Milei mandó 56 militares a Panamá bajo mando de EE.UU. por DNU, sin pasar por el Congreso y con un costo de 51 millones de pesos
El decreto 650/2026 se publicó en el Boletín Oficial con un solo objetivo: sacar a los efectivos del país entre el 27 de julio y el 15 de agosto sin pasar por el recinto de Diputados. La Constitución, en su artículo 75 inciso 28, exige que sea el Congreso el que autorice la salida de tropas. La ley 25.880 lo reglamenta. Pero acá no hubo debate, no hubo votación, no hubo nada.
La excusa oficial es que los diputados no trataron el tema y había que actuar con urgencia. Sin embargo, la invitación de la embajada estadounidense llegó en agosto de 2025. Doce meses de margen. Doce meses en los que el Ejecutivo podría haber mandado un proyecto de ley, sentarse a negociar o, al menos, avisar con tiempo. No lo hizo.
Ahora mandó 56 uniformados al ejercicio multinacional “PANAMAX 2026”. Son 37 integrantes del Comando Conjunto de Operaciones Especiales y 19 especialistas en ciberdefensa y planificación estratégica. La plata que se va en este operativo roza los 51 millones de pesos. Plata que sale del bolsillo de todos, mientras los cuarteles argentinos se caen a pedazos.
El simulacro en Panamá no es un juego de mesa. Las maniobras recrean la protección del Canal de Panamá ante amenazas externas y la neutralización de fuerzas hostiles. La cadena de mando operativa la tiene el Comando Sur de Estados Unidos. Doce países de la región participan, pero el que decide las órdenes es Washington. Estandarizar doctrinas, sistemas de comunicación y procedimientos: en criollo, entrenar a nuestras tropas para que respondan como una pieza más del esquema defensivo del Pentágono.
No es la primera vez que Milei usa el DNU para sortear al Congreso en materia militar. Ya lo hizo con los ejercicios “DAGA ATLÁNTICA” y con los PASSEX en el Atlántico Sur. El patrón es el mismo: se publica el decreto, los efectivos viajan y el debate público queda ahogado en la inmediatez de las redes sociales. Para cuando la oposición reacciona, el avión ya aterrizó en destino.
Lo que cambia ahora es la claridad de la contradicción. El propio gobierno habla de “urgencia” pero manejó los tiempos con una lentitud irritante. La invitación formal de Estados Unidos tiene casi un año de antigüedad. ¿Dónde estaba la urgencia en octubre de 2025, en diciembre, en marzo? ¿Por qué no se mandó el proyecto en febrero, cuando arrancaban las sesiones ordinarias? La respuesta es incómoda: no hubo urgencia, hubo un atajo.
Y mientras el Ejecutivo paga 51 millones de pesos para que un puñado de oficiales se entrene en escenarios de combate simulados, el gasto operativo de las Fuerzas Armadas sufre recortes que duelen. Los sueldos del personal militar están atrasados, las horas de vuelo de los aviones se reducen por falta de combustible, los vehículos se arreglan con repuestos improvisados y los soldados hacen malabares para llegar a fin de mes. La prioridad no son los cuarteles propios; la prioridad es mostrarse como un aliado confiable del norte.
Que 56 efectivos viajen a Panamá puede sonar a poco. Pero el número es lo de menos. Lo que está en juego es el modo en que se toman las decisiones que comprometen la política de defensa de un país. La Constitución puso ese control en el Congreso por una razón histórica muy concreta: evitar que un presidente mande tropas al exterior por capricho, por presión externa o por cálculo electoral sin que los representantes del pueblo puedan decir ni mu.
Ahora el debate ni siquiera existe. El DNU se publicó y la salida de los militares es inminente. Mientras leés esta nota, es probable que los efectivos ya estén ultimando los detalles de su partida. La oposición denuncia que esto es parte de un alineamiento doctrinario acelerado con Washington que excede a un simple ejercicio militar. Lo que se consolida, señalan, es una integración subordinada de los cuadros argentinos a los esquemas defensivos multilaterales que coordina el Pentágono.
El operativo PANAMAX no nació ayer. Existe desde 2003 y Argentina ya participó en ediciones anteriores. Pero cada gobierno definió los términos de esa participación. Acá lo novedoso es el método: un decreto que hace caso omiso del control parlamentario en un contexto de estrechez presupuestaria interna que contrasta con la plata que se destina a cumplir con el pedido de Estados Unidos.
Pensalo en términos concretos. Esos 51 millones de pesos podrían haber financiado horas de vuelo para patrullar la frontera norte, repuestos para los hospitales militares que todavía atienden a civiles en zonas olvidadas o una recomposición salarial de emergencia para los suboficiales que hoy cobran sueldos que no cubren la canasta básica. En lugar de eso, la plata viaja a Panamá para simular la defensa de un canal que no es nuestro.
El trasfondo geopolítico es evidente. Argentina se posiciona como un aliado prioritario de Estados Unidos en la región y profundiza la integración de sus oficiales en ejercicios comandados por el país que fija la agenda de seguridad hemisférica. No es un dato menor que los 19 especialistas en ciberdefensa que viajan vayan a operar bajo protocolos y estándares definidos por el Comando Sur. En un mundo donde la guerra cibernética es una realidad cotidiana, quién fija esos estándares y bajo qué reglas se comparte la inteligencia es un asunto de soberanía.
El Congreso, otra vez, mira desde afuera. La ley 25.880 es clara: “El Poder Ejecutivo nacional no podrá disponer la salida del territorio de la Nación de tropas o efectivos militares sin la autorización previa del Congreso de la Nación”. Pero acá la autorización brilla por su ausencia y el argumento de la urgencia se desmorona con solo mirar las fechas.
Queda un sabor amargo. Cuando un gobierno usa el DNU para esquivar el debate en temas de defensa, está mandando un mensaje: la política exterior militar no se discute, se ejecuta. Y se ejecuta con la billetera de todos, mientras los que visten el uniforme en el día a día sienten que sus necesidades básicas no figuran en ninguna planilla de Excel.
El ejercicio PANAMAX 2026 ya tiene luz verde. Los 56 efectivos se van. Lo que queda en el país es la sensación de que la decisión se tomó en un despacho cerrado, con un teléfono que sonó desde el norte hace casi un año y un expediente que nadie se molestó en llevar al recinto. El control parlamentario, ese que tanto costó construir en democracia, vuelve a ser un adorno.
Lo que está en juego no es solo un viaje. Es quién decide para qué, cómo y con quién se preparan nuestras armas.
Fuente original: Boletín Oficial de la República Argentina, Decreto 650/2026, 24 de julio de 2026
Enlace: DNU 650/2026 https://www.boletinoficial.gob.ar/detalleAviso/primera/344877/20260724?busqueda=2
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