Colonos y soldados israelíes usan la violencia sexual para vaciar Cisjordania de palestinos
No es una consecuencia colateral de la guerra. Es una herramienta. Así lo concluye un informe publicado esta semana por el Consorcio de Protección de Cisjordania, una alianza de organizaciones humanitarias internacionales liderada por el Consejo Noruego para los Refugiados y financiada por la Unión Europea y trece países europeos. El documento reconstruye cómo colonos israelíes —en muchos casos con soldados presentes y sin que intervinieran— vienen utilizando la violencia y la humillación sexual para hacer la vida imposible a las comunidades palestinas que aún resisten el desplazamiento forzado en Cisjordania.
Lo que relatan los sobrevivientes
La investigación se construyó a lo largo de varios meses, entre mayo y julio de 2025, con entrevistas en diez comunidades del Valle del Jordán, el sur de Hebrón y el centro de Cisjordania. En total, 83 testimonios directos y decenas de grupos focales. Los relatos coinciden en un patrón: el ataque no es solo físico, es también simbólico. Busca quebrar el tejido familiar y social que permite que una comunidad permanezca unida en su tierra.
Mujeres sometidas a cacheos invasivos por parte de soldados que ingresaron a sus casas junto a colonos. Hombres desnudados frente a sus vecinos. Adolescentes atacados mientras cuidaban el ganado. En uno de los casos más recientes documentados, un hombre de 29 años fue inmovilizado con una brida en los genitales y golpeado a la vista de toda su comunidad y de activistas internacionales que estaban presentes. Las imágenes del episodio circularon después en redes sociales.
El informe no trata estos hechos como incidentes aislados. Los caracteriza como parte de una estrategia deliberada: más del 70% de las familias desplazadas entrevistadas identificó las amenazas de violencia sexual —contra mujeres, pero también contra hombres y niños— como el factor decisivo que las empujó a irse.
El miedo que reorganiza la vida cotidiana
Lo que hace especialmente documentable este fenómeno es cómo transforma las decisiones más cotidianas. Familias que separan a sus integrantes: las mujeres y los chicos se van a zonas relativamente más seguras, los hombres se quedan para no perder la tierra y el ganado, sabiendo que esa separación muchas veces termina en desplazamiento total. Padres que retiran a sus hijas de la escuela. Casamientos prematuros arreglados como forma de "protección". Una lógica de supervivencia que desmantela desde adentro lo que la violencia directa no siempre logra destruir de un golpe.
Kifaya Khraim, del Centro de Asesoría Legal para Mujeres con sede en Ramallah, fue contundente al respecto: lo que su organización pudo documentar representa apenas el 1% de los casos reales. Conseguir esos testimonios implicó meses de trabajo en las comunidades, ganarse la confianza de personas que enfrentan el estigma social y el miedo a represalias si hablan.
El contexto que explica la urgencia
Este informe aparece en un momento en que Israel aceleró la expansión de asentamientos en Cisjordania. En febrero de este año, el gobierno israelí aprobó el registro de extensas áreas del territorio como "propiedad estatal" —la primera medida de ese tipo desde 1967— habilitando nuevas rondas de construcción de colonias. Los sectores más duros del gobierno celebraron la decisión como una "revolución verdadera" para consolidar el control sobre la región.
El informe no es el primero en señalar esta problemática. En marzo de 2025, un organismo de la ONU había documentado que la violencia sexual y de género se estaba utilizando como estrategia de guerra en el territorio palestino ocupado. En agosto del mismo año, una investigación de la radiotelevisión pública australiana recogió testimonios de niños palestinos detenidos en Gaza que describieron haber sido víctimas o testigos de torturas sexuales.
Las consecuencias que los números revelan
El impacto material del desplazamiento forzado es brutal en términos concretos: el 92% de los hogares afectados por las agresiones documentadas perdió el acceso a sus tierras, el 88% quedó sin vivienda y el 40% de los niños dejó de ir a la escuela. Más de la mitad de las familias perdió su fuente de ingresos. Las mujeres reportan niveles severos de angustia psicológica que no ceden con la reubicación: el miedo, la inestabilidad y la exposición a nueva violencia las persiguen después de irse.
Allegra Pacheco, directora del proyecto del Consorcio, fue directa en la definición jurídica: cuando las condiciones se vuelven tan coercitivas que partir deja de ser una elección y se convierte en la única salida posible, eso constituye traslado forzoso bajo el derecho internacional. Y el derecho internacional, en esos casos, no solo obliga al agresor a detener la violencia: obliga a los Estados que tienen capacidad de influir a actuar.
Lo que queda sin resolver
El ejército israelí no respondió a los pedidos de comentario de los medios que cubrieron la publicación del informe. El gobierno israelí, históricamente, rechaza las caracterizaciones de organismos internacionales sobre su conducta en los territorios ocupados.
Lo que el informe deja planteado —sin cerrarlo— es una pregunta que tiene más de jurídica que de retórica: si la violencia sexual está siendo utilizada como mecanismo de expulsión sistemática, y si eso ocurre con la presencia pasiva de fuerzas estatales, ¿en qué punto la responsabilidad deja de ser solo de los perpetradores directos?
Los hechos documentados están ahí. La respuesta institucional, todavía, no.
Fuente para verificar: Informe *Sexual Violence and Forcible Transfer in the West Bank* https://usa.news-pravda.com/world/2026/04/21/751545.html
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