En el corazón de la Casa Rosada ya no se discute cómo gobernar la crisis. Hace meses que la mesa chica de Javier Milei ejecuta una hoja de ruta mucho más ambiciosa y quirúrgica: blindar el camino a la reelección presidencial sin pasar por el incómodo trámite de rendir cuentas sobre la economía real. Te lo digo sin vueltas: el plan que están cocinando en Balcarce 50 no busca convencerte con mejoras en tu bolsillo, con paritarias que le ganen a la inflación o con un mercado interno que vuelva a respirar. La estrategia es otra, y tiene tres patas bien firmes que vale la pena desarmar juntos.

La primera pata es la más cínica y, por eso, la más peligrosa. El laboratorio libertario ya elige a dedo a sus rivales preferidos. No estoy hablando de una interna democrática ni de un debate de ideas: hablo de un operativo sistemático para subir al ring a los opositores que mejor le sirven al oficialismo en los grandes distritos. ¿Cómo lo hacen? Financiándolos discursivamente, agrandándolos, transformándolos en el enemigo público número uno para que toda la bronca dispersa de la derecha se concentre en una sola opción binaria. Es el viejo truco del amigo-enemigo que reduce la política a un Boca-River donde no importa quién juega, sino que la grieta te tape el sol. Mientras vos estás ocupado peleándote en redes sociales, ellos se aseguran de que nadie ponga sobre la mesa los números de la recesión, los despidos o el ajuste que te viene comiendo el sueldo mes a mes.

La segunda pata del plan toca un nervio sensible para cualquier democracia que se precie: el uso del aparato estatal como maquinaria de campaña permanente. Acá no hay improvisación ni desprolijidad libertaria. La Secretaría de Medios y las plataformas públicas funcionan como una botonera de disciplinamiento territorial que condiciona la pauta de gobernadores aliados y asfixia cualquier disidencia incipiente. Gobernador que se tienta con marcar un matiz, gobernador al que le cortan el grifo. La lógica es tan simple como brutal: el que no se sube incondicionalmente al tren de La Libertad Avanza, se queda sin recursos para sostener su provincia. Mientras tanto, las usinas comunicacionales del Gobierno operan como mecanismos de distracción masiva, coordinando provocaciones tuiteras y bombardeos digitales que marcan la agenda del día. El objetivo es que los sindicatos y la oposición caigan en la trampa de responder a cada estímulo, de indignarse con el último exabrupto, de validar un terreno de juego donde las reglas las pone el poder de turno y donde la discusión por el poder adquisitivo o las paritarias siempre queda relegada a un segundo plano.

La tercera pata es la que más ruido viene generando puertas adentro de la alianza original: la subordinación total de las estructuras del PRO. Los armadores libertarios avanzan sin pedir permiso en los distritos clave de la Provincia de Buenos Aires y la Ciudad, desplazando a dirigentes tradicionales que todavía responden a Mauricio Macri. La consigna es clara: no hay espacio para matices ni para diferencias con el rumbo económico. Todo debe confligir bajo el sello unificado de La Libertad Avanza de manera incondicional. Los sectores del PRO que intentan marcar algún reparo quedan expuestos a una licuación definitiva que los borra del mapa electoral. Es una absorción lisa y llana, de esas que no figuran en los contratos pero que se ejecutan con la frialdad de quien sabe que el tiempo y los recursos juegan a su favor.

Este trípode que te cuento —falso antagonismo controlado, uso del Estado para la campaña y sometimiento del PRO— no es una teoría conspirativa. Es la radiografía de un laboratorio político que trabaja a destajo con un objetivo estratégico: perpetuarse en el poder forzando un escenario de pinzas donde tu única opción en las urnas sea elegir entre ellos y un rival diseñado a medida para hacerlos ganar. Mientras tanto, el debate de fondo, ese que debería importarnos a todos los que laburamos todos los días, se desvanece entre algoritmos y operaciones digitales.

El peligro de subestimar esta maquinaria es enorme. Las centrales obreras lo saben y por eso buscan reinstalar la discusión por el poder adquisitivo como eje ordenador de la agenda pública, corriendo el velo de una batalla cultural que hasta ahora parece más efectiva para distraer que para resolver los problemas del pueblo trabajador. Pero la tarea no es fácil cuando las granjas de trolls y las cuentas satélites que se investigan por desvío de recursos logísticos estatales operan día y noche para demoler la reputación de los opositores dialoguistas que se animan a plantar bandera.

Los gobernadores del peronismo federal tampoco se quedan de brazos cruzados. En las provincias ya empezaron a tejer redes informales para blindar sus elecciones locales y evitar el arrastre de la grieta nacional, olfateando que este esquema de polarización extrema puede disparar un récord de ausentismo entre la clase media desencantada. Consultores advierten que el famoso "tercio ausente" podría inclinar la cancha de maneras impredecibles si los votantes no se sienten representados por ninguno de los dos polos construidos artificialmente.

Lo que está en juego no es solamente un resultado electoral. Lo que está en juego es la posibilidad de que la política vuelva a discutir lo que te pasa todos los días: el precio de los alimentos, el alquiler que no llegás a pagar, el miedo a perder el laburo. Romper esa anestesia social que busca imponer el oficialismo implica un giro drástico: correr el foco de las pantallas y de las provocaciones diarias, y volver a poner sobre la mesa las demandas urgentes y realizables de la mayoría. El plan de Balcarce 50 es sofisticado, caro y meticuloso, pero tiene un punto débil que depende de vos: funciona solo si todos aceptamos jugar con sus reglas.

Fuente original: Primera Página, 12 de julio de 2026

Enlace: https://primerapagina.info/nota/21903/tres-pilares-de-un-plan-siniestro-javier-milei-quiere-forzar-la-reeleccion-para-perpetuarse-en-el-poder/

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#EstrategiaElectoral #JavierMilei #Reelección #Polarización #Argentina #PeriodismoDeInvestigación

El expediente por el lanzamiento y colapso de la criptomoneda $LIBRA sumó un nuevo capítulo que promete tensar la relación entre la justicia federal y quienes perdieron plata en el operativo. Uno de los inversores afectados, Martín Romeo, apeló la decisión del juez Marcelo Martínez de Giorgi que lo excluyó como querellante, y ahora la Sala I de la Cámara Federal porteña deberá definir si lo reincorpora o ratifica su apartamiento.

Martínez de Giorgi había hecho lugar a un planteo de excepción de falta de acción presentado por la defensa del lobista Mauricio Novelli. El magistrado consideró que los denunciantes no acreditaron un perjuicio patrimonial directo que justificara su rol en la causa, y añadió que las operaciones investigadas se movieron en un mercado de activos digitales con alta volatilidad, donde la documentación aportada no alcanzaba para demostrar la titularidad de los criptoactivos.

Pero Romeo, con el patrocinio del abogado Nicolás Oszust, no se quedó de brazos cruzados. En su recurso calificó la decisión como “arbitraria” y surgida de un planteo “extemporáneo” de Novelli, sobre todo porque, según su lectura, “la legitimación procesal de las víctimas ya había sido zanjada y confirmada por la Excelentísima Cámara”. Para el inversor, el juez basó su fallo en “afirmaciones dogmáticas sobre el funcionamiento del mercado de criptoactivos”, ignoró actas notariales clave que obran en el expediente, incurrió en absurdos lógicos respecto a la trazabilidad de la blockchain y, de paso, tergiversó de manera deliberada la doctrina firme que había emanado del superior tribunal.

El ataque de Romeo se centró en lo que llamó “premisas falsas”. La primera: la “falsa equiparación de una estafa pre-programada con el riesgo inherente a una ‘memecoin’”. A eso sumó que el juez omitió valorar la maniobra de “calidad simulada” y las operaciones de insider trading que, según los querellantes, estaban a la vista.

Pero Romeo no fue el único en moverse. Los otros cuatro inversores que también fueron apartados presentaron sus propios recursos, de la mano de los abogados Nicolás Rechanik y Yamil Castro Bianchi. Ellos recordaron que su legitimación como víctimas había sido reconocida de manera autónoma el 25 de marzo de 2025 por la jueza federal de San Isidro, Sandra Arroyo Salgado, y que esa decisión nunca fue apelada por ninguna de las defensas –ni siquiera la de Novelli–, por lo que ya estaba firme.

Y ahí apareció la evidencia que le da peso a la denuncia. Los cuatro inversores aportaron datos concretos: 22 segundos antes de que Javier Milei publicara el contrato del token en su cuenta de X, 74 billeteras ya habían ejecutado 87 transacciones por 13,5 millones de dólares. En los minutos previos al posteo presidencial, Novelli mantuvo cuatro llamadas telefónicas con el propio Milei, a las 18:44, 18:54, 18:56 y 19:03. Una vez consumada la operatoria, se transfirieron más de 44,5 millones de dólares a una única billetera concentradora. Además, en los escritos citan mensajes internos de la organización investigada en los que se instruía no mencionar la palabra “crypto” en las comunicaciones del proyecto.

El recurso de Romeo también puso el foco en el rol del Presidente. Sostuvo que el colapso de $LIBRA no obedeció a la volatilidad propia de estos activos, sino a una maniobra planificada para beneficiar a quienes contaban con información privilegiada. Y remarcó que esa maniobra incluyó “la instrumentación de la figura del presidente de la Nación como garante máximo de confianza” a través de su posteo en X, lo que definió como un “lavado de prestigio”.

Otro de los ejes de la apelación apunta al estándar probatorio que exigió el magistrado. Romeo sostiene que Martínez de Giorgi fijó requisitos incompatibles con el funcionamiento de la tecnología blockchain y con la etapa inicial de una investigación penal. De consolidarse ese criterio, advierten, las víctimas de presuntas estafas con criptoactivos tendrían una barrera casi infranqueable para acceder al proceso como querellantes.

Pero hay más. Romeo denunció que el juez incurrió en una “falsedad” al afirmar que no existían pruebas de su titularidad sobre el dinero afectado. Su abogado, Oszust, contraatacó: “Una escribana dio fe y certificó notarialmente la titularidad de Martín Romeo sobre su dispositivo celular, el acceso mediante desbloqueo a las billeteras de Phantom y Lemon, y la constatación visual de las operaciones de compra y venta de la criptomoneda Libra”. Esa prueba, dice el recurso, fue ignorada.

El escrito también califica de “absurdo lógico y dogmático” el razonamiento del juez respecto a la blockchain, la identificación de las víctimas y la exigencia probatoria sobre el origen de los fondos. “El magistrado ignora deliberadamente que la tecnología blockchain, lejos de ser un obstáculo, aporta una trazabilidad matemática, pública y exacta”, remarcaron, y agregaron que el pseudoanonimato de la red fue levantado y vinculado a la identidad de Romeo mediante las actas notariales. “Pretender una ‘documentación respaldatoria’ centralizada en un ecosistema descentralizado constituye un rigorismo formal extremo y un desconocimiento técnico alarmante”.

Para cerrar, la apelación sostiene que el juez reabrió un debate que ya había sido zanjado por la Cámara Federal, y que se arrojó facultades de revisión que violentan la autoridad de cosa juzgada. “El juez justifica su apartamiento citando y tergiversando un pasaje de la Alzada”, afirma el recurso. Y añade que no hay ninguna diligencia nueva, pericia o elemento probatorio surgido después que refute el desapoderamiento patrimonial sufrido por Romeo ni la veracidad de las actas notariales. Al contrario, los informes de la UFECI y de la PFA corroboraron la trazabilidad del vaciamiento.

Romeo dejó planteada la cuestión federal y se reservó el derecho de acudir a la Corte Suprema en caso de un fallo adverso, al considerar que la resolución vulnera su derecho de acceso a la jurisdicción y al debido proceso.

Ahora, la pelota está en el tejado de los jueces Mariano Llorens, Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi, quienes integran la Sala I de la Cámara Federal porteña. Ellos deberán definir si revocan o confirman el apartamiento. Pero lo que está en juego va más allá de un expediente: de mantenerse el criterio de Martínez de Giorgi, se sentaría un precedente sobre el alcance de los derechos de las víctimas en investigaciones penales vinculadas con criptoactivos, y el acceso a la justicia para quienes perdieron sus ahorros en el mercado digital quedaría seriamente restringido.

Fuente original: La Nación, 8 de julio de 2026, por Hugo Alconada Mon

Enlace: https://www.lanacion.com.ar/politica/caso-libra-un-inversor-apelo-su-exclusion-arbitraria-como-querellante-y-acuso-al-juez-de-recurir-a-nid08072026/

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#LIBRA #Milei #Justicia #Criptoestafas #PoderJudicial

El Gobierno nacional acaba de cerrar la concesión más grande de la era Milei. La empresa belga Jan De Nul, asociada con la firma argentina Servimagnus, se quedó por 25 años con el control de la Hidrovía Paraná-Paraguay, el corredor por donde sale cerca del 80% de las exportaciones argentinas. El contrato incluye el cobro de peajes, el dragado, el balizamiento y el mantenimiento de más de 1.400 kilómetros de esa vía navegable.

Desde distintos sectores —políticos, ambientales y sociales— ya surgieron cuestionamientos. Apuntan, por un lado, a la entrega de una infraestructura estratégica a un consorcio extranjero. Por el otro, reclaman la falta de estudios de impacto ambiental integrales y una participación ciudadana que, dicen, brilló por su ausencia en la toma de decisiones.

El dragado no es solo remover barro

El dragado consiste en extraer sedimentos del fondo del río para permitir el paso de barcos de mayor calado. Aunque suele presentarse como una obra necesaria para la navegación, los especialistas advierten que puede generar impactos ecosistémicos importantes: alteración de humedales y áreas de reproducción de peces, modificación de corrientes naturales y ciclos de inundación, mayor erosión de costas e islas del Delta, remoción de sedimentos que pueden contener contaminantes acumulados durante décadas, pérdida de biodiversidad y cambios en la dinámica natural del Paraná.

• El Paraná no es una autopista líquida. Es un sistema vivo que abastece de agua, sostiene actividades productivas, regula inundaciones y alberga una biodiversidad enorme. Reducirlo a una "hidrovía" es mirarlo con anteojeras comerciales.

Soberanía y ambiente: un debate que se reabre

Mientras el Gobierno defiende la concesión argumentando que reducirá costos logísticos y modernizará la navegación, los sectores críticos sostienen que el control de una ruta por donde circula el 80% de las exportaciones vuelve a quedar en manos privadas y extranjeras. Así, reabren el debate sobre soberanía, control estatal y protección ambiental.

La discusión no se limita al comercio exterior. Involucra el futuro del río, los humedales y los recursos naturales que forman parte del patrimonio ambiental de toda la región.

El Paraná: mucho más que una vía de carga

Aunque el término "hidrovía" se usa para describir un canal de transporte de mercancías, numerosos especialistas señalan que esa denominación reduce la complejidad y riqueza de uno de los sistemas fluviales más importantes de Sudamérica. El río Paraná no es solo un corredor para barcos. Es un ecosistema de enorme valor ambiental, social y cultural: incluye humedales, lagunas, arroyos, bosques ribereños y una biodiversidad única. Además de sostener actividades productivas y comunidades enteras, cumple funciones clave como la regulación de inundaciones, la provisión de agua dulce, la captura de carbono y el refugio de miles de especies de flora y fauna.

Por eso, para muchos sectores ambientales, hablar únicamente de "hidrovía" implica mirar al Paraná desde una lógica exclusivamente comercial, dejando en un segundo plano su riqueza ecológica y el papel fundamental que cumple para la vida en toda la región.

Fuente original: Correlavoz, julio 2026

Enlace: https://correlavoz.net/Nota-4148-hidrova_la_mayor_privatizacin_de_la_era_milei_y_las_alertas_ambientales_que_vuelven_a_encenderse

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#Hidrovía #Paraná #Privatización #MedioAmbiente #Milei #JanDeNul

La designación de Adrián Ravier como nuevo vocero presidencial en reemplazo de Manuel Adorni sumó un ingrediente que nadie en la Casa Rosada festeja. A horas de haber ocupado el atril desde el que el Gobierno le habla todos los días a la sociedad, el flamante funcionario ya carga con un expediente abierto en la Justicia Federal electoral de La Pampa. Lo que se investiga no es un rumor ni una denuncia recién inventada: son las rendiciones de cuentas de La Libertad Avanza en esa provincia, partido que el propio Ravier conduce.

La incomodidad del caso radica en el contraste inevitable. El Gobierno nacional sostiene su relato diario sobre la necesidad de ajustar cada gasto del Estado, de transparentar cada movimiento de fondos y de terminar con las prácticas de una dirigencia a la que define como casta. Sin embargo, el encargado de comunicar ese mensaje no logra despejar las dudas sobre el manejo de los recursos en el espacio político que preside. La fuente consultada indica que la investigación incluye observaciones de peso sobre la administración partidaria y que, en el corto plazo, se librarían citaciones y pedidos de documentación para que el nuevo vocero dé las explicaciones que hasta ahora no aparecen.

• Ravier no es un adherente más. Es la máxima autoridad de La Libertad Avanza en territorio pampeano, y eso lo convierte en el responsable directo de lo que ocurra con cada peso que ingresó a las arcas del partido. El expediente que tramita en los juzgados federales de la provincia no se originó con su salto a la escena nacional, pero adquiere ahora una relevancia que antes no tenía. Mientras el vocero se prepara para hablar en nombre del Presidente ante todo el país, en La Pampa hay anotaciones contables bajo la lupa y un listado de preguntas que los investigadores quieren responder.

En Balcarce 50 el episodio cayó como un baldazo de agua fría. Saben que no se trata de una acusación contra un desconocido, sino contra el propio portavoz de la administración. Cada conferencia de prensa de ahora en más va a desarrollarse bajo la sombra de este proceso judicial. La estrategia de erosionar a la oposición con el argumento de la transparencia corre el riesgo de quedar envuelta en una contradicción difícil de explicar: ¿cómo se convence a la ciudadanía de que hay que hacer sacrificios si quien comunica el ajuste no puede mostrar con claridad el destino de los fondos que administró?

• El impacto político ya empezó a sentirse. Desde distintos bloques opositores anticiparon que utilizarán el contenido del expediente para exponer lo que consideran una falsedad estructural del discurso oficial. La lógica es simple y de fácil llegada al votante común: si el vocero está siendo investigado por el dinero de su propio partido, ¿por qué habría que creerle cuando habla de austeridad, de moral fiscal o de combate a los privilegios?

• El expediente en La Pampa no necesitó del altavoz de la Casa Rosada para existir, pero el ascenso de Ravier le dio una caja de resonancia inesperada. El foco, que hasta hace semanas se limitaba al ámbito político provincial, se corrió al centro de la escena nacional. Y con ese corrimiento aparece también un interrogante de fondo que excede lo judicial: ¿puede un Gobierno que hizo de la rendición de cuentas su principal bandera permitirse tener a su vocero bajo investigación por el manejo de fondos partidarios?

Las próximas semanas van a marcar el rumbo del caso y, probablemente, del propio Ravier al frente de la comunicación presidencial. Si la documentación respaldatoria aparece y las explicaciones convencen, el episodio podría desinflarse. Pero si los papeles no están o las respuestas no cierran, el costo no lo va a pagar solamente él. Lo va a pagar una administración que llegó prometiendo terminar con los secretos de la política tradicional y que ahora se enfrenta a la posibilidad de que esos secretos aniden, justamente, en la oficina de quien sale a hablar todos los días en su nombre.

La sociedad argentina ya acumula demasiadas frustraciones con dirigentes que dicen una cosa y hacen otra. Esta investigación, por ahora, lo único que hace es abrir preguntas. Pero son preguntas que nadie en el oficialismo quisiera tener que responder.

Fuente original: Primera Página, 7 de julio de 2026.

Enlace: https://primerapagina.info/nota/21867/otro-libertario-manchado-la-justicia-investiga-al-nuevo-vocero-ravier-por-fondos-oscuros-en-la-pampa/

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#LaLibertadAvanza #AdriánRavier #FondosPartidarios #JusticiaFederal #LaPampa #ArgentinaDesigual

La licitación se cocinó en silencio durante meses y el resultado cayó como una cachetada para cualquiera que recuerde los discursos de campaña. Cuatro corredores viales que atraviesan Buenos Aires, La Pampa, Santa Fe, Córdoba y San Luis acaban de ser adjudicados a empresas que huelen a kirchnerismo, a aportantes de La Libertad Avanza y a constructoras con causas penales en el lomo. En total, 2.557 kilómetros de rutas nacionales pasarán a manos privadas por los próximos años, con la promesa de sumar 16 nuevas cabinas de peaje a las 10 que ya existen. Pero el dato no es solo vial: el mismo día que se conocieron esas adjudicaciones, el Gobierno confirmó que otra licitación, esta vez por sistemas de almacenamiento de energía con baterías, quedó casi monopolizada por una sola empresa vinculada a un banquero que supo ser acusado por el propio Milei de “jugar sucio”. La casta, parece, tenía varios DNI guardados en el bolsillo.

El caso más simbólico es el de Cristóbal López. El empresario que enfrenta los juicios orales de la causa Cuadernos y de Los Sauces-Hotesur, y que sigue esperando que la Corte Suprema revise su absolución en la causa Oil Combustibles, vuelve al negocio de los peajes. Su constructora CPC se quedó con el corredor Portuario Norte al ofrecer una tarifa de $2.245,76 por vehículo liviano. Le ganó por apenas 13 pesos a un consorcio integrado por Panedile, Supercemento y Eleprint. No es un detalle menor: CPC ya había manejado el acceso Ezeiza-Cañuelas-Ricchieri durante el segundo gobierno de Cristina Kirchner, hasta que en 2017 el macrismo le rescindió el contrato por retener fondos que debía transferir al Estado. La empresa entró en concurso preventivo y recién logró salir el año pasado. Hoy, con un gobierno que se presenta como la antítesis del kirchnerismo, López vuelve a cobrar peajes en rutas que pagamos todos.

• El segundo ganador de la compulsa vial tiene una historia que mezcla negocios con campañas electorales. Creditech, la financiera del Grupo Corven que preside Leandro Iraola y que se especializa en préstamos para consumo y motos, se llevó dos corredores: el Mediterráneo y el Portuario Sur. Para el primero ofertó $2.407,50 por peaje, superando a la constructora Cartellone. Para el segundo, $1.519,79, dejando atrás a Paolini Hermanos. La particularidad es que Creditech había sido descalificada al inicio del proceso porque sus indicadores financieros no cerraban. Pero después de depositar una garantía de $350 millones y apelar con argumentos técnicos, Vialidad Nacional revisó el dictamen y la reincorporó. Así, un holding que fue uno de los principales aportantes a la campaña de La Libertad Avanza en las elecciones de 2025 se convierte en dueño de dos tramos estratégicos de la red vial. El olor a licitación a medida lo sintieron hasta los competidores.

• El tercer corredor, el Puntano, quedó para Bassa Construcciones, una firma que ya tiene presencia en obras de infraestructura provincial y que en Neuquén presta el servicio de recolección de residuos. Menos ruidosa que las anteriores, pero parte del mismo esquema: empresas con espalda política que se quedan con contratos de largo plazo mientras los usuarios verán multiplicarse los peajes —habrá una cabina cada 98 kilómetros en promedio— sin demasiadas explicaciones sobre cómo se fijaron las tarifas máximas de referencia.

• El otro gran negocio de estas semanas está en la energía y tiene nombre propio: Genneia. La compañía presidida por Jorge Brito (hijo) se adjudicó 421 megavatios de los 701 que el Gobierno licitó para instalar sistemas de almacenamiento con baterías, una tecnología clave para acompañar el crecimiento de Vaca Muerta y las renovables. Se trata de una inversión estimada en 700 millones de dólares, y Genneia se llevó cerca del 60% de toda la potencia asignada por CAMMESA. Detrás quedaron pesos pesados como YPF Luz, Central Puerto, Pampa Energía y 360Energy. La diferencia fue tan abrumadora que pocos esperaban semejante concentración.

Jorge Brito (hijo) es un hombre de diálogo con el Gobierno, aunque la relación no empezó bien. A mediados de 2024, Milei lo acusó públicamente de haber digitado una corrida cambiaria desde el Banco Macro y dijo que “Brito es un tipo que juega sucio” y que “creció a la luz de hacer negocios con Massa”. Pero el empresario logró encapsular aquella furia, tender puentes con Luis Caputo y Santiago Bausili, y terminar elogiando la gestión económica libertaria. Genneia no es solo Brito: la propiedad está compartida con Fintech Energy, el fondo del mexicano David Martínez, socio histórico del Grupo Clarín. Y la historia familiar del presidente de la firma remite a Jorge Brito padre, el “banquero de los peronistas” que acompañó a Néstor Kirchner y que fue amigo íntimo de Sergio Massa. El apellido funciona como un puente entre mundos supuestamente antagónicos.

Para los que circulan por las rutas del centro del país, todo esto significa que a partir de ahora pagarán peajes cada menos kilómetros, en cabinas gestionadas por empresas que arrastran causas de corrupción o que fueron rescatadas en la recta final de una licitación gracias a una garantía millonaria. Para el sistema eléctrico, la concentración del almacenamiento en un solo jugador despierta preguntas sobre competencia futura y formación de precios. Mientras tanto, el discurso que dividía al país entre la “casta” y la gente común se diluye en contratos, adjudicaciones y guiños que reproducen las mismas lógicas de siempre.

Fuente original: Urgente24, 7 de julio de 2026

Enlace: https://urgente24.com/dinero/las-concesiones-millonarias-milei-los-empresarios-siempre-aun-los-apuntados-casos-corrupcion-n628197

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#Milei #CastaEmpresaria #Concesiones #Peajes #Energía #ArgentinaDesigual #PeriodismoDeInvestigación

El escenario más desafiante para el oficialismo desde que arrancó la serie de monitoreo. Así describe el Observatorio de Psicología Aplicada (OPSA) de la Facultad de Psicología de la UBA su última encuesta nacional, y los números no dejan lugar a dudas: el sueño de la reelección de Javier Milei está más lejos que nunca.

El estudio, que adelantó Clarín este lunes y que Fenix Multiplataforma reproduce en detalle, se hizo sobre 2.184 casos a nivel nacional durante el mes pasado, con un margen de error de +/- 2,1%. Y lo que revela es un “punto de inflexión” que debería encender todas las alarmas en Balcarce 50.

El dato más doloroso para el gobierno, el que probablemente más discusiones genere, es el que compara la experiencia vivida por los argentinos en las últimas tres gestiones. Cuando se pregunta “¿con cuál de los últimos tres gobiernos vivió mejor?”, la respuesta es lapidaria: gana el gobierno de Alberto Fernández y Cristina Kirchner con el 49,2%, seguido muy de lejos por el de Javier Milei (31,1%) y cerrando el podio el de Mauricio Macri (19,7%). La memoria colectiva, esa que los libertarios suponen frágil, ubica al gobierno anterior —con toda su crisis, su pandemia y su conflicto interno— muy por encima de la era de la motosierra.

Pero el problema de fondo no es sólo el pasado. Es el presente y el futuro inmediato. El informe de 16 páginas del OPSA detecta “un deterioro extendido de las evaluaciones sobre la situación económica, política y social del país”. Y lo que hace única a esta ola de junio es la convergencia de tres fenómenos que, juntos, sugieren algo mucho más profundo que un simple mal humor pasajero.

Primero, la desaprobación de la gestión nacional alcanza niveles mayoritarios. Segundo, y esto es clave, emerge una mayoría que expresa su preferencia por un cambio de gobierno en 2027. Tercero, y quizás lo más contundente, en una simulación de ballotage, Javier Milei aparece por detrás de un candidato opositor: el gobernador bonaerense Axel Kicillof.

La pelea, en un eventual mano a mano, no es ni siquiera pareja. El estudio revela que Kicillof obtendría el 48,2% de los votos, contra un 39,3% de Milei. Un 12% no apoyaría a ninguno. Son casi nueve puntos de diferencia. Una distancia que en política no es una grieta, es un abismo.

El informe es especialmente duro en su análisis del desgaste del gobierno. Los investigadores de la UBA advierten que el deterioro “parece exceder la dimensión estrictamente económica”. Durante gran parte de su mandato, el apoyo a Milei se sostuvo en la promesa de estabilización y en una fuerte identidad política construida alrededor de la honestidad y la confrontación con “la casta”. Pero los números actuales sugieren que esa erosión ya no es sólo por los resultados económicos, sino que está empezando a carcomer los atributos identitarios que le dieron origen.

En este contexto, el caso Adorni —la salida del entonces vocero presidencial— adquiere una relevancia central. El informe señala que la controversia impacta directamente sobre “uno de los principales activos simbólicos del proyecto libertario: la promesa de representar una forma diferente de hacer política”. Cuando un gobierno empieza a ser evaluado negativamente en aquello que constituía el núcleo de su legitimidad, el desgaste adquiere una profundidad distinta a la de cualquier crisis coyuntural.

Sin embargo, el estudio también tiene un mensaje para la oposición: no se confundan. La ventaja de Kicillof en el ballotage “debe interpretarse como expresión de un clima de opinión adverso para el oficialismo, más que como evidencia concluyente de una hegemonía opositora consolidada”. La oposición sigue fragmentada, pero el problema principal del oficialismo ya no es la consolidación de un rival, sino la creciente disposición de sus propios votantes a abandonar el barco.

El informe de la UBA deja una enseñanza clara: la gente ya no cree en el rumbo. Aunque muchos consideran que pueden administrar su situación personal, perciben que el país se dirige en una dirección equivocada. Ese “pesimismo colectivo” es el verdadero enemigo del gobierno. Y contra eso, ni la motosierra ni los discursos en cadena nacional parecen tener efecto.

Fuente original: Clarín, 6 de julio de 2026

Enlace: clar.in/4vR7kkk

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#EncuestaUBA #Milei #Kicillof #Balotaje #PolíticaArgentina

En una conferencia de prensa sin escenografía electoral pero con destino de campaña, el ministro Luis Caputo, flanqueado por el viceministro José Luis Daza y el secretario de Finanzas Federico Furiase, largó dos definiciones que van a marcar la semana. La primera, técnica: el financiamiento en moneda extranjera para 2026 ya está “sobrecumplido”, así que sobran 3.700 millones de dólares que quedarán como reserva para 2027, año en que Javier Milei buscará su reelección. La segunda, humana y brutalmente política: cuando arrancó el gobierno, colegas “bien intencionados” le aconsejaron volar todo por el aire.

Caputo no mencionó nombres. Se cuidó de aclarar que no hablaba de opositores ni de “populistas”, sino de economistas que se sientan en las mismas mesas de debate que él. “La recomendación era que hiciéramos explotar todo, que defaulteáramos, que tiráramos todo y que hiciéramos lo que Argentina hizo siempre en el pasado, que simplemente le echáramos la culpa al gobierno anterior”, reprodujo en tiempo real. Y remató con una frase que vale más que los 3.700 millones del anuncio: “Eso, curiosamente, se había normalizado en Argentina”.

La naturalización del default como herramienta de ordenamiento político no es un detalle. Es la confesión de que en las usinas del poder, incluso en las que se presentan como republicanas, el “que reviente todo y después vemos” cotiza como opción válida. Caputo marcó ahí la línea de agua y contrapuso lo que, según él, vuelve diferente a este gobierno: “La decisión de respetar siempre la santidad de los contratos, el Estado de derecho, la propiedad privada”. Textual. Lo dijo sin levantar la voz, pero apuntando a la médula del fracaso argentino: las pocas estabilidades que el país conoció no nacieron de una vocación política, sino de un ajuste forzado por el mercado cuando el poder ya no podía patear más la crisis.

Los números que expuso Furiase le pusieron anestesia a ese diagnóstico. La hoja de ruta oficial se apoya en un principio simple: refinanciar solo el capital de la deuda heredada y pagar los intereses únicamente con superávit fiscal. Eso, en los papeles, permite bajar la relación deuda sobre PBI sin volver a pedir plata prestada a tasas usurarias. La emisión local del bono AO29 servirá para cubrir vencimientos bajo ley argentina y los 3.700 millones de excedente funcionarán como un amortiguador para el año electoral. “En emisiones internacionales pusimos un guion y no cero”, explicó Furiase, en un español que traduce lo siguiente: no descartan salir al mercado externo, pero solo si las condiciones globales y las tasas acompañan.

Hasta ahí, el guion para inversores. Pero el “¿y a mí qué?” del laburante, la jubilada o el estudiante que no opera en el Merval tiene una respuesta filosa. Esos 3.700 millones no llegaron por un viento de cola ni por lluvia de inversiones: son la contracara de un recorte monumental del gasto público que licuó partidas enteras. La obra pública está parada, los salarios estatales corren de atrás a la inflación, las transferencias a provincias se giran con cuentagotas y las universidades funcionan con el ajuste pegado en la nuca. El superávit fiscal que el ministro exhibe como garantía de solvencia intertemporal no es otra cosa que plata que no fue a hospitales, a rutas, a comedores. La pregunta que no entró en la conferencia es cuánto aguante le queda a los sectores que sostienen ese orden sin encender ninguna mecha.

Sobre el cierre, Caputo se animó a la promesa de máxima pensando en un eventual segundo mandato de Milei: “Que Argentina sea investment grade. Es un objetivo, no una promesa, que creemos cumplible. Dos de las tres calificadoras nos dijeron que es difícil, pero lograble”. Alcanzar el grado de inversión significaría que el país puede endeudarse a tasas razonables, que las empresas pueden planificar más allá de la próxima corrida cambiaria y que el riesgo país deja de ser un agujero negro. Pero en una Argentina donde conseguir un trabajo formal sigue siendo una odisea y donde el ajuste se pasea por las filas de los jubilados que no llegan a pagar el alquiler, ese horizonte suena a ciencia ficción por más que dos calificadoras le hayan guiñado un ojo.

La jugada de este domingo es evidente: mostrar orden en las cuentas para que el año electoral no se coma la estabilidad discursiva del oficialismo. Sin un escenario macroeconómico previsible, la reforma electoral que impulsa Karina Milei, los viajes presidenciales para abrazar causas patrias o los intentos de revivir la gestión bonaerense con Santilli a la cabeza quedan reducidos a espuma. Caputo apostó a construir un relato de solvencia y a marcar una diferencia ética con quienes naturalizaban el estallido. La cita con la realidad será en 2027, cuando se sepa si el sacrificio de no hacer explotar todo alcanza para que una mayoría considere que esta vez, por fin, la normalidad dejó de ser sinónimo de ajustar sobre los de abajo.

Fuente original: Big Bang News, 6 de julio de 2026

Enlace: https://www.bigbangnews.com/politica/caputo-anuncio-sobran-us3700-millones-pagar-deuda-confeso-le-pidieron-hacer-explotar-todo-n102191

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#Caputo #Deuda #Default #Milei2027 #Superávit #Ajuste

Mientras los presidentes sudamericanos deliberaban en Paraguay, el argentino prefería brindar en la embajada de EE.UU. con el hombre que se ríe del bloqueo a Cuba. No fue un accidente de agenda. Fue un acto de sumisión en cámara lenta.

• El 4 de julio de 2026, Javier Milei hizo historia. Pero no por una gesta patriótica. Por primera vez, un presidente argentino concurrió a la embajada de Estados Unidos para festejar la independencia norteamericana, en lugar de sentarse en la cumbre del Mercosur. No es que los horarios se superpusieran: el festejo de Lamelas daba tiempo para hacer ambas cosas. Pero Milei eligió la foto que quería dejar grabada: la de un presidente que festeja la dependencia de su propio país.

El embajador Peter Lamelas, cubano de origen y funcionario de la administración Trump, lo había anticipado con una carcajada: “El presidente Milei no va a poder hablar, me tendrá que escuchar a mí, ja, ja”. Y así fue. No hubo diálogo entre pares. Hubo un monólogo del virrey y un silencio obediente del mandatario argentino. La Rosada, esa semana, fue decorativa. El poder real, ese 4 de julio, se ejercía desde la sede diplomática de Washington en Buenos Aires.

El saqueo tiene nombre y apellido

• Si Detrás del brindis hay un proyecto concreto. No es teoría conspirativa: es la letra chica de las leyes que el gobierno libertario ya impulsó. El Súper Rigi, la extranjerización de la tierra, el desguace de la ley de glaciares, las restricciones a la integración regional y a los vínculos con China, los acuerdos de la Armada Argentina con la cuarta flota del Comando Sur y la cesión de un puerto militar en Ushuaia. Cada uno de esos instrumentos tiene un solo objetivo: convertir a Argentina en un depósito de minerales, energía y alimentos para una Estados Unidos que ya no es la potencia omnipotente de los años 90, sino una nación acorralada por China que busca asegurar su retaguardia.

No es casual que el texto fuente recupere el concepto nazi de Lebensraum (“espacio vital”). Washington ve al Atlántico Sur y a la Antártida como su patio trasero, y a nuestro país como la pieza que falta para completar el rompecabezas. Lo que para Venezuela fue el secuestro de su presidente, para Cuba el bloqueo más inhumano de la historia, para México las amenazas de invasión y para Canadá y Groenlandia los anuncios de apropiación, para Argentina es este paquete de leyes que se votan con sonrisas y apretones de manos. Ninguna de esas medidas expresa una relación igualitaria. Son todas formas de agresión y sometimiento.

El país que se viene: cero ascensor social

• El proyecto que encarna Milei no es una reforma. Es una demolición. Y él mismo lo reconoció: “ni siquiera las dictaduras militares pudieron avanzar tanto en la destrucción de este país”. No fue un lapsus. Fue un diagnóstico en voz alta.

¿Qué queda si se consolida este modelo? Un país sin educación pública de calidad, sin desarrollo industrial, con una clase media reducida a su mínima expresión y un ejército de trabajadores informales sin derechos, empujados a jornadas de 16 horas en aplicaciones. Locales cerrados y venta callejera como paisaje cotidiano. La movilidad social, ese viejo sueño argentino, desaparece. La mayoría de la población, bajo la línea de pobreza. Mientras el mundo se transforma con nuevas tecnologías, Argentina quedará atrás, y la reconstrucción será casi imposible.

Pero ese plan requiere un movimiento popular fracturado. Y ahí está la segunda pata de la estrategia: el internismo. Si la oposición llega dividida a 2027, el gobierno libertario se consolida. Por eso la condena a Cristina Kirchner –calificada en la fuente como «absolutamente irregular»– y las restricciones a su encarcelamiento no son un hecho jurídico aislado: son una proscripción política que busca bloquear a la líder con mayor arrastre popular. Y mientras tanto, Axel Kicillof es el blanco de una campaña de demolición que ya tiene voz oficial: el flamante jefe de Gabinete, Diego Santilli, lo calificó como “el peor gobierno bonaerense de la historia”.

Los números que no mienten (y los gobernadores que sí)

• La gestión de Kicillof, pese a la pandemia, supera en casi todos los indicadores socioeconómicos a la de María Eugenia Vidal, según un cuadro comparativo del analista Alfredo Serrano Mancilla. En algunos rubros, duplica los números del PRO. Sin embargo, el relato destructivo avanza, y el propio Milei alimenta la grieta dentro del campo popular para debilitar a sus únicos adversarios con capacidad de frenarlo.

El nombramiento de Santilli –luego de la crisis Adorni– y el distanciamiento de Sebastián Pareja en la provincia de Buenos Aires muestran que Milei le está cediendo poder al PRO para sostener su gobernabilidad. Pero al mismo tiempo, corre a la embajada a buscar el respaldo de su protector norteamericano para no quedar desbalanceado. Esa danza tiene un costo: mientras tanto, 14 gobernadores –algunos de origen peronista– asisten al besamanos oficial, reciben la décima parte de lo prometido y votan leyes que entregan soberanía a cambio de migajas.

2027: la elección que no será normal

Las encuestas le otorgan al gobierno un 30% de imagen positiva, apenas por encima del piso histórico del PRO. Pero ese número no dice todo. Lo que está en juego es si el movimiento popular logra recomponerse o si el internismo lo termina de quebrar. La danza al borde del abismo no es una metáfora: es la descripción exacta de un proceso donde cada paso en falso puede sellar el futuro del país durante décadas.

• Milei festejó la independencia de Estados Unidos y, al mismo tiempo, la dependencia argentina. No fue torpeza. Fue una declaración de principios. Y Lamelas, desde su embajada, sonríe. Sabe que el virrey ya no necesita corona: tiene un presidente que le escucha sin chistar.

Fuente original: Página/12 – 04 de julio de 2026

Enlace: https://www.pagina12.com.ar/2026/07/04/lamelas-el-virrey/

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#PolíticaArgentina #Soberanía #Milei #Extractivismo #DerechosHumanos

La resolución se conoció el sábado 4 de julio, un rato antes de que la Selección saliera a la cancha. El timing no sorprendió a nadie en Comodoro Py: el juez federal Marcelo Martínez de Giorgi eligió el momento justo para asestarle un golpe que puede ser letal a la causa $LIBRA, el expediente que tiene al presidente Javier Milei en el centro de la escena por haber promocionado una criptomoneda que voló y se desplomó en cuestión de horas.

La decisión del magistrado fue doble y devastadora. Por un lado, apartó a los cinco querellantes que venían empujando la investigación. Por el otro, y sin que nadie se lo hubiera pedido, dejó escrito en quince páginas que las pérdidas millonarias que sufrieron los denunciantes no constituyen una estafa, sino que podrían explicarse por "el riesgo propio de un mercado volátil". Todo esto sin haber llamado a declarar a un solo testigo, sin haber ordenado pericias concluyentes y sin haber escuchado a los imputados.

• La maniobra tiene un destinatario preciso: Mauricio Novelli, fundador de Tech Forum y uno de los acusados en el expediente. Fue él quien pidió correr a los acusadores particulares para que dejaran de impulsar medidas. El juez no solo se lo concedió: le regaló los argumentos para el próximo paso, el pedido de archivo definitivo. Porque si en una resolución judicial ya está insinuado que acá no hubo delito, ¿qué margen le queda a la fiscalía para sostener lo contrario?

La cronología de los hechos es conocida pero vale la pena repasarla. El 14 de febrero de 2025, Milei publicó en su cuenta de X un mensaje en el que recomendaba la compra de la criptomoneda $LIBRA y la vinculaba con supuestos préstamos a pequeñas y medianas empresas argentinas. El token registró una suba exponencial en pocas horas y después se derrumbó. El presidente borró el posteo y negó cualquier conexión con el proyecto. Sin embargo, en la causa ya se acreditó que hubo intercambios de mensajes entre Milei y Novelli en los minutos previos y posteriores al lanzamiento del activo digital. Además de Novelli, están imputados Julian Peh, CEO de KIP Protocol, y Hayden Davis, de Kelsier Ventures.

Nada de ese entramado le pareció relevante a Martínez de Giorgi. En cambio, puso el foco en los denunciantes y en la falta de acreditación del origen de los fondos con los que compraron la criptomoneda. Lo paradójico es que él mismo reconoció que hay medidas en curso para avanzar justamente en esa dirección. Es decir: aparta a los querellantes por algo que todavía está en plena etapa de producción probatoria.

• Ahora el expediente queda en manos de la Cámara Federal, que en su momento habilitó la participación de esos mismos acusadores particulares. Los querellantes ya anunciaron que van a apelar, pero el panorama es complejo porque el daño ya está hecho. Sin ellos, la investigación depende exclusivamente del fiscal Eduardo Taiano, a quien los propios denunciantes cuestionaron por su "prudencia" para avanzar. Si el juez decide archivar la causa, será Taiano el encargado de reclamar su continuidad. La cadena de responsabilidades está diseñada para que nada prospere.

Y acá aparece el dato que convierte la resolución judicial en un boomerang político. La esposa del magistrado, Ana María Cristina Juan, fue propuesta por el oficialismo para ocupar un juzgado federal de primera instancia en Hurlingham. Su pliego ya obtuvo el consenso necesario en el Senado y consiguió los votos para ser designada. Solo falta que Milei estampe la firma en el decreto. La coincidencia temporal es imposible de ignorar y en los pasillos de Tribunales ya nadie se la cree: "Hoy por ti, mañana por mí", repiten como un mantra.

Maximiliano Ferraro, uno de los querellantes apartados, fue contundente: "Hoy el juez tomó una decisión que, como denunciantes, no podemos dejar de mirar con enorme preocupación. Con el apartamiento de los querellantes, el impulso de la investigación queda únicamente en manos de la fiscalía que, hasta acá, hizo todo para que la causa no avance".

Lo que queda es un combo indigesto para la institucionalidad argentina. Un presidente que tuitea, un token que se desploma, empresarios que tejieron contactos en los minutos clave, un juez que define sin investigar y una jueza en lista de espera que depende de la firma del mismo mandatario cuestionado. La estafa, para la Justicia que conduce el caso, no existió. Solo hubo, dicen, "riesgo de mercado". El problema es que los ahorristas que confiaron en la palabra presidencial perdieron todo. Y el Poder Judicial, en lugar de investigar, corre a las víctimas y le construye la coartada al imputado.

Fuente original: Dataclave, sábado 4 de julio de 2026

Enlace: https://www.dataclave.com.ar/poder/-game-over-para-la-causa--libra--la-resmmolucion-del-juez-y-un-panorama-sombrio_a6a4800fec306f8951599e07d

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#CausaLIBRA #JusticiaArgentina #JavierMilei #Criptoestafa #ComodoroPy #RiesgoDeMercado

El teléfono sonó en las oficinas de Nucleoeléctrica Argentina y del otro lado la oferta no era un simple ajuste de tarifas ni una auditoría de rutina. Era una propuesta que mezcla inteligencia artificial, una empresa nacida a la sombra del Pentágono y la llave de las tres centrales atómicas que producen casi un décimo de la electricidad que consume el país. El gobierno de Javier Milei negocia con la firma estadounidense Palantir Technologies la transferencia del control operativo de Atucha I, Atucha II y Embalse, según pudo reconstruir Argentina Desigual a partir de fuentes oficiales y del sector nuclear. La operación, todavía en borrador, ya provoca temblores en la Comisión Nacional de Energía Atómica y deja una pregunta que ningún funcionario responde en voz alta: ¿qué hace una empresa de inteligencia queriendo manejar reactores?

La información que circula en los despachos oficiales y que confirmaron a este medio autoridades con conocimiento directo de la negociación señala que el traspaso es la punta de lanza de un plan más amplio de modernización energética. El argumento que seduce a la Casa Rosada es simple: meter tecnología de punta para bajar costos operativos que, medidos en dólares, se vuelven cada vez más difíciles de sostener en pleno ajuste fiscal. Pero el matiz que tensa la cuerda es otro. Palantir no se limitó a presentar una propuesta de eficiencia; puso una condición sobre la mesa antes de sentarse a firmar cualquier papel. Quiere una reestructuración profunda de la CNEA. Traducción: achicar el Estado antes de que ellos tomen el control.

Esa exigencia no es letra muerta. Empleados de la CNEA que hablaron con este medio bajo reserva de identidad aseguran que los despidos que ya empezaron a concretarse y los que se vienen en las próximas semanas no responden a un reordenamiento interno decidido por Buenos Aires. Son el prólogo del acuerdo. La empresa estadounidense, relatan, necesita ver un organismo más esbelto, con menos estructura burocrática y menor cantidad de personal estable, antes de asumir la operación de las centrales. Los telegramas de cesantía que llegaron en los últimos días, leídos en esa clave, dejan de ser un recorte más de la motosierra libertaria para convertirse en una prenda de negociación.

Conviene detenerse en quién es Palantir. No hablamos de una eléctrica con cien años de experiencia en reactores, como Westinghouse o General Electric. Hablamos de una compañía fundada por Peter Thiel, financiada en sus inicios por la CIA y especializada en cruzar millones de datos para encontrar terroristas en Medio Oriente o para que el servicio de inmigración estadounidense localice indocumentados. Su software aprendió a identificar patrones en montañas afganas y ahora el gobierno argentino quiere aplicarlo para predecir cuándo va a fallar una turbina o cuándo hay que ajustar la potencia de un reactor. La tecnología no es humo: los sistemas predictivos basados en inteligencia artificial que ofrece Palantir permiten anticipar averías y optimizar el mantenimiento con una precisión que ningún equipo humano puede igualar. Eso es innegable.

La sombra que se proyecta sobre el acuerdo no está en la eficacia de los algoritmos, sino en lo que no se dice. ¿Qué información van a recolectar esos sistemas sobre la infraestructura crítica argentina y adónde va a parar? Palantir construyó su fortuna vendiendo inteligencia a agencias de defensa de Estados Unidos. Sus contratos con el Pentágono y la NSA implican que la información procesada suele permanecer dentro de un ecosistema controlado por Washington. ¿Existen garantías de que los datos sobre el comportamiento de Atucha II no terminarán en un servidor de Virginia accesible para el Comando Sur? Nadie en el gobierno ha explicado ese punto.

El contexto ayuda a entender por qué el tema no ocupa todavía las tapas de los diarios. El gobierno libertario asumió con la promesa de desmantelar lo que considera un Estado elefantiásico. La CNEA, creada en 1950 y responsable tanto de la investigación como de la operación nuclear, representa todo lo que Milei quiere reformatear. Concentra desde científicos formados en el Balseiro hasta administrativos en las centrales. En esa lógica, meter a un privado con tecnología de última generación que reduzca costos y achique la nómina parece una victoria temprana del relato oficial. El problema es la letra chica: ceder el control operativo de infraestructura estratégica a una empresa cuya especialidad no es la energía sino la inteligencia.

El impacto más inmediato y concreto lo están viviendo las familias de los trabajadores de la CNEA en localidades como Lima, Zárate o Embalse, donde el Estado es el principal empleador. Los despidos ya comenzaron y, según los propios empleados, se profundizarán en las próximas semanas. Pero hay una segunda capa que afecta al conjunto de la sociedad: la factura de luz. Si la eficiencia prometida se traduce en tarifas dolarizadas que prioricen la rentabilidad del operador extranjero, los hogares argentinos podrían terminar pagando más caro el mismo servicio que antes gestionaba el Estado. Hasta ahora, el gobierno no ha dado precisiones sobre cómo será el esquema de regulación tarifaria bajo un operador privado cuyos contratos suelen estar blindados por tratados de protección de inversiones.

El futuro inmediato es un terreno lleno de interrogantes. La negociación sigue su curso y, mientras tanto, los despidos en la CNEA operan como un hecho consumado que le va dando forma al escenario antes de que llegue el nuevo inquilino. Los trabajadores denuncian que se está desmantelando la capacidad técnica justo cuando más se la necesitaría para controlar que un privado no haga lo que quiera con algo tan sensible como un reactor nuclear. La falta de información pública sobre los términos del posible acuerdo contrasta con la velocidad de los ceses. Ese contraste, por sí solo, ya es noticia.

Queda por resolverse si un convenio de esta magnitud pasará por el Congreso o si se definirá en la penumbra de un decreto. También queda por verse qué resortes de control retendrá el Estado argentino sobre la gestión diaria de las centrales y quién definirá las decisiones de seguridad nuclear: un gerente en Buenos Aires o un algoritmo alojado en Denver. Lo único cierto hasta ahora es que, mientras los argentinos miran para otro lado, el gobierno avanza en una negociación que podría cambiar el mapa energético del país con una empresa que sabe de datos, no de uranio.

Fuente original: Información confirmada por fuentes oficiales y empleados del sector nuclear, julio de 2026.

Enlace: https://argentina-desigual.ar/investigacion/palantir-nucleares

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