Milei cedió en el Senado: sus propios aliados le bajaron el capítulo que convertía los incendios en un negocio inmobiliario
El Gobierno sufrió este jueves un traspié legislativo que va a dejar marcas. En el Senado, el oficialismo tuvo que retirar el capítulo sobre manejo del fuego de su proyecto de inviolabilidad de la propiedad privada, la iniciativa que Federico Sturzenegger diseñó como una reforma estructural y que terminó reducida a menos de un tercio de su contenido original. La falta de respaldo de los aliados dialoguistas no fue un accidente: fue la consecuencia de un texto que, según advirtieron los propios senadores que suelen acompañar al Ejecutivo, retrocedía en materia ambiental de un modo incompatible con la Constitución.
Las críticas no apuntaban a un detalle menor. Los cambios propuestos eliminaban o debilitaban las sanciones y limitaciones que hoy pesan sobre los dueños de tierras incendiadas. En concreto, la ley actual impide que un campo quemado se venda o enajene durante un período determinado, una restricción que nació para desalentar a quienes provocan o toleran el fuego con la expectativa de un negocio inmobiliario posterior. El texto que Sturzenegger llevó al Congreso levantaba esas trabas y abría la puerta para que el daño ambiental se transformara en una oportunidad de lucro inmediato.
Los senadores que hicieron fracasar el capítulo no responden a un solo bloque. Maximiliano Abad, de la UCR, puso sobre la mesa un argumento jurídico que pesó en el recinto: la modificación vulneraba el principio de no regresión ambiental, un criterio consolidado por la doctrina constitucional y por la propia jurisprudencia de la Corte Suprema. No era una opinión personal; era una advertencia con respaldo técnico. Otros legisladores señalaron errores conceptuales y deficiencias en la redacción que los intentos de negociación previos no habían logrado corregir. El rechazo fue generalizado y obligó al oficialismo a retirar el capítulo por completo.
- Lo que quedó en evidencia no fue solo un problema de votos. La sesión mostró a un oficialismo que apostó a una mayoría que no tenía asegurada y que subestimó las objeciones de sectores que, en teoría, comparten parte de su agenda. Patricia Bullrich, que condujo la negociación en nombre del Ejecutivo, apenas logró retener el respaldo para la votación en general de los capítulos referidos a desalojos, recorte de facultades estatales en expropiaciones y registro de la propiedad inmueble. Pero cuando llegó el turno del manejo del fuego, senadores como Flavia Royón, Beatriz Ávila, Edith Terenzi y el propio Abad se alinearon con la oposición y retiraron su apoyo.
La fractura no fue silenciosa. Joaquín Benegas Lynch, que habló en el recinto con la vehemencia que lo caracteriza, calificó de “ignorantes” y “tibios” a los aliados que cedieron ante lo que consideró un “show mediático”. El discurso, lejos de sumar voluntades, terminó de dinamitar los puentes que Bullrich había construido con dificultad. Lo que había sido presentado como una defensa férrea de la propiedad privada se diluyó ante críticas técnicas y ambientales que el oficialismo no supo ni quiso responder.
- Las cifras de la votación reflejan la fragilidad de la posición oficialista. Los capítulos que lograron media sanción pasaron con márgenes de 37 a 33 y 36 a 33 votos, números que hablan de un oficialismo que no puede dar por sentado ningún acompañamiento. El resto del proyecto, incluido el capítulo que ahora deberá discutirse por separado, quedó en un limbo legislativo que el Ejecutivo prometió resolver con una “mirada más federal”, según declaró el vocero Manuel Adorni tras la sesión. La oposición ya anticipó que no aceptará ninguna norma que implique un retroceso en la protección de los bosques y las áreas naturales.
Para cualquier persona que viva en zonas de riesgo, lo que se discutió en el Senado tiene consecuencias directas. Si las restricciones a la venta de tierras quemadas desaparecen, el incentivo para que un propietario inescrupuloso mire para otro lado cuando se inicia un foco ígneo deja de ser una hipótesis para convertirse en una posibilidad concreta. En la Patagonia, en las sierras de Córdoba, en los humedales del Litoral, donde el fuego ya devastó millones de hectáreas en los últimos tres años, la ley actual funciona como un freno, por imperfecto que sea, contra la especulación inmobiliaria que se alimenta de la tragedia ambiental.
- La retirada forzosa del capítulo de incendios se suma a una secuencia de reveses que exponen los límites del estilo confrontativo del Gobierno. La Ley Ómnibus tuvo que ser reescrita dos veces. El Presupuesto sigue sin aprobación. Y ahora un proyecto que Milei anunció en marzo como una de las columnas de su gestión llega al recinto mutilado y con costuras a la vista. La oposición y los bloques dialoguistas demostraron que pueden condicionar el avance de iniciativas oficiales cuando perciben que el costo social y ambiental es demasiado alto.
Lo que queda en juego ahora es la capacidad del Ejecutivo para reconstruir los consensos que él mismo rompió. Porque el capítulo de incendios no fue rechazado por una oposición cerril, sino por legisladores que en otras ocasiones votaron con el Gobierno y que esta vez dijeron basta. La pregunta que sobrevuela el Senado es cuántas veces más puede el oficialismo intentar avanzar sin construir mayorías sólidas antes de que el costo lo paguen las provincias que arden cada verano.
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Fuente original: KontraInfo, 7 de agosto de 2026
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