ATE convoca a un paro nacional para el 3 de agosto y moviliza al Ministerio de Economía
El lunes 3 de agosto no va a ser un día normal. Los trabajadores estatales paran en todo el país y van a movilizarse al Ministerio de Economía. Pero esta vez la bronca trae un condimento que debería alarmarte: los sueldos de bolsillo perdieron por goleada contra la inflación, el Gobierno ya no negocia paritarias —solo notifica números— y desde ATE denuncian un mecanismo sistemático para destruir el poder de compra de sus afiliados. La frase que eligió Rodolfo Aguiar, secretario general del gremio, fue tan brutal como precisa: "Con la complicidad de UPCN, en dos años y medio se destruyeron los bolsillos de todos los trabajadores del sector público. Nos han asaltado, han conformado una asociación ilícita para robarnos el dinero que es de nuestra propiedad".
No es un insulto al aire. Es una acusación gravísima lanzada por quien conduce uno de los sindicatos más grandes del país, con nombre, apellido y a la luz del día. Aguiar no habló de diferencias políticas ni de ajuste inevitable: habló de robo organizado. Y tiró un dato que explica por qué la paciencia de los estatales se terminó. Los salarios tendrían que ser más del doble de lo que son ahora. Mientras tanto, lo que efectivamente cobran es un sueldo que en muchos convenios no supera los 450 mil pesos. ¿Vivís con 450 mil pesos por mes? Porque una persona que trabaja todos los días en un organismo público está intentando hacerlo.
Las cifras son elocuentes y dan vergüenza ajena. Hasta junio, los incrementos acumulados en la Administración Pública Nacional llegaron al 12,9 por ciento. La inflación en el mismo período trepó al 16,9. Es decir, los empleados públicos perdieron cuatro puntos de poder adquisitivo en seis meses, en una carrera donde el que corre más lento se queda sin comer. La secretaria adjunta de ATE Nacional, Mercedes Cabezas, lo confirmó en diálogo con Tomás Méndez en "Mejor que mañana" y puso las cosas en criollo: "Los empleados públicos nacionales están en el orden de entre los 700 mil a 800 mil pesos de promedio, pero hay convenios que cobran hoy entre 350 mil y 450 mil pesos de salario. Con ese dinero, por supuesto, no pueden vivir los trabajadores y trabajadoras".
Pará la oreja un segundo. Convenios enteros del Estado nacional cobrando lo mismo que un alquiler en un barrio de clase media. Gente que te atiende en una ventanilla de la Anses, que procesa un expediente en Migraciones, que limpia un hospital público. Gente con responsabilidades, horarios y tareas que sostienen lo poco que queda del aparato estatal. Gente que ya no llega a fin de mes y que, según alertó el propio Aguiar, está cayendo en un nivel de endeudamiento que pone los pelos de punta.
Porque el desastre no termina en el recibo de sueldo. Aguiar advirtió sobre una situación "alarmante" y detalló un fenómeno que debería sacudir cualquier redacción y cualquier grupo de WhatsApp: los empleados públicos ya superaron las formas tradicionales de financiamiento. Bancos, mutuales, billeteras virtuales. Todo eso fue quedando chico, o directamente les cerraron la puerta. Ahora están recurriendo a prestamistas de barrio, esos que no piden recibo de sueldo pero cobran con intereses usurarios y amenazas. Lo dijo sin eufemismos: "Lo más peligroso es que ahora han llegado a endeudarse con prestamistas en los barrios, y esta forma de endeudamiento hasta pone en riesgo la integridad de quienes toman esos créditos". Integridad física. No está hablando de un atraso en la cuota de la tarjeta: está hablando de que un laburante del Estado puede terminar golpeado por pedir plata para comer.
¿Y el Gobierno mientras tanto? Informa. Esa fue la palabra que eligió Cabezas y que pinta de cuerpo entero la relación actual entre el Ejecutivo y los gremios. "Desde que asumió este gobierno no tenemos paritarias; lo que tenemos es información de lo que quiere hacer el gobierno, que es seguir degradando el salario de los trabajadores y las trabajadoras públicas". Información, no negociación. Un monólogo donde Caputo y Milei comunican un porcentaje, cierran la carpeta y se van. La paritaria, esa herramienta que existió durante décadas para que el laburante discutiera su sueldo frente a la inflación, fue reemplazada por una notificación. Como si fueras a comprar el pan y te dijeran cuánto vas a pagar sin preguntarte si te alcanza.
El combo es explosivo y tiene patas en todo el país. Porque la medida del 3 de agosto no es solo nacional: Cabezas explicó que van al paro "no solamente por la situación que están viviendo los y las estatales en términos salariales y la destrucción del Estado como lo conocemos, sino también por la situación que están viviendo las provincias y los municipios". La motosierra no distingue jurisdicciones. Las administraciones locales se están quedando sin recursos para garantizar políticas públicas básicas, y la dirigente no se guardó la estocada: la única política del gobierno de Milei y Caputo es la del "endeudamiento" y la "pérdida de soberanía". Endeudar para después ajustar, ajustar para después licuar.
Fijate cómo cierra el círculo. Por un lado, los servicios públicos aumentaron más del 900 por ciento desde que asumió Milei, según los números que puso Aguiar sobre la mesa. Por otro lado, el recorte aplicado a la paritaria supera el 45 por ciento. Traducción: pagás tarifas siderales con un sueldo que se encoge cada mes. El Estado está presente, pero no para la gente, denunció Aguiar: está presente "para garantizar los intereses de los grandes grupos económicos nacionales y las transnacionales". El laburante que cobra 400 lucas, en cambio, que se arregle con el prestamista del barrio.
La movilización del 3 de agosto no será en soledad. CTERA acompañará con sus delegaciones en el marco del reinicio del ciclo lectivo, justo cuando las aulas vuelven a abrirse en la Ciudad de Buenos Aires y en varias provincias. Paro docente y paro estatal, en espejo. Dos sectores que durante años fueron el colchón de contención de millones de argentinos hoy se unen para denunciar que están siendo empujados a la indigencia con trabajo. Y el 7 de agosto la agenda sigue: jornada de protesta por San Cayetano, el santo del pan y del trabajo. Simbólico y filoso.
Lo que está pasando no es un conflicto gremial más. Es un termómetro social que marca fiebre alta. Cuando el sindicato habla de "asociación ilícita", cuando los empleados públicos caen en manos de usureros de barrio, cuando la paritaria se reemplaza por un comunicado unilateral, el mensaje es clarísimo: el Estado que debería proteger a sus trabajadores los está empujando al abismo. Y la respuesta de los laburantes ya no será esperar otro mes a ver si hay un bono: será parar el país, movilizarse al Ministerio de Economía y ponerle cuerpo a una indignación que ya desbordó los pasillos de las oficinas públicas.
Lo que queda en juego es enorme. Porque si el Gobierno sigue respondiendo con información en lugar de negociación, el conflicto va a escalar. Y cuando un laburante ya no tiene nada que perder porque ni el sueldo ni el prestamista le alcanzan, la calle habla un idioma que ningún escritorio puede ignorar.
Fuente original: ADNweb, 28 de julio de 2026
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