%B3n/ar-AA29WrHp 

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#Tecnopolis #BlindajeMediatico #KarinaMilei #LaNacion #PeriodismoIndependiente

La reforma electoral volvió a tensar la política argentina, pero esta vez el peronismo golpeó antes. Mientras La Libertad Avanza insiste con eliminar o suspender las PASO, la principal fuerza opositora reunió a sus figuras de mayor peso y salió a marcar rechazo. La consecuencia es concreta: el proyecto del Gobierno sigue trabado en el Senado y no aparecen los votos para destrabarlo.

En las últimas horas hubo dos encuentros que ordenaron la previa del año electoral. Por un lado, Axel Kicillof, Máximo Kirchner y Sergio Massa se sentaron a definir una postura común. Por el otro, la cúpula de La Libertad Avanza recibió en Casa Rosada a la del PRO. El cónclave peronista terminó con un alineamiento para resistir la reforma electoral que impulsa el gobierno de Javier Milei. La iniciativa, sin embargo, no depende solo de la voluntad oficialista: está frenada por la falta de acompañamiento de gobernadores y bloques aliados en la Cámara alta.

La reunión entre el oficialismo y el PRO no fue un hecho aislado. Esta mañana se juntaron el jefe de Gabinete, Diego Santilli; el responsable político de La Libertad Avanza, Eduardo “Lule” Menem; el titular de Diputados, Martín Menem; el jefe del bloque del PRO en la Cámara baja, Cristian Ritondo; y el secretario General del PRO, Fernando de Andreis. El encuentro fue consecuencia directa del contacto que habían mantenido el lunes la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei, y el ex presidente Mauricio Macri.

Después de la reunión, Santilli lo explicó con una frase pensada para mostrar unidad: “Esta articulación responde a una coincidencia profunda: avanzar con las reformas que la Argentina necesita y desterrar al kirchnerismo para impedir que vuelva a destruir el país”. Las palabras sugieren que el Gobierno y el PRO buscan un nuevo entendimiento electoral para 2025. Sin embargo, fuentes al tanto de lo conversado aclararon que, en ese cónclave puntual, la reforma electoral no estuvo sobre la mesa.

Mientras tanto, el oficialismo necesita a los gobernadores. Y los gobernadores no se regalan. Hubo una tercera reunión, más rutinaria, entre Santilli y mandatarios del norte. El jefe de Gabinete es el encargado de negociar con los jefes provinciales para que muevan a sus senadores. Pero el tema electoral apenas se tocó al pasar. “Se lo tocó al pasar al tema pero sin mucho énfasis”, contaron desde el entorno de un gobernador del norte.

El panorama para la Casa Rosada se complica porque arrastra un desgaste previo. En la misma semana, La Libertad Avanza detonó puentes con aliados durante el tratamiento de la ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada. Un senador oficialista lo resumió en off the record: “se te unen los gobernadores que tienen senadores y se hacen mucho más fuertes”. El texto enviado por el ministro de Desregulación y Modernización del Estado, Federico Sturzenegger, ya había cosechado rechazo de senadores que responden a gobernadores alineados con el Gobierno, como Raúl Jalil, de Catamarca; Gustavo Sáenz, de Salta; Rolando Figueroa, de Neuquén; Osvaldo Jaldo, de Tucumán; y Hugo Passalacqua, de Misiones, quien rompió hace poco con su ex jefe político Carlos Rovira.

La reunión con los gobernadores del norte incluyó a varios de los que la Casa Rosada necesita convencer. Y las posiciones no son uniformes. Fuentes cercanas a Passalacqua afirman que está en contra de eliminar las PASO. Jalil, en cambio, quiere eliminarlas, mientras que Jaldo busca sostenerlas. La misma contradicción aparece dentro del radicalismo: Carlos Sadir, gobernador de Jujuy, quiere la suspensión, y Juan Pablo Valdés, de Corrientes, consideró a las primarias “un gasto innecesario”. En la bancada de senadores radicales prima la postura del jujeño. En el PRO, en tanto, insisten con una variante intermedia: una interna partidaria sin carácter obligatorio, una PAS.

El peronismo, con su reunión de cúpula, se anticipó a la jugada del oficialismo. El proyecto de la Casa Rosada está en punto muerto, y en el Gobierno creen que la eliminación o suspensión de las PASO puede ser la llave para dirimir las internas de la principal fuerza opositora. Por lo pronto, el sostenimiento de las primarias logró algo poco habitual: juntar a Kicillof y a Máximo Kirchner en una misma mesa.

Germán Martínez, jefe de la bancada de diputados de Unión por la Patria, lo explicó en el streaming Carnaval con una definición que marca la postura de su espacio: “Milei está dispuesto a todo para tratar de eliminarlas o suspenderlas y nosotros creemos que es una herramienta importante a sostener para generar el diseño de una estrategia electoral amplia, potente y convocante, que lejos de buscar un carácter monocolor, que podamos expresar todas las tonalidades que tiene nuestro espacio político”.

La discusión no es abstracta. Define cuántas veces se vota, cómo se ordenan las internas y qué margen tiene la ciudadanía para incidir en las listas. Por eso la pelea por las PASO se convirtió en una disputa por el control de la agenda electoral. Y, por ahora, el peronismo consiguió lo que buscaba: que el Gobierno no pueda activar su iniciativa en el Senado.

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Fuente original: El Destape, agosto de 2026

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