Ayer, la Cámara de Diputados dio media sanción a un paquete de leyes que redefine la arquitectura financiera del país. Entre la cortina de humo sobre la "autonomía" del Banco Central y una nueva amnistía fiscal, el oficialismo lanzó un anuncio que busca copar los titulares: 2 billones de pesos provenientes de los fondos de los trabajadores (FGS) se inyectarán en la banca para otorgar créditos hipotecarios. La promesa suena a salvavidas para el déficit habitacional. La realidad, enterrada en la letra chica técnica, revela un mecanismo diseñado para subsidiar crédito exclusivamente al decil de mayores ingresos, dejando a los sectores más vulnerables completamente fuera de la ecuación.

Analicemos los números fríos. El Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS), nacido de la estatización de las AFJP, acumula alrededor de 1,9 billones de pesos, mayormente en plazos fijos. La administración planea desviar 2 billones de esa masa para respaldar nuevos préstamos hipotecarios ajustados por UVA con una tasa base del 7,5%. En el papel, esto se traduce en unas 17.000 a 18.000 "soluciones habitacionales". Pero aquí está la trampa: para acceder a un crédito de aproximadamente 80.000 dólares, el sistema bancario exige que la propiedad tenga un valor superior a los 100.000 dólares. Para calificar, una familia debe acreditar un ingreso formal en blanco que supere los 3 millones de pesos mensuales y estar al día con las ganancias. No estamos hablando de vivienda social. Estamos hablando de financiar departamentos de dos ambientes en zonas específicas de la Ciudad de Buenos Aires o del primer cordón del conurbano para parejas profesionales de altos ingresos.

Esta maniobra no ocurrió en el vacío. Para asegurar los 144 votos necesarios para reformar la Carta Orgánica del Banco Central, el Ejecutivo activó un clásico trueque político. Bloques provinciales cambiaron su apoyo por declaraciones simbólicas y hiperlocales: Salta como "capital del cerdo negro", Misiones consiguiendo una reducción del IVA para la harina de mandioca y Corrientes asegurando el título de "capital nacional de la bubalina". A cambio, el Gobierno obtuvo un marco legal que le permite al Banco Central usar sus reservas como garantía para tomar nueva deuda (operaciones repo), atando de manos a cualquier futura administración. En paralelo, la "Inocencia Fiscal 2" fue ajustada de último momento para excluir a funcionarios y exfuncionarios públicos de blanquear sus patrimonios, un gesto de elemental decencia tras la primera versión que abría la puerta al lavado de dinero de la política.

Mientras el Gobierno celebra esta gota en el océano, la realidad cotidiana de millones de argentinos es una trampa de deuda. El propio Banco Central reconoce que 5.800.000 personas están en mora por más de 45 días. Sin embargo, voces del oficialismo, como el presidente de la Comisión de Presupuesto, Benegas Lynch —quien antes de ser diputado trabajaba en el área de riesgo crediticio de un banco español—, desestiman esta crisis con mitos urbanos, alegando que la gente dejó de pagar porque compró televisores para el Mundial y se deprimió al no salir campeones. Este relato ignora las tasas usurarias que los bancos aplicaron desde que el DNU 70/2023 les dio luz verde para cobrar lo que quisieran. El nuevo plan hipotecario no hace nada por esos 5,8 millones de endeudados ni resuelve el déficit de un millón de viviendas. Simplemente ofrece una ventaja a quienes ya tienen el perfil financiero que la banca confía, por lo que es altamente probable que las entidades terminen prestándole solo a sus propios clientes fidelizados de larga data.

La inyección de fondos del FGS en el mercado inmobiliario trae aparejado un efecto secundario previsible: cuando el crédito fluye, los propietarios y desarrolladores ajustan los precios hacia arriba anticipando la nueva demanda. Una propiedad que valía 100.000 dólares puede pasar a valer 120.000 en cuestión de semanas, absorbiendo el mismo beneficio que el préstamo intentaba otorgar. Mientras la batalla legislativa avanza hacia el Senado, el país queda frente a una encrucijada. Por un lado, un sistema financiero que sigue extrayendo riqueza de las clases medias y trabajadoras endeudadas. Por el otro, una oposición diversa que recientemente demostró poder reunir 133 votos para forzar debates sobre el desendeudamiento y la prórroga de la emergencia en discapacidad, marcando un límite a la discrecionalidad del Ejecutivo.

Si esta situación te toca de cerca, si contás con documentos de entidades bancarias, contratos abusivos o una denuncia sobre cómo se están gestionando estos fondos, desde Argentina Desigual queremos escucharte. Tu información es clave para seguir poniendo luz donde hace falta.

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Fuente: Del Plata AM 1030 (RPM con Rolando Graña), 27 de agosto de 2026.

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#CréditosHipotecarios #FGS #EconomíaArgentina #DeudaBancaria #ArgentinaDesigual #Vivienda

Luis Caputo salió este miércoles al Palacio de Hacienda a poner en marcha una maquinaria que toca el nervio más sensible de la economía doméstica: utilizar el Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) de la ANSES como motor de nuevos créditos hipotecarios. Lo hizo con una frase que retumba en los pasillos de la Casa Rosada y que, según marca la propia agenda política, contradice abiertamente los lineamientos defendidos por la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei. El ministro aseguró que esta medida "hace a la justicia social".

Acompañado por el vicepresidente segundo del Banco Central, Baltasar Romero Krause, y el director general del FGS, Juan Cruz Micele, Caputo detalló un operativo que no es un regalo, sino un engranaje financiero de precisión. El Estado no comprará las hipotecas directamente, un escenario que el mismo ministro había descartado semanas atrás. En su lugar, montará un programa de licitaciones por 2 billones de pesos. En cada ronda, se pondrán en juego 200.000 millones de pesos. Los bancos que ganen la puja recibirán esos fondos como un depósito a plazo fijo en pesos, ajustable por UVA más un rendimiento extra: un piso de 2,50 puntos si el plazo es a un año, o de 4,50 puntos si se extiende a cinco años.

• ¿Por qué el gobierno recurre a esta ingeniería? La respuesta es cruda: el mercado de capitales argentino está seco para prestar a 15 o 20 años. Los bancos reciben depósitos a corto plazo y se niegan a prestar a largo plazo por el riesgo. Caputo usa entonces la caja de la ANSES, que hoy supera los 70.000 millones de dólares, como un puente transitorio. Para calmar las aguas, el titular de Economía garantizó que "el FGS no corre ningún riesgo", ya que el dinero sigue siendo un activo del fondo y es el banco adjudicatario el que asume el riesgo de que el ciudadano pague o no la cuota.

Pero, ¿qué significa esto para tu bolsillo y tu futuro? Si buscás tu primera vivienda, el programa te ofrece un techo: podrás pedir hasta 150.000 UVA (unos 250.000 dólares al tipo de cambio actual), con una tasa máxima de UVA más 7,50 puntos y un plazo mínimo de devolución de 15 años. El gobierno estima que esto daría techo a unas 17.000 familias. Ahora bien, para el trabajador que hoy descuenta o el jubilado que depende de ese sistema, implica que una porción de su red de seguridad futura queda expuesta a la salud del sistema bancario y a la capacidad de pago de los nuevos deudores en una economía volátil. Ninguna entidad financiera podrá absorber más del 20% de una licitación, y tendrá 90 días corridos para transformar ese depósito en un crédito real.

Lo que queda en juego a partir de esta definición no es solo la reactivación del ladrillo, que el gobierno busca impulsar junto a los préstamos en dólares para empresas. Queda en juego la naturaleza misma de la reserva previsional. Transformar el FGS en una herramienta de política habitacional puede destrabar créditos hoy, pero reabre el debate histórico sobre hasta qué punto es legítimo usar el ahorro de los trabajadores para resolver las fallas estructurales del sistema financiero privado. La etiqueta de "justicia social" ya fue estampada en el expediente; el tiempo y las cuotas determinarán si fue una solución real o un riesgo transferido.

Si esta situación te toca de cerca, si contás con videos, documentos o una denuncia sobre cómo se gestionan estos fondos o cómo impactan en tu comunidad, desde Argentina Desigual queremos escucharte. Tu información es clave para seguir poniendo luz donde hace falta.

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Fuente: El Diario AR, 26 de agosto de 2026

Enlace: https://www.eldiarioar.com/economia/luis-caputo-anuncia-nuevos-creditos-hipotecarios-frase-contradice-milei-justicia-social_1_13468396.html

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#EconomíaArgentina #Jubilaciones #CréditosHipotecarios #ArgentinaDesigual #FGS #PolíticaEconómica

El miércoles 19 de agosto, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos ejecutó una jugada que no figuraba en sus planes: duplicó de golpe la compra de sus propios bonos a largo plazo, pasando de 2.000 a 4.000 millones de dólares por operación. No se trató de un ajuste técnico de rutina. Fue una intervención de emergencia lanzada a propósito en el día de menor actividad bursátil del verano, diseñada para frenar en seco una fuga de confianza que ya tiene a los mercados en alerta máxima. Aunque suene a un problema exclusivo de Wall Street, el mecanismo que se activó allí termina repercutiendo de forma directa en el costo de vida de cualquier familia, incluida la tuya.

• El detonante de esta movida fue contundente. El martes 18 de agosto, el rendimiento de los bonos del Tesoro a 30 años escaló hasta el 5,34 %, marcando su nivel más alto desde 2007. En paralelo, la deuda nacional bruta de la potencia norteamericana cruzó una barrera crítica al superar los 40 billones de dólares. Para dimensionar la velocidad de este deterioro: a Estados Unidos le llevó dos siglos acumular su primer billón, pero hoy suma esa misma cifra en menos de cinco meses. Solo en julio, el déficit presupuestario alcanzó los 432.000 millones de dólares, el cuarto más alto de su historia, agravado por más de 100.000 millones en reembolsos arancelarios tras los fallos de la Corte Suprema que anularon medidas comerciales de la administración.

Aquí es donde la maquinaria financiera empieza a mostrar sus grietas. El gobierno estadounidense ya destina alrededor de 1,1 billones de dólares anuales únicamente para pagar intereses de su deuda. Esto significa que hoy gasta más en financiar sus préstamos pasados que en todo su presupuesto de defensa nacional, en Medicare o en la educación pública de todo el país combinada. Ante la imposibilidad de sostener estas tasas, el Tesoro decidió intervenir comprando bonos viejos y poco líquidos (a 10 o 30 años) y reemplazándolos con deuda a corto plazo, donde las tasas son menores. En términos simples: están refinanciando deuda cara con deuda barata para evitar que el mercado siga castigando el precio de sus bonos.

Las señales de los activos refugio no tardaron en llegar. En cuestión de horas, el oro saltó casi 100 dólares la onza (superando los 4.600), la plata trepó por encima de los 69 dólares y el Bitcoin se disparó un 22 % en una sola semana, alcanzando los 77.000 dólares, mientras el índice del dólar caía por debajo de los 99 puntos. Pero más allá de los gráficos, la consecuencia real aterriza en tu hogar. Al inundar el mercado con deuda a corto plazo, las tasas de interés inmediatas enfrentan una presión al alza. Esto se traduce en cuotas más caras para préstamos con tasa variable, tarjetas de crédito y financiación automotriz. Si a esto se suma una eventual expansión monetaria del Banco Central para absorber esa deuda, el impacto se traslada directamente al precio de los alimentos, la nafta y las primas de seguros.

• Los analistas advierten que esta medida es solo un puente. La capacidad máxima de estas recompras es limitada frente a un déficit que sigue creciendo, y la presión ahora recae sobre la Reserva Federal para que termine absorbiendo esa deuda mediante la creación de nuevo dinero, probablemente bajo un eufemismo como "gestión de reservas". Mientras tanto, actores globales como China evalúan acelerar la reducción de sus tenencias de bonos estadounidenses como cobertura ante esta dinámica. El escenario que se abre en los próximos meses definirá si esta intervención logra estabilizar el sistema o si, por el contrario, confirma que el costo de mantener la deuda ya escapó a cualquier control convencional.

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Fuente original: Profesor J. Schuechin, agosto de 2026

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#EconomíaGlobal #Inflación #DeudaEstadounidense #ArgentinaDesigual #MercadosFinancieros #CostoDeVida

La Plaza de Mayo volvió a ser escenario de una protesta masiva. Esta vez, no fue por el salario o por los ajustes. Fue por las deudas. Familias enteras, pequeños comerciantes y dueños de pymes se concentraron frente al Palacio de Hacienda para denunciar lo que ya es una realidad cotidiana: el sistema financiero argentino se convirtió en una máquina de exprimir a quienes menos tienen.

Detrás de esa bronca hay números concretos. El Centro de Economía Política Argentina (CEPA) acaba de publicar un estudio que retrata la magnitud del desastre. Casi 21 millones de argentinos —más de la mitad de la población adulta— están hoy sumergidos en algún tipo de deuda bancaria o con billeteras virtuales. Y lo que antes era un problema manejable, con posibilidades de renegociación, se transformó en una espiral sin salida.

¿El motivo? Las tasas de interés que cobran bancos y prestamistas se volvieron sencillamente insostenibles. El estudio del CEPA muestra un recorrido escalofriante: lo que arranca con un Costo Financiero Total (CFT) anual de hasta el 180 por ciento —ya de por sí una locura— termina derivando en tasas que superan el 1.375 por ciento anual. Y eso cuando el deudor está dentro del sistema formal. Porque muchos terminan en manos de prestamistas informales que exigen lo que se les antoja, sin ningún tipo de regulación que los limite.

El CFT no es una sigla más. Es lo que realmente termina pagando una persona cuando pide un préstamo o compra algo en cuotas: refleja el costo final, completo, de esa deuda. Y cuando ese número se dispara, el bolsillo del laburante no da más.

La morosidad se disparó a niveles de crisis

• Los datos que maneja el CEPA son contundentes. A mayo de 2026, dentro del sistema bancario, el 73 por ciento del saldo irregular correspondía a préstamos personales y tarjetas de crédito. O sea: financiamiento para el consumo, para llegar a fin de mes, para comprar comida o pagar la escuela de los chicos.

Pero el salto más alarmante se dio en las billeteras virtuales. La morosidad de las familias con estas plataformas pasó del 7,3 por ciento en noviembre de 2024 al 30,1 por ciento en junio de 2026. Ese número perforó el récord que había dejado la pandemia, cuando en mayo de 2020 la mora había tocado el 27,1 por ciento.

Y si miramos el sistema en su conjunto —bancos más billeteras virtuales— la irregularidad alcanza el 15,5 por ciento. La mora histórica de las familias con los bancos, por su parte, trepó a los niveles más altos desde la crisis de 2001, cuando el pico llegó al 32,7 por ciento en septiembre de 2003.

• En total, hay casi 21 millones de deudores entre ambos tipos de entidades. De ellos, 5,91 millones son morosos. Los que cayeron en mora con billeteras virtuales son 2,90 millones —más de la mitad del total—, mientras que 1,66 millones deben solo a bancos y 1,36 millones arrastran deudas irregulares con ambos.

El Gobierno mira para otro lado

Mientras las familias se ahogan, desde el poder ejecutivo la respuesta es la misma de siempre. El ministro de Economía, Luis Caputo, y el presidente Javier Milei ratificaron que el sobreendeudamiento es un "problema entre privados". La postura oficial es clara: cada usuario debe hacerse cargo de sus decisiones, sin asistencia estatal ni regulación pública que limite los abusos.

Esa filosofía de no intervención choca de frente con la realidad de millones de argentinos que no pidieron créditos por capricho, sino porque necesitaban comer, pagar un alquiler o mantener el negocio a flote. La diferencia entre una tasa del 180 por ciento y una del 1.375 por ciento no es un detalle técnico: es la línea que separa la supervivencia de la quiebra.

Hay proyectos, pero falta voluntad política

En el Congreso de la Nación hay una treintena de iniciativas que buscan al menos aliviar la carga que pesa sobre familias y empresas. La más reciente la presentó Leandro Santoro en la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires. Propone un Programa de Desendeudamiento Familiar y Personal que permita refinanciar las deudas de tarjetas de crédito y préstamos personales mediante una nueva línea de crédito con tasas fijas y un tope máximo de 35 por ciento, con plazos mínimos de 24 meses para devolver el nuevo préstamo.

Pero mientras esos proyectos duermen en los cajones de los legisladores, la usura sigue su curso. La Plaza de Mayo se llenó esta semana porque la paciencia se agotó. Porque la gente ya no sabe a quién reclamarle. Porque el Banco Central no pone límites, el Gobierno dice que es un tema privado y los bancos siguen cobrando tasas que ningún bolsillo puede soportar.

Las causas de fondo: ingresos que no alcanzan

Detrás del sobreendeudamiento no hay una ola de consumismo irresponsable, como suelen insinuar algunos funcionarios del equipo económico y el propio Milei. El CEPA lo advierte con claridad: el problema es estructural. El desempleo, la caída del salario real —que desde diciembre de 2023 acumula una pérdida del 8,7 por ciento, y del 18,7 por ciento si se corrige la medición inflacionaria—, más el aumento imparable de servicios públicos, transporte, educación, atención médica, medicamentos y alimentos, han empujado a millones a endeudarse hasta para comprar comida.

Hoy, pedir un préstamo no es un lujo ni una elección. Es la única salida que le queda a quien ya no llega a fin de mes.

El impacto real: vidas rotas

Detrás de cada número hay una historia. La dueña de un kiosco que pidió un préstamo para reponer mercadería y hoy no puede pagar ni los intereses. El padre de familia que usó la tarjeta de crédito para comprar los útiles escolares y ahora la deuda se duplicó en tres meses. El joven que sacó un crédito personal para arreglar el auto y terminó embargado.

La precarización del endeudamiento no es un concepto abstracto. Es la angustia de no poder dormir, de esquivar llamados de estudios de cobranza, de ver cómo los intereses devoran el sueldo mes a mes. Y el estudio del CEPA lo confirma con datos fríos: la morosidad ya superó los picos de la pandemia y se acerca a los de la crisis del 2001. Dos décadas después, la historia se repite.

Lo que está en juego es la posibilidad de que millones de argentinos recuperen el control de sus finanzas o sigan cayendo en un pozo sin fondo. Los proyectos de ley existen. Las herramientas técnicas también. Lo que falta, parece, es la decisión política de ponerle un freno a la usura y proteger a quienes más lo necesitan.

Porque cuando el Estado se lava las manos y dice que es "un problema entre privados", lo que está haciendo es elegir un bando. Y ese bando no es el de las familias que llenaron la Plaza de Mayo.

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Fuente original: ES News, 22 de agosto de 2026

Enlace: https://es.head-post.com/index.php/2026/08/22/familias-y-empresas-de-argentina-sufren-precarizacion-del-endeudamiento/

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#DeudaUsurera #ArgentinaDesigual #EconomíaPopular #PlazaDeMayo #Morosidad #CFT

La salud de medio millón de afiliados al PAMI en la Patagonia quedó en el aire. Cuatro provincias del sur sufren desde hace días la suspensión total de la atención en clínicas privadas, una medida de fuerza que los médicos y prestadores tomaron ante la imposibilidad de seguir operando con los recursos que envía el Gobierno nacional. El conflicto no es un amague gremial: es la foto cruda de un ajuste fiscal que, desde los escritorios de la macroeconomía, termina decidiendo quién se atiende y quién no en el sistema sanitario.

Las provincias afectadas son Neuquén, Río Negro, Chubut y Santa Cruz. En cada una de ellas, los centros de salud privados cerraron la canilla de la cobertura para los jubilados. La decisión no fue política ni caprichosa. Los prestadores vienen denunciando hace meses que el congelamiento de las partidas que envía el Gobierno nacional hace inviable el servicio. Con los costos de insumos, sueldos y logística por las nubes, el dinero que gira el PAMI no alcanza ni para cubrir lo más básico.

El corazón del problema está en los números que no cierran. Mientras el Gobierno celebra la reducción del déficit macroeconómico, las clínicas de la Patagonia ven cómo sus cuentas se vuelven rojo permanente. La falta de actualización de los aranceles que paga la obra social frente a una inflación que, aunque desacelerada, sigue acumulando subas históricas, deja a los centros de salud en una asfixia financiera. No hay margen para negociar: si el costo de operar supera lo que ingresa, el servicio se corta.

Los médicos, en este escenario, no son los malos de la película. La medida de fuerza que implementaron evidencia la tensión irresoluble entre dos lógicas que chocan de frente. Por un lado, el imperativo del gobierno de ordenar las cuentas públicas y bajar el gasto. Por el otro, la necesidad de garantizar derechos esenciales como la salud a una población que ya viene golpeada por la pérdida de poder adquisitivo de sus haberes. No hay equilibrio posible cuando una de las variables se impone sobre la otra con la frialdad de un cuadro de excel.

El PAMI, como organismo, está en el medio de un fuego cruzado que no puede apagar. Depende de las partidas que envía el Tesoro nacional, y esas partidas están congeladas en el marco de la política de ajuste. Al mismo tiempo, tiene la responsabilidad legal y moral de garantizar la cobertura de sus afiliados. Pero sin fondos actualizados, la única herramienta que le queda es mirar cómo los prestadores se bajan del sistema uno tras otro. Y en la Patagonia, ese proceso ya empezó con toda su crudeza.

Lo que pasa en el sur del país no es un problema regional aislado. Es una advertencia. La Patagonia es un territorio estratégico por su peso energético y productivo, pero también es una región donde la presencia del Estado muchas veces se diluye en las distancias. En muchas localidades de esas cuatro provincias, si la clínica privada no atiende, no hay un hospital público a la vuelta de la esquina. La alternativa es viajar cientos de kilómetros o directamente quedarse sin atención. Para un jubilado con movilidad reducida o una enfermedad crónica, eso no es una opción: es una condena.

El recorte a 500.000 afiliados expone la microeconomía de los centros de salud, que son en su mayoría pymes familiares o cooperativas que no tienen espaldas financieras para aguantar meses de pérdidas. No son grandes corporaciones. Son clínicas que dependen del flujo constante de la obra social para pagar los insumos importados, los combustibles para la logística en zonas inhóspitas y los salarios de los profesionales que, como cualquier trabajador, necesitan vivir de su trabajo.

La discusión que abre este conflicto es profunda y no admite simplificaciones. ¿Cuál es el costo social que estamos dispuestos a pagar para ordenar las cuentas públicas? ¿El ajuste tiene que recaer siempre sobre los mismos sectores? Los jubilados ya soportaron la pérdida del valor de sus haberes. Ahora, encima, se encuentran con que su obra social no les cubre ni una consulta. Esa doble penalización es el síntoma más evidente de un modelo que prioriza los números fríos por encima de las personas concretas.

Desde el Gobierno nacional no hubo, hasta el cierre de esta nota, señales de una revisión de las partidas. El mensaje que baja es de continuidad con el ajuste. Mientras tanto, los gobiernos provinciales intentan parchear el desastre con recursos locales, pero ninguno tiene la capacidad financiera para reemplazar al PAMI en la cobertura de medio millón de personas. El desamparo es total y la pelota sigue en el tejado de Nación.

El escenario a futuro es incierto, pero los antecedentes no invitan al optimismo. Si este conflicto no se resuelve con una actualización urgente de los aranceles y el destrabe de las partidas, es lógico esperar que otras regiones del país sigan el mismo camino. El efecto dominó puede convertir un problema patagónico en una crisis sanitaria nacional. Y cuando la salud se rompe, no hay superávit fiscal que la repare.

Queda abierto el debate sobre el costo humano del ajuste. Los médicos, con su medida de fuerza, pusieron el dedo en la llaga. Ahora la pelota está en el tejado de quienes toman las decisiones macroeconómicas, que tendrán que definir si el orden fiscal puede convivir con la garantía de los derechos básicos o si, definitivamente, uno está dispuesto a sacrificar al otro.

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Fuente original: LOS PRIMEROS (actualizado al 19 de agosto de 2026)

Enlace: https://www.losprimeros.tv/politica/clinicas-de-cuatro-provincias-cortaran-todos-los-servicios-a-afiliados-del-pami_a6a856dcc54a9e2257c224e01

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#Jubilados #PAMI #Patagonia #AjusteFiscal #SaludPublica

Millones de personas en la Argentina abren la factura de gas, prenden una estufa o usan internet sin conocer los nombres que se disputan el control de esos servicios. José Luis Manzano y Héctor Magnetto no comparten una sociedad, pero sus intereses se cruzan en un mismo punto: negocios que dependen de millones de usuarios cautivos.

Manzano no necesita presentación para quienes siguen el poder desde los años noventa. Fue ministro del Interior durante el menemismo, dejó la política partidaria y volvió a Mendoza. Ahí empezó otra historia. Se asoció con Daniel Vila y, con los años, construyó una red que toca medios, energía, minería y otros sectores estratégicos.

Una frase que se le atribuye marca la ambición de aquella etapa: “Nosotros tenemos que ser como los oligarcas rusos”. No figura en un expediente judicial, pero funciona como radiografía del camino que vino después.

El avance más visible está en los servicios públicos. Junto a Vila y Mauricio Filiberti, Manzano quedó vinculado al control de Edenor, la distribuidora eléctrica más grande del país. Después sumó Metrogas, al comprar la participación que estaba en manos de YPF.

Metrogas no es una compañía menor. Abastece a 2,5 millones de clientes residenciales en el Área Metropolitana de Buenos Aires: unos siete millones de personas. Durante el segundo trimestre de 2026, la empresa declaró ganancias por aproximadamente 50.100 millones de pesos y una rentabilidad operativa 66 por ciento mayor a la del mismo período del año anterior.

Así, Manzano quedó con presencia simultánea en electricidad y gas, dos servicios donde el usuario no tiene margen real para elegir proveedor: si vivís en una zona de concesión, te atiende quien te toca.

La estructura no termina ahí. A su entramado se vinculan El Cronista, Telefé y Radio La Red. También su participación en Volcán, la empresa que le abrió la puerta a un negocio internacional de gran escala.

El salto fue el Puerto de Chancay, en Perú. Manzano entró como socio de Cosco Shipping Ports a uno de los proyectos portuarios más relevantes de la región. Lo hizo a través de Volcán, que tenía el 40 por ciento de Inversiones Portuarias Chancay.

Del otro lado de la disputa está Héctor Magnetto y el peso de su grupo en telecomunicaciones. La operación entre Telecom y Telefónica reavivó la discusión sobre concentración y puso sobre la mesa un número: seis millones de clientes de los que Telecom debería desprenderse.

Ahí entra Metrotel. La compañía aparece como posible tercer operador para absorber parte de esos clientes. Pero no es una pyme: detrás figuran Riverwood Capital Partners y Blackstone Tactical Opportunities Advisors, dos fondos internacionales de enorme capital. También aparece Sebastián Bardengo en esa estructura.

El dato de los fondos no es menor. Muestra una tendencia: empresarios locales al frente de activos estratégicos, con capital financiero global como respaldo.

Manzano y Magnetto arrastran diferencias históricas, competencia por espacios de poder e intereses cruzados. Sin embargo, hoy convergen en un fenómeno más amplio: la concentración de sectores esenciales.

Luz, gas y telecomunicaciones comparten una característica: no son bienes que se puedan dejar de consumir. Cuando un grupo controla una distribuidora o una red de telecomunicaciones, no controla solo una empresa. Controla la vida cotidiana de millones de hogares.

La pregunta no es quién gana la pulseada empresarial. Es cuánto poder pueden acumular grupos privados sobre servicios donde la competencia real es casi nula.

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Fuente original: Documento periodístico suministrado para esta nota (sin fecha consignada en el material original)

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#Manzano #Magnetto #ServiciosPúblicos #Telecomunicaciones #Energía #Argentina

Un ejercicio de la consultora Qualy acaba de poner en números una discusión que hasta ahora parecía técnica. Si el INDEC hubiera aplicado la actualización de la canasta que estaba prevista para enero de 2026, la inflación acumulada desde diciembre de 2023 habría llegado al 344,3%. La medición oficial, en cambio, marca 328,8%. Son 15,5 puntos porcentuales de diferencia que no nacen de un mes aislado, sino del arrastre de más de dos años.

Conviene aclarar desde el arranque: no se trata de una segunda medición oficial escondida ni de un índice paralelo. Es una reconstrucción hecha con las ponderaciones de la Encuesta Nacional de Gastos de los Hogares 2017/18, la misma base que el propio Gobierno iba a utilizar para renovar el Índice de Precios al Consumidor. El organismo estadístico lo había anunciado en octubre de 2025: a partir de las variaciones de enero de 2026 se publicaría un IPC con esa estructura actualizada. No ocurrió.

A comienzos de febrero, el Ministerio de Economía decidió postergar el cambio. La salida de Marco Lavagna de la conducción del INDEC fue la señal más visible de esa decisión. Luis Caputo lo confirmó con una frase que ahora se vuelve incómoda: “La visión nuestra es que no hay que cambiar el índice ahora. De hecho, da prácticamente igual”. La reconstrucción de Qualy muestra que no daba igual.

La consultora recalculó mes por mes la evolución de los precios desde diciembre de 2023 utilizando la canasta de 2017/18 y la comparó con el IPC que efectivamente publicó el organismo durante ese período. El resultado es contundente: con la medición vigente, la inflación acumulada fue de 328,8%. Con la canasta actualizada, habría sido de 344,3%. La distancia se fue ampliando mes a mes, acumulando pequeñas diferencias que terminaron en un número significativamente mayor.

¿Por qué cambia tanto el resultado? Porque la estructura de consumo que sigue usando el IPC actual proviene de la encuesta de gastos 2004/05, que tiene más de dos décadas. La canasta actualizada refleja patrones de consumo más recientes y, sobre todo, le da mucho más peso a los servicios. Tarifas, transporte, alquileres: todos esos rubros tuvieron aumentos fuertes durante la gestión de Milei. Si pesan más dentro del índice general, la inflación termina siendo más alta.

Julio sirve para entender el mecanismo. El IPC oficial registró una variación de 2,11%. Con la canasta actualizada habría dado 2,14%. La diferencia mensual es de apenas 0,03 puntos. Sin embargo, el detalle interno es revelador: en la canasta nueva, los bienes subieron 1,5% contra 1,6% del índice vigente, y los servicios 2,7% contra 3,1%. Ambas categorías mostraron variaciones menores, pero el resultado general fue superior. La explicación es la ponderación: los servicios pesan más y, aunque suban un poco menos que en la canasta vieja, su incidencia sobre el total es mayor.

Qualy también explicó que dentro de cada categoría la canasta actualizada asigna más peso a rubros que en julio funcionaron como anclas antiinflacionarias. En servicios, los alquileres de vivienda y el funcionamiento de equipos de transporte personal tuvieron subas muy bajas: 0,25% en el Gran Buenos Aires y 0,52% en la región Pampeana, respectivamente. En bienes, carnes y derivados registraron una variación de -0,02% en el Gran Buenos Aires y de 0,30% en la región Pampeana. Aun con esos frenos parciales, el índice general con la canasta actualizada dio más alto.

Para una familia argentina, esa diferencia no es un decimal para economistas. Si la inflación real fue 15,5 puntos más alta de lo que muestran los informes oficiales, entonces las paritarias, las jubilaciones y los contratos de alquiler se ajustaron por debajo de la suba real de los precios. El poder de compra cayó más de lo que indican los números publicados. Y eso tiene consecuencias directas sobre la pobreza, el consumo y la capacidad de llegar a fin de mes.

La postergación se justificó con el argumento de no tocar el índice mientras la desinflación no estuviera consolidada. Pero el ejercicio de Qualy deja otra lectura: con una canasta más actualizada, el diagnóstico oficial de la inflación acumulada habría sido más alto. No se trataba solo de una mejora metodológica para reflejar mejor los hábitos de consumo. Era también un dato que modificaba la foto de la gestión económica.

Lo que queda en juego es la confianza en las estadísticas públicas. El IPC no es un documento para especialistas: es la base sobre la que se negocian salarios, se actualizan alquileres, se calculan las tarifas y se mide la pobreza. Si la estructura de gastos que se utiliza no refleja cómo vive la gente, cualquier decisión que se tome a partir de ese dato parte de una foto desenfocada.

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Fuente original: Plan CFK, agosto de 2026

Enlace: http://plancfk.blogspot.com/2026/08/la-inflacion-acumulada-con-milei-seria.html

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#Inflación #Milei #INDEC #ArgentinaDesigual #Economía #Precios

La temporada de balances de las principales empresas argentinas dejó números contundentes. Las compañías energéticas y las que exportan cerraron con resultados muy fuertes. Las que dependen del consumo interno, del crédito en pesos y de algunos servicios mostraron pérdidas o rentabilidades bajas. Los datos surgen de los estados contables presentados por las propias firmas.

El caso más visible es YPF. La petrolera alcanzó un EBITDA ajustado récord de 2.800 millones de dólares, un salto de casi 150 por ciento frente al período anterior. La ganancia neta fue de 1.200 millones de dólares. Detrás de esos números hay otro dato central: Vaca Muerta ya representa el 80 por ciento de la producción de la empresa. Dicho de otro modo, ocho de cada diez barriles que produce YPF salen de esa formación no convencional.

Pampa Energía también marcó un EBITDA récord de 415 millones de dólares. Central Puerto, por su parte, incrementó esa misma variable en 136,2 por ciento. Conviene aclarar que el EBITDA es una medida de ganancia operativa antes de intereses, impuestos, depreciaciones y amortizaciones. Se usa para comparar la rentabilidad de las empresas sin el efecto de su estructura financiera.

En el sector agroindustrial, Molinos Agro facturó 1,08 billones de pesos y obtuvo una ganancia de 45.961 millones de pesos. La mejora estuvo impulsada por la molienda y las exportaciones.

Edenor, la distribuidora eléctrica, aumentó 94 por ciento su EBITDA semestral. La actualización de las tarifas que pagan los usuarios explica gran parte de esa mejora. Telecom, en cambio, logró una ganancia de 182.557 millones de pesos y revirtió las pérdidas de 2025. Lo hizo mediante una reducción de costos, según el detalle de sus números.

Del otro lado quedaron las empresas más atadas al bolsillo de la gente. Morixe mostró pérdidas operativas en su negocio local y un resultado neto consolidado negativo de 2.357,6 millones de pesos. La empresa reflejó en sus cifras la debilidad del consumo interno.

El Grupo Supervielle registró una rentabilidad sobre patrimonio de apenas 4,4 por ciento. Además, los créditos en pesos cayeron 3,6 por ciento en el trimestre. Eso significa que hubo menos préstamos para familias y empresas durante ese período.

El transporte de gas y electricidad también sintió la presión. TGN tuvo una caída del 9,6 por ciento en los despachos. Transener enfrentó mayores costos operativos. TGS registró una baja del 16 por ciento en su ganancia neta.

Los datos muestran una economía con ritmos muy distintos. Las firmas vinculadas a la energía, a la exportación y a ingresos dolarizados lograron balances sólidos. Las que dependen del mercado interno no consiguieron despegar. Esa diferencia se observa en los propios números: mientras YPF multiplicó ganancias, Morixe y Supervielle no lograron traducir el contexto en resultados positivos para su negocio local.

Queda por verse si esa brecha se mantiene en los próximos balances. Las inversiones en Vaca Muerta y en sectores exportadores pueden seguir creciendo, pero los datos de consumo, crédito y despachos muestran que la recuperación no llegó a todos por igual.

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Fuente original: Clarín

Enlace: clar.in/4ge1gvx

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#Balances #YPF #VacaMuerta #ConsumoInterno #ArgentinaDesigual #Economía

El Gobierno nacional ultima los detalles de un esquema que permitiría utilizar el Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) de la Anses, conocido popularmente como "la plata de los jubilados", para dinamizar el mercado de créditos hipotecarios en Argentina. La propuesta, que impulsan el presidente Javier Milei y el ministro de Economía Luis Caputo, busca que ese fondo estatal se convierta en una suerte de "banco de los bancos" para que las entidades financieras puedan otorgar préstamos a 30 años sin quedarse sin liquidez.

• El propio Caputo lo confirmó en las últimas horas: están analizando junto a la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, un mecanismo alternativo al que se había barajado en otros momentos. "Hubo hace tiempo muchas propuestas de que el FGS comprara las hipotecas y permitiera liberar fondos para que los bancos pudieran dar más hipotecas, pero el FGS no puede estar comprando hipotecas de personas. No es el trabajo del FGS", aclaró el titular del Palacio de Hacienda. Sin embargo, acto seguido abrió la puerta a una vía distinta: "Sí estamos viendo formas que creemos que son más efectivas".

¿Cuál es esa "forma más efectiva"? Básicamente, que el FGS licite plazos fijos a largo plazo. Algo que hoy, en la práctica, no existe en el mercado de capitales argentino. Caputo lo explicó con crudeza: "Hoy, en nuestro mercado de capitales, que es prácticamente inexistente, no hay depósitos a largo plazo. El problema que enfrentan los bancos hoy es que las hipotecas son a muy largo plazo y el fondeo de ellos es a 30 días". Esa descalce entre el tiempo en que los bancos prestan y el tiempo en que consiguen fondos es, según el ministro, la traba principal para que el crédito hipotecario despegue en el país.

El FGS, creado originalmente para garantizar el pago de las jubilaciones y pensiones, tiene un perfil de inversión de largo plazo. Justamente por eso, el Gobierno lo ve como el socio ideal para resolver ese desajuste. "Dado que el fondo del FGS tiene un objetivo de largo plazo, el FGS podría hacer entonces plazos fijos de largo plazo. Esa es una de las alternativas que estamos explorando", remarcó Caputo.

• Lo que está sobre la mesa, entonces, es un cambio de destino de los recursos que sostienen el sistema previsional argentino. En lugar de invertir en bonos, acciones o títulos públicos —como ha hecho históricamente—, el fondo de los jubilados pasaría a financiar directamente a los bancos para que estos, a su vez, presten dinero a las familias que quieren comprar su vivienda. El ministro fue enfático al asegurar que la idea "les ha encantado" a las entidades financieras. No es para menos: los bancos conseguirían fondeo estable a tasas que probablemente serán convenientes, y sin los riesgos de tener que renovar sus pasivos cada 30 días.

Pero la pregunta que surge inevitablemente es quién garantiza que ese dinero vuelva a las arcas del FGS cuando los jubilados lo necesiten. Porque el FGS no es un fondo discrecional del Ejecutivo: tiene un objetivo claro de sustentabilidad del sistema previsional. Utilizarlo para apuntalar el mercado hipotecario implica asumir un riesgo de crédito que, hasta ahora, no formaba parte de su cartera. Si los bancos no devuelven esos plazos fijos o si el esquema no se diseña con blindajes suficientes, el perdedor final podría ser el mismo de siempre: el jubilado que depende de que ese fondo esté disponible para cubrir el déficit del sistema.

• Caputo, sin embargo, parece confiado en que el esquema es seguro. Dijo que están "viendo formas que creemos que son más efectivas" y que lo están conversando con el Ministerio de Capital Humano, el FGS y los bancos. Pero no dio detalles sobre cómo se estructuraría la garantía, qué tasas se pagarían, ni qué pasaría si una entidad financiera quiebra o no puede afrontar el compromiso. El hermetismo en los números alimenta la desconfianza, sobre todo en un contexto donde la plata de los jubilados ya ha sido utilizada en el pasado para fines que nada tenían que ver con el bienestar de los adultos mayores.

No es la primera vez que el FGS está en el centro de la polémica. Durante gobiernos anteriores, se usaron sus recursos para comprar deuda pública, financiar obras o incluso rescatar empresas. Cada operación generó el mismo debate: ¿es legítimo usar el colchón de los jubilados para fines ajenos al sistema previsional? Ahora, el gobierno de Milei suma una nueva capa a esa controversia al proponer que ese fondo se convierta en motor del mercado hipotecario, un sector que en Argentina lleva años prácticamente paralizado.

Para las familias que sueñan con la casa propia, la noticia puede sonar alentadora. Más créditos hipotecarios significa más posibilidades de acceder a una vivienda. Pero el camino que propone el Gobierno no es inocuo: implica poner en riesgo activos que deberían estar resguardados para garantizar el pago de las jubilaciones futuras. Y en un país donde la población envejece y el sistema previsional ya enfrenta serios desequilibrios, cualquier movimiento que afecte al FGS merece ser mirado con lupa.

El ministro Caputo justifica la jugada en la falta de mercado de capitales. "Es prácticamente inexistente", dijo. Y tiene razón: Argentina no tiene un desarrollo profundo de instrumentos de ahorro a largo plazo. Pero la solución a ese problema no necesariamente pasa por utilizar el fondo de los jubilados como fondeo de los bancos. Podrían crearse otros vehículos de inversión, o incentivar el ahorro privado con beneficios impositivos. El hecho de que el Gobierno elija justamente esta vía revela una decisión política: usar los recursos del Estado —y en particular los del sistema previsional— para resolver un problema que los bancos no pudieron o no quisieron resolver por sí mismos.

La propuesta aún está en fase de análisis, pero todo indica que avanzará. Caputo ya la hizo pública, y el Presidente Milei no desmintió ni un solo palabra. Eso significa que el tema está en la agenda oficial y que, en los próximos meses, podríamos ver un proyecto concreto. Mientras tanto, los jubilados y trabajadores activos —que son los que aportan al sistema— miran con atención y, en muchos casos, con preocupación. Porque cada vez que se habla de "utilizar la plata de los jubilados" para otro fin, la memoria trae antecedentes que no invitan al optimismo.

El debate no es menor. No se trata solo de si los créditos hipotecarios van a aumentar o no. Se trata de si el Estado puede disponer de los ahorros previsionales de la población sin un consenso amplio y sin garantías claras de que esos recursos serán devueltos. Se trata de si el FGS debe ser un fondo de inversión con fines sociales —como garantizar viviendas— o un fondo de seguro para el sistema jubilatorio. Se trata, en definitiva, de si la plata de los jubilados es un fondo común que puede ser reasignado por decisión de un ministro, o si es un patrimonio intocable que solo debe usarse para lo que fue creado.

Lo que está en juego hoy es la confianza en el sistema previsional. Si el FGS se utiliza para apuntalar el mercado hipotecario y todo sale bien, quizá nadie reclame. Pero si el esquema falla, si los bancos no devuelven o si el fondo sufre pérdidas, el costo será altísimo y lo pagarán quienes menos tienen: los jubilados que viven con la mínima y los trabajadores que aún aportan esperando tener una vejez digna.

Caputo aseguró que los bancos "les han encantado la idea". Pero falta saber qué opinan los jubilados, las asociaciones de defensa de adultos mayores y los especialistas en seguridad social. Por ahora, ninguno de ellos fue consultado públicamente. Y en un tema que toca el bolsillo y el futuro de millones de argentinos, esa ausencia de debate es, por lo menos, llamativa.

El tiempo dirá si este plan se concreta y cuáles son sus consecuencias. Pero una cosa es cierta: la discusión ya está instalada. Y la plata de los jubilados, una vez más, está en el centro de la escena política y económica.

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Fuente original: MinutoUno, 14 de agosto de 2026

Enlace: https://www.minutouno.com/economia/el-gobierno-quiere-echar-mano-la-plata-los-jubilados-financiar-la-oferta-creditos-hipotecarios-n6310738

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#Jubilados #CréditosHipotecarios #Milei #Caputo #Anses #FGS

El Gobierno nacional responsabilizó este jueves al exministro de Economía Sergio Massa por el dato de inflación de julio, que alcanzó el 2,1% mensual y cortó la mejora registrada en junio. La explicación oficial, difundida desde el Palacio de Hacienda, apunta a un “rezago de 36 meses” heredado de la gestión anterior.

Desde el área económica señalaron que el índice publicado por el INDEC no puede atribuirse exclusivamente a las políticas implementadas desde diciembre de 2023. “Existe un rezago de 36 meses. Lo que estamos viendo todavía es el arrastre de decisiones que se tomaron entre 2021 y 2023”, afirmaron.

El argumento libertario sostiene que la dinámica inflacionaria actual incorpora el impacto de la expansión monetaria, el déficit fiscal y la distorsión de precios relativos de la etapa previa. Para el Gobierno, esas variables siguen empujando los precios aun después del cambio de gestión. Al mismo tiempo, insisten en que las medidas de ajuste fiscal, la reducción del déficit y el ancla monetaria ya están produciendo resultados, pero que esos resultados aparecen con demora en las estadísticas.

Los números del INDEC muestran que el índice de precios al consumidor avanzó 2,1% en julio. En los primeros siete meses del año, la inflación acumulada es de 19,3%. La variación interanual alcanza el 33,8%. El dato vuelve a poner el foco sobre alimentos, servicios y consumo, los rubros que más golpean el bolsillo de las familias.

La referencia a Massa no es casual. Fue ministro de Economía entre agosto de 2022 y diciembre de 2023, y antes presidió la Cámara de Diputados. Las decisiones de ese período, junto con las de los años previos de la gestión anterior, son las que el Gobierno señala como causa del arrastre. La emisión monetaria, el déficit fiscal y los precios relativos distorsionados no se corrigen de un día para el otro, reconocen en Hacienda, pero tampoco dejan de impactar cuando cambian los funcionarios.

Para cualquier hogar, esas cifras se traducen en un poder de compra más chico. Una familia que llena el carrito no necesita entender de rezagos: siente que la plata alcanza menos. Los alimentos volvieron a estar en el centro de la escena, junto con los servicios y el consumo, justo cuando la economía familiar intenta recuperar algo de aire.

El contraste aparece cuando se cruzan los dichos con los datos. El Gobierno asegura que su programa ya muestra resultados, pero el indicador de julio interrumpió la mejora que se había visto en junio. No se trata de una interpretación: es lo que refleja la serie oficial. La promesa de una baja sostenida todavía no se consolida en los números mensuales.

Queda en juego la credibilidad de la explicación oficial. Si los próximos meses confirman una desaceleración, el argumento del rezago habrá servido para ganar tiempo. Si la inflación se mantiene o repunta, la herencia de Massa no alcanzará para explicar el presente. La discusión, mientras tanto, se resuelve en las góndolas y en las boletas de servicios, donde los aumentos no esperan.

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Fuente original: Comunicación del Palacio de Hacienda y datos del INDEC, 12 de agosto de 2026

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#Inflación #Massa #Argentina #Economía #INDEC #Gobierno