El jefe de ARCA a un paso de la indagatoria: el dictamen que revela propiedades ocultas en Miami por más de dos millones de dólares
El dictamen, firmado por el fiscal Sergio Rodríguez, está ahora en manos del juez federal Marcelo Martínez de Giorgi. La imputación central es la omisión maliciosa de insertar datos en la declaración jurada patrimonial, figura prevista en el Código Penal que contempla hasta dos años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos. "Sin duda alguna, Andrés Edgardo Vázquez incurrió en el delito", sentenció Rodríguez, al comprobar que "maliciosamente obvió insertar el real vínculo que tenía con las sociedades que registran bienes en el exterior, inmuebles que él y su familia usufructúan".
El pedido no se agota en la indagatoria. La Procuraduría también solicitó al fiscal federal Guillermo Marijuán que amplíe la investigación hacia posibles delitos de evasión tributaria, lavado de activos y enriquecimiento ilícito. La causa, que comenzó a partir de una investigación periodística publicada en diciembre de 2024, involucra a quien conduce el organismo encargado de perseguir la evasión fiscal en la Argentina.
El andamiaje societario detrás de las propiedades
Las tres propiedades detectadas son las unidades 3504 y 2811 del complejo Icon Brickell, compradas en enero de 2013 por 710.000 y 400.000 dólares respectivamente, y la suite 904 del condominio Chateau Beach Residences, en Sunny Isles, adquirida en julio de 2015 por 980.000 dólares. Cada operación se canalizó a través de dos sociedades panameñas: Alcorta Corp. y Pompeya Group Corp., cuyos nombres remiten al barrio y la avenida del club Huracán, del que Vázquez es hincha. Ambas quedaron, desde 2016, bajo el control de Galanthus Capital Limited, una firma constituida en las Islas Vírgenes Británicas.
Los formularios internos del estudio fiduciario Trident Trust, obtenidos en la pesquisa, identifican a Vázquez como beneficiario final y lo catalogan como Persona Políticamente Expuesta. Ninguna de esas sociedades ni los inmuebles figuran en las declaraciones juradas que el funcionario presentó ante la Oficina Anticorrupción y ante la propia ex AFIP entre 2011 y 2015, ni tampoco en la correspondiente a 2023.
La investigación verificó además que Vázquez y su exesposa —Silvia Ivone Rodríguez, también empleada del organismo— pagaron impuestos municipales en el condado de Miami por un total de 136.761 dólares entre 2014 y 2018. Incluso constan reintegros impositivos enviados a nombre de ambos. Las hijas del matrimonio, María Eva y María del Milagro, fijaron desde 2022 su domicilio real en esos inmuebles, según dejaron asentado ante el Registro Nacional de las Personas. Para la PIA, la suma de estos elementos —pago de impuestos, uso familiar de las propiedades y registros de domicilio— permite inferir el control efectivo de los bienes, más allá de la titularidad formal que ejercen las sociedades offshore.
Ingresos declarados, bienes omitidos y una brecha patrimonial que no cierra
La Procuraduría detectó una contradicción contundente en las propias presentaciones del funcionario. En sus declaraciones del impuesto a las ganancias, Vázquez informó haber recibido ingresos de cuarta categoría provenientes de Estados Unidos por 28,7 millones de pesos en 2023 y por 99,4 millones en 2024. Es decir, declaró los flujos de dinero que llegaban del exterior, pero nunca informó los activos que originaban esos fondos.
Esa inconsistencia se suma a otra señal de alerta: la desproporción entre los ingresos declarados y el momento de las adquisiciones. Al cierre de 2012, Vázquez informó activos líquidos por apenas 40.000 dólares, cifra que subió a 44.000 dólares al año siguiente. Sin embargo, en enero de 2013 compró inmuebles por 1,1 millón de dólares y en julio de 2015 sumó otros 980.000 dólares. La brecha entre lo declarado y lo adquirido constituye, para la fiscalía, un indicio suficiente para explorar la hipótesis de enriquecimiento ilícito.
La operación subvaluada en Puerto Madero y una sociedad pantalla
A esto se añade la operación que la PIA considera un posible caso de lavado de activos: la compra, en diciembre de 2018, de un triplex de 318 metros cuadrados en el edificio Los Molinos Building de Puerto Madero. La operación se realizó mediante la firma Acontec SRL y se escrituró por 8.720.000 pesos, equivalentes en aquel momento a 225.906 dólares. El valor de mercado de ese inmueble, sin embargo, rondaba los 2,1 millones de dólares según consta en el dictamen, que cotejó publicaciones de la época: unidades del mismo edificio de entre 96 y 98 metros cuadrados se ofrecían por entre 460.000 y 500.000 dólares. Vázquez pagó el equivalente a 709 dólares por metro cuadrado.
La Procuraduría también puso la lupa sobre Consultora San Andrés SA, una empresa sin empleados que funciona en un domicilio del propio Vázquez y que, según el dictamen, reúne características propias de una sociedad pantalla. Le otorgó un préstamo al funcionario para comprar el 50% de otro departamento en Puerto Madero y figura como titular de cinco automóviles, entre ellos un BMW X6 blindado adquirido en julio de 2015. Entre 2024 y 2025, la firma se desprendió de varios vehículos: una Ford EcoSport quedó a nombre del propio Vázquez, un Volkswagen Vento pasó a su ex pareja y un Mini Cooper fue adquirido por Oscar Mario Abalo, accionista de Acontec SRL, la misma sociedad que siete años antes le había vendido el triplex con la subvaluación detectada.
Un contexto judicial que excede al caso individual
El pedido de indagatoria contra Vázquez se inscribe en un momento de fuerte actividad judicial sobre funcionarios del Gobierno nacional. En los tribunales de Comodoro Py se tramitan en paralelo las causas por el "caso $LIBRA", que tiene como imputados al presidente Javier Milei y a su hermana Karina; la investigación sobre el jefe de Gabinete, Manuel Adorni; y la pesquisa por presuntos sobornos y sobreprecios en la Agencia Nacional de Discapacidad, entre otras.
Vázquez, que llegó a la Dirección General Impositiva en octubre de 2024 y asumió al frente de ARCA en diciembre de 2025, ya arrastraba investigaciones anteriores por su presunta protección al casino flotante de Buenos Aires, por el manejo de más de 400.000 dólares en una cuenta bancaria en Curazao y por su actuación durante gestiones kirchneristas.
Para profundizar la pesquisa actual, la Procuraduría pidió exhortos internacionales al Bank of America, al PNC Bank y al Wells Fargo, donde Vázquez y su grupo familiar tendrían cuentas, y reclamó que se reiteren los pedidos de información a las Islas Vírgenes Británicas. También solicitó a la Embajada de Estados Unidos los registros migratorios del funcionario, su ex esposa y sus dos hijas desde 2012.
La decisión ahora está en manos del juez Martínez de Giorgi. Lo que se dirime, en los hechos, es si el responsable de controlar la evasión fiscal en la Argentina atravesará un proceso penal por haber ocultado su propio patrimonio en el exterior.
Fuente: Hugo Alconada Mon, "Sin duda alguna: piden la indagatoria del titular de ARCA por ocultar propiedades en Miami por US$ 2,1 millones", LA NACION, 26 de abril de 2026.
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