El gobierno de Milei allanado por la tragedia del fentanilo: hay 114 muertos y dos jefas de control detenidas por omisión dolosa

Este lunes, pasadas las ocho de la mañana, la Policía Federal se presentó en la sede central del Ministerio de Salud de la Nación con una orden que no dejó margen para llamados ni advertencias. El juez federal Ernesto Kreplak acababa de disponer el allanamiento del edificio y, al mismo tiempo, la detención de dos mujeres que hasta hace pocos meses ocupaban los cargos más sensibles del sistema de fiscalización de remedios. Las acusadas ya están presas. Sus nombres son Nélida Agustina Bisio, ex titular de la ANMAT, y Gabriela Mantecón Fumadó, ex directora nacional del Instituto Nacional de Medicamentos, el INAME. Las dos quedaron imputadas por delitos que el Código Penal reserva para quienes envenenan, adulteran o ponen en peligro la salud pública a sabiendas.

Lo que desató el operativo no fue una sospecha nueva. Fue la constatación de que durante 2024 y 2025, mientras ellas conducían los organismos que debían controlar cada ampolla, cada frasco, cada lote de drogas que circula en el país, al menos 114 personas murieron y decenas sufrieron lesiones graves tras recibir fentanilo contaminado. La hipótesis fiscal es tan directa como devastadora: Bisio y Mantecón Fumadó conocían las condiciones de producción de los laboratorios HLB Pharma y Ramallo, sabían que allí se violaban normas básicas de seguridad, y decidieron no actuar. Omitieron los controles, miraron para otro lado, y el veneno llegó a hospitales, clínicas y sanatorios.

• Los artículos 200 y 201 bis del Código Penal que se les imputan no son figuras menores. Hablan de quien adultere o ponga en circulación sustancias medicinales peligrosas para la salud y de quien, estando obligado a controlar, no lo hace y causa un daño masivo. La pena prevista puede trepar a los quince años de prisión. La carátula no apunta esta vez a los dueños de las firmas farmacéuticas —que ya están bajo investigación— sino a la cúpula del control estatal. Es el reconocimiento judicial de que, sin la omisión deliberada de quienes tenían el deber de proteger, la tragedia no habría tenido semejante escala.

• Durante el allanamiento, los investigadores se llevaron registros oficiales de ingresos, egresos y reuniones de 2024 y 2025. Esa documentación resulta clave para reconstruir cada eslabón de una cadena de decisiones que permitió que el fentanilo adulterado se inyectara en salas de terapia, quirófanos y guardias. El Ministerio de Salud quedó obligado a entregar esos papeles bajo un estricto secreto de sumario. La medida indica que la pesquisa ya no se limita a las plantas de producción: busca desentrañar qué pasó en los despachos porteños donde se firmaban las habilitaciones, se cotejaban los protocolos y se elegía no inspeccionar.

Para entender lo que está en juego conviene detenerse un segundo en el rol de la ANMAT y el INAME. Ambos organismos son la última barrera entre un fármaco fabricado en cualquier taller y tu cuerpo. A ellos les corresponde verificar que los laboratorios cumplan con las buenas prácticas de manufactura, que las materias primas no estén contaminadas, que los sistemas de esterilización funcionen, que los registros de cada lote sean genuinos. Cuando esa barrera se desmorona, no hay defensa posible. Vos, que alguna vez entraste a una guardia con un dolor insoportable y recibiste un calmante intravenoso, confiaste en que del otro lado hubo un control serio. Esta causa te muestra que no.

• Las víctimas no son una estadística abstracta. Son los 114 que murieron y los que sobrevivieron con secuelas luego de recibir dosis de un opioide que debía aliviar y terminó envenenando. No eran pacientes experimentales. Eran personas que confiaron en el sistema de salud, en la bandeja de la enfermera, en la prescripción del médico. La mayoría se atendió en centros públicos o en efectores que reciben fondos del Estado. Lo que los mató no fue la enfermedad de base: fue la combinación de negligencia privada y omisión pública.

El expediente avanzó con una velocidad inusual para este tipo de causas. En pocas horas, las ex funcionarias serán indagadas por el juez Kreplak. Sus declaraciones pueden abrir nuevas líneas de investigación o confirmar que la ceguera voluntaria fue una decisión institucional. Los registros secuestrados en el Ministerio, mientras tanto, van a hablar por sí solos. Allí está anotado quién participó de cada reunión, quién firmó cada habilitación, quién dejó sin efecto una inspección, quién decidió no preguntar cuando las alarmas empezaron a sonar.

El conflicto que queda planteado es enorme. Por primera vez, una tragedia sanitaria de esta magnitud no se detiene en la puerta de los laboratorios infractores. Atraviesa el despacho del Ministerio de Salud y señala a quienes ocupaban los sillones de máxima responsabilidad técnica. La pregunta ya no es solo cómo se contaminó el fentanilo, sino quién, desde el Estado, eligió no verlo.

• Las próximas semanas van a marcar si la Justicia logra sostener esta línea de investigación o si, como ocurrió otras veces, la presión institucional diluye las responsabilidades. Lo que suceda en los tribunales no le va a devolver la vida a los 114 muertos, pero va a definir si la sociedad recibe al menos una certeza: que la cadena de mando del control de medicamentos puede ser juzgada como cualquier otra.

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Fuente original: Ámbito, 4 de agosto de 2026

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