Milei financiará el rearme de las Fuerzas Armadas con dinero de privatizaciones y venta de bienes del Estado
El nuevo esquema se nutre de dos flujos principales. Por un lado, el Ministerio de Defensa recibirá el 10% de los ingresos que se generen por la venta, concesión o cualquier otra forma de explotación de bienes inmuebles del Estado nacional. Cuando esos terrenos o edificios hayan estado previamente bajo la órbita de la cartera que conduce Carlos Presti, el porcentaje se eleva al 70%. Por otra parte, otro 10% de los fondos provenientes de la privatización de empresas públicas —procesos ya habilitados por la Ley Bases— también será asignado a la misma finalidad. La norma aclara que estos recursos no sustituyen al Fondo Nacional de la Defensa (FONDEF), sino que lo complementan.
El decreto instruye al Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas a que, en un plazo máximo de 90 días, eleve al Ministerio de Defensa un listado con las necesidades más urgentes en materia de equipamiento, tecnología y capacidades operativas. Esa lista servirá de base para definir el destino concreto de los fondos, que deberán aplicarse a programas de reequipamiento, modernización tecnológica, obras de infraestructura y recuperación general del sistema de defensa.
Un contexto de deterioro y una “deuda salarial” reconocida
La decisión llega después de años en los que el presupuesto militar fue perdiendo participación real, con equipamiento que arrastra décadas de obsolescencia y limitaciones para responder a amenazas que ya no son solo convencionales. El propio texto del decreto menciona el deterioro de los recursos disponibles, la necesidad de adaptarse a ataques cibernéticos y conflictos asimétricos, y unas cuentas públicas que, según la administración libertaria, habían dejado casi sin margen para inversiones en el área.
El 2 de abril pasado, durante el acto por el aniversario del inicio de la guerra de Malvinas, Milei había reconocido una “deuda salarial” con los uniformados. En esa breve alocución en el barrio porteño de Retiro, el Presidente aseguró que un país que aspire a ser protagonista en el plano global necesita fuerzas bien pagas y equipadas a la altura de las exigencias internacionales. “Dentro del marco del equilibrio fiscal, reafirmamos el compromiso de este Gobierno de llevar a cabo la reconstrucción de nuestras fuerzas armadas. Es un proceso que llevará tiempo”, dijo entonces. También admitió problemas en la obra social de las Fuerzas Armadas (IOSFA) y anticipó una reestructuración institucional que priorizara la cobertura médica de los efectivos y sus familias, limitando el gasto administrativo.
Fondos frescos en medio del ajuste
El Plan de Adecuación y Reequipamiento Militar introduce una lógica de “autofinanciamiento” atada a la venta de activos públicos. Para el oficialismo, es una forma de inyectar recursos a la defensa sin romper el superávit fiscal que defiende como bandera. Los porcentajes definidos implican que cuanto más se avance en la liquidación de inmuebles estatales o en la transferencia de empresas al sector privado, más dinero llegará a equipar a las tres fuerzas.
Sin embargo, la ejecución dependerá de que efectivamente se concreten esas operaciones. La experiencia reciente muestra que los procesos de venta de bienes del Estado suelen enfrentar demoras administrativas, resistencias políticas y un mercado que no siempre responde a las valuaciones oficiales. Algo similar ocurre con las privatizaciones previstas en la Ley Bases, que todavía deben atravesar pasos regulatorios y licitatorios con resultados inciertos.
Lo que queda por resolverse
El decreto deja definido el “cómo” del financiamiento, pero no el “cuánto” final, porque ese monto dependerá del éxito de las privatizaciones y de la venta de inmuebles. Tampoco se detallan los proyectos de compra de equipamiento, algo que recién se conocerá cuando el Estado Mayor Conjunto entregue su informe de necesidades urgentes y el Ministerio de Defensa defina las prioridades de inversión.
El plan abre interrogantes sobre el equilibrio entre la urgencia militar y el ritmo real de los ingresos, así como sobre el control parlamentario de un esquema que se instrumenta por DNU y que asigna automáticamente un porcentaje de fondos que de otra manera irían al Tesoro. En un país donde la discusión sobre el destino de los recursos públicos suele estar atravesada por demandas sociales insatisfechas, la decisión de atar el rearme a la venta de bienes del Estado vuelve a poner en primer plano la pregunta sobre qué prioridades elige financiar el Gobierno y bajo qué condiciones.
Fuente: El Destape Web
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