La Justicia Federal investiga redes de trata digital y explotación sexual en estudios clandestinos de la región metropolitana
La Justicia Federal avanza en la investigación de una estructura criminal dedicada a la trata de personas con fines de explotación sexual mediante plataformas de contenido exclusivo. Las actuaciones judiciales, complementadas por un informe periodístico difundido por el ciclo Telenueve Denuncia, documentan la operación de búnkers en la Ciudad de Buenos Aires y el conurbano. En estos recintos, mujeres son sometidas a regímenes extorsivos, manipulación psicológica y privación de la libertad bajo la apariencia de contratos de representación legítimos.
Operatoria de captación y dimensiones del mercado
El esquema delictivo replica un modelo importado de Colombia, donde en la ciudad de Cali funcionan más de diez mil agencias dedicadas a este rubro. En territorio argentino, el mercado se sustenta en las operaciones de una corporación con sede en el Reino Unido que factura anualmente diez mil millones de dólares, apoyada en el contenido generado por dos millones y medio de mujeres a nivel global, según los datos expuestos en la pesquisa.
Los reclutadores contactan a las víctimas a través de redes sociales haciéndose pasar por agentes de talento de la plataforma o de firmas internacionales como la agencia Nala. Para documentar el mecanismo, la producción periodística creó un perfil ficticio y recibió múltiples ofertas que garantizaban el bloqueo geográfico de las transmisiones hacia países como Francia o Chipre, asegurando a las jóvenes que sus familias no accederían al material.
Las promesas de ingresos en moneda extranjera contrastan con la realidad económica local, donde un empleado de comercio en la zona de Once percibe salarios cercanos a los quinientos mil pesos. La investigación también advierte que la promoción de cuentas privadas por parte de figuras públicas locales contribuye a naturalizar la inserción de adolescentes en estos circuitos.
Sometimiento, extorsión y violencia extrema
Una vez dentro de los departamentos y habitaciones de hotel adaptados como estudios, las condiciones laborales derivan rápidamente en situaciones de abuso. Los testimonios incorporados a la causa penal describen jornadas de dieciséis horas sin calefacción en invierno, privación de alimentos y la generación sistemática de deudas ficticias que impiden el cese de la actividad.
El hostigamiento cotidiano provoca severos daños en la salud mental de las víctimas, registrándose episodios de autolesiones e intentos de suicidio dentro de los propios recintos de transmisión. La violencia alcanza niveles de extrema gravedad, tal como consta en la declaración de una joven identificada en el expediente federal como "víctima uno".
De acuerdo con el documento judicial, esta mujer fue obligada a practicarse un aborto y a continuar con la transmisión por cámara debido a que un usuario extranjero realizaba aportes económicos en vivo. La denunciante relató ante los tribunales que terminó de expulsar la placenta en un baño sin agua y, al no permitirle detener la emisión, regresó al set dejando un rastro de sangre mientras los captores justificaban que ese tipo de imágenes incrementaban las ventas.
Control psicológico y complicidades profesionales
La abogada de la Red contra la Trata, Marcela Cano, explicó que estas redes operan como organizaciones criminales complejas, con células distribuidas entre Argentina y Colombia tras la pandemia de 2020. La letrada detalló ante la Justicia que las bandas contratan psicólogos con el objetivo de extraer información íntima de las víctimas para utilizarla como material de extorsión contra sus familiares.
Los captores también inducen el consumo de alcohol y estupefacientes, principalmente marihuana, para desinhibir a las modelos durante las transmisiones solicitadas por la audiencia remota. El sistema de retención se perfecciona mediante la intervención de estudios jurídicos que redactan contratos con apariencia lícita, transformando a las adolescentes en rehenes psicológicos al hacerles creer que incumplen obligaciones legales si abandonan la agencia.
Desamparo estatal y financiamiento ilícito
Margarita Meira, titular de la Asociación Madres Víctimas de Trata, advirtió sobre la imposibilidad de las jóvenes para desvincularse de estas redes una vez captadas. La dirigente social denunció el absoluto desamparo institucional que enfrentan las organizaciones civiles, las cuales deben asumir de manera ad honorem los costos de traslados, asistencia legal y matrículas de abogadas en distintas provincias, mientras las víctimas carecen de mecanismos reales de reparación económica.
En el cierre de la investigación, se planteó la hipótesis de que los fondos generados por la trata, el narcotráfico y el juego ilegal terminan integrando los circuitos de financiamiento de campañas políticas. Esta presunta imbricación condiciona la intervención de las autoridades de seguridad y demora el avance de las causas penales sobre los cabecillas de las organizaciones.
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Antecedentes y contexto oficial
La Justicia Federal mantiene abiertos los procesos para determinar el flujo de activos y la responsabilidad de los intermediarios que administran las cuentas bajo la fachada de agencias de marketing digital. Ante cualquier sospecha de captación o explotación de personas, el Estado dispone de la Línea 145, un servicio telefónico gratuito, anónimo y con atención las veinticuatro horas en todo el territorio nacional.
Fuente: ADN Web / Telenueve Denuncia / Actuaciones judiciales federales.
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