El plan secreto de Milei para tomar la Justicia: 100 jueces en dos meses y un blindaje para los hermanos
Javier Milei no está renovando el Poder Judicial. Está tomándolo por asalto. En menos de dos meses, el Presidente ya designó 100 jueces, fiscales, defensores y conjueces. La última andanada llegó este miércoles 22 de julio, con 28 nombramientos publicados en el Boletín Oficial. Pero no se deje engañar por el número: esto no es gestión administrativa. Es una operación de ingeniería institucional para blindar al gobierno y, en particular, a los hermanos Milei, de las causas que los persiguen: $LIBRA, ANDis y todas las investigaciones que amenazan con llegar demasiado cerca.
La jugada tiene nombre propio. Juan Tomás Rodríguez Ponte, el hombre que durante una década manejó "la oficina de las escuchas" (DAJuDeCO), acaba de ser ungido como juez federal de Lomas de Zamora. ¿Qué significa? Que alguien con acceso a información ultrasensible de delitos complejos ahora tiene despacho propio en el conurbano. ¿Casualidad? En el gobierno no creen en la casualidad.
- Pero el plato fuerte no es Lomas de Zamora. Es Comodoro Py. La Cámara Federal que revisa todos los expedientes de los tribunales de Retiro está en la mira. Y el 11 de agosto, Pablo Yadarola y Pablo Bertuzzi deberán defender sus pliegos en el Senado para ocupar dos lugares clave. Si consiguen los votos, el gobierno pondrá su sello en el tribunal que decide sobre las causas más calientes del poder. Y no es cualquier perfil: ambos quedaron muy lejos en los concursos de 2021, pero el Consejo de la Magistratura los empujó igual. Bertuzzi llegó con el padrinazgo del macrismo. Yadarola, con su currículum de conocedor de los tribunales y su paso por la comitiva de Lago Escondido. Gente de confianza, no neutrales.
Mientras tanto, el Presidente ya envió mensajes claros a quienes se le oponen. Martín Irurzun cumplió 75 años el sábado pasado y Milei ni siquiera movió un dedo para enviar su pliego al Senado. El juez judicializó su continuidad y no consiguió ni un fallo favorable. El procurador interino pidió que la Corte rechace su cautelar y Horacio Rosatti se negó a tratarlo en feria. ¿El mensaje? Los jueces que no fallan a favor se van. Por el contrario, a Víctor Pesino, el camarista que votó a favor de la reforma laboral y metió mano en la UOM, Milei le garantizó la continuidad más allá de los 75 años. Y a Leopoldo Rago Gallo, otro juez cercano, también. La lógica es brutal y transparente: lealtad o muerte institucional.
- No se trata solo de jueces. También están moviendo el tablero en la justicia comercial, donde Matilde Ballerini —la jueza que durante años benefició a Mauricio Macri en la causa del Correo— irá el 4 de agosto a defender su reválida ante el Senado. El gobierno la quiere en su lugar. Y en los tribunales orales, donde se juzgan delitos de lesa humanidad, narcotráfico y corrupción, ya colocaron a Ángel Roger Luna Roldán, Pablo Roberto Toledo, Ruth Ponce de León y Bernardo Rodríguez Palma. Nombres que hasta ahora eran desconocidos para el gran público, pero que desde hoy tienen el poder de decidir sobre las causas más graves del país.
¿Y los fiscales? También cayeron cuatro designaciones: Patricio Sabadini en Resistencia, Fernando Alcaraz en Mendoza, Hugo Froy en Paso de los Libres y Juan Burella Acevedo en Corrientes. Todos puestos por decreto, sin concursos que garanticen idoneidad, sin mecanismos que aseguren independencia. El Ejecutivo está llenando cada resquicio del sistema con sus hombres.
Pero el plan va más allá. En la Casa Rosada ya circula el rumor de que quieren achicar la Cámara Federal de Casación, el máximo tribunal penal del país, y también reducir el número de juzgados de primera instancia de Comodoro Py. Hoy hay cuatro de doce vacantes. ¿Qué mejor manera de controlar la Justicia que reducir la cantidad de jueces y asegurarse de que los que queden sean los que responden al poder? En el Ministerio de Justicia bajan el tono, pero las versiones no son humo: son señales de humo que anticipan una ofensiva.
- El Senado es la aduana. Y el gobierno mira con ansias cómo la Cámara Alta va destrabando los pliegos que inicialmente fueron objetados dentro del propio oficialismo. Entre ellos, los de Juan Mejuto (secretario del TOF 5, señalado por firmar la solicitada de Justicia Legítima y visitar el Museo ESMA) y los jueces Alejandro Catania y Juan Pedro Galván Greenway (cuestionados por vínculos con la AFA). ¿Qué tienen en común? Que fueron objetados por sectores del gobierno, pero ahora podrían ser aprobados si el Senado se alinea. Es una purga silenciosa: primero se los critica, después se los habilita. Todo para asegurar que los jueces que lleguen no tengan ningún reparo en fallar a favor del Ejecutivo.
El único freno, por ahora, es un capricho. Los nombramientos para el TOF 3 de La Plata no han salido. ¿La razón? María Verónica Michelli, cuñada del periodista Hugo Alconada Mon (de La Nación), está en la lista. Milei siente animadversión personal hacia ella. La excusa oficial es que el tribunal no está habilitado ni tiene edificio, pero la realidad es que una decisión política —y hasta personal— está frenando la designación. Si hasta la animadversión del Presidente define quién entra y quién no, ¿qué queda de la independencia judicial?
Cien magistrados en dos meses. No es un número: es una declaración de guerra contra la separación de poderes. El gobierno no está llenando vacantes; está ocupando estratégicamente cada espacio que puede controlar. Y lo hace con nombres que responden a un solo jefe. Las causas de los hermanos Milei no son un tema menor: son el motor de esta carrera. El 11 de agosto, el Senado decidirá si les da la llave de Comodoro Py. Si eso pasa, el blindaje será casi total.
La democracia no se mide por la cantidad de decretos firmados. Se mide por la capacidad de la Justicia para ser independiente del poder de turno. Hoy, esa capacidad está siendo desguazada pieza por pieza, nombre por nombre. Y mientras el gobierno acelera, la ciudadanía mira por el espejo retrovisor. Pero el espejo se está empañando. ¿Hasta cuándo vamos a seguir mirando sin ver?
Fuente original: Página/12, 22 de julio de 2026 – Luciana Bertoia
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