El exdiputado nacional José Luis Espert deberá presentarse el 30 de junio ante el juez federal de San Isidro, Lino Mirabelli. La convocatoria es en el marco de una investigación por presunto lavado de activos que gira alrededor de una transferencia de 200.000 dólares que el economista recibió en una cuenta bancaria en Estados Unidos. El dinero provino de una firma vinculada al empresario Fred Machado, recientemente extraditado a Estados Unidos para ser juzgado por narcotráfico y fraude financiero. La citación alcanza también al contador Mariano Alejandro Cosentino y a Varianza SA, la sociedad de Espert y su esposa, María de las Mercedes González.

El origen de los 200.000 dólares

De acuerdo con la investigación que impulsa el fiscal federal Fernando Domínguez, el 22 de enero de 2020 una cuenta de Espert en Estados Unidos recibió 200.000 dólares desde Wright Brothers Aircraft Title Inc., una empresa que, según la acusación, integraba la estructura utilizada por Machado. Para el fiscal, esos fondos tenían origen ilícito y fueron canalizados a través de un contrato que, siempre de acuerdo al expediente, nunca tuvo sustento real.

• Ese contrato fue firmado entre Espert y la minera Minas del Pueblo, una firma radicada en Guatemala y representada por el propio Machado. En los papeles, el acuerdo contemplaba pagos por un millón de dólares a cambio de supuestas asesorías financieras. Sin embargo, los investigadores no encontraron ningún elemento que respalde esa operatoria: no hay registros de viajes de Espert a Guatemala antes ni después de la firma, no hay constancias de visitas a la explotación minera ni de contrataciones de especialistas para llevar adelante las tareas previstas. A esto se agrega un dato central: de acuerdo con la fiscalía, Minas del Pueblo no registraba actividad real en ese momento. Para Domínguez, el contrato funcionó únicamente como una cobertura para justificar la transferencia original.

El ingreso del dinero a la Argentina

• Según consta en el expediente, una parte de esos 200.000 dólares ingresó al circuito argentino. Durante 2020, Espert realizó dos transferencias de 50.000 dólares cada una a una cuenta del banco BBVA en el país. Con esos fondos, la investigación sostiene que el exlegislador compró en efectivo un BMW M240i por 47.800 dólares. Más tarde, ese vehículo fue vendido y el dinero se reinvirtió en una camioneta Lexus de alta gama cuyo valor rondó los 130.000 dólares. Para los investigadores, esa secuencia de compra y venta formó parte del mecanismo para ocultar el rastro de los fondos.

Reuniones de urgencia y una cuenta sin declarar

Cuando la situación judicial de Machado empeoró —fue detenido en abril de 2021 y luego extraditado desde Río Negro—, el entorno de Espert se movió rápido. De acuerdo con el análisis de teléfonos secuestrados a colaboradores del exdiputado, se organizaron reuniones urgentes para evaluar los riesgos penales y tributarios de la relación con el empresario.

• En esos encuentros, según el dictamen fiscal, se discutió cómo evitar que salieran a la luz 118.271 dólares que Espert mantenía depositados en una cuenta del Morgan Stanley. La fiscalía detectó que esos activos no fueron incluidos en las declaraciones juradas que el entonces candidato a diputado presentó en julio de 2021. Documentos digitales secuestrados al contador Cosentino reflejan que la omisión fue deliberada: se argumentó que declarar ese dinero podía provocar un “pánico impositivo” y dañar la carrera política de Espert. Los papeles también mencionan el temor a que el kirchnerismo —que ocupaba el gobierno nacional en ese momento— accediera a la información y la utilizara “en forma distorsionada”. En los mismos registros quedó asentado que explicar públicamente la transferencia y el contrato con la minera guatemalteca durante la campaña de 2021 “significaría que JLE quedara afuera de su carrera política”.

La respuesta del fiscal

El fiscal Domínguez rechazó la defensa de Espert, que alegaba desconocer las actividades ilícitas de Machado —quien, además, había financiado sus campañas electorales—. En su dictamen, Domínguez afirmó que “la estratagema de la ignorancia ensayada por el imputado en sus distintas defensas de ninguna manera puede configurar un blindaje para obtener impunidad”.

En cuanto al contador Cosentino, la acusación lo ubica como partícipe necesario. Siempre según el fiscal, fue quien confeccionó certificaciones falsas sobre el origen de los fondos que se usaron para justificar la compra de los vehículos y para incorporar a la esposa de Espert a un fideicomiso inmobiliario.

Lo que viene

La indagatoria del 30 de junio será el momento en que Espert deberá dar su versión ante el juez Mirabelli. El caso dejó al descubierto una madeja de operaciones financieras que la fiscalía considera incompatibles con una actividad económica lícita y que, de comprobarse, abrirían otro capítulo en las investigaciones sobre el financiamiento de la política. Por ahora, las pruebas acumuladas alcanzaron para que el juez convoque al exdiputado a declarar como imputado.

Fuente original: dataclave.com.ar, 23 de junio de 2026.

Enlace: https://www.dataclave.com.ar/poder/la-justicia-federal-cito-a-indagatoria-a-jose-luis-espert-en-la-causa-por-lavado-de-activos_a6a3abb7210621587c1015752

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El expediente por el colapso de la criptomoneda $LIBRA sumó en las últimas horas un nuevo capítulo de alta tensión judicial. La querella representada por el abogado Martín Romeo solicitó formalmente la detención de Mauricio Novelli y Manuel Terrones Godoy, los dos empresarios que estuvieron al frente del Tech Forum Argentina y que oficiaron como anfitriones del polémico lanzamiento del activo digital que terminó desplomándose y dejando pérdidas millonarias en todo el mundo.

• El pedido de captura se apoya en dos ejes centrales: el riesgo de fuga—ya que ambos cuentan con documentación y pasaportes extranjeros—y una presunta obstrucción a la investigación. Según consta en la requisitoria, los imputados habrían borrado archivos de los dispositivos electrónicos que fueron secuestrados y vaciado cuentas bancarias en el tiempo que medió entre la solicitud de congelamiento de fondos y la efectiva notificación judicial.

Pero lo que realmente puso en alerta a los investigadores fue el hallazgo de una billetera digital que operaría como nexo financiero entre los socios argentinos y el estadounidense Hayden Davis, el creador del token y el gran ausente en el proceso local. La identificación del monedero, conocido bajo la sigla FL6P, fue posible gracias al cruce de información que la Comisión Investigadora del Congreso obtuvo de la plataforma Binance, combinado con el análisis de la cadena de bloques.

• El dato escalofriante que aportó Romeo en su presentación es que esa billetera no solo recibió fondos de manera reiterada, sino que mostró un patrón de comportamiento "típico de una financiera", aplicando comisiones del 1% en cada transferencia de USDT. El movimiento más sensible detectado hasta ahora data del 30 de enero de 2025, jornada en la que Hayden Davis transfirió exactamente 1.015.000 dólares en criptoactivos hacia esa dirección. Esa fecha no es menor: coincide con la reunión que el propio Davis mantuvo en la Casa Rosada con el presidente Javier Milei y Mauricio Novelli, apenas semanas antes del lanzamiento oficial de $LIBRA.

En simultáneo, la causa no se detiene en las fronteras argentinas. En los tribunales del Distrito Sur de Nueva York, los abogados que llevan adelante una acción paralela incorporaron pruebas frescas proporcionadas por un denunciante anónimo (whistleblower). Ese testimonio describe un entramado de manipulación de tokens y pagos a influencers orquestado por Davis en connivencia con el empresario Benjamin Chow, lo que podría reactivar el intercambio de información con la Justicia argentina y eventualmente unificar los expedientes que investigan otras criptomonedas vinculadas a la misma estructura.

Mientras el Congreso avanza con sus citaciones y el Poder Judicial define si hace lugar a las detenciones, el silencio de Novelli y Terrones Godoy se vuelve cada vez más ensordecedor. Lo que hasta hace unos meses era un proyecto tech con bendición presidencial, hoy se debate entre maniobras financieras en la frontera, billeteras electrónicas rastreables y un pedido de captura que podría ponerlos tras las rejas.

Fuente original: LA NACION, 23 de junio de 2026.

 https://www.lanacion.com.ar/politica/de-libra-al-negocio-automotor-dos-protagonistas-del-caso-rearman-su-entramado-societario-desde-la-nid23062026/

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#LIBRA #Milei #Criptoestafa #Justicia #Davis #NovelliTerronesGodoy #Investigación

Mirá el partido, pero no pierdas de vista el decreto. Mientras la Selección saltaba a la cancha, Javier Milei firmaba una de las medidas financieras más polémicas de los últimos meses. Sin conferencia de prensa, sin debate en el Congreso, el Presidente habilitó al Tesoro a tomar hasta 5.000 millones de dólares de deuda bajo una condición que duele leer: cualquier quilombo legal se resuelve en los tribunales de Nueva York, y el Estado argentino renuncia, de antemano, a la inmunidad de jurisdicción.

El Decreto 478/2026, que lleva las rúbricas de Milei, Manuel Adorni y el ministro Luis Caputo, no es un préstamo firmado, pero sí es el permiso para firmarlo. Con la excusa de bajar el costo financiero, le dieron luz verde al "Órgano Responsable de la Coordinación de los Sistemas de Administración Financiera" para cerrar acuerdos con garantías de organismos multilaterales (Banco Mundial, BID, CAF). Pero el diablo, como siempre, está en la letra chica: el decreto ordena que los contratos incluyan sí o sí la prórroga de jurisdicción a favor de los jueces de Estados Unidos.

¿Qué significa esto en criollo? Que si el día de mañana Argentina no paga, los acreedores no van a tener que pelearse con la Justicia argentina ni con el fuero Contencioso Administrativo. Van directo a Nueva York, con un juez que no le debe nada a Cristina ni a Milei, y que va a fallar a favor del que puso la guita. Encima, el Estado renuncia a la "defensa de inmunidad de jurisdicción", la herramienta clásica que usan los países para zafar de embargos cuando la cosa se pone fea.

Si La "protección" que no protege nada

El propio Gobierno sabe que está regalando la soberanía judicial, por eso metió un párrafo en el artículo 3° para hacerse el vivo: dicen que no renuncian a la inmunidad de ejecución sobre las reservas del BCRA, los bienes públicos, los servicios esenciales o el patrimonio cultural. O sea, cuidan los ahorros del Central y los cuadros de Bellas Artes, pero dejan en banda el resto del Estado. ¿Qué pasa con la recaudación futura? ¿Y con los fondos coparticipables? Esa guita queda a merced del juez de turno en Manhattan. Es una confesión de parte: saben que los juicios van a llegar, y ya están blindando lo que les importa políticamente, dejando el resto de las finanzas públicas en la picadora.

El contexto que nadie quiere mirar

La movida no es casualidad. El 9 de julio Argentina tiene un vencimiento de capital de bonos Globales y Bonares por 4.350 millones de dólares, la mayoría en manos de fondos de inversión. Con reservas líquidas que no dan abasto, el Gobierno necesita oxígeno. Pero este oxígeno viene con una soga al cuello. En lugar de renegociar en igualdad de condiciones, Milei optó por el atajo: someterse a la ley extranjera, tal como hizo en los '90 con el blindaje, y tal como nos salió carísimo en el 2001.

Los mercados festejaron con una baja del riesgo país, pero en el barrio de la economía real nadie está saltando de alegría. Históricamente, aceptar el fuero de Nueva York terminó en juicios millonarios contra el Estado (los famosos fondos buitre), embargos de buques escuela y hasta de aviones presidenciales. Hoy, Milei le está entregando la llave del candado a Wall Street antes de que termine el partido.

Lo que se viene

El decreto ya está publicado en el Boletín Oficial. Esto habilita a Caputo a cerrar las operaciones sin volver a firmar otro papel. La promesa oficial es que servirá para "reducir el costo de financiamiento", pero la realidad es que Argentina pasa a deber en dólares bajo una jurisdicción donde el 80% de las veces fallan a favor del acreedor. El Gobierno dice que es práctica estándar, pero en un país con default serial, someterse a la justicia yanqui no es una decisión técnica; es una decisión política que entrega soberanía.

¿La plata alcanza para pagar los vencimientos? Tal vez. ¿Vale la pena hipotecar la defensa jurídica del Estado por un respiro financiero? Eso, para los argentinos de a pie, queda en el aire. Mientras la pelota rueda, la deuda rueda más rápido. Y el juez que decidirá nuestro futuro ya no está en la Corte Suprema argentina; está en el bajo Manhattan, esperando el primer incumplimiento.

Fuente: Argentina Desigual, en base al Decreto 478/2026 publicado en el Boletín Oficial el 22 de junio de 2026.

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#Milei #DeudaMillonaria #JusticiaYanqui #PolíticaArgentina #Economía #ArgentinaDesigual

• El cronograma electoral 2027 en la Argentina ya tiene un actor inesperado pero de peso pesado. Peter Thiel, el multimillonario cofundador de PayPal y Palantir Technologies, aterrizó en Buenos Aires en abril pasado con su familia y una agenda que trasciende los negocios: su objetivo estratégico sería blindar al oficialismo de cara a los comicios presidenciales del año que viene, según distintas versiones que circulan en ámbitos políticos y digitales.

• La movida coincide con un informe del diario The New York Times publicado el 28 de mayo de 2026, que destapó el desembarco definitivo del magnate en territorio argentino. Thiel, cuya fortuna personal oscila entre los 9.000 y los 30.000 millones de dólares según distintas mediciones, compró una mansión de seis habitaciones en el exclusivo Barrio Parque por unos 12 millones de dólares y mantuvo reuniones de alto nivel en la Casa Rosada con el presidente Javier Milei y el jefe de la SIDE, Santiago Caputo.

El plan: datos, inteligencia artificial y estrategia electoral

El 23 de abril de 2026, Thiel se reunió en la Casa Rosada con Milei y el ministro de Economía, Luis Caputo, bajo estricta reserva. El propio Milei calificó el encuentro como "maravilloso" y reveló que la conversación giró en torno a cómo sostener en el tiempo el proyecto libertario. "Me preguntó qué estábamos haciendo para sentar las bases del liberalismo, independientemente de si yo estoy en la Presidencia o no", declaró el mandatario. Su respuesta fue contundente: "la batalla cultural es lo que garantiza el resultado a largo plazo".

Apenas 24 horas después de que el alcalde de Londres, Sadiq Khan, bloqueara un contrato de 50 millones de libras entre Scotland Yard y Palantir por fallas de privacidad, el gobierno argentino lanzó el 22 de mayo el programa "Gemelo Digital Social". Presentado por la ministra Sandra Pettovello, se trata de una plataforma de inteligencia artificial que integrará grandes volúmenes de datos personales sobre salud, movilidad y hasta participación en protestas, con el objetivo de simular escenarios sociales y predecir su impacto. La herramienta operaría bajo cuatro capacidades analíticas: descriptiva, explicativa, predictiva y prescriptiva.

La paradoja de Polymarket

El círculo financiero que orbita a Thiel también arroja datos contradictorios. Polymarket, la plataforma de apuestas políticas más conocida del mundo, cuenta entre sus principales inversores a Thiel, quien a través de su firma Founders Fund invirtió 45 millones de dólares en la compañía durante una ronda de financiación en mayo de 2024. Sin embargo, las cotizaciones actuales del mercado muestran al gobernador bonaerense Axel Kicillof como favorito para ganar las elecciones de 2027, con una probabilidad implícita cercana al 48%, mientras que Javier Milei se ubica detrás con alrededor del 44%. El mercado ya acumula cerca de 100.000 dólares apostados, una cifra que sigue creciendo.

La red intelectual que rodea a Thiel

Detrás del magnate se teje una red de influencias intelectuales y políticas que opera en Estados Unidos, Canadá y Europa, conocida como el "Círculo BAP". Entre sus figuras más visibles aparecen Bronze Age Pervert (cuyo nombre real es Costin Alamariu), Captive Dreamer y Raw Egg Nationalist: autores, conferencistas y creadores de contenido con millones de visualizaciones que vienen ganando protagonismo en los debates políticos internacionales. Gran parte de estas redes convergen alrededor del Claremont Institute, un think tank estadounidense que cuestiona aspectos del orden liberal contemporáneo.

Integrantes de este espacio participaron activamente en la difusión de contenidos durante la campaña que llevó a Donald Trump nuevamente a la Casa Blanca y respaldan la proyección política de J.D. Vance para las elecciones presidenciales de 2028 en Estados Unidos. El propio Thiel mencionó a Bronze Age Pervert en un discurso reciente.

Una alianza que despierta alertas

La llegada de Thiel y el interés de Palantir en Argentina alimentan el debate sobre soberanía, privacidad y el uso de tecnologías de inteligencia de datos por parte del Estado. Palantir, financiada originalmente por In-Q-Tel —el brazo de riesgo de la CIA—, vende herramientas de análisis de información a gran escala y sus servicios son contratados por diferentes gobiernos y ejércitos alrededor del mundo. La empresa también estuvo detrás de la captura y traslado a Estados Unidos del expresidente de Venezuela Nicolás Maduro y de los procedimientos contra migrantes por parte del ICE.

Organizaciones de derechos humanos como Amnistía Internacional ya advirtieron el posible peligro de que Palantir facilite la vigilancia masiva de los ciudadanos y se inmiscuya en futuros procesos electorales. El politólogo Gustavo Marangoni señala que "en muchos aspectos, Argentina parece estar convirtiéndose en un laboratorio, en una suerte de espacio de experimentos". El experto en inteligencia artificial Sebastián Di Doménica coincide: "Thiel está en Argentina e incluso ha tenido reuniones con Milei y con ministros, lo que genera muchos interrogantes".

Lo que está en juego

• La Argentina se perfila como el laboratorio de un experimento geopolítico donde la tecnología, los datos y el poder político se entrelazan de manera inédita. La pregunta que Thiel le planteó a Milei en la Casa Rosada —"¿cómo se sostiene esto en el tiempo?"— resuena ahora como el interrogante que atraviesa todo el tablero electoral. Mientras el oficialismo busca asegurar su continuidad más allá del 2027, la oposición y las organizaciones de derechos humanos alertan sobre los riesgos para la democracia y las libertades individuales. El desenlace de esta partida, que combina inteligencia artificial, estrategia electoral y un multimillonario con agenda propia, recién comienza a escribirse.

Fuente original: Publicaciones en redes sociales y artículos periodísticos de diversos medios nacionales e internacionales, relevados entre abril y junio de 2026.

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Dos organizaciones especializadas en derecho penal y criminalidad económica formalizaron un planteo que hasta ahora ningún otro actor de la causa había elevado: que el presidente Javier Milei sea citado a indagatoria por el delito de negociaciones incompatibles con la función pública. El pedido ingresó al juzgado federal de Marcelo Martínez de Giorgi el mismo día en que el lobista Mauricio Novelli intentó remover a los inversores querellantes, lo que expuso dos estrategias contrapuestas dentro del mismo expediente.

Se trata del Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales (Inecip) y del Centro de Investigación y Prevención de la Criminalidad Económica (Cipce), cuyos directores, Julián Alfie y Pedro Biscay, firman la presentación. Ambas entidades ya habían sido aceptadas como “amicus curiae”, figura que les permite colaborar con la Justicia sin ser parte directa del conflicto. Ahora dieron un paso más: le pidieron al magistrado que deslinde el objeto procesal y concentre la investigación sobre la conducta presidencial sin esperar que se completen otras diligencias que llevan meses trabadas.

¿Por qué piden acelerar? Porque, según advierten, las pericias sobre la trazabilidad de los fondos continúan demoradas por las limitaciones técnicas y presupuestarias del Ministerio Público Fiscal, y esa parálisis podría derivar en impunidad si no se toma una decisión inmediata. Para sostener el planteo, Inecip y Cipce apelaron a estándares internacionales de lucha contra la corrupción que la Argentina está obligada a cumplir y que exigen una “debida diligencia reforzada” cuando el paso del tiempo juega en contra de la pesquisa.

En paralelo, Novelli había solicitado la exclusión de los inversores que figuran como querellantes. Su argumento fue que, a más de quince meses del lanzamiento de $LIBRA, nadie logró demostrar la existencia de una estafa ni de víctimas concretas. El lobista calificó la instrucción como un intento de convertir una pérdida especulativa en una maniobra fraudulenta sin identificar una sola afirmación falsa, un engaño típico o un perjuicio patrimonial real.

Para Inecip y Cipce, esa interpretación choca de frente con el material probatorio acumulado hasta ahora. La presentación enumera dos informes que, a su criterio, justifican que el Presidente preste declaración. El primero fue elaborado por la Dirección de Asistencia Judicial en Delitos Complejos y Crimen Organizado: al analizar los metadatos de una imagen incautada del teléfono de Novelli, los peritos encontraron un mensaje en inglés que mencionaba un acuerdo final por US$ 5 millones. Según las entidades, ese texto supeditaba parte del pago a que Milei anunciara en la red social X que Hayden Davis se convertía en su asesor, y otra parte a que ambos firmaran un contrato de asesoramiento estatal en blockchain e inteligencia artificial.

El segundo informe corresponde a la Dirección General de Cibercrimen de la Policía Federal. Sus conclusiones indican que el token $LIBRA se originó en una única billetera de la red Solana y que la totalidad de la emisión inicial quedó concentrada en esa dirección, rasgo típico de un control absoluto por parte de un solo emisor. A partir de ese hallazgo, Inecip y Cipce remarcan que la dirección del contrato que Milei publicó el 14 de febrero de 2025 no había circulado antes en foros o canales abiertos. Ese dato, sostienen, no prueba por sí solo un delito, pero configura un indicio de acceso anticipado a información que la ciudadanía no poseía y que el juez está obligado a esclarecer.

El fiscal Eduardo Taiano y el juez Martínez de Giorgi deberán resolver si aceptan el pedido de indagatoria o si, por el contrario, consideran que todavía resta producir pruebas antes de dar ese paso. Mientras tanto, la causa suma una tensión institucional que la coloca en un terreno poco transitado por la Justicia argentina: la posibilidad de que un presidente en funciones declare como imputado por hechos ocurridos durante su propio Gobierno.

Fuente: Hugo Alconada Mon, LA NACION, 18 de junio de 2026.

https://www.lanacion.com.ar/politica/caso-libra-dos-entidades-piden-que-se-indague-a-milei-por-negociaciones-incompatibles-con-la-funcion-nid18062026/

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#CasoLIBRA #JavierMilei #Criptomonedas #JusticiaArgentina #DelitosEconómicos #Transparencia

La causa que investiga al exdiputado nacional José Luis Espert por lavado de dinero sumó este miércoles un avance significativo. El fiscal federal de San Isidro, Fernando Dominguez, solicitó formalmente que el economista sea citado a indagatoria, al igual que el contador Mariano Cosentino y los representantes de la empresa Varianza, señalada como la posible estructura societaria utilizada para mover los fondos bajo sospecha. El juez Lino Mirabelli todavía no fijó las audiencias, pero ya tomó una decisión que limita los movimientos del dirigente: dispuso una medida de no innovar sobre los bienes de Espert, su esposa y el hijo de ella, que les impide vender, transferir o modificar su patrimonio mientras avanza la investigación.

El magistrado quiere ir paso por paso y con las pruebas ordenadas. Por eso, antes de resolver las indagatorias, sumó al expediente una instrucción concreta: que se incorporen todos los audios intercambiados entre las personas investigadas y que se analicen en detalle los correos electrónicos que puedan reconstruir cómo se movió el dinero. En un tramo de la resolución a la que accedió El Destape, Mirabelli pidió examinar las comunicaciones "que hayan mantenido presuntamente José Luis Espert, Mariano Cosentino, Mercedes Armendares y/o Fernando Escobar, entre sí o con terceras personas, durante el espectro temporal de interés", y sumar aquellas que resulten útiles para la pesquisa.

Un financista detenido y una campaña bajo la lupa

El eje de la causa es el vínculo de Espert con Fred Machado, un empresario que hace más de seis meses está preso en Estados Unidos después de declararse culpable de fraude y lavado de dinero ante la justicia de ese país. Fue el propio Machado quien admitió haber financiado la campaña presidencial que Espert encabezó en 2019. No solo aportó efectivo: también le facilitó dos aviones de su propiedad, una camioneta y otros recursos.

La investigación comenzó a tomar forma en septiembre del año pasado, cuando los investigadores detectaron el ingreso de al menos 200.000 dólares desde una cuenta bancaria estadounidense que, según la fiscalía, está directamente vinculada a Machado. A partir de esa pista, Dominguez empezó a seguir el rastro de otras operaciones: movimientos por 135.000 dólares, 230 millones de pesos, compras de inmuebles y la adquisición de vehículos de alta gama que, para los investigadores, no se explican con la evolución patrimonial anterior del exdiputado.

La revelación del caso tuvo un costo político inmediato. La información se hizo pública apenas veinte días antes de las elecciones legislativas de 2025, y la presión mediática y partidaria forzó a Espert a renunciar a su candidatura como primer diputado nacional de La Libertad Avanza en la provincia de Buenos Aires. Era una de las figuras de mayor peso simbólico para el oficialismo: apenas unos meses antes, en junio de 2025, había sido el encargado de presentar el proyecto de ley de Inocencia Fiscal que finalmente se sancionó con el apoyo de los bloques aliados al Gobierno.

El pedido de "inocencia fiscal" que ahora lo alcanza

Esa misma ley volvió a cobrar notoriedad en los últimos días, cuando trascendió que una extensa lista de funcionarios del Ejecutivo iniciaron los trámites para acogerse a sus beneficios. Entre ellos figuran el jefe de Gabinete, Manuel Adorni —sacudido por un escándalo de enriquecimiento ilícito— y el propio Espert. El régimen permite sincerar incrementos patrimoniales de ejercicios fiscales ya cerrados mediante una simple declaración de ingresos, sin necesidad de justificar el origen de los fondos.

La paradoja es elocuente: quien impulsó la norma con el argumento de "blindar al ciudadano de bien que ahorró y preservó su ahorro del descalabro de la casta política, para que tenga la posibilidad de formalizar ese ahorro sin que lo persiga el fisco" ahora busca protegerse con esa misma herramienta mientras la justicia penal intenta determinar si ese ahorro que se quiere blanquear fiscalmente fue posible gracias a una maniobra de lavado.

Mientras el pedido administrativo de Espert sigue su trámite, en el expediente penal los tiempos los maneja Mirabelli. La causa ya tiene los bienes del exlegislador inmovilizados, la confesión de Machado en Estados Unidos y una serie de comunicaciones pendientes de análisis que pueden ser determinantes para definir si el financista fue un simple aportante de campaña o la pata local de un circuito de dinero sucio.

Fuente: El Destape web, 17 de junio de 2026.

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Mauricio Novelli eligió un momento de máxima atención pública para mover una ficha decisiva en la causa que lo tiene como protagonista. Horas antes del debut de la selección argentina en el Mundial 2026, el lobista presentó un escrito de 46 páginas donde pide que la Justicia aparte del expediente a los inversores que motorizan la investigación por el lanzamiento y derrumbe del token $LIBRA. Si el planteo prospera, la pesquisa perderá a quienes vienen empujando medidas de prueba, solicitando indagatorias y manteniendo viva la hipótesis de una estafa millonaria.

El argumento central es técnico pero contundente: pasaron más de quince meses de instrucción y, según la defensa, no aparece ningún elemento que encaje en la definición penal de estafa. Novelli planteó una "excepción de falta de acción" y sostiene que la causa se transformó en un intento de convertir pérdidas especulativas en un fraude, sin identificar una sola afirmación falsa concreta, un error inducido ni víctimas que hayan sido engañadas en términos jurídicos. El texto lleva la firma de su abogado, Daniel Rubinovich.

La mira está puesta sobre cinco nombres: Juan Marchetto, Alan Vega, Matías Paris, Braian Quintero y Martín Romeo —este último vocero de más de 200 damnificados ante la comisión investigadora de Diputados—. Todos ellos fueron aceptados como querellantes en una etapa inicial del proceso. Novelli reconoce esa admisión pero la califica de provisoria: dice que la Cámara Federal los habilitó cuando no podía descartarse una hipótesis delictiva, y que hoy, con el expediente avanzado, esa posibilidad se desvaneció sin que apareciera ninguno de los elementos típicos de la estafa: engaño, error, disposición patrimonial y perjuicio causalmente vinculados.

La defensa de Milei y la naturaleza del token

El escrito también blinda al presidente Javier Milei. La defensa de Novelli analiza el posteo que el entonces mandatario hizo en X con el código alfanumérico para adquirir la memecoin y lo desliga por completo de cualquier maniobra engañosa. "Los querellantes no explican qué representación patrimonial falsa habría generado en ellos, ni cómo habría determinado su conducta ulterior", sostiene el texto presentado. La defensa subraya que ese mensaje tuvo contenido político y no constituyó una recomendación de inversión ni incluyó promesas de rentabilidad.

Rubinovich lo sintetizó con una distinción de fondo: una cosa es que una publicación genere atención pública o impacto político, y otra completamente distinta es que configure una maniobra engañosa jurídicamente apta para provocar que alguien ponga plata. "La confusión entre ambos planos atraviesa buena parte de las acusaciones", remató.

La estrategia se apoya en la naturaleza misma de $LIBRA: un activo descentralizado, no regulado y de volatilidad extrema, donde —plantea la defensa— no rige el principio de confianza de los mercados tradicionales sino el de "autorresponsabilidad" de quien decide apostar. Para reforzar ese punto, el escrito detalla el perfil de los querellantes: Vega operó seis veces con una billetera Phantom, Marchetto compró por unos 950 dólares mediante Jupiter, Quintero declaró estar en el mundo cripto desde 2016 y Paris operaba en la sección de alta volatilidad de Ripio. No eran principiantes, sugiere la defensa, y eso vuelve menos plausible que hayan sido inducidos a error.

El desplazamiento hacia delitos de la administración pública

El abogado remarcó además un giro en el expediente: varios querellantes fueron desplazando su reclamo hacia la figura de negociaciones incompatibles con la función pública. El dato más concreto es que el propio Marchetto pidió en marzo de este año citaciones a indagatoria exclusivamente por esa figura, ya no por estafa. Para Rubinovich, ese corrimiento elimina el presupuesto que justificaba la intervención de los querellantes como damnificados directos.

Sobre la figura del "rug pull" —esa maniobra donde los desarrolladores inflan artificialmente el precio y luego retiran todo dejando a los compradores con pérdidas—, Novelli la niega de plano. Argumenta que los impulsores del proyecto están identificados, que el token siguió operativo y que incluso se creó un fideicomiso para canalizar fondos. Sostiene también que una caída de cotización no convierte por sí sola una inversión fallida en delito penal, sino que forma parte de la lógica de mercados altamente especulativos.

Un antecedente que pesa

No es la primera vez que el lobista intenta sacar a los inversores del expediente. Ya en 2025 lo había planteado y el rechazo fue en cascada: la Cámara Federal confirmó la participación de los querellantes y el caso llegó hasta la Corte Suprema, que dejó firme esa decisión. Ahora insiste con el argumento de que aquella admisión inicial "jamás implicó una validación definitiva".

La pelota queda en manos del juez federal Marcelo Martínez de Giorgi, que deberá correr traslado al fiscal Eduardo Taiano antes de resolver. De fondo, la causa intenta determinar si el episodio que movilizó a unas 74.000 personas, con ganancias millonarias para nueve cuentas fundadoras que retiraron alrededor de 286 millones de dólares y pérdidas para miles de inversores, fue un negocio especulativo que salió mal o una maniobra fraudulenta con responsables identificables. La respuesta, por ahora, sigue en manos de la Justicia.

Fuente: La Nación, 17 de junio de 2026.

Link: https://www.lanacion.com.ar/politica/caso-libra-mauricio-novelli-pide-excluir-a-los-inversores-que-impulsan-la-investigacion-penal-y-nid17062026/

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#CasoLIBRA #MauricioNovelli #Criptomonedas #JusticiaArgentina #Estafa #JavierMilei

El abogado Andrés Gil Domínguez, especialista en derecho constitucional, presentó este miércoles una acción declarativa de inconstitucionalidad contra el artículo 11 del decreto 467/2026 del Poder Ejecutivo. La presentación, ingresada en el fuero federal, busca frenar la norma que modificó de raíz el histórico decreto 222/2003, el régimen que desde hace más de veinte años ordenaba cómo el Presidente de la Nación debía proponer a los candidatos para integrar el máximo tribunal.

El planteo judicial sostiene que la reforma convierte el proceso de nominación en un mecanismo “más cerrado y opaco”, al eliminar dos pilares que garantizaban apertura y control social: la obligación de tener en cuenta la diversidad de género, la especialidad jurídica y la procedencia federal de los postulantes, y la instancia en la que ciudadanos, colegios profesionales, universidades y organizaciones sociales podían hacer observaciones sobre los aspirantes antes de que el Ejecutivo girara los pliegos al Senado.

Para Gil Domínguez, la modificación implica una “regresión normativa” que restringe derechos de participación democrática, petición y deliberación, y desprotege el derecho a la no discriminación por motivos de género en el acceso a la Corte. “La integración de la Corte Suprema de Justicia de la Nación no puede ser el resultado de una decisión presidencial cerrada, opaca o inmune al escrutinio público, sino que debe estar precedida por reglas de apertura, publicidad, participación, control social y justificación institucional”, argumentó en el escrito al que accedió este medio.

El decreto 467/2026, firmado en las últimas semanas, derogó puntualmente las disposiciones que desde 2003 obligaban a que la presidencia considerara criterios de equilibrio regional, especialidad en distintas ramas del derecho y paridad de género al momento de armar la lista de candidatos. Esa exigencia funcionaba, según el demandante, como una acción positiva para corregir una desigualdad histórica: entre 1863 y 2005 la Corte estuvo compuesta casi exclusivamente por varones. Ahora, sin ese parámetro, advierte que se habilita un retroceso “constitucionalmente inadmisible”.

La presentación también objeta la supresión del mecanismo de observaciones ciudadanas. La norma original permitía que cualquier persona u organización presentara por escrito opiniones, adhesiones o cuestionamientos sobre los candidatos antes de que el Presidente definiera la propuesta final. El Gobierno justificó esa eliminación con el argumento de que el Senado ya realiza un control durante el tratamiento de los pliegos. La demanda rechaza esa lectura: “No existe duplicación, sino complementariedad”. Para el constitucionalista, una cosa es controlar la formación de la propuesta y otra, controlar la prestación o denegación del acuerdo legislativo. “Suprimir esa instancia importa desplazar a la ciudadanía del momento en que la decisión comienza a configurarse”, remarcó.

Con el nuevo esquema, la selección de los integrantes de la Corte quedaría en manos de una discrecionalidad presidencial sin la obligación de pasar por ese filtro público previo. Gil Domínguez lo definió como un retroceso desde “un modelo de nominación presidencial abierta hacia un modelo de nominación presidencial cerrada; desde una discrecionalidad reglada por transparencia hacia una discrecionalidad liberada de control ciudadano previo”.

Además de pedir la declaración de inconstitucionalidad, el abogado solicitó una medida cautelar urgente para que se suspenda la aplicación del artículo 11 del decreto mientras se tramita el expediente. La urgencia se apoya en un riesgo concreto: que el Poder Ejecutivo avance con nuevas designaciones para cubrir vacantes bajo las nuevas reglas antes de que la Justicia resuelva el fondo de la cuestión. “Participar después de cerrado el momento institucional relevante equivale a no participar eficazmente”, sostuvo.

El debate de fondo toca uno de los dispositivos más sensibles del sistema republicano argentino: cómo se elige a quienes ocupan el tribunal que controla los actos de los otros poderes y define derechos fundamentales. En los últimos años, la legitimidad de la Corte se puso a prueba en contextos de fuerte tensión política, y cualquier modificación en su proceso de integración genera impacto inmediato en la confianza ciudadana sobre el Poder Judicial.

La resolución que tome la justicia federal no solo definirá si el nuevo decreto sigue vigente o se frena de manera provisoria, sino que pondrá a prueba los límites que la Constitución impone a la facultad presidencial de nombrar jueces cuando esa potestad se ejerce sin contrapesos de transparencia y participación social. Mientras el expediente avanza, queda abierta la discusión sobre si la Argentina se mueve hacia una mayor apertura o vuelve a un esquema en el que la integración de la Corte se decide a puertas cerradas.

Fuente: APF Digital, 17 de junio de 2026.

https://www.apfdigital.com.ar/noticias/2026/06/17/460057-presentan-una-accion-judicial-para-frenar-el-decreto-que-cambio-las-reglas-para-nombrar-jueces-de-la-corte

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A veces las películas de mafiosos parecen exageradas. Pero la realidad argentina muestra que la ficción se queda corta, sobre todo cuando los que tienen que cuidarnos terminan jugando para el otro bando. El caso del prefecto Gustavo Vargas, un ayudante de tercera de la Prefectura Naval que trabajaba en Inteligencia, expone cómo funciona en la frontera norte una matriz de impunidad que castiga a los oficiales honestos mientras protege el negocio del narcotráfico.

Desarrollo de los hechos:

Todo comenzó durante una recorrida en lancha por la Isla Pacurí, en el río Paraná, en la provincia de Corrientes. El grupo de patrullaje divisó un campamento clandestino. Allí encontraron a Federico “Morenita” Marín, un capo narco de Itatí que manejaba el tráfico de toneladas de marihuana y cocaína. Junto a él había armas, documentación falsa, droga y una agenda personal. En esa libreta, Marín anotaba nombres y apodos de supuestos uniformados cómplices. Aparecían frases como “gendarme amigo de Hilda”, “gendarme hermano de Bola Valencia” y también el nombre del ayudante de segunda Luis Aguirre, miembro de la propia Prefectura.

La reacción institucional fue reveladora. A Luis Aguirre no lo echaron ni lo procesaron. Lo jubilaron con retiro obligatorio. Tiempo después fue detenido manejando una camioneta con once kilos de marihuana, pero siguió en libertad. Para Vargas, en cambio, el hallazgo de la libreta fue el comienzo de una pesadilla. Según declaró más tarde, sus propios compañeros le advirtieron que se sacara “el chip de policía” porque, de lo contrario, le iba a ir mal dentro de la institución.

Y así fue. Cuando Vargas elevó sus denuncias ante el entonces jefe de Inteligencia de Posadas, el prefecto mayor Rubén Farrus, la respuesta fue desprecio y silencio. Lo trasladaron a Puerto San Julián y después a Aguas Blancas, en la frontera con Bolivia. Allí descubrió que la corrupción se repetía. Algunos jefes definían la zona como una “mina de oro”. Vargas denunció maniobras de apropiación de mercadería secuestrada y llegó a fotografiar cómo se trasladaban bienes desde los depósitos oficiales.

Cuando decidió denunciar esos hechos, la respuesta institucional fue inmediata: le abrieron sumarios administrativos, le intervinieron las comunicaciones personales y lo mantuvieron cuarenta y cinco días arrestado. Antes de terminar preso por denunciar, había coordinado una reunión con el jefe del área, Guillermo Jiménez Pérez. Allí le expuso que el contrabando y el narcotráfico existían por la connivencia entre distintas fuerzas de seguridad.

Contexto clave:

El operativo que había puesto al descubierto esta trama se llamó Sapucay. Incluyó la detención del intendente y el viceintendente de Itatí, además de setenta arrestos. A “Morenita” Marín lo condenaron a doce años de prisión, pero la Justicia le otorgó el beneficio de la prisión domiciliaria. Más tarde escapó durante una salida médica. En un documento fílmico de su arresto original, se observa que los uniformados lo trataban como si fuera el jefe, lejos de ponerle las esposas.

Impacto real y persecución:

El abogado de Vargas, el exprefecto Juan Saucedo, sostuvo que su cliente cometió el pecado de enfrentar a sus superiores. La respuesta que recibió fue que “haga la plancha” y una advertencia: podían enviarlo a miles de kilómetros de su hogar. Hoy Vargas presta servicios en Bahía Blanca, lejos de su familia.

Pero el hostigamiento fue más allá del plano laboral. Saucedo denunció que desde la delegación de Inteligencia de Itatí habrían planeado montar un procedimiento en la casa de la madre del prefecto para involucrarla en una causa por drogas. Según el abogado, los métodos utilizados replican los códigos de las organizaciones mafiosas: o les sacan dinero, o les roban, o los involucran con droga para obligarlos a callar.

Toda la responsabilidad de estas maniobras apunta al prefecto nacional naval Guillermo Jiménez Pérez, a quien se le atribuye haber montado una red de contrainteligencia destinada a silenciar al personal subordinado que intentaba actuar conforme a la ley. La causa por amenazas coactivas y persecución se tramita en el Juzgado Federal de Orán.

Cierre abierto:

La investigación del periodista Tomás Méndez, publicada en Confidencial.ar, concluye que los mecanismos de control no fallan por negligencia. Operan para proteger el negocio ilegal. Cuando las fuerzas encargadas de custodiar las fronteras replican las lógicas de las organizaciones criminales, la estructura se invierte: no se expulsa al delincuente, se destierra al honesto. El costo final de este sistema lo pagan las familias destruidas por la adicción, los jóvenes abandonados y una sociedad que mira cómo el narcotráfico avanza mientras quienes se animan a denunciar quedan a merced de las mismas estructuras que deberían protegerlos.

Fuente original: Confidencial.ar

Enlace: https://confidencial.ar/nota/1686/complicidad-narco-la-trama-de-las-fuerzas-de-seguridad-para-silenciar-las-denuncias/

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Pasaron más de quince meses desde el estallido del escándalo de la criptomoneda $LIBRA, que en febrero de 2025 dejó pérdidas por más de 250 millones de dólares entre pequeños y grandes inversores. Y la causa penal que investiga a Javier Milei, a su hermana Karina, al empresario estadounidense Hayden Davis y a otros acusados sigue sin encontrar una salida. En las últimas semanas, un nuevo intento por cerrar el caso sin condenas comenzó a gestarse, esta vez impulsado por el abogado mediático Fernando Burlando.

El letrado recorrió los tribunales federales de Comodoro Py y sondéo los pasillos del poder con una idea precisa: usar la figura de “reparación integral del daño” que prevé el Código Penal. Si los responsables pagan una indemnización que cubra la totalidad del perjuicio económico a los damnificados, la acción penal podría extinguirse. Pero el plan se estrelló casi de inmediato.

El primero en cerrarle la puerta fue el fiscal federal Eduardo Taiano, quien tiene a su cargo la investigación. Burlando se acercó a su despacho y no logró siquiera que lo atendieran. “Fuimos a consultar al fiscal y ni nos atendió”, admitió el abogado ante sus allegados, según reconstruyó el diario LA NACION a partir del testimonio de cinco fuentes oficiales y privadas. En los pasillos judiciales, Burlando ya se refiere a Taiano como “el fiscal anti víctimas” por su negativa a recibir a los damnificados por el colapso de la criptomoneda.

Dos obstáculos que frenan cualquier acuerdo

Pero más allá de la resistencia del fiscal, el intento de Burlando chocó con dos condiciones de fondo. La primera: Hayden Davis, el empresario estadounidense que participó del lanzamiento de $LIBRA, sostiene —a través de sus abogados— que no hubo fraude. Sin reconocer el ilícito, difícilmente acceda a resarcir a los inversores. La segunda: cualquier arreglo que involucre una reparación económica exigiría que antes sean exculpados el presidente Javier Milei y su hermana Karina, ambos imputados en la causa.

Esa última condición no es menor. Fuentes oficiales consultadas por LA NACION recordaron que el Código Penal no permite la extinción de la acción penal por reparación integral del daño cuando hay funcionarios públicos imputados en el expediente. Y en esta causa, los Milei están en esa lista, junto con el empresario Mauricio Novelli y el financista Manuel Terrones Godoy, entre otros.

El actual viceministro de Justicia, Santiago Viola, ya había marcado el terreno el año pasado durante un intento similar. Según reveló LA NACION en noviembre pasado, Viola transmitió como condición innegociable que, para que una salida de ese tipo prospere, las querellas deben primero despegar a Javier y Karina Milei de la investigación.

El problema de la representación y el “fronting”

A los escollos legales se suma una dificultad práctica: Burlando no habla en nombre de todos los damnificados. El expediente penal contempla al menos dos grupos de inversores, y el patrocinio del abogado mediático es cuestionado por algunos de ellos. “En algún momento lo habían sacado, no sé si lo volvieron a poner”, admitió una fuente oficial al tanto de los vaivenes.

Burlando, por su parte, insiste en que los acusados no dimensionan la gravedad del asunto. “Hay corrupción en el caso $LIBRA, pero antes aparece la defraudación, el daño patrimonial”, les planteó a los damnificados. Y agregó: “Para mí, los acusados no entienden la gravedad del tema, porque si no esto ya lo hubiesen salido a arreglar”. El abogado califica esa actitud como una “miopía” difícil de comprender.

Del lado de las defensas, la postura de Davis es tajante. Sus abogados sostienen que probar un fraude será muy difícil y que, por lo tanto, el empresario estadounidense no tendría obligación de resarcir a nadie. Sin esa voluntad, la fórmula de la reparación integral pierde su motor. “Ni siquiera los privados se interesaron. Podría venir Hayden Davis, podría venir Novelli a decir ‘bueno, arreglemos esto’. Tranquilamente. De parte de ellos, hasta ahora nada”, reconoció el propio Burlando.

Tres intentos fallidos y un mismo problema

Este es el tercer intento por cerrar el caso $LIBRA en la Argentina. El primero ocurrió en junio de 2025, cuando la defensa de Davis sondéo la posibilidad de depositar cerca de 100 millones de dólares en una cuenta judicial para extinguir la acción penal. El segundo fue una audiencia de mediación civil que mantuvieron los abogados Nicolás Oszust y Agustín Rombolá —que representan a más de treinta inversores con pérdidas superiores a los 4,5 millones de dólares— con letrados de Novelli, Terrones Godoy y el ex asesor de la CNV Sergio Morales. Esa audiencia también quedó trunca. En ese contexto, un colaborador de Burlando incluso sondéo sin éxito al abogado penalista de Davis en Buenos Aires, Marcos Salt.

El denominador común de los tres intentos es el problema del “fronting”: nadie quiere asumir formalmente la reparación ante los inversores y la Justicia, ni dar la cara por el dinero a repartir. En las conversaciones llegó a barajarse la posibilidad de que una plataforma del mercado cripto actuara como intermediaria, pero la propuesta generó rechazo por los riesgos legales y reputacionales.

Una advertencia con fecha electoral

Burlando, mientras tanto, sostiene que el tiempo juega en contra del Gobierno. “Si yo fuese operador de Gobierno, salgo a arreglarlo inmediatamente”, afirmó. Y dejó una advertencia con fecha concreta en el horizonte: “Si pierden las elecciones de 2027 por este tema, van todos presos”.

Por ahora, el fiscal Taiano no da señales de querer recibir a los damnificados, y el juez federal Marcelo Martínez de Giorgi —que estaba de licencia cuando Burlando hizo su movida— aún no ha impulsado ninguna salida de este tipo. La causa sigue abierta, con más de 250 millones de dólares en pérdidas, inversores frustrados y un laberinto judicial que, por tercera vez, no encuentra la puerta de salida.

Fuente original: LA NACION, 15 de junio de 2026 –

Enlace: https://www.lanacion.com.ar/politica/caso-libra-un-nuevo-intento-por-cerrar-la-causa-penal-en-la-argentina-choca-con-desconfianzas-y-nid15062026

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