El gobierno de Milei vendió 32 inmuebles del Estado por USD 351 millones y no informa dónde está la plata
El comprador tiene nombre y apellido: Eduardo Costantini, el dueño de Nordelta. El vendedor es el Estado argentino. El producto era un terreno de cuatro hectáreas frente al Hipódromo de Palermo que durante décadas perteneció al Ejército. El precio fue de 127 millones de dólares. La operación ya está cerrada y la plata ingresó, pero el destino de esos fondos sigue siendo una incógnita para el Congreso, para los organismos que perdieron las tierras y para cualquier ciudadano que pregunte.
No es la única venta. En los últimos dos años y medio, la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE) subastó 32 inmuebles públicos y recaudó más de 351 millones de dólares. La cifra surge de información que el propio Gobierno acercó a Página/12, pero el detalle de qué se hizo con ese dinero brilla por su ausencia. La administración de Javier Milei convirtió el remate del patrimonio público en una política de Estado, pero sin el Estado como garante de la transparencia.
El plan es ambicioso y no se detiene. La AABE, manejada por funcionarios que reportan al dueño de IRSA, Eduardo Elsztain, proyecta liquidar más de 400 propiedades antes de 2028. El listado abarca desde Tierra del Fuego hasta Jujuy y no discrimina: hay terrenos militares, estaciones experimentales del INTA, playas ferroviarias, predios del desaparecido Procrear y hasta las unidades turísticas de Chapadmalal y Embalse. Todo puede ser entregado si hay un privado con la billetera lista.
Los que compran y los que miran
Costantini no fue el único que se sentó a la mesa. El empresario también se quedó con un edificio que pertenecía a la Policía Federal en el Bajo Belgrano, por el que pagó 46,5 millones de dólares, y con el estacionamiento del Barrio Militar Malvinas Argentinas, también en Palermo, por otros 15,3 millones. En total, desembolsó casi 190 millones de dólares en tres operaciones.
El otro gran ganador fue el Fideicomiso Inmobiliario Madero 6, al que en el ambiente inmobiliario vinculan con la familia Brito. Este grupo compró la emblemática sede del INTA en la calle Cerviño, en pleno Palermo, por 81 millones de dólares. También se quedó con el edificio del Comando Conjunto de Ciberdefensa, en Puerto Madero, por 34 millones de dólares. Esa última operación ya tiene una denuncia en la Procuraduría de Investigaciones Administrativas por presuntas irregularidades y vicios en el procedimiento.
Las cifras alcanzan para desmentir el argumento oficial. El Gobierno insiste en que los terrenos son "ociosos" y que generan "costos y gastos que deben evitarse". Pero un predio que el mercado paga 127 millones de dólares no es un bien ocioso: es un bien estratégico. La ociosidad, en realidad, es una construcción administrativa. Primero se desafecta el inmueble del organismo que lo usaba, después se declara prescindible y finalmente se remata.
El INTA: 81 millones de dólares y apenas le dejaron monedas
El caso del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria es quizás el más gráfico de cómo funciona la maquinaria. La sede de Cerviño se vendió el 23 de diciembre de 2024, a horas de la Navidad. La constructora Brukman Mansilla pagó 18,5 millones de dólares por los 3.143 metros cuadrados y planea destinarlos a proyectos residenciales y oficinas. Pero el dato que indignó a los trabajadores del organismo fue otro.
El propio jefe de Gabinete, Manuel Adorni, tuvo que reconocer en un informe al Congreso que de los 81 millones de dólares ingresados por esa venta, al INTA le transfirieron solo 11 mil millones de pesos. Al tipo de cambio de ese momento, eso representaba menos del 10 por ciento del total. El resto fue a parar a las arcas del Tesoro. La promesa de que los fondos volverían a los organismos de origen para paliar sus crisis financieras quedó desmentida por los propios números oficiales.
Y el desguace continúa. El presidente del INTA, Nicolás Bronzovich, confirmó semanas atrás que quieren poner en venta 50 mil hectáreas. Ya se desprendieron de 15 mil. Su argumento fue que solo la mitad de las tierras del instituto tienen "un real uso científico o tecnológico" y que el resto puede ser vendido sin problemas. Mientras tanto, los gremios Apinta y ATE denuncian que la entrega de tierras paraliza investigaciones en curso y atenta contra la soberanía tecnológica y alimentaria.
El listado de propiedades desafectadas abarca cientos de hectáreas en Chaco, Formosa, Río Negro, Santiago del Estero, La Pampa, Balcarce, Tucumán, Misiones, San Luis, Córdoba, Santa Fe, Entre Ríos y la estación experimental de Morón. En Salta, el Gobierno directamente le cedió 41 hectáreas de la estación experimental de Cerrillos al gobernador Gustavo Sáenz, aliado clave de la Rosada en el Congreso. La provincia anunció que las destinará a viviendas sociales.
Defensa Nacional en liquidación
El desmantelamiento de las Fuerzas Armadas merece un capítulo aparte. Solo en los primeros seis meses de 2026, el Ministerio de Defensa desafectó más de 12.000 hectáreas del Ejército y la Armada en Neuquén, provincia de Buenos Aires, Ciudad de Buenos Aires, Corrientes y Tierra del Fuego. La justificación es el DNU 314/2026, que habilita la venta de inmuebles militares para financiar la modernización del equipo castrense. El mismo Gobierno que mantiene congelados los sueldos de los oficiales y reduce horarios en las unidades para ahorrar en comida dice que necesita plata para evitar la degradación de la capacidad de defensa.
Pero el caso más delicado está en el sur. Un terreno de casi 3.000 metros cuadrados de la Armada en Ushuaia, ubicado dentro de la Base Naval cercana a la Antártida, está en la mira. El predio se encuentra en las calles Yaganes, 44 Héroes del ARA San Juan y Horeb, en una zona estratégica para el acceso al Atlántico Sur, la Antártida y el pasaje bioceánico entre los océanos Atlántico y Pacífico. El exministro de Defensa y actual diputado de Unión por la Patria, Agustín Rossi, fue contundente: "Son tierras que significan soberanía".
Rossi también explicó que muchos de los predios considerados en desuso cumplen funciones operativas como lugares de adiestramiento de las Fuerzas Armadas. Desde el Estado Mayor Conjunto reconocen que no tienen acceso al listado total de inmuebles desafectados ni conocen el destino del dinero recaudado.
La oposición intentó mover el tablero. Los diputados y diputadas de Unión por la Patria pidieron la interpelación del ministro de Defensa, Carlos Presti, y presentaron un proyecto para prohibir la venta o cesión de inmuebles de las Fuerzas Armadas sin autorización del Congreso. También salió a la luz un memorándum de la obra social IOSFA que revela más de 40 propiedades en riesgo: hoteles en Mar del Plata, centros recreativos en San Clemente y Zárate, residencias sociales en Cosquín y Villa General Belgrano, delegaciones en Bahía Blanca, La Plata, Tandil, Rosario, Santa Fe, Corrientes, Salta y Tierra del Fuego, además de farmacias en Rosario y Santa Fe.
Un plan por decreto y sin control
Todo el proceso se sostiene sobre dos decretos de necesidad y urgencia que, para muchos constitucionalistas, son directamente ilegales. El 950/2024 recuperó 157 terrenos que Mauricio Macri no había podido rematar al final de su mandato e incorporó otros 300. El 322/2026 sumó 21 más. Jonatan Baldiviezo, abogado del Observatorio del Derecho a la Ciudad, lo explica con claridad: el artículo 75, inciso 5 de la Constitución Nacional establece que solo el Congreso puede disponer de las tierras públicas. "El Poder Ejecutivo está sustituyendo por decreto al Congreso en una competencia que la Constitución le reservó expresamente", sostuvo.
Un informe del colectivo Argentina Humana puso números concretos al proceso. Casi el 30 por ciento de los predios tiene origen ferroviario y casi el 25 por ciento, militar. Sin embargo, los terrenos castrenses representan el 98,7 por ciento de la superficie total. La mayoría de los inmuebles está en entornos urbanos, pero las superficies rurales concentran el 97,2 por ciento de las tierras. Y otro dato demoledor: solo el 29,9 por ciento de los predios está sin uso. El resto tiene actividades agropecuarias, recreativas, deportivas, portuarias, ferroviarias, comerciales o de vivienda.
Lo que no se pudo vender
No todo salió según los planes. Las tierras del Procrear que el Gobierno puso en venta todavía no encontraron comprador. La subasta del predio "Estación Buenos Aires" fue declarada fracasada porque no hubo oferentes que alcanzaran el precio mínimo. Algo similar ocurrió con el predio "Parque Federal" en Santa Fe y con el predio "Paraná" en Entre Ríos. Baldiviezo advierte que esto puede ser parte de una estrategia para luego vender los terrenos más baratos.
En Chapadmalal, la intención de la Rosada es concesionar las unidades turísticas mientras la provincia de Buenos Aires reclama el traspaso. En Embalse, Córdoba, un predio de tres hectáreas con bosques y ríos ya fue puesto en subasta: la AABE pide unos 40 millones de dólares. Mientras tanto, los complejos que en 2023 recibieron a más de 116 mil turistas entre ambos, en 2025 y 2026 no registraron huéspedes. Primero vaciarlos, después venderlos.
Lo que está en juego
El remate del patrimonio público no es una discusión técnica ni un tema de especialistas. Es la definición concreta de qué país se está construyendo. Cada hectárea del INTA que pasa a manos privadas es capacidad científica que se pierde. Cada predio ferroviario que se convierte en un desarrollo inmobiliario es una oportunidad menos de recuperar el tren. Cada terreno militar que se vende sin debate estratégico es una renuncia silenciosa en materia de soberanía.
Los 351 millones de dólares ingresaron. Lo que no ingresó es la explicación de hacia dónde fueron. El Congreso pregunta y no le responden. Los organismos entregan sus inmuebles y reciben migajas. La ciudadanía mira por la ventanilla mientras las joyas de la abuela cambian de dueño en subastas que se anuncian a último momento, sin control legislativo y sin transparencia. El plan es vender todo lo que esté entre Ushuaia y La Quiaca. Y lo que no se pueda vender, se vacía para venderlo más tarde.
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Fuente original: Resumen Latinoamericano, 2 de agosto de 2026
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