Mirá como hay plata: $50 millones por miércoles para conteneLa factura oculta de la represión: $50 millones por miércoles para REPRIMIR a jubiladosr a jubilados
Cada miércoles, mientras miles de jubilados se congregan frente al Congreso para reclamar contra el recorte de sus haberes, el Gobierno Nacional moviliza un promedio de mil efectivos de las fuerzas federales. El costo de ese dispositivo semanal supera los $50.000.000. En lo que va de 2025, el acumulado ya roza los $2.000 millones, con un total de 43 operativos desplegados y 43.000 efectivos involucrados.
- Los números los tiene el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), a partir de información oficial entregada por el Ministerio de Seguridad. Pero hay una advertencia que la especialista Victoria Darraidou le dejó clara a Diagonales Stream este miércoles: esas cifras son apenas el piso de lo que realmente se gasta.
“Cuando pensamos en este número todos decimos ‘uh, es muy importante’, pero es el piso de lo que podemos calcular”, explicó Darraidou. ¿Por qué tan conservador? Porque el Ministerio de Seguridad solo respondió con dos partidas concretas: el gasto en combustible de Prefectura, Gendarmería y el Sistema Penitenciario Federal, y el rubro “equipos” de la Policía Federal.
- Todo lo demás queda afuera del cálculo oficial. No hay datos sobre el pago de las jornadas laborales de los agentes, ni cuánto cuesta mover los camiones hidrantes, ni el gasto en balas de goma o gases lacrimógenos. Elementos que, como se ve en las imágenes de cada miércoles, son parte central del operativo.
El despliegue humano es monumental. En promedio, cada miércoles hay más de 900 efectivos apostados en el centro porteño. Pero hay jornadas que superan largamente ese número: el día en que atacaron al fotoperiodista Pablo Grillo, la cantidad de efectivos superó los 1.200. Esa cifra no es menor: representa a más de mil agentes federales que, durante esas horas, no están interviniendo en otras problemáticas de seguridad a lo largo del país.
- Esa es quizás la revelación más política del informe. Darraidou lo sintetizó con una frase que debería hacer ruido: “Esto no solo muestra el gasto en plata sino lo que significa para el Gobierno Nacional reprimir la protesta social”. El oficialismo, sostiene, “lo entienden tal vez como el principal problema de seguridad”.
Vale la pena detenerse ahí. Si para el Gobierno el principal problema de seguridad en la Argentina son adultos mayores reclamando por sus haberes recortados, entonces el diagnóstico de lo que significa “seguridad” está profundamente distorsionado. No es un problema de orden público; es un problema de prioridades.
- Porque mientras la administración de Javier Milei justifica el ajuste en todas las áreas sociales, en este rubro el gasto no se ajusta: se expande. Más de $2.000 millones en lo que va del año para contener a quienes, después de toda una vida de aportes, solo piden no ser empujados más al fondo del pozo. El dato del CELS no es un número frío: es la fotografía de una decisión política que destina recursos desmedidos a la represión, mientras las necesidades reales de los jubilados siguen esperando una respuesta que no llega.
Y ojo: el gasto real es incluso mayor. Porque lo que el Ministerio de Seguridad informó es apenas lo que se puede contabilizar en combustible y equipos. Lo que no se informa —las horas extra, los insumos represivos, el desgaste operativo— es una cuenta que el Estado paga igual, aunque no la ponga en el papel.
Lo que está en juego, entonces, no es solo un número en un presupuesto. Es la concepción misma del rol del Estado: si su brazo más fuerte se usa para contener el reclamo de los más vulnerables, el mensaje que se envía a la sociedad es claro. Los recursos para reprimir sobran. Los recursos para garantizar una vejez digna, faltan.
- Este miércoles, mientras la policía volvía a cargar contra los manifestantes, el informe del CELS dejó al descubierto la cuenta que nadie quería pagar. Pero la factura, como siempre, la terminamos pagando todos.
Fuente original: Diagonales, 22 de julio de 2026
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