El Ejecutivo publicó este lunes 20 de julio el Decreto 612/2026 en el Boletín Oficial, con las firmas de Javier Milei, Sandra Pettovello y Diego Santilli. La norma viene a cerrar un capítulo que había quedado abierto con la reglamentación anterior de la Ley de Modernización Laboral (N° 27.802): qué parte del sueldo se usa como base para calcular los aportes que los empleadores destinan a los gremios.

Y la definición es clara: el aguinaldo, las horas extras, los bonos, los premios y el plus vacacional quedan explícitamente afuera de esa cuenta.

El detalle técnico que cambia todo

Para entender el impacto, hay que meterse un minuto en la letra chica. El nuevo decreto modifica el artículo 6° bis del Decreto 199/1988 y establece que la base de cálculo para los aportes sindicales va a estar formada por dos ítems nada más: el salario básico que fija el convenio para la categoría del trabajador, y las sumas remunerativas normales, habituales y de pago mensual que también vengan establecidas por ese mismo convenio.

Hasta ahí, parece razonable. El problema es lo que viene después, porque la norma es quirúrgica para dejar afuera todo lo demás. El texto menciona expresamente los premios, los bonos, la participación en ganancias, las horas extras, el sueldo anual complementario (el famoso aguinaldo), el plus vacacional, las sumas no remunerativas y "cualquier otro concepto que no se abone en forma normal, habitual y mensual".

O sea: si te pagan horas extras todos los meses porque tu fábrica no para, si te dan un bono por productividad o si tu sueldo se compone en gran parte de adicionales, eso no engrosa la torta sobre la que tu empleador aporta al gremio. El cálculo se hace sobre el piso, no sobre el techo de tu ingreso real.

Un refuerzo a la caja chica sindical (pero con candado)

• Este decreto no es una pieza aislada. Viene a complementar el Decreto 407/2026, que ya había reglamentado otros aspectos de la ley. Pero este 612/2026 tiene un plus que no estaba tan claro: también definió cómo se tienen que administrar esos fondos que sí entran en el cálculo.

El Gobierno aclaró que los aportes que los empleadores acuerden mediante convenios colectivos no se rigen por el artículo 9° de la Ley 14.250 (la vieja ley de convenciones colectivas), sino por el artículo 9° de la Ley 23.551 (la ley de asociaciones sindicales). Traducido: la plata que se junte por estos conceptos tiene un destino fijo. Debe ir sí o sí a obras de carácter social, asistencial, previsional o cultural, en beneficio de los trabajadores que representa ese sindicato.

Además, y esto es clave, el decreto les exige a los gremios que manejen esos recursos por separado del resto de sus fondos. Con un sistema administrativo especial y debidamente documentado. No vale mezclarlo con la caja general del sindicato. El argumento oficial, plasmado en los considerandos del decreto, es que esto "facilita el control de legalidad" y "brinda mayor certeza" sobre el alcance de las normas.

¿Y esto en la vida real del laburante qué significa?

Mirá, para un trabajador que cobra el básico y nada más, el cambio le puede pasar desapercibido. Pero la realidad argentina es otra. Millones de empleados dependen de las horas extras, de los bonos de producción o de premios por objetivos para redondear el sueldo a fin de mes. En sectores como la industria, el comercio o la construcción, esos "extras" son parte del ingreso habitual, aunque la ley los llame "no normales".

Al excluir esos conceptos de la base de cálculo, los aportes patronales al sindicato se achican. Y si el gremio recibe menos plata, los fondos que tiene disponibles para las obras sociales, los subsidios por enfermedad, los centros de formación o los servicios asistenciales también se reducen. El decreto dice que esos fondos tienen que ir a esos fines, pero si la torta es más chica, el reparto inevitablemente es menor.

La norma no toca el derecho al aguinaldo ni a las vacaciones pagas como conquistas laborales. Pero al dejarlos fuera del cálculo de los aportes, los vacía de contenido desde el punto de vista del financiamiento sindical. Es un mensaje político claro: la modernización laboral no pasa solo por flexibilizar derechos, sino también por redefinir cómo se sostiene económicamente a los representantes de los trabajadores.

• Lo que queda flotando

• El decreto 612/2026 ya está en vigencia. No es un borrador ni una declaración. Es ley. Y si bien en los considerandos el Gobierno habla de "criterios uniformes" y "certeza jurídica", los sindicatos ya vienen mostrando los dientes con cada avance de esta modernización. Porque cuando el Estado empieza a decidir qué parte del sueldo vale para financiar al gremio y cuál no, en realidad está poniendo un límite al poder de negociación colectiva.

La pregunta que queda dando vueltas no es si el aguinaldo va a desaparecer mañana. No, eso no está en juego. La pregunta es otra: qué pasa cuando el sistema de representación sindical se financia cada vez más sobre un piso que no refleja el ingreso real del trabajador. Y si ese piso se achica, ¿quién termina pagando los platos rotos? Porque el costo de una obra social más pobre o de menos recursos para capacitación no lo paga el gobierno ni el empresario: lo paga el afiliado.

Fuente original: Boletín oficial - 20 de julio de 2026

Enlace: https://www.boletinoficial.gob.ar/detalleAviso/primera/344514/20260720

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El Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado, que conduce Federico Sturzenegger, puso a circular un anteproyecto de ley de más de cien artículos y ocho títulos. El texto, al que accedió Parlamentario el 18 de julio de 2026, propone modificar o derogar decenas de leyes y centenares de artículos. El objetivo declarado es eliminar restricciones, promover la competencia y digitalizar trámites, pero el alcance de la motosierra regulatoria toca actividades tan sensibles como la venta de remedios, el precio del gas envasado, el futuro de las librerías, el empleo en la marina mercante y el financiamiento de organismos como el IPCVA y la COVIAR. A diferencia del DNU 70/23, esta vez el Gobierno necesita que el Congreso convierta en ley la que sería una de las reformas más profundas desde que Javier Milei asumió la presidencia.

La iniciativa avanza sobre el Código Civil y Comercial, la ley de farmacias, la legislación de navegación y cabotaje, las normas del mercado de capitales, los fideicomisos, las garantías y una larga lista de leyes históricas de arrendamientos rurales, promoción vitivinícola, doblaje, precio uniforme del libro y regulación del gas licuado de petróleo. Cada modificación tiene un impacto directo en la vida cotidiana, y acá lo desglosamos sin eufemismos.

Farmacias: remedios de venta libre en cualquier comercio y recetas digitales

El capítulo que más va a sentir la gente es el que modifica la Ley de Farmacias (17.565). El proyecto habilita que los medicamentos de venta libre se comercialicen fuera de las farmacias. No especifica si será en supermercados, estaciones de servicio o kioscos, pero quita la exclusividad que hoy tienen los farmacéuticos. Además, autoriza la venta de medicamentos con receta por canales digitales y su entrega a domicilio. Las farmacias quedan en libertad para fijar los horarios de atención que quieran y para adoptar cualquier forma societaria permitida. Un punto clave: las droguerías podrán vender directamente al público si deciden constituirse como farmacias, lo que puede reconfigurar por completo la cadena de distribución. Se derogan los artículos 11, 13, 20, 27 y del 40 al 44 de la ley vigente. El texto también impulsa la digitalización de recetas y registros.

Gas licuado: se prohíbe regular precios y se deroga la ley 26.020

El anteproyecto crea un nuevo régimen para el Gas Licuado de Petróleo (GLP) que reduce la intervención estatal a controles de seguridad. De manera explícita, prohíbe a la autoridad de aplicación regular precios, cantidades, volúmenes comercializados, márgenes de rentabilidad o condiciones comerciales. La reforma deroga por completo la ley 26.020, que era el marco regulatorio del sector, y elimina el artículo 74 de la ley 24.076. Millones de hogares que usan garrafa quedan sin un paraguas estatal para definir valores de referencia, algo que en invierno puede traducirse en aumentos sin techo.

Libros y doblaje: se caen dos leyes de protección cultural

La Secretaría de Cultura pasa a ser autoridad de aplicación y se derogan numerosos artículos de la ley de Fomento del Libro y la Lectura (25.446). Pero el golpe más fuerte es la eliminación de dos normas emblemáticas: la ley 23.316, vinculada al doblaje, y la ley 25.542, conocida como de precio uniforme del libro. Esta última obligaba a que un mismo libro se vendiera al mismo precio en todas las librerías del país. Su derogación permite que cada comercio fije el valor que quiera, lo que puede beneficiar a grandes superficies y plataformas, pero deja en desventaja a las librerías independientes.

Traductores públicos y corretaje: se caen las barreras de ingreso

En el rubro de traducciones, se deroga el artículo 6 de la ley 20.305 y se establece que el Ejecutivo solo podrá exigir traducciones al castellano en casos excepcionales, por razones técnicas, jurídicas o compromisos internacionales. Para ejercer el corretaje, en tanto, el proyecto elimina la mayoría de los requisitos actuales: solo pedirá ser mayor de edad y tener título secundario. Habilita a personas humanas y jurídicas, permite el uso de plataformas digitales y prohíbe futuras regulaciones que fijen aranceles, honorarios obligatorios, requisitos de residencia o incompatibilidades profesionales. Se derogan los artículos 31 a 35 de la ley 20.266 y el 1355 del Código Civil y Comercial.

Agro: adiós a los aportes obligatorios del IPCVA y a la COVIAR

El anteproyecto mete una transformación profunda en las cadenas agroindustriales. Las contribuciones obligatorias que financian al Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina (IPCVA) se eliminan a partir del 1° de octubre de 2027. Desde entonces, el organismo deberá mantenerse con aportes voluntarios, donaciones, servicios y certificaciones. En vitivinicultura, el impacto político es mayor: se deroga la ley 25.849 que creó la Corporación Vitivinícola Argentina (COVIAR) y su Plan Estratégico. La entidad deberá cerrar, rendir cuentas y liquidarse; los fondos remanentes irán al Instituto Nacional de Vitivinicultura. Además, se elimina la ley 23.149 de fraccionamiento de vinos en origen y se modifican las normas de fiscalización, concentrándolas en el tramo final de la cadena.

Un dato no menor: se derogan íntegramente las leyes 13.246 y 14.432, que regulaban los contratos de arrendamientos y aparcerías rurales. Los contratos actuales siguen vigentes hasta su vencimiento, pero hacia adelante las relaciones entre dueños de campos y productores quedarán regidas por la libertad contractual sin las protecciones que esas normas establecían desde hace décadas.

Cabotaje: buques extranjeros y tripulación argentina gradual

El capítulo de marina mercante habilita que buques extranjeros realicen libremente transporte de cabotaje en territorio argentino. Las exigencias de tripulación nacional se implementan de manera gradual: hasta 90 días de operación, sin obligación de contratar argentinos; de 91 a 180 días, un 20 %; de 181 a 360 días, un 40 %; y recién después de un año, un 75 %. Se deroga el decreto ley 19.492 de 1944, que reservaba carga para buques nacionales, y se reduce a cero el arancel de importación para buques de hasta 20 años de antigüedad. También se flexibilizan los requisitos de matrícula y se digitalizan los documentos de transporte marítimo.

Mercado financiero: blockchain, contratos inteligentes y prendas digitales

La parte más extensa del proyecto está dedicada al sistema financiero y al mercado de capitales. Se reconocen los contratos inteligentes, el uso de blockchain, los registros distribuidos y las prendas sobre activos virtuales y propiedad intelectual. Se crea un Sistema Federal de Registro de Garantías, se autorizan warrants digitales negociables en mercados y se habilitan cláusulas de indexación en pagarés y letras. Los fideicomisos ganan mayor protección frente a concursos y quiebras. La Comisión Nacional de Valores amplía facultades y se redefine gran parte de la ley 26.831, incorporando principios de neutralidad tecnológica e inclusión financiera.

La letra chica de esta reforma financiera está escrita en código de modernización, pero el acceso a esas herramientas no es universal. La fuente no detalla cómo se va a garantizar que pequeños productores, comerciantes y ahorristas puedan operar con esa tecnología sin quedar excluidos de un sistema cada vez más veloz y digitalizado.

Lo que se juega en el Congreso

El anteproyecto que Sturzenegger puso a circular no es un DNU. Va a necesitar debate parlamentario y votos. Su magnitud es tal que modifica actividades profesionales, sectores productivos, comercio, transporte, servicios financieros y organismos de promoción sectorial. La promesa de “libertad” que impulsa el oficialismo contrasta con los efectos concretos: la posibilidad de comprar un analgésico en cualquier lado mientras la farmacia de la esquina evalúa si cierra los sábados, el precio de la garrafa sin ninguna referencia, la desaparición de la COVIAR y la pérdida de protección para los arrendatarios rurales. La fuente no opina, informa. Pero la magnitud de lo que está en juego obliga a preguntarse si esta “ola de desregulación” está preparada para amortiguar los impactos que va a generar en los sectores más vulnerables de la cadena productiva y social.

Fuente original: Parlamentario, 18 julio 2026

Enlace: https://www.parlamentario.com/2026/07/18/el-gobierno-impulsa-una-profunda-ola-de-desregulacion-que-alcanza-a-farmacias-cabotaje-corretaje-mercados-financieros-agro-y-cultura/

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El lunes pasado no fue un día cualquiera para la City porteña. Mientras el Gobierno acreditaba el pago de servicios de la deuda a los bonistas locales, se registró el pico de salida de dólares financieros a cuentas del exterior en lo que va de julio. La coincidencia no fue casualidad.

El movimiento fue claro: los tenedores de bonos cobraron en pesos o en dólares locales y, en lugar de reinvertir en el mercado argentino, giraron los fondos al exterior. Una operación que, en la jerga financiera, se llama "dólar cable" o "contado con liqui", y que básicamente permite convertir activos locales en divisas genuinas fuera del país.

Mientras tanto, el ministro de Economía, Luis Caputo, salió a buscar en el mercado local hasta 2.000 millones de dólares esta semana con un nuevo bono. Es decir, el Estado necesita captar divisas para cubrir vencimientos o sostener reservas, justo en el momento en que los inversores que cobraron prefirieron irse.

El dato no es menor si se mira el calendario: el Tesoro enfrenta en lo que resta del año vencimientos importantes y el acceso a los mercados internacionales sigue siendo limitado. Por eso, la apuesta es el mercado local. Pero el timing jugó en contra: el mismo día que el Gobierno ponía plata en manos de los bonistas, una parte importante de esos fondos se evaporaba hacia el exterior.

La dinámica no es nueva, pero se profundiza en contextos de incertidumbre cambiaria y electoral. Los bonistas, en su mayoría fondos de inversión y grandes patrimonios, leen las señales del mercado y toman decisiones en fracciones de segundo. El pequeño ahorrista, en cambio, mira desde afuera cómo el dólar se mueve al ritmo de estas operaciones que parecen de otro planeta.

El problema de fondo es que esta lógica refuerza la dependencia del financiamiento externo y limita la capacidad del Gobierno para manejar la política cambiaria. Si los dólares que entran por colocaciones de deuda se van por la misma puerta giratoria, el esfuerzo por acumular reservas se vuelve un ejercicio de Sísifo.

Para el ciudadano común, esto se traduce en un dólar más caro, presión sobre los precios y menos herramientas del Estado para intervenir en el mercado. Cuando los grandes jugadores mueven sus fichas al exterior, el costo lo paga el que se queda con pesos y ve cómo su poder adquisitivo se licúa.

La jugada de Caputo con el nuevo bono busca precisamente romper ese círculo. La idea es ofrecer un instrumento atractivo para que los fondos queden en el país, pero la competencia es dura: afuera, las tasas de interés en dólares son positivas y el riesgo argentino sigue siendo alto. Hasta ahora, la confianza no parece ser el activo más abundante.

El lunes fue un termómetro, pero el martes y el miércoles mostraron un comportamiento similar. La salida de divisas no se detuvo, y el mercado empieza a preguntarse si el nuevo bono alcanzará para cubrir el bache. El riesgo país, que venía bajando lentamente, dio un respingo.

Lo que queda en juego no es menor: si el Gobierno no logra retener esos dólares, la presión sobre el tipo de cambio va a seguir aumentando. Y si el tipo de cambio sube, la inflación, que ya está alta, puede acelerarse aún más. La cadena es directa y el eslabón más débil es siempre el mismo: los sectores populares, que no tienen acceso a la bicicleta financiera ni a las cuentas en el exterior.

Mientras los bonistas juegan en el tablero global, el resto mira el precio del pan, el del transporte y el de la nafta. La distancia entre la City y el conurbano se mide en dólares, pero el impacto se siente en pesos. 

Fuente original: El destape, 14 de julio de 2026

Enlace: http://plancfk.blogspot.com/2026/07/bonistas-aprovecharon-pagos-del.html?m=1

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