Javier Milei no está renovando el Poder Judicial. Está tomándolo por asalto. En menos de dos meses, el Presidente ya designó 100 jueces, fiscales, defensores y conjueces. La última andanada llegó este miércoles 22 de julio, con 28 nombramientos publicados en el Boletín Oficial. Pero no se deje engañar por el número: esto no es gestión administrativa. Es una operación de ingeniería institucional para blindar al gobierno y, en particular, a los hermanos Milei, de las causas que los persiguen: $LIBRA, ANDis y todas las investigaciones que amenazan con llegar demasiado cerca.

La jugada tiene nombre propio. Juan Tomás Rodríguez Ponte, el hombre que durante una década manejó "la oficina de las escuchas" (DAJuDeCO), acaba de ser ungido como juez federal de Lomas de Zamora. ¿Qué significa? Que alguien con acceso a información ultrasensible de delitos complejos ahora tiene despacho propio en el conurbano. ¿Casualidad? En el gobierno no creen en la casualidad.

• Pero el plato fuerte no es Lomas de Zamora. Es Comodoro Py. La Cámara Federal que revisa todos los expedientes de los tribunales de Retiro está en la mira. Y el 11 de agosto, Pablo Yadarola y Pablo Bertuzzi deberán defender sus pliegos en el Senado para ocupar dos lugares clave. Si consiguen los votos, el gobierno pondrá su sello en el tribunal que decide sobre las causas más calientes del poder. Y no es cualquier perfil: ambos quedaron muy lejos en los concursos de 2021, pero el Consejo de la Magistratura los empujó igual. Bertuzzi llegó con el padrinazgo del macrismo. Yadarola, con su currículum de conocedor de los tribunales y su paso por la comitiva de Lago Escondido. Gente de confianza, no neutrales.

Mientras tanto, el Presidente ya envió mensajes claros a quienes se le oponen. Martín Irurzun cumplió 75 años el sábado pasado y Milei ni siquiera movió un dedo para enviar su pliego al Senado. El juez judicializó su continuidad y no consiguió ni un fallo favorable. El procurador interino pidió que la Corte rechace su cautelar y Horacio Rosatti se negó a tratarlo en feria. ¿El mensaje? Los jueces que no fallan a favor se van. Por el contrario, a Víctor Pesino, el camarista que votó a favor de la reforma laboral y metió mano en la UOM, Milei le garantizó la continuidad más allá de los 75 años. Y a Leopoldo Rago Gallo, otro juez cercano, también. La lógica es brutal y transparente: lealtad o muerte institucional.

• No se trata solo de jueces. También están moviendo el tablero en la justicia comercial, donde Matilde Ballerini —la jueza que durante años benefició a Mauricio Macri en la causa del Correo— irá el 4 de agosto a defender su reválida ante el Senado. El gobierno la quiere en su lugar. Y en los tribunales orales, donde se juzgan delitos de lesa humanidad, narcotráfico y corrupción, ya colocaron a Ángel Roger Luna Roldán, Pablo Roberto Toledo, Ruth Ponce de León y Bernardo Rodríguez Palma. Nombres que hasta ahora eran desconocidos para el gran público, pero que desde hoy tienen el poder de decidir sobre las causas más graves del país.

¿Y los fiscales? También cayeron cuatro designaciones: Patricio Sabadini en Resistencia, Fernando Alcaraz en Mendoza, Hugo Froy en Paso de los Libres y Juan Burella Acevedo en Corrientes. Todos puestos por decreto, sin concursos que garanticen idoneidad, sin mecanismos que aseguren independencia. El Ejecutivo está llenando cada resquicio del sistema con sus hombres.

Pero el plan va más allá. En la Casa Rosada ya circula el rumor de que quieren achicar la Cámara Federal de Casación, el máximo tribunal penal del país, y también reducir el número de juzgados de primera instancia de Comodoro Py. Hoy hay cuatro de doce vacantes. ¿Qué mejor manera de controlar la Justicia que reducir la cantidad de jueces y asegurarse de que los que queden sean los que responden al poder? En el Ministerio de Justicia bajan el tono, pero las versiones no son humo: son señales de humo que anticipan una ofensiva.

• El Senado es la aduana. Y el gobierno mira con ansias cómo la Cámara Alta va destrabando los pliegos que inicialmente fueron objetados dentro del propio oficialismo. Entre ellos, los de Juan Mejuto (secretario del TOF 5, señalado por firmar la solicitada de Justicia Legítima y visitar el Museo ESMA) y los jueces Alejandro Catania y Juan Pedro Galván Greenway (cuestionados por vínculos con la AFA). ¿Qué tienen en común? Que fueron objetados por sectores del gobierno, pero ahora podrían ser aprobados si el Senado se alinea. Es una purga silenciosa: primero se los critica, después se los habilita. Todo para asegurar que los jueces que lleguen no tengan ningún reparo en fallar a favor del Ejecutivo.

El único freno, por ahora, es un capricho. Los nombramientos para el TOF 3 de La Plata no han salido. ¿La razón? María Verónica Michelli, cuñada del periodista Hugo Alconada Mon (de La Nación), está en la lista. Milei siente animadversión personal hacia ella. La excusa oficial es que el tribunal no está habilitado ni tiene edificio, pero la realidad es que una decisión política —y hasta personal— está frenando la designación. Si hasta la animadversión del Presidente define quién entra y quién no, ¿qué queda de la independencia judicial?

Cien magistrados en dos meses. No es un número: es una declaración de guerra contra la separación de poderes. El gobierno no está llenando vacantes; está ocupando estratégicamente cada espacio que puede controlar. Y lo hace con nombres que responden a un solo jefe. Las causas de los hermanos Milei no son un tema menor: son el motor de esta carrera. El 11 de agosto, el Senado decidirá si les da la llave de Comodoro Py. Si eso pasa, el blindaje será casi total.

La democracia no se mide por la cantidad de decretos firmados. Se mide por la capacidad de la Justicia para ser independiente del poder de turno. Hoy, esa capacidad está siendo desguazada pieza por pieza, nombre por nombre. Y mientras el gobierno acelera, la ciudadanía mira por el espejo retrovisor. Pero el espejo se está empañando. ¿Hasta cuándo vamos a seguir mirando sin ver?

Fuente original: Página/12, 22 de julio de 2026 – Luciana Bertoia

Enlace: https://www.pagina12.com.ar/2026/07/22/milei-acelera-con-el-recambio-judicial-ya-designo-100-magistrados/

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#Milei #PoderJudicial #ComodoroPy #Designaciones #Justicia #Autocracia

No es un rumor de pasillo ni una hipótesis de café. Mientras la conversación pública gira alrededor del dólar y la interna oficialista, en el Congreso y en las mesas chicas del Ejecutivo se cocina un andamiaje legal que transforma a la Argentina en el experimento más ambicioso de la derecha tecnológica de Silicon Valley. La influencia de Peter Thiel –el magnate que fundó Palantir, el mismo que escribió “la libertad y la democracia ya no son compatibles”– no se limita a las reuniones con Javier Milei en la Casa Rosada. Se materializa en proyectos de ley que abren el territorio, blindan inversiones y, sobre todo, instalan un sistema de control social bautizado con el nombre aséptico de Gemelo Digital. La información la reveló una investigación de Confidencial.ar y acá te contamos por qué te afecta aunque no lo veas venir.

• El vínculo ideológico entre el presidente y el multimillonario no es una simple coincidencia de amigos libertarios. Milei dice que el Estado es una aberración que debe ser destruida; Thiel, quince años antes, ya había diagnosticado que el voto popular era un obstáculo para la libertad económica. Detrás de ambos late la misma corriente de pensamiento que en los círculos más radicales de la tecnología llaman la Ilustración Oscura. Su receta es brutal: dividir los países en sociedades anónimas manejadas por un director general sin necesidad de parlamentarios ni elecciones incómodas. Y Argentina, con su crisis crónica y su dirigencia permeable, se convirtió en el terreno fértil para probar esa fantasía autoritaria sin que la ciudadanía termine de advertirlo.

El desembarco práctico empezó con una serie de reformas legales que parecen escritas en las oficinas de los fondos de inversión. La primera es la Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, que desarma la vieja Ley de Tierras y elimina los límites de hectáreas y los topes por nacionalidad para compradores extranjeros. Traducido: cualquier multimillonario puede adquirir extensiones patagónicas protegidas para construir búnkeres de supervivencia sin que el Estado tenga nada que decir. No es una exageración. El propio Thiel compró pasaportes de conveniencia, levantó habitaciones de pánico en Nueva Zelanda y ahora fijó residencia en una mansión de doce millones de dólares en Barrio Parque, convencido de que el hemisferio norte puede volar por los aires. La ley argentina le abrió la tranquera.

La segunda pata es el Súper RIGI Tecnológico, un régimen de incentivos diseñado para mega centros de datos e inteligencia artificial. A las corporaciones que prometan inversiones mil millonarias se les regala un paraíso fiscal en serio: alícuota de Ganancias reducida al quince por ciento, arancel cero perpetuo para importar hardware como los chips avanzados de Nvidia y libertad cambiaria absoluta desde el primer día. Pueden mover dólares sin obligación de liquidarlos en el mercado oficial. Lo mismo que se le niega al exportador mediano o al monotributista que quiere ahorrar dos pesos, se le concede sin chistar al capital concentrado del norte.

• Pero el delirio normativo va todavía más lejos. El gobierno habilitó las llamadas “Corporaciones No Humanas”, registradas formalmente como Sociedades Automatizadas. Son empresas operadas íntegramente por algoritmos, robots o contratos inteligentes, sin la obligación de tener un solo empleado humano ni directores de carne y hueso. Y para darle previsibilidad a los dueños del software, cualquier conflicto se resuelve en tribunales de Nueva York o Delaware. Nunca un país había entregado con tanta precisión jurídica su soberanía a inteligencias artificiales y jurisdicciones extranjeras.

• En ese contexto de alfombra roja para el capital concentrado aparece la herramienta que el oficialismo intenta mostrar como modernización predictiva y que, en rigor, funciona como una máquina de vigilancia masiva de los sectores más vulnerables. Se llama Gemelo Digital Social y lo lanzó el Ministerio de Capital Humano con videos prolijos y gráficos amigables. La versión oficial insiste en que se trata de un desarrollo estatal puramente local, que no se le compró a ninguna corporación extranjera. Sin embargo, la comunidad científica y los especialistas en ciberseguridad vienen denunciando una coincidencia que incomoda: la arquitectura que presentó el ministerio replica paso por paso la propiedad intelectual que Thiel comercializa en todo el mundo mediante Palantir. El sistema unifica todas las bases de datos dispersas de la población, utiliza inteligencia artificial para detectar patrones de conducta que el ojo humano no ve y simula escenarios virtuales para evaluar el impacto de las medidas antes de aplicarlas en el mundo real. Es el mismo trípode que la empresa de Thiel vendió a la CIA, al FBI y al aparato de inteligencia de Estados Unidos.

La diferencia es que acá se aplica sin control ni ley que ampare al ciudadano. El peligro no es teórico: el Gemelo Digital permite tomar decisiones automatizadas. Si un algoritmo detecta lo que considera una inconsistencia matemática en el perfil de una persona, el sistema puede dar de baja una jubilación, una pensión por discapacidad, un plan alimentario o un subsidio de luz sin que ningún empleado público revise el contexto real de esa familia. Con una frialdad que no contempla changas, transferencias entre parientes para llegar a fin de mes ni las tramas solidarias que sostienen la economía real de los barrios, la máquina recorta y excluye. Y los algoritmos se entrenan con datos del pasado que arrastran sesgos profundos; así, los hogares que sobreviven en la informalidad quedan automáticamente bajo sospecha.

Para lograrlo, el Estado rompe sin ruido todas las barreras de privacidad. En milisegundos cruza tus movimientos de Mercado Pago, los consumos de la tarjeta de crédito, las declaraciones de AFIP, cada viaje en colectivo registrado por la SUBE y los registros de salud. Tu vida cotidiana queda expuesta, previsible, clasificada. Pero el ojo digital está calibrado para mirar hacia abajo: audita el gasto social al milímetro mientras se vuelve completamente ciego ante las declaraciones patrimoniales de los funcionarios, los desvíos de partidas o el dinero sofisticado que se esconde detrás de fideicomisos y sociedades en el extranjero. La vigilancia es asimétrica por diseño. Para el que menos tiene, lupa; para el poder real, opacidad absoluta.

• La obsesión de Thiel y de sus socios no se agota en el control algorítmico de las poblaciones. La llegada al sur de América Latina responde a una urgencia material y geopolítica. Los experimentos de ciudades empresa en Honduras, en las llamadas ZEDE, toparon con límites legales y resistencia social. Ahora necesitan un laboratorio más estable y ambicioso, y la cordillera de los Andes ofrece la combinación perfecta: energía barata, minerales estratégicos y gobiernos dispuestos a desregular hasta el hueso. Vaca Muerta se convierte en la gran batería que provee gas constante para alimentar servidores aislados de la red civil. Los ríos y las cuencas patagónicas entregan agua limpia y clima frío para refrigerar mega centros de datos. Del otro lado de la frontera, con el alineamiento del Chile de José Antonio Kast, la ecuación se completa: el litio del norte y el cobre cordillerano indispensables para fabricar los microchips y el cableado que sostienen el imperio digital. Para estos magnates, los Andes no son una división política; son el centro logístico de una zona de poder que une la energía argentina con la minería chilena bajo un esquema de gobernanza algorítmica y corporativa.

Así, las teorías oscuras de Silicon Valley dejan de ser un debate abstracto de internet y se transforman en una amenaza directa al bolsillo y a la libertad de cualquiera. El plan no se ejecuta con armas; se concreta con código informático y bases de datos centralizadas. La advertencia de Confidencial.ar es nítida: Sudamérica dejó de ser un conjunto de naciones con historia y soberanía para convertirse en un espacio de experimentación al servicio de corporaciones privadas. Somos el búnker perfecto, aislado de los grandes conflictos, dotado de agua dulce, gas y minerales, y gobernado por administraciones que asumen la entrega como virtud.

El verdadero riesgo no es que la tecnología falle, sino que funcione exactamente como la pensaron: convirtiendo a la sociedad en una base de datos y a las personas en clientes de un software que no votamos y que no podemos controlar. Mientras la discusión pública sigue atrapada en las peleas del día, el andamiaje legal ya está escrito, el gemelo digital ya está operando y la máquina de decidir quién recibe y quién no recibe no necesita congreso ni sentencia judicial. Solo necesita que sigamos mirando para otro lado.

Fuente original: Confidencial.ar, 21 de julio de 2026

Enlace: https://confidencial.ar/nota/2136/el-paquete-de-leyes-de-javier-milei-alineado-con-las-inversiones-de-peter-thiel/

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#PeterThiel #Milei #GemeloDigital #Palantir #ArgentinaDesigual #IlustraciónOscura

• No es un conflicto técnico. Es una pelea por el control del negocio más sensible del Estado: la Aduana. Y tiene dos frentes abiertos que afectan a cualquiera que compre en el exterior o que intente importar para su pyme.

El primero: el DNU 730/24, que creó la figura del "declarante". Cualquier persona física o jurídica puede ahora autogestionar sus operaciones aduaneras sin necesidad de un despachante matriculado. El Centro de Despachantes de Aduana (CDA) protestó ante Federico Sturzenegger, el ministro de Desregulación, argumentando que la falta de examen técnico o de secundario completo para los declarantes descalifica la profesión y dispara el riesgo de errores e infracciones.

El segundo: el régimen de courier. El jefe de la Aduana, José Andrés Velis, confirmó que se eliminará el sistema de cinco envíos postales anuales de hasta 400 dólares. La razón: detectaron fraudes masivos con CUIT de personas fallecidas, inexistentes e incluso de gobernadores provinciales, usados para esquivar el límite de compras. Una influencer ya fue procesada por contrabando por esa vía.

Pero el verdadero escándalo no está en los formularios. Está en los pasillos del poder.

El DNU que desregula (y desprotege)

El DNU 730/24 modificó el Código Aduanero y eliminó los registros de despachantes. Ahora, cualquiera puede inscribirse como "declarante" sin pasar por un examen técnico ni acreditar idoneidad. El resultado: miles de personas se anotaron de forma masiva, generando una confusión registral que, según los despachantes, deja el sistema aduanero en manos de improvisados.

El reclamo llegó hasta las recientes Jornadas Comex del CDA, donde Velis tomó nota de cada punto y prometió trasladar el malestar al propio Sturzenegger. No es un gesto menor: el ministro de Desregulación reporta directamente a Javier Milei, no a Karina ni a Santiago Caputo. Y esa autonomía empieza a ser un problema para el núcleo duro del gobierno.

Los despachantes no piden caridad. Exigen que se mantenga la obligatoriedad de un profesional matriculado para garantizar que las importaciones no se conviertan en un campo minado de errores, multas y mercadería trabada. El que termina pagando el pato, advierten, es el importador chico, el que no tiene estudio jurídico ni contactos en el Palacio.

El fraude del courier y el fin de los 400 dólares

En paralelo, Velis puso el foco en el sistema de envíos postales. El régimen permitía hasta cinco compras anuales de 400 dólares con trazabilidad simplificada. Pero la Aduana detectó una red de "avivadas": usuarios que utilizaban CUIT de personas fallecidas o inexistentes para multiplicar los envíos a nombre de terceros. Hasta llegaron a usar el número de identificación de gobernadores provinciales.

El funcionario confirmó la eliminación de ese régimen, aunque no dio precisiones sobre cuándo ni cómo. El objetivo: frenar el fraude. Pero la medida también golpea a los consumidores comunes que usaban ese cupo para comprar productos electrónicos, ropa o repuestos que acá cuestan el doble o el triple. El gobierno dice que es para ordenar el control. Los que compran por internet dicen que es un nuevo cepo.

El sindicato de la AFIP, a través de su secretario general Julio Estévez (h), salió a respaldar la decisión de Velis. "Desregular u optimizar el comercio exterior no puede ser sinónimo de descontrol o de vulneración de la seguridad fiscal", afirmó. Los trabajadores aduaneros, aseguró, son quienes detectan en primera línea estas trampas. Apoyo político en medio de la tormenta.

La interna que no se ve: Caputo vs. Sturzenegger

Aquí está el verdadero hueso. José Andrés Velis no llegó a la Aduana por su currículum. Llegó por la mano derecha de Santiago Caputo, el asesor estrella del gobierno. Velis es un ahijado político directo de Caputo, y su designación consolidó el control del equipo del estratega sobre el área más sensible de recaudación e inteligencia fiscal.

Sturzenegger, en cambio, es un ministro sin ataduras. No responde a Karina Milei ni a Santiago Caputo. Responde únicamente al Presidente. Y esa libertad para diseñar su agenda desreguladora choca de frente con la estructura de poder que los Caputo armaron en ARCA y en la Aduana.

La relación entre Velis y Santiago Caputo ya tuvo un momento de máxima tensión: el escándalo de las valijas en Aeroparque, cuando un avión del empresario Leonardo Scatturice ingresó equipaje sospechoso sin los controles debidos. En ese momento, la Aduana dependía de Juan Pazo, y el ruido político llegó al fuero Penal Económico. Caputo se enojó con Velis por las consecuencias mediáticas. Pero el padrinazgo sobrevivió.

Ahora, el reclamo de los despachantes se convierte en un examen de fuerza. ¿Puede Sturzenegger imponer su agenda desreguladora contra la voluntad del hombre de Caputo en la Aduana? ¿O Velis, con el respaldo del asesor presidencial, logrará frenar o moderar el DNU?

El factor Karina y la disputa en ARCA

La interna es aún más compleja. Sectores alineados con Karina Milei, secretaria General de la Presidencia, buscan recortar el margen de influencia de Santiago Caputo. Y la Aduana es uno de los principales tableros. La conducción de Velis es un foco constante de fricción: los equipos de Karina apuntan a desplazar o debilitar la estructura armada por el asesor.

Además, Velis mantiene una tensa disputa de poder con Andrés Vázquez, el titular de ARCA. Aunque ambos responden a los Caputo, la pelea por la designación de subdirectores clave busca recortar la autonomía operativa del jefe aduanero. Mientras los funcionarios se tiran flechas, el sistema aduanero navega entre dos fuegos.

El gabinete de Milei no encuentra paz desde el affaire de Manuel Adorni, y esta nueva guerra interna amenaza con abrir otra grieta. Sturzenegger es un ideólogo que cree en la desregulación a ultranza. Caputo y Karina, en cambio, construyen poder territorial. La Aduana es el campo de batalla.

Lo que está en juego para el argentino común

Más allá de los nombres y los despachos, hay consecuencias concretas. El fin del régimen de 400 dólares encarece cualquier compra internacional. La desregulación de los declarantes, si no se controla, puede generar más trabas burocráticas, no menos. El que quiere importar un insumo para su taller o su negocio se enfrenta a un sistema donde el error propio puede costarle la mercadería y una multa.

Los despachantes no son santos, pero cumplen una función de control que el Estado no puede suplir con un formulario online. La pregunta que el gobierno no responde es: ¿quién garantiza que los declarantes improvisados no cometan errores que terminen en infracciones y pérdidas millonarias para pequeños importadores?

Mientras Sturzenegger y Caputo miden fuerzas, el ciudadano de a pie sigue esperando que las promesas de desregulación se traduzcan en menos costos y más agilidad. Por ahora, lo único que llega es humo.

El examen de Sturzenegger

El reclamo de los despachantes no es un ruido menor. Es un testeo del verdadero poder que ostenta Sturzenegger dentro del gobierno. Si logra mantener el DNU 730/24 sin modificaciones, habrá demostrado que su autonomía frente a Milei es real. Si termina retrocediendo, quedará claro que los Caputo y Karina tienen la última palabra.

El gobierno libertario llegó prometiendo romper con las corporaciones. Pero la pelea actual no es contra los despachantes, sino entre facciones del mismo oficialismo. Y mientras los funcionarios se disputan el control de la Aduana, los que necesitan importar para vivir siguen esperando que alguien les explique si pueden hacerlo, cómo y a qué costo.

La guerra está declarada. El campo de batalla, la Aduana. Y el desenlace no se define en los papeles, sino en el escritorio de Javier Milei.

Fuente original: REALPOLITIK - 25 de junio de 2026

Enlace: www.realpolitik.com.ar

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#Sturzenegger #Aduana #DNU730 #Despachantes #GuerraInterna #Milei

El gobierno de Javier Milei quedó en la mira de la Justicia. No por una acusación directa contra el Presidente, sino porque una denuncia penal por usurpación y explotación ilegal de un inmueble rural en General Lavalle involucra a dos puntas de su administración: un secretario del intendente Nahuel Guardia y, lo más delicado, a la Administración de Parques Nacionales, hoy manejada por el libertario Sergio Martín Álvarez.

El expediente, que ya generaba ruido en los tribunales bonaerenses, dio un salto de calidad política esta semana. Juan Carlos Ghernetti, el particular damnificado, amplió la denuncia original y pidió que se investigue a Nicolás Toucedo (secretario de Cultura, Educación, Deporte y Turismo de Guardia) y a Leila Taylor como presuntos beneficiarios de la explotación económica de una chacra ocupada. Pero el punto que convierte esto en un dolor de cabeza para la Rosada es otro: según el escrito, el inmueble sería ocupado por la APN, que pagaría cánones locativos a los denunciados a través de un contrato de dudosa autenticidad.

Dicho en criollo: el Estado nacional, bajo la órbita de Milei, estaría pagando alquiler a unos tipos acusados de usurpar un campo. Si eso se prueba, no es un simple conflicto vecinal. Es un escándalo institucional con olor a fraude a la administración pública.

La ruta del dinero y los bienes desaparecidos

La causa, caratulada como IPP PP-03-00-001077-26/00, ya venía investigando una presunta dilación indebida en el avance de la causa por ocupación ilegal. Pero la nueva presentación de Ghernetti es mucho más cruda. El denunciante sostiene que Toucedo y Taylor no solo se quedaron con el predio, sino que lo siguieron explotando económicamente, obteniendo ganancias en perjuicio de los derechos posesorios que él reclama sobre la Chacra 26.

Para que el lector sepa de qué estamos hablando: no es un terrenito baldío. La denuncia menciona la desaparición de paneles solares, jaulas polivalentes e instalaciones rurales. Es decir, el establecimiento tenía valor productivo y, según Ghernetti, todo eso se esfumó o fue sustraído. Eso, de por sí, configura un agravamiento del perjuicio patrimonial que podría derivar en delitos como robo o hurto agravado.

Pero la bomba está en el vínculo con el organismo nacional. La APN, que hoy responde a la gestión libertaria de Sergio Martín Álvarez, estaría ocupando total o parcialmente esa chacra. Ghernetti pide que la Justicia le exija a Parques Nacionales que informe bajo qué título jurídico ocupa el predio, que presente copia del contrato y, lo más jugoso, que identifique a las personas físicas que cobran los cánones locativos.

Ahí está el gancho que engancha a Milei. No es una especulación política: es una medida probatoria concreta que puede destapar si el Gobierno nacional está validando, con plata de los contribuyentes, una ocupación irregular.

Las pruebas que pueden hacer temblar el escritorio de Milei

El denunciante no se quedó en los dichos. Solicitó una inspección ocular judicial urgente con relevamiento fotográfico y georreferenciado para constatar el estado del predio y la eventual presencia de cartelería oficial. También pidió un inventario judicial de los bienes faltantes, declaraciones testimoniales y una pericia documentológica sobre el supuesto contrato con la APN.

Además, quiere que la AFIP/ARCA informe sobre la situación fiscal de Toucedo y Taylor, y que los bancos reconstruyan la trazabilidad de los fondos que hayan entrado por la explotación o alquiler del inmueble. En el petitorio final, Ghernetti pide que se evalúe la competencia federal, justamente porque hay un organismo nacional metido en el medio.

Si la Justicia hace lugar a esos pedidos y encuentra que el Estado nacional efectivamente giró plata a los denunciados, el escenario cambia radicalmente. No es solo un problema para Nahuel Guardia en General Lavalle. Es un problema político directo para Javier Milei, que llegó a la Casa Rosada prometiendo motosierra contra los privilegios y la corrupción, pero que ahora ve cómo un organismo de su gobierno aparece en el centro de una denuncia por una maniobra turbia con tierras.

Lo que está en juego para el gobierno libertario

Por ahora, la presentación es una denuncia y un pedido de medidas. Pero el expediente ya abrió una derivación incómoda para el oficialismo. La conexión entre un funcionario del gabinete de Guardia (Toucedo) y un organismo nacional bajo control libertario (Parques Nacionales) dibuja un mapa que la oposición no va a dejar pasar.

El gobierno de Milei tiene dos caminos: o deja que la investigación avance sin presiones y muestra que su discurso anticorrupción no es verso, o intenta enfriar el expediente y se come el costo político de parecer que cuida a los suyos. Hasta ahora, ni la APN ni la gestión de Guardia se pronunciaron oficialmente sobre el contenido de la denuncia.

Lo concreto es que la Chacra 26 de General Lavalle ya no es solo un problema de tierras. Es el primer expediente que mete a la administración libertaria en el banquillo de los acusados por una posible irregularidad con fondos públicos. Milei no está en el escrito como imputado, pero su gobierno está salpicado hasta el cuello. Y en la política argentina, cuando la Justicia pide papeles, el silencio también habla.

Fuente original: Realpolitik, 5 de julio de 2026

Enlace: https://realpolitik.com.ar/nota/73100/denuncia-por-usurpacion-y-explotacion-de-una-chacra-vincula-a-funcionarios-de-nahuel-guardia-y-javier-milei/

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#Milei #Justicia #Corrupción #GeneralLavalle #ParquesNacionales

El presidente Javier Milei firmó el DNU 594/2026. Y en ese decreto, la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE) se llevó un refuerzo de $49.261,5 millones. De esa cifra, $7.467 millones fueron a parar directamente a los gastos reservados. Esa categoría que la ley permite mantener en la oscuridad, sin que ningún ciudadano sepa en qué se gasta, sin control del Congreso, sin auditoría posible.

• El decreto se publicó el jueves 16 de julio en el Boletín Oficial. Y los números son implacables: el 15% del aumento total de la SIDE —casi uno de cada siete pesos— va a una partida que no se desglosa, no se justifica y no se fiscaliza. El resto se reparte entre sueldos, computadoras, escritorios y combustible. Pero el núcleo duro, el que realmente importa, es ese fondo opaco que crece sin que nadie pregunte.

Porque esto no es un hecho aislado. El Gobierno ya había engordado los gastos reservados de la SIDE en julio de 2024 con unos $100.000 millones, en marzo de 2025 con $1.600 millones y en mayo del mismo año con otros $8.017 millones. La tendencia es clara: cada vez que el Ejecutivo necesita mover plata para inteligencia, lo hace por DNU, sin debate, sin votos, sin control.

• Pero ojo: el refuerzo a la SIDE no  solo. El mismo decreto mete $409.342,7 millones para cubrir los déficits de las cajas previsionales provinciales a través de ANSES. También amplía el presupuesto de la Secretaría de Educación para pagar sueldos de docentes y no docentes universitarios, y refuerza las becas del Programa Manuel Belgrano. Además, inyecta fondos al Monotributo Social para trabajadores de la economía popular y readecua partidas para el pago de la deuda pública y para Educ.ar, la empresa estatal de contenidos digitales.

¿Qué hace el Gobierno con este combo? Mezcla en un mismo paquete lo que a nadie le gusta cuestionar —jubilaciones, educación, trabajo— con lo que debería encender todas las alarmas: el blindaje millonario de la caja negra de la inteligencia. Es una maniobra política clásica: si alguien critica el aumento de la SIDE, lo tachan de enemigo de los jubilados o de la universidad pública. Pero la trampa está a la vista.

Ahora, vayamos al detalle de qué compra la SIDE con el resto de la plata. $31.396 millones —casi el 64% del refuerzo— son para gastos de personal: más cargos, más sueldos, más estructura. Dentro de eso, $21.965 millones para personal permanente, con retribuciones que trepan a $17.015 millones. También $17.865,5 millones en bienes de capital: $9.457 millones en equipos de computación, $7.023 millones en mobiliario de oficina, $1.336 millones en equipos educacionales y recreativos, y $49 millones en equipamiento sanitario. Casi $2.000 millones más para bienes de consumo: alimentos, vestimenta, combustibles, medicamentos, útiles de oficina.

La pregunta no es si la SIDE necesita equipamiento. La pregunta es por qué todo esto se decide a espaldas del Congreso, por qué los gastos reservados crecen sin control y por qué se esconden en un DNU que también lleva plata a los sectores más vulnerables. Porque la opacidad no es un accidente: es una decisión de gobierno.

• El propio discurso oficial insiste en el ajuste, en achicar el Estado, en terminar con los privilegios de la casta. Pero los números cuentan otra historia: la SIDE no se achica, se expande. Y su parte más oscura —los gastos reservados— recibe un refuerzo de 7.500 millones que nadie va a poder rastrear. No hay control parlamentario, no hay auditoría de la SIGEN, no hay acceso a la información. Solo un decreto firmado y una partida que desaparece en el laberinto del secreto de Estado.

¿Qué se compra con esa plata? ¿Operaciones de inteligencia legítimas? ¿Espionaje interno? ¿Informes para el poder político? La ley lo permite, pero la legitimidad no se agota en la legalidad. En un país donde la inflación licúa salarios, donde los jubilados cuentan monedas y las universidades recortan gastos para llegar a fin de mes, blindar 7.500 millones en la sombra es un acto de profunda irresponsabilidad política.

El presupuesto es la carta de intenciones más sincera de cualquier gobierno. Y este dice, sin vueltas, que la inteligencia secreta vale casi 50.000 millones de pesos más que antes. Que los gastos reservados son una prioridad. Que la transparencia es un verso.

• El resto, lo que no está en los anexos del DNU, es lo que nunca vamos a saber. Y ese es el verdadero problema

Fuente original: Boletín oficial. 16 de julio de 2026

https://www.boletinoficial.gob.ar/detalleAviso/primera/344407/20260716

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#SIDE #GastosReservados #Milei #Presupuesto2026 #Transparencia

La selección argentina iba a repetir una cábala y el Presidente se metió en el medio. Los jugadores querían que Lali Espósito volviera a cantar el himno, como en la final del mundo en Qatar. Pero Javier Milei, a través de intermediarios, ya le bajó el pulgar a la AFA: esa opción “no sería conveniente”. La filtración salió al aire en el programa deportivo AZZ y en pocas horas la discusión dejó de ser futbolera para transformarse en un round entre el poder político y los códigos del vestuario.

La información es un baldazo de agua fría para los futbolistas que venían insistiendo con el nombre de Lali desde hace semanas. En AZZ fueron al hueso. “Los jugadores pidieron por Lali para cantar el himno pero el Presidente no quiere”, largaron los conductores sin anestesia. Y no se quedaron ahí: explicaron que la negativa llegó a las oficinas de la Asociación del Fútbol Argentino por canales informales pero muy concretos. Funcionarios cercanos al primer mandatario hicieron saber que la presencia de la cantante no era del agrado de la Casa Rosada y que, en todo caso, convenía postular a Soledad Pastorutti, una artista que siempre tuvo buena recepción en actos oficiales y zonas rurales, y que en los últimos meses se mostró alineada con la narrativa del Gobierno.

En los pasillos de la AFA la recomendación cayó como un piedrazo. No porque Soledad genere rechazo —de hecho su voz es respetada en cualquier rincón del país—, sino porque el mensaje llegó con la fuerza de una orden velada. Desde el programa AZZ no tardaron en marcar la cancha: “Si canta Lali o no es decisión de la AFA aprobado por FIFA”. La frase es precisa. Cualquier intromisión externa, venga de donde venga, choca contra la autonomía que exige el reglamento de la casa madre del fútbol. Y acá, según los testimonios que circularon en el estudio, el Presidente intentó mover las piezas antes de que el máximo organismo deportivo siquiera evaluara la propuesta.

Para entender por qué los jugadores la pidieron, hay que retroceder hasta diciembre de 2022. En el estadio Lusail, minutos antes de la final contra Francia, Lali Espósito interpretó un himno a capela que estremeció a las tribunas repletas de argentinos. La imagen quedó grabada como un emblema de aquella Copa del Mundo, y dentro del plantel se transformó en un símbolo de unidad. Varios de los campeones que todavía visten la celeste y blanca pensaron que traerla de regreso era un guiño a la buena suerte y, sobre todo, un mimo a la hinchada, que le respondió con un aplauso cerrado hace cuatro años.

El tiro por elevación que ahora parte desde Balcarce 50 tiene un costo simbólico difícil de medir. Lo que está en discusión no es únicamente el nombre de una artista, sino la frontera entre un Gobierno que recién cumple sus primeros meses y una decisión protocolar que, por estatuto, pertenece al mundo del fútbol. El programa AZZ lo dijo sin eufemismos: el Presidente eligió mandar un mensaje antes que dejar fluir la voluntad de los que entran a la cancha. Y ese gesto, que en un despacho oficial puede sonar a detalle menor, afuera se lee como un intento de colonizar simbólicamente un terreno que hasta acá estaba reservado a los jugadores y a los hinchas.

La grieta, que parecía haberse tomado un respiro cada vez que rodaba la pelota, ahora asoma justo en la previa de un partido que debería unir. En grupos de WhatsApp, en las redes y en las mesas de café los hinchas no hablan de táctica sino de política. El riesgo es que el himno, ese momento en que 80 mil gargantas suenan al unísono, se parta en dos antes de empezar. Mientras tanto, la AFA evalúa con incomodidad los pasos a seguir: si acepta la sugerencia implícita que ya circuló por teléfono, desautoriza a sus futbolistas; si la ignora, tensa una relación con el Gobierno que apenas empieza y que ya tiene capítulos espinosos en otras áreas.

Pensalo así: un vestuario que se siente campeón del mundo y que elige libremente a quién quiere escuchar antes de salir a la cancha se topa de golpe con un no que viene del escritorio más alto del país. No hay resolución judicial ni decreto: alcanza con un llamado, un recado, la palabra “conveniente” dicha en el oído adecuado. Ese mecanismo de poder blando, aunque carezca de firma, pesa. Y pesa especialmente en un país donde la política y el fútbol conviven hace décadas con una tensión que cada tanto explota en el momento menos pensado.

La pelota quedó del lado de la AFA. Los futbolistas ya pidieron, el Presidente ya opinó, y la FIFA mira de reojo. Lo que se resuelva en los próximos días no va a cambiar la alineación titular ni va a sumar puntos en la tabla, pero va a decir mucho sobre quién manda en esa zona gris donde terminan los botines y empiezan los despachos.

Fuente original: Programa AZZ, emitido el 17 de julio de 2026.

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Javier Milei confirmó que no estará en el MetLife Stadium de Nueva Jersey el próximo domingo. Mientras Argentina y España se juegan la estrella, el presidente verá la final desde el cine de Olivos, junto a su hermana Karina. La excusa oficial es una cábala. Pero lo que nadie dice en voz alta en Balcarce 50 es que el estadio donde Lionel Messi buscará la gloria se ha convertido en el epicentro de una tormenta geopolítica que ningún mandatario con dos dedos de frente quiere pisar.

¿La razón? Sabemos que Donald Trump estará en la tribuna y será el encargado de entregar la copa al campeón. La presencia del presidente de Estados Unidos no es protocolo menor: convierte el evento en un blanco de alto valor simbólico en un momento donde la guerra fría entre Washington y Teherán amenaza con recalentarse. Pero hay más, y es lo que mantiene en vilo a los servicios de inteligencia: Irán ya le hizo llegar un mensaje explícito a Trump. Le prometieron que lo harán pagar por la muerte del ayatolá. No es una bravata de redes sociales, es una filtración de inteligencia que circula en los pasillos de la diplomacia paralela y que encendió todas las alarmas en la Casa Blanca.

Milei, que hizo de su alineamiento con Netanyahu y su declaración de la Guardia Revolucionaria como organización terrorista un pilar de su política exterior, no es ajeno a esa amenaza. Fuentes cercanas a la inteligencia israelí confirmaron que Irán también le tiene reservada una "promesa" similar a la de Trump. El régimen persa ya habría cruzado ese mensaje en canales no oficiales: por su alineamiento explícito con el primer ministro israelí y su decisión de trasladar la embajada argentina a Jerusalén, Milei está en la misma lista negra que el mandatario estadounidense. No es casualidad que el comandante del Cuerpo de los Guardianes de la Revolución, Ibrahim Solfajhari, haya salido a decir que Milei "no sufre lo suficiente" y que "escudarse en el deporte es lo que le faltaba al pequeño Satán".

• . La decisión de Milei de no viajar fue confirmada este jueves en una entrevista con El Observador. "De ninguna manera. Voy mirando los partidos desde Olivos como el primer día. Es una cábala; miro los partidos en el cine de Olivos con mi hermana", dijo. En otro contexto, la superstición sería creíble. Alberto Fernández no viajó a Qatar en 2022, Cristina tampoco lo hizo a Brasil en 2014. Pero la diferencia es abismal: ninguno de ellos tenía una amenaza directa de un régimen teocrático flotando sobre el estadio ni compartía palco con un presidente estadounidense que acaba de recibir un aviso de venganza por un ajuste de cuentas pendiente desde 2020, cuando la muerte del ayatolá Sulaimani cambió el equilibrio del Medio Oriente.

• El gobierno insiste en bajar el tono. Aseguran que la Casa Rosada estará a disposición del equipo si decide celebrar allí, y que Karina Milei, junto con la Casa Militar, se ocupará del operativo de seguridad para el recibimiento del seleccionado. Pero mientras tanto, el régimen iraní aprovecha la grieta. El comandante Solfajhari ya instaló la narrativa de un presidente con pánico al ruido del público, que transpira como un condenado y prefiere el refugio de su hermana antes que la exposición. "Que salga de su confort, que quizás vea que no es tan admirado como le hacen creer sus aliados, el Satán del Norte y el demonio sionista", disparó el iraní, en una clara referencia a Trump e Israel.

Lo que está en juego va mucho más allá del resultado deportivo. El MetLife Stadium, con capacidad para más de 80 mil personas, estará blindado por el Servicio Secreto y el FBI. Pero la amenaza de Irán no es solo física; es simbólica. Si Milei hubiera viajado, habría estado al lado de Trump, el líder del "Satán del Norte", bajo el mismo paraguas de amenazas. Su ausencia, aunque enmascarada de cábala, le da la razón a los iraníes en el terreno de la percepción: parece que le tiene miedo a las consecuencias de su propia política.

El dilema es cruel para un presidente que construyó su imagen en la dureza. Milei declaró enemigos, pero ahora las sombras de esos enemigos aparecen en la puerta del estadio. Los argentinos, mientras tanto, mirarán el partido. Algunos celebrarán en las plazas, otros en sus casas. Pero el presidente, ese que prometió romper con el statu quo, estará encerrado en su cine privado, mirando a través de una pantalla lo que no se anima a vivir en carne propia. El domingo, el mundo verá a Trump entregar la copa. Argentina verá a sus jugadores. Y el régimen iraní, con una sonrisa, verá confirmada su profecía: el pequeño Satán sudamericano no se animó a salir de su cueva.

Fuente original: Argentina Desigual, 16 de julio de 2026

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#Milei #Irán #Trump #Mundial2026 #Geopolítica #Seguridad

El Presidente calificó como un “error inadmisible” el gesto de los futbolistas argentinos que, tras vencer a Inglaterra en la semifinal del Mundial, desplegaron una bandera con la leyenda “Las Malvinas son argentinas”. La declaración del mandatario, que salió a corregir a sus propios compatriotas en medio de una fiesta deportiva, reabrió el debate sobre el rol del Gobierno en una causa que trasciende generaciones y gobiernos.

Ocurrió el jueves 16 de julio, horas después del triunfo 2 a 1 en Atlanta. En diálogo con radio El Observador, Milei reconoció que el reclamo de soberanía es “un sentimiento que está dentro de todos los argentinos” y que la expresión de los jugadores es “perfectamente válida y lícita”. Pero acto seguido, deslizó una advertencia: el gesto, dijo, “no tiene que inducir a hacer malas interpretaciones”. Y fue más lejos: “Desde una posición de responsabilidad, ciertos errores son inadmisibles”, sentenció. ¿El error? Haber mostrado la bandera en la cancha. El Presidente, en lugar de celebrar una reivindicación que la Constitución Nacional respalda, optó por alinearse con el reclamo británico y la FIFA, que habían prohibido el símbolo en el estadio.

Los jugadores que desplegaron el estandarte blanco con letras negras fueron Lisandro Martínez, Giovani Lo Celso y Cristian Romero. Lo Celso incluso lo extendió sobre el césped mientras el plantel celebraba con la hinchada. La bandera, según trascendió, había sido entregada por los propios fanáticos desde la tribuna. Nada de esto, sin embargo, pareció importar para el Presidente, que trazó una línea divisoria entre el deporte y la política: “Un partido de fútbol es un partido de fútbol, así lo entendió el director técnico, así lo entendieron los veteranos”. La referencia a los veteranos resulta particularmente torpe: la mayoría de los excombatientes, nucleados en agrupaciones como el Centro de Ex Soldados Combatientes de Malvinas, han manifestado históricamente su apoyo a visibilizar la causa en todos los ámbitos, incluido el deportivo. Milei, en cambio, los usó para justificar su propia incomodidad.

El timing de la declaración no es menor. El Gobierno había intentado evitar que ese símbolo llegara a la cancha. En la previa del encuentro, la FIFA y las autoridades de Estados Unidos prohibieron el ingreso de banderas, carteles o insignias con contenido político, incluidas aquellas vinculadas al reclamo por Malvinas. El gobierno de Milei, según distintas fuentes, avaló esa restricción. Pero además, en los operativos de seguridad previos al partido, hubo controles específicos que impidieron el ingreso de banderas con esa consigna, una decisión que generó un fuerte malestar en las inmediaciones del estadio. La medida provocó rechazo en sectores de la oposición, excombatientes y organizaciones de derechos humanos, pero el Ejecutivo insistió: la consigna de Malvinas era considerada “contenido político” y, como tal, no debía estar en un estadio. Una definición que, de hecho, equipara el reclamo de soberanía con un cartel partidario, cuando se trata de una política de Estado sostenida por todos los gobiernos democráticos desde 1983.

El gesto de los jugadores, sin embargo, no pasó desapercibido para el Reino Unido. El gobierno de Keir Starmer pidió formalmente a la FIFA que investigue a la selección argentina. La portavoz de Downing Street fue contundente: “Puede que el Mundial no sea nuestro, pero las islas Malvinas sin duda lo son”. El ministro de Ciencia británico, Peter Kyle, calificó el gesto como “totalmente inapropiado” y aseguró que “la política debe mantenerse al margen del fútbol”. La FIFA, que ya había incluido la consigna de Malvinas en su lista de símbolos políticos prohibidos, evalúa ahora una sanción que, según Milei, podría ser una multa de 30.000 dólares para la AFA. El Presidente, en lugar de respaldar a sus seleccionados, optó por anticipar el castigo y justificar al organismo internacional, dejando a los jugadores solos frente a la presión externa.

Pero lo que Milei considera un “error inadmisible” tiene otra lectura para millones de argentinos. En cuestión de minutos, las redes sociales se llenaron de mensajes que señalaban que el gesto de los futbolistas reivindicó una causa que forma parte del consenso histórico argentino y que está reconocida en la Constitución Nacional. La foto de la Selección levantando la bandera fue leída por muchos como un mensaje contundente: mientras la discusión política giraba en torno a las restricciones, los campeones del mundo eligieron reivindicar públicamente la soberanía argentina sobre las Islas Malvinas en una de las imágenes más vistas del día. Para numerosos dirigentes, veteranos de la guerra y usuarios en redes, impedir el ingreso de esas banderas significó un error político, al tratarse de una consigna que trasciende las diferencias partidarias y representa una política de Estado sostenida por la Argentina desde hace décadas. La postal recorrió el mundo y reavivó un debate que el Gobierno de Milei difícilmente pueda evitar: hasta qué punto decisiones oficiales vinculadas a una causa que une históricamente a los argentinos terminan generando un costo político innecesario. Y la respuesta parece clara: el Presidente quedó del lado de la FIFA y del Reino Unido, no del sentimiento popular.

Milei, sin embargo, insistió en que la recuperación de las islas va por “otro carril”: el diplomático. Ponderó los “avances enormes” logrados por su gestión, mencionando al entonces canciller Gerardo Werthein y al secretario de Finanzas Pablo Quirno —a quien luego nombraría canciller— en los acercamientos a Estados Unidos. Según el Presidente, eso permitió que “la ONU obligara a Inglaterra a sentarse a negociar con nosotros”. “Las Malvinas se recuperan con diplomacia sabia y no con gestos de patriotismo baratos”, remarcó. Pero la realidad diplomática es más compleja que ese relato triunfalista. El 13 de julio, tres días antes del partido, el Gobierno había presentado una protesta formal ante el Reino Unido por los movimientos del buque de guerra HMS Medway en aguas cercanas a las Malvinas. La cancillería calificó el tránsito como “inconsulto e ilegal”. Un dato que contrasta con el optimismo presidencial y que muestra que, más allá de las declaraciones, la tensión con Londres sigue intacta. Si realmente hubiera avances sustanciales, no se explicaría por qué el Reino Unido sigue reforzando su presencia militar en el archipiélago ni por qué la ONU, lejos de “obligar” a sentarse a negociar, mantiene su habitual llamado al diálogo sin plazos perentorios.

El problema de fondo, el que Milei parece querer eludir, es otro: ¿por qué un Presidente argentino sale a corregir a sus propios compatriotas por reivindicar la soberanía de un territorio que su propia Constitución declara argentino? ¿Por qué califica como “inadmisible” un gesto que, en cualquier otra gestión, hubiera sido celebrado como un acto de afirmación nacional? La respuesta, quizás, esté en el cálculo político: el Gobierno busca no tensar la relación con el Reino Unido ni con Estados Unidos, aliados estratégicos en su agenda económica y comercial. Pero en ese camino, corre el riesgo de parecer más preocupado por las sanciones de la FIFA y por no ofender a sus socios externos que por el sentimiento de un pueblo que, en la cancha y fuera de ella, sigue reclamando lo que es suyo. La imagen de los jugadores con la bandera no fue un exceso de fervor, sino un recordatorio incómodo para un Presidente que, en su afán de alineamiento internacional, parece haber olvidado que la soberanía no se negocia ni se somete a la conveniencia de un partido de fútbol.

Fuente original: La Nación, 16 de julio de 2026

Enlace: https://www.lanacion.com.ar/politica/milei-hablo-de-la-bandera-de-malvinas-que-mostraron-los-jugadores-y-el-gobierno-ingles-pidio-que-la-nid16072026/

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#Malvinas #Milei #SeleccionArgentina #Mundial2026 #Soberania

Doce millones de pesos. Eso declaraba como patrimonio la Fundación Faro al arrancar 2024. Un año después, en el balance de cierre, anotó 4.394 millones. La diferencia no es un error de tipeo ni un redondeo generoso: la entidad que conduce el polemista Agustín Laje multiplicó sus activos por más de 360 veces en apenas doce meses. El salto lo destapó una investigación del medio Chequeado, y ahora un juzgado federal tiene sobre la mesa un pedido para que se investigue de dónde salió realmente esa fortuna.

• La presentación judicial la hizo el abogado Facundo Pérez Ernst, en representación de la organización "La Liga de la Justicia Social", y recayó en el Juzgado Federal N° 7. Allí se solicita que se averigüe si existieron delitos de lavado de activos, cohecho y tráfico de influencias. Los nombres señalados no son de relleno: aparece Santiago Caputo, el asesor presidencial que concentra un poder pocas veces visto en la historia reciente, junto al dirigente Cristian Auguadra y otras figuras del ecosistema libertario.

Pérez Ernst fue cuidadoso al explicar los alcances de la denuncia. No está pidiendo una condena sin pruebas ni acusando a nadie en falso. Lo que exige es que el fuero penal active herramientas de investigación que un particular no puede manejar. "Nos amparamos en esas notas que muestran irregularidades en los balances de la Fundación Faro, algo que también detectó la Inspección General de Justicia", declaró. Y remató con un concepto clave: si el juzgado libra los oficios y obtiene la información, recién ahí se podrá determinar si existió el entramado que los denunciantes sospechan.

• Las cifras en danza impresionan. La fundación declaró ingresos por casi 5.000 millones de pesos bajo un paraguas amplio: "Donaciones, cursos, talleres y prevención". Pero la pregunta inevitable es quién puso esa plata y con qué fin. Porque los donantes, hoy, están blindados por la Ley 25.246 de Prevención de Lavado de Activos. Cuando la IGJ intimó a Faro a presentar el Anexo XIII —el registro donde deben figurar los grandes aportantes—, la entidad entregó la documentación pero los nombres quedaron bajo secreto financiero. La paradoja es filosa: una ley pensada para perseguir el lavado termina funcionando como escudo para que no se conozca quién financia a una fundación políticamente alineada con el Gobierno.

A esa opacidad se suma un dato que agrava las sospechas. La marca Ratio Oficial, vinculada de manera directa a la fundación, desembolsó más de 1.238 millones de pesos en publicidad política en las plataformas de Meta —Facebook e Instagram— entre marzo de 2025 y junio de 2026. Son cifras de campaña permanente, aceitadas con fondos de origen desconocido, que corren por los mismos carriles digitales donde cualquier argentino pone su sueldo para pagar un monotributo y queda registrado hasta el último centavo.

• Los denunciantes le pidieron al juzgado tres medidas concretas. La primera, librar oficio a la IGJ para acceder a la lista real de donantes, corriendo el velo societario. La segunda, requerir informes detallados al Banco Central y a la Unidad de Información Financiera para rastrear movimientos bancarios y alertas de lavado. La tercera, reconstruir la trazabilidad completa del dinero: de dónde salió, por qué manos pasó, si hubo fondos aportados por sectores que el Estado debe regular o si, en definitiva, se armó un conducto opaco para financiar política sin control.

El contexto le devuelve a la denuncia un filo particular. La Fundación Faro no es un club de barrio: es un centro de difusión de ideas con llegada directa a los despachos oficiales. Su titular, Agustín Laje, construyó su figura como referente intelectual de la nueva derecha. Que el apellido Caputo aparezca mencionado en el expediente no es un dato menor: Santiago Caputo es el estratega que susurra al oído del presidente, el hombre que diagrama la comunicación y la ingeniería política del oficialismo. Si la investigación avanza y confirma irregularidades, el costo no será solo judicial sino que golpeará el corazón del relato de transparencia que el Gobierno enarbola.

Mientras tanto, la maquinaria sigue girando. Los 1.238 millones de pesos en pauta digital no son un gasto, son una inversión en influencia. Compran algoritmos, instalan narrativas, construyen sentido común desde las sombras financieras. Y todo eso ocurre mientras el ciudadano común, el que hace fila en el banco para depositar 100 mil pesos y explicarle al cajero de dónde los sacó, mira la escena con una mezcla de indignación y cansancio. Las reglas, otra vez, parecen no ser iguales para todos.

• La pelota está en el Juzgado Federal N° 7. Si el magistrado ordena las medidas de prueba, por primera vez se podrá seguir la huella de esos 5.000 millones de pesos que entraron a la fundación en un año. Si la respuesta es el silencio o el archivo, quedará flotando una certeza incómoda: en la Argentina de 2026, una fundación amiga del poder puede multiplicar su patrimonio un 36.000% sin que nadie sepa quién le puso la billetera. Y eso, lejos de ser un simple tecnicismo contable, es una herida abierta en la ya maltrecha credibilidad institucional.

Fuente original: Comunicado de prensa de "La Liga de la Justicia Social"

Enlace: https://x.com/ligajusticia

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#FundaciónFaro #PresuntoLavadoDeDinero #SantiagoCaputo #JusticiaArgentina #Chequeado #TransparenciaYA

Los durmientes podridos y el contrato blindado: la jugada ferroviaria que deja a Córdoba y Tucumán sin tren

Hace once meses que de la estación de Retiro no sale un tren hacia Córdoba. Tampoco hacia Tucumán. Los pasajes siguen sin venderse, los coches están guardados y los andenes del Mitre juntan tierra. La explicación que dio el Gobierno en julio del año pasado fue clara: las vías están demasiado deterioradas, poner un servicio de pasajeros encima sería un peligro. Lo que nunca explicó es por qué, mientras los usuarios esperan, acaba de extenderle el negocio hasta diciembre de 2032 a la empresa que tiene a su cargo justamente esas vías: Nuevo Central Argentino.

• Conviene ser precisos. NCA no manejaba los trenes que se suspendieron. El servicio de pasajeros a Córdoba y Tucumán lo operaba Trenes Argentinos, la empresa estatal que en julio de 2025 decidió interrumpir los servicios basándose en informes técnicos que alertaban sobre el estado de la infraestructura. ¿De quién es la responsabilidad de mantener esa infraestructura en condiciones? Del concesionario de la red de cargas, que desde 1992 es NCA. La empresa cobra por mover cereal, piedra y contenedores, y a cambio debe conservar los rieles, los durmientes, los puentes. El Gobierno dijo que ese mantenimiento no alcanza ni para que un tren de pasajeros circule sin riesgo. La conclusión lógica sería: exijámosle a NCA que arregle lo que no funciona. Pero la decisión fue la opuesta.

• La extensión de la concesión hasta diciembre de 2032 se firmó sin que trascendiera una sola cláusula que obligue a la empresa a ejecutar las obras necesarias para rehabilitar los tramos que dejaron aislados a miles de pasajeros. La Comisión Nacional de Regulación del Transporte, el organismo que debería controlar el contrato, no publicó intimaciones ni planes de inversión ni cronogramas de reparación. Quien quiera encontrar un papel que ate la renovación a la vuelta del tren de pasajeros, que se arme de paciencia: no existe, o al menos no es público.

El contexto le da a esta decisión un sabor particular. El Gobierno impulsa el modelo de "acceso abierto": en teoría, cualquier operador ferroviario puede usar las vías pagando un canon. Es la bandera de la libre competencia sobre rieles. Pero competir por lo que no funciona es un ejercicio de ficción. Si las vías están degradadas al punto de que el Estado suspendió sus propios trenes por inseguridad, ¿qué privado va a arriesgarse a poner formaciones ahí? El resultado es un mercado abierto de palabra y cerrado de hecho. Mientras tanto, NCA se aseguró previsibilidad por los próximos seis años y medio para su negocio de cargas. Los pasajeros, en cambio, no tienen ni fecha tentativa de regreso.

No se trata de un capricho de usuarios nostálgicos. El tren a Córdoba y Tucumán era la opción más barata para familias que viajan al interior, para trabajadores golondrina, para jubilados que van a ver a los nietos. Sin ese servicio, el micro se convierte en la única alternativa y los precios, ya se sabe, no perdonan. Cada mes de suspensión es un agujero en la conectividad de dos de las provincias más importantes del país. Cuando se cumpla el año, en pocas semanas, no va a haber acto ni conferencia de prensa. Va a haber un contrato blindado y una boletería cerrada.

La pregunta que queda picando es qué pesó más en la decisión oficial: la urgencia por garantizar un negocio privado rentable o la obligación de devolverle a la gente un servicio público que funcionó durante décadas. Por ahora, las vías solo hablan para los trenes de carga. Los de pasajeros siguen esperando que alguien les dé vía libre.

Fuente original: El Resaltador, 13 de julio de 2026

Enlace: https://elresaltador.com.ar/el-gobierno-le-regalo-la-concesion-de-los-trenes-a-nca/

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#TrenesArgentinos #NCA #Mitre #Concesiones #PasajerosVarados #PeriodismoFerroviario