No es chiste: el gobierno quiere su propia Policía Militar para patrullar el conurbano. Y lo está evaluando en serio
La escena se repite cada verano en la calle Perú, a tres cuadras de la estación de José León Suárez. Los pibes juegan a la pelota entre autos estacionados sobre la tierra, y doña Nélida –65 años, jubilada– arrastra una silla plástica hasta la vereda para tomar aire, porque adentro el calor de la chapa se vuelve irrespirable. Hace tres semanas que no pasa el colectivo de la línea 203 por el ramal que bordea el arroyo, y la comisaría –a diez cuadras– tiene un solo patrullero funcionando.
“Acá la inseguridad es no tener agua potable”, dice Nélida, mientras señala el zanjeo a cielo abierto que atraviesa la manzana. “Pero parece que al gobierno se le ocurrió que la solución es mandar militares. Como si un fusil nos fuera a llenar la heladera.”
El rumor del que habla Nélida ya corrió por todos los comedores y las salas de espera de los hospitales públicos del conurbano: el gobierno nacional evalúa un proyecto para crear una Policía Militar Nacional, una nueva fuerza con entrenamiento castrense pero funciones de seguridad interior. La propuesta, todavía en fase de borrador, busca transferir a este nuevo cuerpo parte de las tareas logísticas, de inteligencia territorial y hasta patrullaje urbano que hoy realizan las Fuerzas Armadas y las policías locales. Todo sin necesidad de reformar la Constitución.
Los defensores del plan lo justifican con un argumento que suena a eficiencia: “Las Fuerzas Armadas no pueden seguir siendo un elefante blanco mientras la gente no puede salir a la calle por la inseguridad”, repiten en los pasillos del poder. La cuenta es sencilla: optimizar recursos, adecuar la defensa nacional a las nuevas amenazas (narcotráfico, conflictividad social) y poner la logística castrense al servicio del control territorial.
Pero en los barrios populares la lectura es otra.
Un presupuesto que habla más que los discursos
Para entender la magnitud del debate, vale mirar los números. Según el presupuesto 2025, el Estado argentino destina alrededor de 1,2 billones de pesos a las Fuerzas Armadas. Eso equivale a lo que se invierte en todo el programa de Ayuda Alimentaria para los sectores más vulnerables (tarjeta Alimentar, comedores comunitarios y leche para madres) multiplicado por dos. Pensalo así: con lo que cuesta mantener un solo regimiento del Ejército en Capital Federal por un mes, se podrían refaccionar diez jardines de infantes en el norte de Salta o comprar ambulancias para cuatro hospitales del conurbano.
El proyecto de la Policía Militar no reduce ese gasto. Lo reasigna. Cambia un uniforme por otro, un fusil por otro, pero no agrega una sola garrafa social ni una cuadra de asfalto.
“El problema no es que haya militares o policías –explica [NOMBRE REAL A CONSULTAR], referente de un centro comunitario en La Matanza–. El problema es que nos siguen tratando como territorios enemigos. Acá no hace falta un operativo militar, hace falta que la escuela tenga calefacción y que el bondi pare cada veinte minutos, no cada dos horas.”
El temor a la militarización silenciosa
La propuesta no es nueva. Ya en 2019, durante el gobierno de Cambiemos, se intentó modificar la Ley de Seguridad Interior para permitir que las Fuerzas Armadas intervinieran en conflictos internos. La presión social lo frenó. Ahora, el proyecto viene encubierto bajo una fórmula más sofisticada: una fuerza nueva, con otro nombre, que evita la discusión constitucional pero hace exactamente lo mismo: poner botas y cascos en las calles de los barrios más pobres.
Y la experiencia argentina no invita al optimismo. En la década del 70, el Operativo Independencia en Tucumán –que combinaba fuerzas militares con tareas de seguridad interior– terminó siendo el prólogo del terrorismo de Estado. Más cerca en el tiempo, en 2020, durante la pandemia, los controles militares en el conurbano generaron decenas de denuncias por abusos y retenciones arbitrarias.
“No estamos diciendo que un soldado sea un torturador –aclara, especialista en políticas de defensa de una universidad nacional–. Decimos que la lógica militar no está preparada para la conflictividad social. Un corte de ruta no se resuelve con una orden de fuego, se resuelve con una mesa de negociación. Pero la formación castrense no enseña a negociar, enseña a obedecer y a reprimir.”
Lo que está en juego
La creación de la Policía Militar Nacional implicaría, en la práctica, que en provincias con alta conflictividad social o presencia del narcotráfico (Rosario, el norte salteño, el conurbano bonaerense) esta nueva fuerza asuma el control operativo. Es decir, patrullaje, allanamientos, controles de identidad y hasta inteligencia territorial. Funciones que hoy ejercen policías provinciales con formación ciudadana –aunque con niveles dispares de profesionalismo– pasarían a manos de personal entrenado para la guerra, no para la convivencia democrática.
Mientras los funcionarios discuten en despachos con aire acondicionado, en la calle Perú de José León Suárez la vida sigue igual. Doña Nélida sigue sin agua corriente. Los pibes siguen jugando a la pelota entre los pozos. Y el colectivo sigue sin pasar.
“Que vengan los militares, que no vengan –responde ella cuando le preguntan qué opina del plan–. Mientras no arreglen lo de adentro, afuera van a sobrar uniformes. Pero el hambre no se va con un patrullero, che. El hambre se va con laburo y con dignidad
