El Congreso aprobó la condonación de una deuda de 750 millones de dólares a Edenor y Edesur a cambio de la renuncia a reclamos judiciales
El Congreso de la Nación sancionó una norma impulsada por el Poder Ejecutivo que condona una deuda de aproximadamente 750 millones de dólares a las distribuidoras eléctricas Edenor y Edesur. La medida, incorporada en el artículo 4 de un paquete de modificaciones al mercado energético, exige a las empresas el desistimiento total de sus reclamos judiciales y administrativos contra el Estado por ingresos no percibidos durante los históricos congelamientos tarifarios.
- Conforme a los registros de regularización de pasivos, Edenor mantiene compromisos con Cammesa por unos 450 millones de dólares, mientras que Edesur adeuda 300 millones de dólares. Estos montos habían sido previamente reconocidos y reestructurados mediante planes de pago con plazos de hasta ocho años.
Condiciones del desistimiento judicial
La operatoria legislativa establece una compensación cruzada condicionada. Para acceder al beneficio, las compañías deberán presentar un desistimiento expreso de la totalidad de las acciones judiciales o administrativas vinculadas a las emergencias tarifarias, incluyendo eventuales demandas contra el Estado o el organismo mayorista.
Informes del sector energético estiman que los planteos por ingresos dejados de percibir podrían alcanzar los 3.200 millones de dólares entre ambas firmas, aunque los cálculos presentados por las empresas son considerablemente menores. La reglamentación de la ley habilitará al Estado a calcular las diferencias de ingresos reclamadas antes de formalizar la baja contable de la deuda.
Contexto regulatorio e impacto en usuarios
- El Ejecutivo fundamenta la medida en la necesidad de cerrar una controversia que se extiende por más de dos décadas, evitando litigios que resultarían más onerosos para las arcas públicas. La norma se aprobó en el mismo paquete que modificó el régimen de Zona Fría, afectando a 4,1 millones de usuarios de gas y los subsidios podrán ser reducidos o eliminados bajo la nueva normativa.
La decisión contrasta con los mecanismos de cobro aplicados a los usuarios residenciales, quienes enfrentan intereses, planes de pago y riesgo de corte de servicio ante la acumulación de facturas impagas. La instrumentación definitiva del perdón cruzado quedará sujeta a la reglamentación del Poder Ejecutivo y al cumplimiento efectivo de las renuncias litigiosas por parte de las concesionarias.
Fuente: Clarín, de ley aprobado por el Congreso de la Nación, registros de regularización de pasivos con Cammesa y estimaciones del sector energético sobre reclamos tarifarios.
Enlace: https://clar.in/4AvzwMg
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