Buenos Aires blinda por ley las prestaciones de discapacidad: la adhesión a la Ley 24.901 que cambia las reglas del juego
Este jueves 27 de agosto de 2026, la Cámara de Diputados bonaerense dio un golpe de timón legislativo. Con el respaldo de las familias que llevan meses en la calle, se aprobó la adhesión de la Provincia a la Ley Nacional 24.901. No es un simple trámite de escritorio: es la herramienta que obliga al distrito más poblado del país a hacerse cargo de las prestaciones básicas de salud y asistencia para personas con discapacidad, justo cuando el financiamiento de estos derechos se convirtió en el epicentro de una disputa a nivel nacional.
La iniciativa, impulsada por el senador provincial Emmanuel González Santalla, completó su recorrido tras haber obtenido previamente la media sanción en el Senado. El texto legal es claro: incorpora formalmente a la Provincia al sistema nacional, garantizando un piso de derechos que abarca prevención, asistencia, promoción y protección. Para el legislador, este cierre del circuito es "una victoria colectiva" que busca blindar coberturas que son un derecho y no una dádiva.
Esta sanción no cae en el vacío. Llega con una tensión palpable, tras los reclamos sostenidos durante los últimos meses por familias, prestadores de salud y organizaciones del sector, hartos de la incertidumbre financiera que rodea a las terapias y los apoyos. En ese clima, González Santalla marcó una línea política dura: llamó a reconstruir un Estado que no le dé la espalda a la discapacidad y que defienda su autonomía, trazando una comparación explícita con el modelo de garantías que, según su visión, existió en el país hasta el año 2015.
¿Qué significa esto para una familia en el conurbano o en el interior que hoy pelea un turno o un elemento de ayuda técnica? Significa que la Provincia deja de ser un espectador pasivo. Al adherir a la norma, el gobierno provincial asume la responsabilidad directa de garantizar el acceso a lo que la ley nacional ya contempla. Se cierra la puerta a las excusas burocráticas que solían derivar la responsabilidad de un organismo a otro, transformando la cobertura integral en una obligación jurisdiccional exigible.
Ahora bien, la firma en un expediente no garantiza terapias por sí sola. El verdadero desafío comienza con la reglamentación de la norma y la asignación presupuestaria concreta. La historia legislativa argentina está llena de leyes loables que naufragaron en la falta de ejecución. La vigilancia de las organizaciones y las familias será el único antídoto para asegurar que este marco legal no termine siendo un parche de buena voluntad, sino una política de Estado efectiva y financiada.
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Fuente: Prisma Noticias, 27 de agosto de 2026.
Enlace: https://prismanoticias.com.ar/es-ley-el-proyecto-de-emmanuel-santalla-para-garantizar-prestaciones-a-personas-con-discapacidad-en-pba/
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