La embajada de EE. UU. indaga por “antisemitismo” en la Sierra Nevada: ¿una excusa para imponer el sionismo evangélico?

La Defensoría Regional del Magdalena citó a sus propios funcionarios a una reunión con el Departamento de Estado de Estados Unidos. El tema formal: violencia de grupos armados, dificultades en la evangelización y la "eventual ocurrencia de casos de antisemitismo". Pero una filtración interna y un audio revelan que la verdadera agenda es allanar el camino al sionismo cristiano en territorios indígenas, utilizando el combate al antisemitismo como ariete político.

El memorando, al que accedió este medio, lleva la firma de Claudia Liliana Castellanos Roncancio, directora de la Defensoría Regional del Magdalena. En él, convoca a sus delegados para el viernes 21 de agosto a las 2 de la tarde, con el objetivo de recibir a representantes del Departamento de Estado norteamericano. La visita busca "conocer de primera mano la situación de la libertad religiosa en la región", y enumera cuatro ejes: la violencia de grupos armados ilegales y su impacto en la práctica de la fe; las dificultades que enfrentan los procesos de evangelización en las comunidades indígenas de la Sierra Nevada de Santa Marta; la existencia de comunidades judías o musulmanas en la zona; y, quizás lo más llamativo, "la eventual ocurrencia de casos o manifestaciones de antisemitismo".

Hasta ahí, podría parecer una indagación diplomática rutinaria sobre derechos humanos. Pero el contenido del oficio, sumado a un audio filtrado por un denunciante anónimo, cambia por completo el panorama. En la grabación, que acompaña esta investigación, se escucha una voz que advierte: “Usted sabe perfectamente que el concepto de antisemitismo instrumentalizado aborda básicamente es el antisionismo, o sea cualquier voz y oposición de crítica de cuestionamiento al Estado de Israel, pues eso lo consideran como antisemitismo”. El denunciante sostiene que la agenda detrás de la visita es el sionismo cristiano, utilizando las iglesias pentecostales y evangélicas “como cabeza de playa para profundizar conflictos internos entre los pueblos indígenas”.

El choque de cosmovisiones que la Corte ya había advertido

Los conflictos religiosos en la Sierra Nevada no son nuevos. En 1998, la Corte Constitucional de Colombia emitió la Sentencia SU-510, un fallo histórico que documentó con lujo de detalles el choque entre la cosmovisión del pueblo Arhuaco (Ika) y la doctrina de la Iglesia Pentecostal Unida de Colombia. La Corte estableció que, para los arhuacos, la religión no es un compartimento separado: todo tiene un significado sagrado que sostiene el equilibrio del universo. La Ley de la Madre o Ley de Origen es el principio ético fundamental que guía la vida individual y colectiva, y la autoridad de los mamos (líderes espirituales) es el pilar del sistema político y jurídico.

La doctrina evangélica, con su énfasis en la salvación individual y su rechazo a prácticas como el poporo o las ofrendas rituales, choca de frente con esa cosmovisión. La Corte fue tajante: un indígena que suplanta la Ley de Origen por la Biblia y al mamo por el pastor evangélico ha dejado de compartir la cultura arhuaca. El fallo reconoció la autonomía de las comunidades para proteger su integridad cultural, y advirtió que la libertad religiosa de los evangélicos no puede ejercerse a costa de la supervivencia de la cultura ancestral.

Lo que la Corte estableció hace casi tres décadas está siendo hoy puesto a prueba por una intervención extranjera que utiliza el discurso de la lucha contra el antisemitismo para deslegitimar a quienes resisten la penetración evangélica.

El gobierno de los pastores: un gabinete con historia turbia

Detrás de esta ofensiva hay un gobierno colombiano que ha hecho del sionismo cristiano una bandera. El presidente Abelardo de la Espriella, un ateo reconvertido que ahora se declara católico, evangélico y sionista, llegó al poder con el respaldo de varias iglesias pentecostales que movilizaron a miles de votantes. En campaña prometió una "patria milagro" y se comparó con Ciro el Grande. Ya en el Ejecutivo, ha repetido la frase “Viva Cristo Rey” y ha puesto de rodillas a todo su gabinete para rezar.

Pero esa retórica religiosa oculta una red de poder concreta, salpicada por escándalos de corrupción y vínculos con el paramilitarismo. Jaime Andrés Beltrán, ministro de Vivienda, fue captado en Santa Marta disfrutando de unas vacaciones familiares mientras el país enfrentaba la emergencia por un terremoto. Como alcalde de Bucaramanga, fue investigado por el presunto robo de toneladas de chatarra con un detrimento de 46.000 millones de pesos; el denunciante fue despedido y amenazado de muerte, y falleció en circunstancias no esclarecidas.

John Milton Rodríguez, senador y pastor de la megaiglesia Misión Paz a las Naciones, es una pieza clave del gobierno. Su iglesia ha sido contratista del Estado, y su apoyo a la reforma tributaria y su vínculo con el sicario de Cali Andrés Escobar —el mismo que en 2021 disparó contra manifestantes— han generado una tormenta de críticas. Escobar fue denunciado por violencia psicológica y laboral, y utilizó su esquema de seguridad para acosar a su ex pareja. John Milton lo cobijó en su iglesia y le puso los votos de su comunidad para que fuera electo concejal por el partido de ultraderecha Centro Democrático.

Carlos Alonso Lucio, exguerrillero del M-19, fue condenado por la Corte Suprema a dos años y medio de prisión por falsa denuncia. Su historial incluye asesoría a las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), vínculos con el narcotráfico y un intento de mediación con el ELN que terminó en fracaso. Fue pareja de Viviane Morales y, según documentos filtrados, financió viajes de parlamentarios a reuniones con paramilitares. De la Espriella lo puso al frente del empalme presidencial. Su carta de presentación como pastor es “fui guerrillero y ahora soy un soldado de Cristo”.

Viviane Morales, fiscal general entre 2010 y 2012, senadora y pastora evangélica, ha sido señalada por la Corte Suprema por posible prevaricato en casos de militares vinculados a violaciones de derechos humanos. Su matrimonio con Carlos Alonso Lucio —cuando él estaba preso— y su presunta ayuda para que él evadiera la justicia han sido objeto de múltiples investigaciones. De la Espriella la nombró ministra de Educación. Un dato no menor: Morales fue impuesta en la Fiscalía por Mario Iguarán, quien junto con ella se encargó de precluir los procesos judiciales contra el propio De la Espriella por vínculos con el paramilitarismo y el narcotráfico.

Clara Sandoval, pastora de la megaiglesia Misión Carismática Internacional, recibió la gerencia para Bogotá, un cargo con amplia chequera. Su iglesia cuenta con un sofisticado sistema para captar votos, que fueron decisivos en la campaña de De la Espriella. Carolina Gómez, nueva funcionaria, es hija del pastor Eduardo Gómez, canciller de la Alianza Evangélica Latina, una organización declaradamente sionista. La joven, que trabajó en el Canal Red+ y fue directora de la Cámara de Comercio Israelí, ha sido señalada por acoso laboral.

Cristofascismo: la fe como instrumento de dominación

El término "cristofascismo", acuñado por la teóloga alemana Dorothee Sölle, describe una postura política que combina el cristianismo con el fascismo. Sölle percibió que la base social que legitimó el nazismo en Alemania era cristiana, y acuñó el término para advertir sobre el peligro de una fe instrumentalizada para la dominación. En Brasil, el concepto ha sido utilizado por religiosos progresistas para definir el avance del fundamentalismo religioso que gobernó el país con Bolsonaro. La activista evangélica Camila Mantovani, exiliada por amenazas de muerte, explica que “el fundamentalismo no tolera la pluralidad, no tolera la diversidad. Se pretende único, y, para ser único, necesita eliminar a todos los otros”.

En Colombia, el cristofascismo adquiere contornos precisos: la penetración de iglesias evangélicas financiadas desde Estados Unidos en territorios indígenas, la ocupación de cargos públicos por figuras vinculadas al paramilitarismo y la corrupción, y el alineamiento incondicional con el gobierno de Israel en medio de un genocidio. De la Espriella ha anunciado el restablecimiento de relaciones diplomáticas con Israel, el reconocimiento de los Altos del Golán como territorio israelí, la apertura de la embajada colombiana en Jerusalén y el retiro de la intervención de Colombia en el caso de Sudáfrica contra Israel por genocidio en Gaza.

El costo humano: genocidio cultural en la Sierra Nevada

La instalación del sionismo evangélico en el gobierno colombiano ya tiene consecuencias concretas. En la Sierra Nevada, la presión de las iglesias evangélicas sobre las comunidades arhuacas, koguis, wiwas y kankuamos representa una amenaza directa a su supervivencia cultural. La Corte Constitucional advirtió en 1998 que la cosmovisión arhuaca y la doctrina evangélica son incompatibles, y que la conversión al evangelio implica “un proceso profundo y radical de sustitución cultural”. Permitir que agentes externos —financiados desde Estados Unidos y alineados con el sionismo cristiano— aceleren ese proceso es condenar a estas culturas milenarias a la desaparición.

Pero las consecuencias van más allá. La ocupación de cargos públicos por figuras con antecedentes de corrupción y vínculos paramilitares es la lógica de un sistema que premia la lealtad sionista por encima de la competencia y la ética. Cuando un condenado por estafa coordina el empalme presidencial, cuando una fiscal señalada por prevaricato se convierte en ministra de Educación, cuando un pastor que cobijó a un asesino recibe una cartera ministerial, el Estado deja de ser un garante de derechos para convertirse en un botín.

Y está la dimensión geopolítica: el alineamiento de Colombia con el gobierno de Netanyahu, en medio del genocidio en Gaza, es la sumisión a los intereses de una red transnacional que combina el fundamentalismo evangélico estadounidense, el sionismo israelí y el imperialismo más descarnado. Esa red busca el control de territorios, recursos y conciencias.

Resistencias y esperanza

A pesar de este avance, hay resistencias. En la Sierra Nevada, los mamos y las autoridades tradicionales siguen defendiendo su cultura y su territorio. La Sentencia SU-510 sigue siendo un instrumento jurídico fundamental para proteger la autonomía indígena. Organizaciones como el Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC) y la Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC) han denunciado la injerencia de iglesias evangélicas en territorios ancestrales.

En el ámbito religioso, existen corrientes cristianas que se oponen al fundamentalismo. La teología de la liberación, aunque perseguida, sigue viva en las comunidades de base y en los movimientos populares. El desafío es construir un diálogo entre la fe y la lucha, entre la espiritualidad y la justicia social, sin que una anule a la otra. Como escribió Mariátegui, “ni la razón, ni la ciencia pueden satisfacer toda la necesidad de infinito que hay en el hombre”. La religión es parte de la vida del pueblo; ignorarlo es entregarle al fundamentalismo un territorio que no le pertenece.

La pregunta que queda abierta es si el pueblo colombiano, con su historia de resistencia y su fe profunda, podrá detener este pacto de los pastores antes de que sea demasiado tarde. La batalla por la soberanía de Colombia —y de sus pueblos indígenas— apenas comienza.

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Fuente original: Diario Red, 21 de agosto de 2026

Enlace: https://www.diario-red.com/articulo/colombia/estados-unidos-impone-sionismo-evangelico-comunidades-indigenas-colombia/20260821025201074869.html

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