El circuito de pagos no declarados que vuelve a exponer los vínculos entre el oficialismo y los negocios privados
La información que ahora analiza la Justicia describe un mecanismo concreto: según consta en las averiguaciones preliminares, se ofrecía la opción de pagar esas sumas en efectivo, evitando así todo rastro que permitiera justificar el origen de los fondos. Las cifras manejadas oscilaban entre los 10.000 y los 18.000 dólares por encuentro. La maniobra, siempre de acuerdo a la hipótesis que investigan fuentes judiciales y periodísticas, no solo constituiría una potencial evasión fiscal sino que también dejaría en una zona completamente opaca el financiamiento de actividades políticas con presencia del entonces candidato y hoy presidente Javier Milei.
La novedad no aparece en el vacío. Una serie de investigaciones previas —tanto en sede judicial como a través de reportajes y publicaciones especializadas— ya habían señalado transferencias y pagos en efectivo desde al menos 2021. Esas operatorias conectaban a Novelli con la promoción de emprendimientos financieros que utilizaban la imagen de Milei como activo central. El antecedente más notorio es el del token $LIBRA, un criptoactivo que se desplomó minutos después de que el propio mandatario lo difundiera en sus redes personales, provocando pérdidas millonarias y abriendo una causa por presunta estafa que también alcanza a colaboradores cercanos al Ejecutivo.
Lo que el nuevo episodio permite vislumbrar es un patrón que trasciende los casos puntuales. La operatoria de los pagos en negro no se reduce a un hecho impositivo menor: revela una ingeniería informal de recaudación y de acceso al poder donde la frontera entre el asesoramiento tecnológico, la militancia política y el lobby privado se desdibuja por completo. Que un colaborador cercano al Presidente propusiera —según el curso de la investigación— cobrar miles de dólares sin dejar constancia legal alguna expone un sistema de vínculos donde lo público y lo privado funcionan con reglas propias, al margen de los controles democráticos.
El artículo que destapó el caso, publicado por Periodismo de Izquierda el 23 de abril de 2026, subraya un contraste que ningún analista pasa por alto. Mientras el discurso presidencial sigue denunciando los privilegios de la llamada “casta política”, los hechos investigados muestran a operadores del propio oficialismo reproduciendo mecanismos típicos del financiamiento opaco: dinero sin declarar, reuniones exclusivas pagas y construcción de influencia mediada por la capacidad económica de los asistentes. El pago en negro, en este contexto, opera como una doble falta: frente al fisco y frente al principio de transparencia que debería regir la relación entre gobernantes y representados.
Para quienes impulsan la investigación, la clave de fondo es entender si este esquema sirvió para drenar fondos hacia la campaña de La Libertad Avanza sorteando las prohibiciones de la ley de financiamiento partidario —que prohíbe expresamente los aportes anónimos o en efectivo por encima de montos ínfimos— o si simplemente engrosó el patrimonio personal de los organizadores bajo la fachada de asesorías privadas. Las conversaciones y documentos que obran en el expediente, según las mismas fuentes, mezclan sin pudor la coordinación de la agenda pública de Milei, la venta de entradas exclusivas y la recomendación de activos digitales en los que el propio entorno tenía intereses directos.
El impacto real del entramado toca al conjunto de la sociedad en dos registros distintos pero complementarios. El primero es el deterioro de la confianza institucional: cada revelación de este tipo alimenta la certeza de que, para ciertos círculos, las reglas de juego no existen. El segundo es material. El gran caudal de argentinos y argentinas de sectores medios y trabajadores que, en un contexto inflacionario, buscaron en las criptomonedas una vía para proteger sus ahorros se encontraron con que el ecosistema que el propio Presidente estimuló estaba, en realidad, gobernado por quienes operaban en las sombras con información privilegiada.
Lo que queda por resolverse no es apenas la situación procesal de Novelli. La causa avanza hacia una pregunta más incómoda: si el acceso al poder se define por la capacidad de pagar sumas en dólares —y además en negro—, qué espacio queda para una política transparente y desligada de los intereses privados. La respuesta a ese interrogante se está escribiendo en tribunales y redacciones, mucho más que en los discursos oficiales
Fuente: Periodismo de Izquierda, "Novelli y los pagos en negro: crece el escándalo que salpica a Milei", 23 de abril de 2026.
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