Embarazada, a 1.000 kilómetros del recinto y sin voto: la trampa reglamentaria que le sirve al oficialismo para liberar la tierra

La sesión del Senado de este jueves iba a ser tensa por la ley de tierras. Pero ahora hay un obstáculo que nadie contaba: una senadora no puede viajar y el reglamento no le da salida fácil. La mendocina Anabel Fernández Sagasti, del kirchnerismo duro, cursa un embarazo de 32 semanas y su médico le prohibió hacer más de mil kilómetros. De Mendoza a Buenos Aires hay eso y un poco más. La cuenta es simple: sin ella en el recinto, al oficialismo le alcanzan los números para aprobar el proyecto que libera la venta de campos a extranjeros. Con ella, no se sabe.

La senadora no se quedó callada. Le pidió por escrito a la vicepresidenta Victoria Villarruel, que preside el cuerpo, que la habiliten a participar de manera virtual. “El Senado fue concebido para garantizar la igualdad entre las provincias. La distancia no puede convertirse en un obstáculo para ejercer la representación política cuando existen herramientas tecnológicas para resolverlo. No pido un privilegio. Pido que se garantice la equidad federal”, argumentó.

Hasta ahí la parte pública. Lo que no se ve en las redes es el laberinto reglamentario que tiene atrapada a la legisladora. El Reglamento del Senado no contempla el voto remoto como práctica habitual. Las sesiones virtuales de la pandemia fueron una excepción que el cuerpo votó especialmente. Para que vuelvan a correr, los senadores tendrían que aprobarlo otra vez. No es automático. No es un trámite.

• Y hay otra puerta, pero es una trampa. La alternativa más directa sería que vote el suplente de Fernández Sagasti. Pero el mecanismo tiene un costo político y jurídico que ninguna de las partes quiere pagar en esta coyuntura: para que el suplente asuma, la senadora tendría que renunciar a su banca. No pedir licencia, no ausentarse temporariamente: renunciar. Y después, el reemplazante necesita ser autorizado por el propio Senado. Dos pasos que hoy parecen imposibles de dar sin romper algo.

“Si yo fuera una senadora de la Ciudad de Buenos Aires o de la provincia de Buenos Aires, esto no me afectaría; podría estar presente en el recinto. Pero viajar más de 1.000 kilómetros podría afectar mi salud y la de mi bebé”, explicó la legisladora. Y agregó un dato clave: no está “incapacitada para leer expedientes, para debatir ni para votar”. Herramientas técnicas para hacerlo a distancia existen y ya las avaló la Corte Suprema en plena pandemia.

• El pedido no llega en una sesión cualquiera. El proyecto que impulsa el gobierno de Javier Milei toca un nervio histórico: la propiedad de la tierra. La ley actual pone un límite del 15% de la superficie nacional a la venta de tierras a extranjeros. La versión original del oficialismo proponía eliminar casi todas las restricciones para compradores individuales y solo mantener algún freno para gobiernos o empresas foráneas. Pero en la negociación con la oposición dialoguista, el Gobierno tuvo que ceder y ahora el proyecto fija un tope del 25% de la superficie nacional, provincial y departamental para personas físicas o jurídicas de afuera. Las provincias, si quieren, pueden poner límites más bajos.

Para las provincias del interior, donde la tierra es fuente de producción, agua y soberanía, no es un debate abstracto. Mendoza, en particular, arrastra una tradición de defensa activa de sus recursos naturales. La senadora kirchnerista es una de las voces que se opone con más firmeza a lo que llama extranjerización. Que esa voz llegue o no al recinto el jueves depende ahora de una decisión que no es médica ni política en sentido tradicional: es reglamentaria.

• Y esa decisión tiene nombre y apellido. Victoria Villarruel es quien debe interpretar si el embarazo de una senadora entra dentro de las excepciones que permitirían habilitar el voto remoto. La misma Villarruel que esta semana puso en duda públicamente las facultades del Presidente y abrió la crisis interna más ruidosa del oficialismo en meses. Si habilita la virtualidad, le da una herramienta a una opositora que puede voltearle los números al Gobierno. Si la rechaza, queda expuesta a la acusación de usar un embarazo para sumar votos.

Lo que está en juego es más que una ley. Con los votos ajustados y la sesión encima, el destino de millones de hectáreas puede definirse por la interpretación de un artículo del reglamento y por la decisión de una mujer que hoy tiene más poder del que quisiera. Para los pequeños productores, las comunidades campesinas y los consumidores, lo que pase este jueves no es noticia lejana: es el precio de la tierra que trabajan, el agua que toman y los alimentos que van a comprar mañana.

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Fuente original: Infoplatense, 4 de agosto de 2026

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