El obelisco se convirtió en una ratonera: más de 1500 heridos en un operativo policial que tiró a matar
La protesta contra la Ley de Inviolabilidad a la Propiedad Privada terminó el miércoles con un tendal de heridos que la Comisión Provincial por la Memoria no duda en calificar como uno de los operativos más feroces de los últimos años. Fueron más de cuatro horas de un avance sin pausa de la Policía Federal, Prefectura y Gendarmería, que pasaron por encima del vallado que ellas mismas habían montado en el Congreso y corrieron a manifestantes, fotógrafos, vecinos y cualquier persona que estuviera en un radio de diez cuadras a la redonda. El saldo que denuncia la CPM es estremecedor: más de 1500 personas heridas por gases lacrimógenos, gas pimienta, postas de goma, postas de byrna, palazos y escudazos. Al menos 18 personas terminaron detenidas.
El motivo de la movilización era concreto: el Senado debatía un paquete de modificaciones legales impulsado por el oficialismo que, aunque perdió el capítulo que tocaba la Ley de Tierras, mantenía cambios profundos en la Ley de Manejo del Fuego y habilitaba desalojos exprés para inquilinos. Las organizaciones de vivienda, los movimientos sociales y la oposición política intentaron hacer visible un reclamo que consideran un punto de inflexión para millones de familias. La respuesta del Estado fue un despliegue de fuerza que empezó antes de las cinco de la tarde y se prolongó hasta bien entrada la noche.
A las 16.30, los cuerpos de la Federal, Prefectura y Gendarmería que custodiaban el vallado de la Plaza del Congreso empezaron a lanzar gases químicos, bombas de gas lacrimógeno y agua a presión con los camiones hidrantes de manera indiscriminada. No hubo una provocación puntual que desatara la primera carga. La CPM lo describe con precisión quirúrgica: las fuerzas sobrepasaron el perímetro de contención que ellas mismas habían fijado como límite y avanzaron sobre la gente con todo el armamento disponible. El objetivo era uno solo: dispersar una protesta que hasta ese momento no había salido de los cauces pacíficos.
Con el correr de los minutos, la represión se corrió del Congreso hacia las calles laterales. En la intersección de Callao y Bartolomé Mitre, efectivos de Gendarmería salieron detrás de las vallas para buscar cuerpo a cuerpo a los manifestantes con disparos de balas de goma. Lo mismo hicieron en las inmediaciones de la plaza. Las postas de byrna, esas municiones de plástico compacto que se presentan como "no letales", impactaron sobre torsos, brazos y piernas de quienes intentaban cubrirse entre los autos estacionados. Los gritos de auxilio se mezclaban con el ruido seco de los cartuchos y el zumbido de los drones que sobrevolaban la zona.
Cuando cayó la noche, la apuesta del operativo subió un escalón más. La policía motorizada apareció por un flanco para cortar cualquier vía de escape, mientras un camión hidrante bloqueaba el otro costado. La maniobra dejó atrapadas a decenas de personas que no encontraban por dónde salir. Los uniformados dispararon contra todo lo que se movía, sin discriminar si se trataba de manifestantes, de trabajadores que volvían a sus casas o de familias que paseaban por la zona. La imagen de una mujer resguardándose junto a su hija en un local de comida quedó grabada en decenas de celulares. "Este no es el país que quiero para mis hijos", alcanzó a decir, mientras afuera el estruendo de los hidrantes y los gases convertía la Avenida 9 de Julio en un paisaje de guerra.
Los puntos de tensión se multiplicaron en cuestión de minutos. Sobre Avenida de Mayo, las corridas no daban tregua. En el cruce de Corrientes y Uruguay, los efectivos avanzaron a los balazos de goma entre los autos y los colectivos, con el tránsito todavía en movimiento. Las escenas de pánico quedaron registradas en videos que hoy circulan en redes y que la CPM ya incorporó a su presentación formal.
Las cifras oficiales intentaron bajarle el tono a la magnitud del operativo. Fuentes de la Policía Federal hablaron de tres detenidos por "atentado y resistencia a la autoridad". La Policía de la Ciudad sumó otros nueve apresados en el avance por Avenida Plaza de Mayo. Pero el conteo de los organismos de derechos humanos es más alto y más crudo: la CPM denuncia 18 detenciones en total, varias de ellas con personas que presentaban lesiones visibles al momento de ser fichadas.
- Entre las víctimas hay una fotógrafa que recibió un golpe en la cabeza. No se supo con qué, porque el caos era tal que la ambulancia tardó varios minutos en llegar por los mismos cortes que las fuerzas de seguridad mantenían activos. La mujer fue asistida en Lima y Avenida de Mayo, rodeada de compañeros que improvisaban paños fríos mientras el sonido de las cargas seguía de fondo.
- Las fuerzas también reportaron heridos propios. Una oficial de la Policía de la Ciudad sufrió un traumatismo en un codo por el impacto de una piedra. Un prefecto fue atendido en el lugar y un gendarme debió ser trasladado al Hospital Churruca por un piedrazo en la cabeza. Las autoridades señalaron que "grupos violentos incendiaron contenedores de basura, rompieron veredas y dañaron un patrullero al destrozar sus vidrios". Nada de eso justifica la escala de la respuesta, pero los datos están ahí y contrastan con la imagen de una protesta pacífica que la CPM insiste en defender.
La propia Comisión calificó el operativo como "uno de los más violentos y extendidos en tiempo y distancia" de los últimos años. La definición no es una exageración militante. Es el resultado de relevar cuatro horas de avance sin pausa, con armamento de distinto calibre y una metodología que encerró a la gente para después golpearla.
El contexto en el que se inscribe esta represión tiene nombre y apellido: la Ley de Inviolabilidad a la Propiedad Privada. La iniciativa original tocaba la Ley de Tierras, pero ese capítulo fue retirado tras una negociación política que buscaba moderar la convocatoria a la marcha. Sin embargo, el texto que finalmente llegó al recinto mantuvo modificaciones sensibles. La más comentada es la que elimina la mayoría de las restricciones a la venta y manejo de tierras rurales, pastizales y zonas agrícolas tras los incendios. En la práctica, la derogación flexibiliza el destino de los campos arrasados por el fuego, un tema que en la Patagonia y en el centro del país genera resistencia desde hace años.
El otro punto caliente es la modificación del Código Civil que habilita los desalojos exprés. El presidente de la Federación Nacional de Inquilinos, Gervasio Muñoz, lo explicó con palabras tan claras que cualquiera puede entender la desprotección que se viene: "Lo que hace esta ley es quitar garantías para que los inquilinos puedan defenderse en un juicio por desalojo. El dueño de la vivienda, solo con ir a la Justicia y decir 'esta persona nunca me pagó, no tiene contrato, es un intruso', logra que el juez, sin importar que la familia pueda defenderse, en 72 horas tenga que mandar el desalojo". Millones de familias que alquilan en la Argentina quedan, si la norma avanza, a merced de un trámite que no les da margen para probar que viven ahí, que pagan o que simplemente necesitan tiempo para conseguir un techo alternativo.
La tormenta que azotó el Área Metropolitana de Buenos Aires durante todo el jueves moderó la concurrencia que se esperaba al inicio de la semana. Las organizaciones reconocen que la lluvia y el retiro del capítulo de Tierras le restaron presión a la convocatoria, pero también admiten que el miedo al operativo que finalmente ocurrió ya se palpaba en las asambleas previas. La secuencia del miércoles confirmó los peores pronósticos.
El impacto real de esta jornada no se mide solo en heridos y detenidos. Se mide en el mensaje que queda flotando para cualquier persona que quiera salir a la calle a reclamar por sus derechos. Cuando los gases alcanzan a una madre con su hija metida en un local de comida, cuando una fotógrafa recibe un golpe en la cabeza mientras trabaja, cuando los balazos de goma pasan entre los autos y los colectivos sin que importe quién está del otro lado, lo que el Estado está diciendo es que la protesta se paga con el cuerpo. La CPM detectó un salto cualitativo en la violencia del operativo: más tiempo, más distancia recorrida, más armamento desplegado y una decisión consciente de no distinguir entre manifestantes y transeúntes.
El Senado tiene ahora la llave para convertir en ley un paquete de normas que, para los sectores movilizados, empeora la vida de los que menos tienen. Las imágenes de la represión que dejó 1500 heridos son, al mismo tiempo, la prueba de que el costo de oponerse puede ser cada vez más alto. Lo que queda en juego es la posibilidad misma de manifestarse sin terminar gaseado, golpeado o detenido en una ratonera que arrancó en el Congreso y se estiró hasta el Obelisco.
La crónica de este miércoles deja una certeza que ya circulaba en las asambleas: el debate sobre las leyes no se va a dar solo en el recinto. Se va a dar en las calles, con un gobierno que decidió mostrar los dientes antes de la discusión, y con movimientos sociales que ahora saben que la próxima marcha puede empezar igual, pero terminar peor.
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Fuente original: El Destape Web, 6 de agosto de 2026
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